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Unidas en el Sudán (UNMIS), con el mandato de que apoyara la aplicación del Acuerdo

General de Paz, facilitara y coordinara la asistencia humanitaria y el retorno voluntario de los refugiados y los desplazados internos y ayudara a las partes en las tareas de remoción de minas. También habría de contribuir a la protección y promoción de los derechos humanos y coordinar las actividades internacionales de protección de los civiles, prestando especial atención a los grupos vulnerables.

Durante ese mismo período, la Unión Africana (UA) aumentó el número de efectivos de la AMIS hasta alcanzar la cifra de 6.171 militares y 1.560 policías civiles, con el objetivo de “promover un entorno más seguro y la adopción de medidas de fomento de la confianza y proteger a los civiles y a las operaciones humanitarias”.

En septiembre de 2005 se estableció un Gobierno de Unidad Nacional. Si bien, por lo general, las partes respetaron la letra del Acuerdo General de Paz, el espíritu de cooperación, inclusión y transparencia fue menor de lo esperado. La continuación de la crisis en Darfur también afectó directa y negativamente a su aplicación.

El papel de las Naciones Unidas en Darfur. Las tensiones étnicas, económicas y

po-líticas se habían añadido desde hacía tiempo a la competencia por la obtención de los escasos recursos existentes para alimentar la violencia en Darfur. En 2003, la decisión del Gobierno de desplegar las fuerzas armadas nacionales y movilizar a las milicias locales en respuesta a los ataques lanzados por el Movimiento y Ejército de Liberación del Pueblo Sudanés (SPLM/A) y el Movimiento por la Justicia y la Igualdad (JEM) intensificaron la violencia hasta niveles insospechados. Los bombardeos aéreos efectuados indiscrimi-nadamente por las fuerzas armadas del Sudán junto con los ataques perpetrados por los Janjaweed y otras milicias arrasaron por completo aldeas enteras de toda la región. Se asesinó a civiles, se violó a mujeres y niñas, se secuestraron niños y se destruyeron fuentes de agua y alimentos.

En julio de 2004, la Unión Africana inició negociaciones durante las conversaciones de paz entre las partes sudanesas celebradas en Abuja, al tiempo que desplegó 60 observadores militares y 310 efectivos de protección en Darfur para vigilar el cumplimiento del acuerdo de cesación del fuego por motivos humanitarios que habían firmado en abril el Gobierno, el SLM/A y el JEM. Mientras, las Naciones Unidas y las organizaciones no gubernamenta-les pusieron en marcha una operación humanitaria de gran envergadura.

En enero de 2005, la Comisión de Investigación establecida a petición del Consejo de Seguridad informó de que el Gobierno del Sudán no había seguido una política de genoci-dio en Darfur pero que tanto sus fuerzas como las milicias Janjaweed habían llevado a cabo ataques indiscriminados que habían dado lugar a, entre otras cosas, asesinatos de civiles, torturas, desapariciones forzadas, la destrucción de aldeas, violaciones y violencia sexual de diferente naturaleza, saqueos y desplazamientos forzados. La Comisión señaló que los crímenes de guerra y de lesa humanidad no eran menos atroces que el genocidio y concluyó que las fuerzas rebeldes en Darfur eran presuntamente culpables de crímenes de guerra, incluidos actos de pillaje y el asesinato de civiles.

El Consejo remitió el expediente sobre Darfur elaborado por la Comisión a la Corte

Penal Internacional. El 7 de junio de 2007, la Corte emitió una orden de detención contra

dos personas acusadas de 51 cargos de crímenes de guerra y de lesa humanidad.

Tras tres años de intenso conflicto, las gestiones de la Unión Africana condujeron, el 5 de mayo de 2006, a la firma del Acuerdo de Paz de Darfur, que contenía disposiciones relativas al ejercicio compartido del poder, la distribución de la riqueza, una cesación gene-ral del fuego y cuestiones de seguridad. Todas las partes en conflicto estuvieron presentes, pero sólo el Gobierno y el SLM/A firmaron el Acuerdo.

