Rwanda. La presencia de las Naciones Unidas en Rwanda data del año 1993, cuando Rwanda y Uganda pidieron que se desplegaran observadores militares a lo largo de su fron-tera en común para evitar que el Frente Patriótico Rwandés (FPR) utilizase esa zona con fines militares. Como respuesta, el Consejo de Seguridad estableció la Misión de
Observa-dores de las Naciones Unidas para Uganda y Rwanda (UNOMUR).
Las hostilidades habían estallado en Rwanda en 1990 entre el Gobierno, integrado ma-yoritariamente por los hutus, y el FPR, dirigido por los tutsis, que operaba desde Uganda. En 1993 se logró un acuerdo de paz que disponía el establecimiento de un gobierno de transición y la celebración de elecciones. A petición de las partes, el Consejo de Seguridad estableció la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas para Rwanda (UNAMIR), a fin de ayudar a las partes a aplicar el acuerdo. Pero a comienzos de abril de 1994, el fallecimien-to de los Presidentes de Rwanda y de Burundi en un accidente aéreo causado por ataques con misiles dio lugar a varias semanas de olas de matanzas intensas y sistemáticas, dirigidas a exterminar a los tutsis y los hutus moderados, por las fuerzas armadas y las milicias do-minadas por los hutus.
La UNAMIR trató, sin éxito, de lograr una cesación del fuego, y cuando varios países retiraron unilateralmente sus contingentes, el Consejo de Seguridad redujo los efectivos de la UNAMIR de 2.548 a 270 personas. No obstante, la UNAMIR consiguió proteger a miles de rwandeses. En mayo, el Consejo impuso un embargo de armas contra Rwanda y amplió la UNAMIR a 5.500 efectivos, aunque los Estados Miembros se demoraron casi seis meses en aportar las tropas. En julio, las fuerzas del FPR asumieron el control de Rwanda, se puso fin a la guerra civil y se estableció un Gobierno de base amplia.
De una población de 7,9 millones de habitantes perecieron alrededor de 800.000 per-sonas, unos dos millones huyeron a otros países y por lo menos dos millones más quedaron desplazados dentro del país. El llamamiento efectuado por las Naciones Unidas permitió recaudar 762 millones de dólares para hacer frente al extraordinario desafío humanitario.
En noviembre de 1994 el Consejo estableció el Tribunal Penal Internacional para
Rwanda a fin de juzgar a los responsables de genocidio y crímenes de guerra. En enero
de 2007, el Tribunal había dictado autos de acusación contra 90 personas, así como 25 sen-tencias en otras tantas causas contra 31 acusados. Había un total de 28 personas procesadas, nueve en espera de juicio, y siete cuyas causas se encontraban pendientes de apelación, así como 18 acusados que no habían podido ser detenidos. El ex Presidente Jean Kamban-da fue condenado y sentenciado a cadena perpetua. El Tribunal Penal Internacional para Rwanda terminará su mandato en 2008.
En 1996, a solicitud de Rwanda, el Consejo puso fin al mandato de la UNAMIR. En 1999, una investigación independiente encargada por el Secretario General concluyó que la responsabilidad por no haber puesto fin al genocidio era compartida por la Secretaría de las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad y los Estados Miembros. El Secretario General expresó su profundo remordimiento por la incapacidad de las Naciones Unidas para poner fin al genocidio y reiteró su compromiso de garantizar que la Organización no volviera a vacilar a la hora de poner fin a matanzas en masa.
En 2003 se aprobó una nueva constitución mediante referéndum, Paul Kagame logró una victoria aplastante en las elecciones presidenciales y su partido, el RPF, obtuvo una gran mayoría de los votos en las primeras elecciones parlamentarias multipartidarias desde que se declaró la independencia. Para recordar el décimo aniversario del genocidio de Rwanda, la Asamblea General declaró el 7 de abril de 2004 Día Internacional de Reflexión sobre el Genocidio cometido en Rwanda en 1994.