En virtud de su resolución 1706, de 31 de agosto de 2006, el Consejo autorizó una ampliación del mandato de la UNMIS para permitir su despliegue en Darfur y solicitó el consentimiento del Gobierno de Unidad Nacional del Sudán. El Secretario General in-formó en septiembre de que, desafortunadamente, la posición del Gobierno sobre dicha resolución había sido “muy negativa”.

En noviembre, el Gobierno del Sudán expresó su apoyo, en principio, al establecimiento de una Misión híbrida de las Naciones Unidas y la Unión Africana en el Sudán. Tras meses de negociaciones, el 31 de julio de 2007 el Consejo de Seguridad estableció la Operación

Híbrida de la Unión Africana y las Naciones Unidas en Darfur (UNAMID) con el

objeti-vo de resolver la situación en Darfur de manera integral. Ésta fue la primera fuerza híbrida en que han participado las Naciones Unidas y la mayor operación de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz de la historia. (Véase el recuadro de la página siguiente)

El 28 de agosto, el Secretario General Ban Ki-moon anunció que en breve viajaría al Sudán, el Chad y Libia para ayudar a asegurar el despliegue rápido y eficaz de las fuerzas de mantenimiento de la paz de la UNAMID y la disponibilidad de la ayuda humanitaria y para el desarrollo, así como para mantener el impulso del proceso de paz. “Mi objetivo es afianzar los avances que hemos realizado hasta la fecha”, señaló, “con el fin de aprovechar la oportunidad para que un día termine este trauma terrible”. Durante su visita, el 4 de sep-tiembre, anunció el nombramiento de Ashraf Jehangir Qazi para el cargo de Representante Especial para el Sudán.

Tres semanas más tarde, el 25 de septiembre, el Consejo de Seguridad aprobó el estable-cimiento de una presencia multidimensional en el Chad y en la República Centroafricana, en colaboración con la Unión Europea, que incluiría una Misión de las Naciones Unidas

La Operación Híbrida de la Unión Africana y las Naciones Unidas en Darfur

Primera misión híbrida de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz A principios de 2007, el conflicto en la región de Darfur en el Sudán arrojaba la cifra de 200.000 muertos y 2,5 millones de desplazados más, en una situación en la que abundaban los presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad.

Al tiempo que la Corte Penal Internacional comenzó al examinar el asunto, el Consejo de Seguridad estableció el 31 de julio de 2007 la primera fuerza híbrida de la historia con participación de las Naciones Unidas: la Operación Híbrida de la Unión Africana y las

Naciones Unidas en Darfur (UNAMID). La Operación combina fuerzas de las Naciones Unidas

con las de la antigua Misión de la Unión Africana en el Sudán (AMIS) para constituir una nueva operación integral con miras a llevar a la paz a esa parte del mundo tan conflictiva.

Una vez concluido su despliegue, la UNAMID será, además, la mayor operación de mantenimiento de la paz de la historia, con 19.555 efectivos militares y 3.772 policías, aparte de 19 unidades de policía constituidas integradas por 140 agentes cada una (una dotación total de 2.660 agentes). Su despliegue rápido tiene por objeto permitir que asuma las competencias de la AMIS con la mayor celeridad posible y, a más tardar, a finales de 2007, de modo que alcance su plena capacidad operacional y complete la totalidad de su dotación tan pronto como sea posible a partir de entonces. Su mandato incluye:

Facilitar el pleno acceso humanitario a todo el territorio de Darfur; •

Ayudar a proteger a la población civil ante la inminente amenaza de la violencia; •

Verificar el cumplimiento de los acuerdos de cesación del fuego; •

Ayudar a aplicar el Acuerdo de Paz de Darfur; •

Ayudar a velar por que el proceso político sea inclusivo; •

Apoyar las gestiones de mediación de la Unión Africana y las Naciones Unidas para •

ampliar y profundizar el compromiso con el proceso de paz;

Contribuir al establecimiento de un entorno seguro, propicio para la reconstrucción •

y el desarrollo económicos y el regreso sostenible de los desplazados internos y los refugiados a sus hogares;

Ayudar a promover el respeto y la protección de los derechos humanos y las libertades •

fundamentales en Darfur;

Ayudar a promover el imperio de la ley en Darfur, en particular apoyando el fortaleci-•

miento de un poder judicial independiente y el sistema penitenciario;

Asistir en el desarrollo del marco jurídico, en colaboración con las autoridades del Su-•

dán;

Vigilar la situación en materia de seguridad en las fronteras del Sudán con el Chad y la •

en la República Centroafricana y el Chad (MINURCAT). Habiendo determinado que la situación en la zona fronteriza entre el Sudán, el Chad y la República Centroafricana constituía una amenaza para la paz y la seguridad internacionales, el Consejo adoptó está medida con el fin de ayudar a crear las condiciones de seguridad necesarias para el regreso voluntario, seguro y sostenible de los refugiados y los desplazados.

Anteriormente, en enero de 2007, el Secretario General había nombrado Enviado Es-pecial para Darfur a Jan Eliasson, ex Ministro de Relaciones Exteriores de Suecia y antiguo Presidente de la Asamblea General, con miras a revitalizar el proceso político y dar una solución pacífica al conflicto de Darfur.

Tras su nombramiento, el Sr. Eliasson trabajó con el Enviado Especial de la Unión Africana para Darfur, Dr. Salim Ahmed Salim, preparando el terreno para la reanudación de las negociaciones. Ambos Enviados celebraron consultas con funcionarios del Gobier-no, representantes de los distintos movimientos rebeldes, agentes regionales y otras partes interesadas, para asegurar que las conversaciones de paz fueran inclusivas y se tradujeran en un acuerdo que abordase las reivindicaciones fundamentales de la población de Darfur afectada por el conflicto. Las negociaciones comenzaron el 27 de octubre de 2007 y estaba previsto que continuaran en 2008.

Somalia. Los 6,8 millones de habitantes de Somalia han vivido en un clima de anarquía

desde que en 1991 fuera derrocado el Gobierno del Presidente Siad Barre y estallara la guerra civil que dividió el país en pequeños feudos controlados por caudillos rivales, con armas, municiones y explosivos fluyendo libremente a través de sus fronteras, en violación de un embargo de las Naciones Unidas.

Cuando las conversaciones organizadas por el Secretario General en la capital, Mo-gadishu, condujeron a una cesación del fuego, en abril de 1992 el Consejo de Seguridad estableció la Operación de las Naciones Unidas en Somalia (ONUSOM I) para supervi-sarla, proporcionar protección y seguridad al personal de las Naciones Unidas, equipo y suministros y escoltar la entrega de suministros humanitarios. Sin embargo, en diciembre el deterioro de la situación de seguridad llevó al Consejo a autorizar a los Estados miembros a constituir una Fuerza de Tareas Unificada (UNITAF) con el fin de asegurar la prestación de asistencia humanitaria en condiciones de seguridad. En marzo de 1993 el Consejo esta-bleció la ONUSOM II a fin de concluir la labor iniciada por la UNITAF para restablecer la paz, pero la escalada de enfrentamientos entre clanes confirmó que no había paz alguna que mantener. La ONUSOM II se retiró en marzo de 1995.

En abril, el Secretario General estableció la Oficina Política de las Naciones Unidas para Somalia (UNPOS) a fin de que le ayudara a promover la paz y la reconciliación mediante el establecimiento de contactos con los dirigentes somalíes, las organizaciones cívicas y los Estados y organizaciones interesados. La UNPOS apoyó una iniciativa de Djibouti que en 2000 llevó a la formación de un gobierno de transición nacional, pero su autoridad fue

cuestionada posteriormente por algunos dirigentes del sur de Somalia, las administraciones regionales de “Puntlandia” en el noreste y “Somalilandia” en el noroeste4.