En el plano regional, el fin de la guerra civil en Rwanda había llevado a una gran canti-dad de hutus rwandeses a buscar refugio en el Zaire oriental, en la actualicanti-dad la República Democrática del Congo, entre los cuales había quienes habían participado en el genocidio, y esos presuntos responsables de genocidio pronto comenzaron a lanzar ataques contra la región occidental de Rwanda.
Finalmente, Uganda y Rwanda intervinieron en la República Democrática del Congo aduciendo preocupaciones de seguridad por que se diera refugio en ese país al resto de las ex milicias hutus (“Interahamwe”) y las Fuerzas Armadas de Rwanda (ex-FAR) responsables del genocidio de 1994. En 1999, tras intensas gestiones diplomáticas realizadas por las Na-ciones Unidas, la OUA y la región, se firmó el Acuerdo de Cesación del Fuego de Lusaka para la República Democrática del Congo. Luego el Consejo de Seguridad estableció la Misión de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo (MONUC).
En julio de 2002, el Presidente Kagame y el Presidente Joseph Kabila, de la República Democrática del Congo, acordaron retirar de Rwanda las tropas de la República Democrá-tica del Congo y desmantelar las ex-FAR y las fuerzas Interahamwe, un importante cambio
de rumbo hacia la paz y la estabilidad en la región de los Grandes Lagos. Rwanda concluyó el retiro de sus tropas el 7 de octubre. A finales de 2003 la MONUC repatrió voluntaria-mente unos 900 combatientes de Rwanda y las personas a su cargo.
Burundi. La Oficina de las Naciones Unidas en Burundi ha participado en los esfuerzos
internacionales para ayudar a solucionar la crisis de ese país, donde un conflicto interno de larga data condujo en 1993 a un intento de golpe de Estado en el cual resultaron muertos el primer Presidente democráticamente elegido del país, de etnia hutu, y seis ministros. Ello desencadenó una lucha entre facciones en la cual murieron al menos 150.000 personas en los tres años siguientes.
En 1996, el Presidente y el Gobierno establecido en 1994 en virtud de un acuerdo entre la mayoría hutu y la minoría tutsi fueron depuestos en un golpe militar dirigido por los tut-sis. El Consejo de Seguridad condenó el golpe e instó a los dirigentes militares a restablecer el orden constitucional. Los países vecinos impusieron un embargo económico. Se inten-sificó la lucha entre el ejército, compuesto en su mayoría por tutsis y los rebeldes hutus, unas 500.000 personas fueron trasladadas por la fuerza a “campamentos de reagrupación” y 300.000 huyeron a Tanzanía.
Las gestiones de mediación iniciadas por el ex Presidente de Tanzanía Julius Nyerere dieron lugar en 1998 a la promulgación de una constitución de transición sobre la base de una asociación política entre hutus y tutsis. Tras el fallecimiento del Sr. Nyerere en 2000, el ex Presidente de Sudáfrica, Nelson Mandela, le sucedió como facilitador del proceso de paz. El Gobierno de transición comenzó a desempeñar sus funciones en noviembre de 2001, conjuntamente con la Asamblea Nacional de transición y el Senado. A comienzos de 2003 se habían firmado acuerdos de cesación del fuego con tres de los principales grupos de facciones.
En abril de 2003, la Unión Africana autorizó el despliegue de la Misión Africana en
Burundi (AMIB), integrada por 3.500 efectivos, incluidos 120 observadores militares. El 30 de abril, al finalizar la primera mitad del período de transición, un presidente hutu y un vicepresidente tutsi tomaron juramento y se transfirió el poder ejecutivo de la minoría tutsi a la mayoría hutu.
No obstante, a finales de junio cuatro miembros del parlamento fueron secuestrados por la facción rebelde del Consejo Nacional para la Defensa de la Democracia/Fuerza para la Defensa de la Democracia (CNDD/FDD), durante los graves ataques que sacudieron Bujumbura, la capital de Burundi. También se informó acerca de enfrentamientos entre las fuerzas del Gobierno y la facción de las fuerzas nacionales de liberación Palipehutu (Palipehutu-FNL). Dieciséis de las 17 provincias de Burundi se convirtieron en escenario de enfrentamientos esporádicos, saqueos y bandolerismo armado. Las Naciones Unidas retiraron a su personal no esencial de Bujumbura.