En 2002, la conferencia de reconciliación nacional patrocinada por la Autoridad Inter-gubernamental para el Desarrollo (IGAD) culminó con un acuerdo sobre la cesación de las hostilidades y las estructuras y principios que habrían de regir el proceso de reconciliación. Dicho proceso dio fruto en enero de 2004, fecha en que los dirigentes somalíes acordaron el establecimiento de un Gobierno Federal de Transición, con un mandato de cinco años, y de un Parlamento Federal de Transición con 275 escaños, un 12% de los cuales estaban reservados para mujeres.

El Presidente de “Puntlandia”, Abdullahi Yusuf Ahmed, fue elegido Presidente del Go-bierno Federal de Transición de Somalia en octubre de 2004, y la totalidad de los 25 can-didatos a la Presidencia prometieron apoyarle y desmovilizar sus milicias. Sin embargo, en mayo de 2006 Mogadishu se convirtió en escenario de los combates entre las milicias fuertemente armadas de la Alianza para la Restauración de la Paz y contra el Terrorismo y las de los Tribunales Islámicos.

En junio de 2006, el Gobierno Federal de Transición y la Unión de Tribunales Islámicos se comprometieron a reconocerse mutuamente, proseguir el diálogo y abstenerse de adop-tar toda medida que pudiera aumenadop-tar la tensión. Pese a todo, el 11 de julio el Represen-tante Especial del Secretario General dijo que los partidarios de la línea dura en el seno de los Tribunales Islámicos representaban una amenaza para el proceso de paz y en particular para las instituciones federales de transición, que habían establecido provisionalmente su sede en Baidoa. El 20 de julio, un contingente de fuerzas leales a los Tribunales Islámicos tomó el control de una localidad situada a unos 60 kilómetros de Baidoa.

El 6 de diciembre el Consejo de Seguridad autorizó a la IGAD y a todos los Estados miembros de la Unión Africana a que establecieran una misión de protección y capacita-ción en Somalia. Su mandato consistía en hacer un seguimiento de los progresos alcanzados por las partes en la aplicación de los acuerdos, mantener la seguridad en Baidoa, proteger a los miembros y la infraestructura de las instituciones y del Gobierno federal de transición, capacitar a sus fuerzas de seguridad para que pudieran hacerse cargo de su propia seguridad y ayudar a facilitar el restablecimiento de las fuerzas de seguridad nacionales de Somalia.

Con cientos de miles de personas huyendo de los duros combates que se libraban en Mogadishu, el 20 de febrero de 2007 el Consejo de Seguridad autorizó a la Unión Africana a que durante un período inicial de seis meses estableciera una operación más amplia, co-nocida por las siglas AMISOM. La AMISOM sustituyó a la misión de la IGAD y recibió autorización para adoptar todas las medidas necesarias para cumplir su mandato, que con-sistía en apoyar el paso en condiciones de seguridad y la protección de todos los participan-tes en el proceso de diálogo y reconciliación nacional, proteger las instituciones federales de

4 “Somalilandia” se autoproclamó república independiente en 1991 aunque la comunidad internacional no le re-conoce esa condición. “Somalilandia” mantiene una estrecha rivalidad con “Puntlandia”, que ha proclamado su autonomía, pero no la independencia.

transición, prestar asistencia en el restablecimiento y el adiestramiento de todas las fuerzas de seguridad inclusivas de Somalia y contribuir a crear las condiciones de seguridad necesa-rias para el suministro de asistencia humanitaria.

El 20 de agosto el Consejo prorrogó el mandato de la AMISOM durante un período adicional de seis meses y aprobó que se siguieran elaborando planes con miras al posible despliegue de una operación de las Naciones Unidas. Sin embargo, en noviembre el Secre-tario General Ban Ki-moon informó de que el despliegue de una misión de esas caracterís-ticas no era realista ni factible habida cuenta del acusado deterioro de la situación política y de seguridad. Entretanto, las Naciones Unidas seguirían concentrándose en impulsar el diálogo entre el Gobierno Federal de Transición y los grupos de la oposición, así como en el fortalecimiento de la AMISOM.