Con todo, las gestiones sostenidas del Presidente de Sudáfrica Thabo Mbeki, y otros dirigentes regionales dieron lugar en noviembre de 2003 a la firma entre el Gobierno de
Transición y el CNDD/FDD de un Acuerdo Global de Cesación del Fuego, a resultas del cual el CNDD/FDD se sumó a las instituciones de transición. El Consejo instó al Palipe-hutu-FNL (Rwasa), único grupo armado rebelde que aún no se había sumado al Acuerdo de Arusha, a que lo hiciera.
Finalmente hubo una verdadera esperanza de que surgiera la democracia en Burundi después de un decenio de luchas civiles que se había saldado con una cifra de entre 250.000 y 300.000 muertos. La presencia de la AMIB había desempeñado un papel fundamental para que ello fuera posible. Sin embargo, la Misión adoleció de una seria falta de fondos y de apoyo logístico. Habida cuenta de que estaba previsto que las elecciones legislativas se celebraran antes del 31 de octubre de 2004, la Unión Africana pidió a las Naciones Unidas que se hicieran cargo de la AMIB.
En mayo de 2004, de conformidad con las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad autorizó el despliegue, el 1º de junio, de la Operación
de las Naciones Unidas en Burundi (ONUB), constituida en un principio por las fuerzas
existentes de la AMIB. El 1º de junio, más de 2.000 efectivos de la AMIB se convirtieron en fuerzas de las Naciones Unidas.
En febrero de 2005, Burundi celebró con éxito un referéndum sobre la constitución para el período posterior a la transición, en el mes de junio celebró elecciones comunales y en agosto Pierre Nkurunziza fue elegido primer Presidente para el período posterior a la transición. En junio de 2006, el Gobierno y el FNL firmaron un acuerdo de principios que, a su vez, dio lugar en el mes de septiembre a un acuerdo de cesación del fuego que las Naciones Unidas se ofrecieron a ayudar a aplicar.
El 1º de enero de 2007, la ONUB fue sustituida por una pequeña Oficina Integrada de
las Naciones Unidas en Burundi (BINUB) para apoyar el proceso de consolidación de la
paz y ayudar al Gobierno en esferas como el fortalecimiento de las instituciones nacionales, el adiestramiento de la policía, la profesionalización de las fuerzas nacionales de defensa, la conclusión del proceso de desmovilización y reintegración de excombatientes, la protección de los derechos humanos, la reforma de la justicia y el sector jurídico, y la promoción del crecimiento económico y la reducción de la pobreza.
República Democrática del Congo. Después del genocidio de 1994 en Rwanda y el
estable-cimiento de un nuevo Gobierno en ese país, alrededor de 1,2 millones de refugiados hutus rwandeses —entre ellos algunos elementos que habían tomado parte en el genocidio— hu-yeron a la provincia de Kivu en el Zaire oriental, una zona habitada, entre otros, por el grupo étnico tutsi. En 1996 se desencadenó en esa zona una rebelión, que enfrentó a las fuerzas rebeldes dirigidas por Laurent Désiré Kabila contra el ejército del Presidente Mobutu Sese Seko. Las fuerzas de Kabila, con la ayuda de Rwanda y Uganda, tomaron la ciudad capital de Kinshasa en 1997, y denominaron al país República Democrática del Congo.
En 1998 comenzó en los Kivus una rebelión contra el Gobierno de Kabila. En pocas se-manas, los rebeldes habían conquistado extensas zonas del país. Angola, el Chad, Namibia
y Zimbabwe prometieron apoyo militar al Presidente Kabila, pero los rebeldes mantuvieron sus posiciones en las regiones orientales. El movimiento rebelde de la Coalición Congoleña para la Democracia recibió el apoyo de Rwanda y Uganda. El Consejo de Seguridad exhor-tó a la cesación del fuego y a que se retiraran las fuerzas extranjeras e insexhor-tó a los Estados a que no interfirieran en los asuntos internos del país.
En julio de 1999, la República Democrática del Congo, junto con Angola, Namibia, Rwanda, Uganda y Zimbabwe, firmó el Acuerdo de cesación del fuego de Lusaka, en el que también se disponía la celebración de un diálogo nacional. Las facciones de la Coalición Congoleña para la Democracia y el Movimiento de Liberación del Congo firmaron el Acuerdo en agosto. En noviembre, el Consejo estableció la Misión de las Naciones Unidas
en la República Democrática del Congo (MONUC) a fin de ayudar en la aplicación del
acuerdo.
El 16 de enero de 2001, el Presidente Kabila fue asesinado y sucedido en el cargo por su hijo Joseph Kabila.
En abril, un grupo de expertos establecido por el Consejo de Seguridad informó de que el conflicto en la República Democrática del Congo se debía principalmente al acceso de los ejércitos extranjeros a los ricos recursos minerales del país. Esos ejércitos explotaban sistemáticamente cinco minerales fundamentales —los diamantes, el cobre, el cobalto, el oro y el coltan (un componente de los procesadores electrónicos utilizados en los teléfonos móviles y las computadoras portátiles)—, en tanto que varias empresas habían comercia-lizado armas a cambio de recursos naturales o facilitado el acceso a fondos para adquirir armas. La República Democrática del Congo tiene también reservas de piedras preciosas, madera y uranio.
En mayo, el Presidente Kabila anunció el levantamiento de la prohibición de los parti-dos políticos, y en octubre comenzó en Addis Abeba el esperado diálogo intercongoleño.
En julio de 2002 se firmó un acuerdo entre los Gobiernos de la República Democrática del Congo y Rwanda sobre la retirada de los efectivos de Rwanda de la República Demo-crática del Congo y el desmantelamiento de las ex-FAR y las fuerzas Interahamwe en el lugar (véase la sección sobre Rwanda). En septiembre se alcanzó un acuerdo similar entre la República Democrática del Congo y Uganda. Sin embargo, para octubre, el inicio de nuevos combates en la zona oriental de la República Democrática del Congo amenazó con desestabilizar todo el país.
En diciembre de 2002, las partes en el conflicto, con la mediación de las Naciones Unidas y de Sudáfrica, acordaron constituir un Gobierno de transición. El Consejo de Seguridad aumentó el número de efectivos de la MONUC a 8.700 y extendió su presencia hacia la zona oriental. Sin embargo, los combates no tardaron en reanudarse en la región de Kivu del Sur, circunstancia que generó una enorme corriente de refugiados.
Finalmente, en mayo de 2003, las partes firmaron un acuerdo de cesación del fuego para la región de Ituri. La MONUC siguió patrullado Bunia, tratando de aliviar las ten-siones étnicas y de tranquilizar a la aterrorizada población local, habida cuenta de que la
brutal lucha por el poder entre los grupos étnicos se había caracterizado por la utilización sistemática de las violaciones, los asesinatos y la “exposición al canibalismo” como forma de tortura psicológica. El 30 de mayo, el Consejo de Seguridad autorizó el despliegue de una
Fuerza Multinacional Provisional de Emergencia en Bunia hasta el 1° de septiembre, para
ayudar a estabilizar la situación.
El 29 de junio, el Gobierno y las principales facciones de oposición del país firmaron un acuerdo sobre disposiciones militares y de seguridad, y el 17 de julio se instituyó un gobierno de unidad nacional y transición, con cuatro vicepresidentes y encabezado por el Presidente Kabila. El Consejo aumentó los efectivos militares de la MONUC a 10.800. De conformidad con el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, el Consejo autorizó a la Misión a utilizar todos los medios necesarios, incluida la fuerza, para cumplir con su mandato en Ituri y en las provincias de Kivu del Norte y del Sur. El 5 de septiembre, la Fuerza Multinacional Provisional de Emergencia traspasó sus competencias en materia de seguridad a la MONUC.