En cuanto a la situación humanitaria, el ACNUR informó de que los últimos epi-sodios de violencia se habían saldado con más de un millón de desplazados, 600.000 de los cuales habían huido de Mogadishu. (Véase también el sitio web de la UNPOS: www. un-somalia.org ◊)

Etiopía y Eritrea. Tras la caída del Gobierno militar de Etiopía en 1991, el Frente Popular de Liberación de Eritrea (FLPE) anunció la formación de un Gobierno provisional y la celebración de un referéndum para determinar los deseos del pueblo eritreo en relación con Etiopía. Atendiendo a una petición de su Comisión del Referéndum, la Asamblea General estableció la Misión de Observadores de las Naciones Unidas encargada de verificar el

re-feréndum en Eritrea (UNOVER), para observar la organización y celebración del

referén-dum de 1993. El 99% de los electores votó a favor y poco tiempo después Eritrea declaró la independencia y fue admitida como miembro de las Naciones Unidas.

En mayo de 1998 estallaron combates entre Etiopía y Eritrea debido a una controversia fronteriza. El Consejo de Seguridad exigió el fin de las hostilidades y ofreció apoyo técnico para la delimitación y demarcación de la frontera. En junio de 2000, después de las con-versaciones de acercamiento bajo los auspicios de la OUA, se concretó un acuerdo sobre la cesación de las hostilidades en Argelia.

Para facilitar la aplicación del acuerdo, el Consejo de Seguridad estableció en julio la

Misión de las Naciones Unidas en Etiopía y Eritrea (MINUEE), en la que se disponía

el despliegue de oficiales de enlace en cada capital y observadores militares a lo largo de la frontera. En septiembre, el Consejo autorizó el despliegue de 4.200 efectivos militares para supervisar la cesación de las hostilidades y ayudar a garantizar el cumplimiento de los compromisos contraídos en materia de seguridad por las partes.

Con la llegada de las fuerzas de mantenimiento de la paz, las fuerzas de Etiopía y Eritrea se desplegaron nuevamente y se creó una zona temporal de seguridad. En el mandato de la MINUEE se establecía la realización de patrullas y la vigilancia de la zona. Las partes si-guieron negociando sus diferencias en conversaciones facilitadas por Argelia y en diciembre del año 2000 firmaron un acuerdo por el que se ponía fin permanente a las hostilidades

militares y se liberaba a los prisioneros de guerra. En el acuerdo también se disponía el esta-blecimiento de una comisión independiente para delimitar y demarcar la frontera sobre la base de los tratados coloniales pertinentes y el derecho internacional aplicable.

En abril de 2002, una comisión de límites neutral integrada por cinco miembros alcan-zó una decisión final y con fuerza jurídica sobre la delimitación de las fronteras. El Consejo de Seguridad modificó el mandato de la MINUEE para incluir la remoción de minas en apoyo de la demarcación y un apoyo administrativo y logístico para las oficinas exteriores de la comisión.

Durante 2003, la situación militar fue generalmente estable, pero el proceso de paz se mantuvo en una situación crítica, debido a que Etiopía rechazó las recomendaciones formuladas por la comisión de límites. Durante algún tiempo las partes siguieron respe-tando la zona temporal de seguridad, pero ante la falta de avances en la aplicación de la decisión de la comisión de límites, Eritrea comenzó lo que el Secretario General calificó de “violaciones masivas” de la zona, junto con “la obstaculización abierta y humillante” de la labor de MINUEE, incluida la prohibición impuesta a los vuelos de los helicópteros de las Naciones Unidas. A resultas de ello, la dotación autorizada de la MINUEE se redujo considerablemente, de 4.200 efectivos al principio a 2.300 en mayo de 2006, y 1.700 en enero de 2007.

El 1º de noviembre de 2007, el Secretario General Ban Ki-Moon expresó su grave pre-ocupación por la concentración de fuerzas militares que se había producido recientemente, habida cuenta de que Eritrea había trasladado más de 2.500 efectivos y equipo militar pe-sado a la zona temporal de seguridad y que ambos países habían llevado a cabo maniobras