El país celebró el 30 de julio de 2006 las primeras elecciones libres y limpias en 46 años para elegir por sufragio a los 500 diputados que habrían de conformar su Asamblea Nacional. Tras la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, celebrada el 29 de octubre, y una vez resuelta la impugnación presentada posteriormente ante los tribunales, el Presidente Joseph Kabila fue declarado vencedor. Todo este proceso electoral constituyó uno de los comicios más complejos que las Naciones Unidas hayan ayudado a organizar en toda su historia.
Por medio de la MONUC, las Naciones Unidas siguen participando activamente en las gestiones dirigidas a tratar de solucionar el conflicto en la provincia de Kivu del Norte entre el ejército nacional y las fuerzas leales a un ex general disidente. En noviembre de 2007, las Naciones Unidas facilitaron un acuerdo entre los Gobiernos de la República Democrá-tica del Congo y Rwanda con el fin de hacer frente al peligro que representaban para la región los grupos armados ilegales, locales y extranjeros, que todavía seguían operando en la República Democrática del Congo, incluidos antiguos integrantes de las milicias hutu (Interahamwe) y las Fuerzas Armadas Rwandesas (ex-FAR).
República Centroafricana. El conflicto en la República Centroafricana tuvo su origen en
una serie de motines protagonizados por los soldados a mediados de los años noventa. En 1998, tras una intervención de efectivos de Francia, la ex Potencia colonial, y posterior-mente de una fuerza multinacional africana, las Naciones Unidas establecieron la Misión
de las Naciones Unidas en la República Centroafricana (MINURCA), una operación de
mantenimiento de la paz con el mandato de prestar ayuda para mejorar la seguridad en la capital, Bangui. Con posterioridad, las Naciones Unidas también prestaron apoyo para las elecciones que se celebraron el año siguiente. En febrero de 2000 se creó la Oficina de
Apoyo a la Consolidación de la Paz en la República Centroafricana (BONUCA), tras la
retirada de la MINURCA.
El descontento continuó, y en mayo de 2001 se logró detener un intento de golpe de Estado lanzado por oficiales del ejército. Dos años más tarde, en marzo de 2003, un
gru-po encabezado gru-por el General François Bozizé tomó el gru-poder gru-por la fuerza, y destituyó al Presidente elegido, Ange-Félix Patassé. El Consejo de Seguridad condenó el golpe e hizo hincapié en que las autoridades de Bangui debían elaborar un plan para el diálogo nacional, y fijar un plazo para celebrar elecciones lo antes posible.
A finales de junio, el Secretario General informó de que las nuevas autoridades tenían previsto iniciar un proceso de diálogo nacional, que a su vez dio lugar a la celebración de elecciones legislativas y presidenciales en marzo y mayo de 2005 respectivamente. En la segunda vuelta final de las elecciones, el General Bozizé salió elegido con el 64,6% de los votos. La recién elegida Asamblea Nacional celebró su primer período de sesiones ordinario del 1º de marzo al 30 de mayo de 2006.
Conferencia Internacional sobre la Región de los Grandes Lagos. Habida cuenta de la
importante dimensión regional de los conflictos que afectaban a los países de los Grandes Lagos, el Consejo de Seguridad, tras el genocidio que vivió Rwanda en 1994, pidió que se convocara una conferencia internacional sobre la región. A finales de los años noventa se estableció la Oficina del Representante Especial del Secretario General para la Región de
los Grandes Lagos. Con sede en Nairobi (Kenya), la Oficina desempeñó un papel
funda-mental en la promoción del diálogo. También habría de hacer las veces, junto con la Unión Africana, de secretaría conjunta de la Conferencia. La primera Conferencia Internacional sobre la Región de los Grandes Lagos se celebró en Dar es Salaam (Tanzanía) en noviembre de 2004.
Los 11 Jefes de Estado y de Gobierno de la región que habían participado en esa