2.6 Obtaining Prediction Models
2.6.1 Multiple Linear Regression
E
l presente capítulo se orienta a analizar los mecanismos institucio- nales y las normativas existentes que apuntan al fortalecimiento del quehacer público, no solo desde el accionar del Estado, sino también desde el ámbito privado, particularmente la sociedad civil. Específicamente interesa indagar cómo las políticas y programas de gobierno han contribui- do en el último tiempo al desarrollo de las organizaciones de la sociedad civil (OSC), potenciando una relación libre y autónoma con las otras esferas, como la estatal y empresarial. Al mismo tiempo, es relevante analizar los aspectos que requieren una toma de acciones para la mejora de las organiza- ciones desde el Estado.A lo largo del capítulo se presentan ocho ámbitos, de los cuales se analizan los aspectos formales y la implementación de políticas y normas atingentes a las OSC, y se identifican desafíos que urge abordar para encaminarse a una sociedad civil más fuerte y autónoma. Lo anterior se acompaña de recomen- daciones en diversos niveles para avanzar en las brechas identificadas. Los ámbitos que se profundizan son: el proceso de flexibilización en la cons- titución de las OSC y sus desafíos en materia de fe pública, el sistema de re- gistro de inscripción y vigencia de las entidades sin fines de lucro, las lógicas de transparencia y fiscalización existentes, el sistema directo e indirecto de asignación de recursos estatales, la participación de las organizaciones en el accionar de las políticas y programas públicos, y el Sistema de Cuentas Na- cionales como potencial fuente de información del sector.
C
omo se menciona en el Capítulo 2, en las últimas déca- das, el Estado ha puesto en práctica una serie de medidas para el fomento de la participación ciudadana y el fortaleci- miento de la sociedad civil. Específicamente, a partir del re- torno a la democracia en 1990, los gobiernos comenzaron a reanudar las relaciones entre el aparato público y el sector sin fines de lucro, bajo el entendido de que estas agrupaciones “son un motor fundamental para la consolidación de la demo- cracia y que son importantes ejecutoras de aquellos servicios sociales que ni el Estado ni el mercado pueden proveer a la ciudadanía y que apuntan hacia el bien común” (Irarrázaval et al., 2007, 5). Medidas como la Política de Participación Ciu- dadana y Fortalecimiento de la Sociedad Civil y la Ley 20.500 Sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública, dan muestra de ello. Juntas, vinieron a dotar de un marco normativo al ejercicio de libertad de asociación y a facilitar la entrega de financiamientos para la sociedad civil. No obs- tante estos avances concretos, se sostiene que la política pública en relación con las OSC tiene imperfecciones que pueden limitar a las organizaciones. Uno de los argumentos más fuertes estaría en que dichas normas han sido “desarrolladas de manera desarticulada, dejando a la sociedad civil la tarea de proveer aquellos servicios sociales que la gestión pública no tiene capacidad de prestar, constituyéndose una relación más bien instrumentalizada entre Estado y sociedad civil” (Irarrázaval et al., 2007, 5).El presente capítulo se estructura en base a ocho temas que se presentan hoy en día como desa- fíos para la mejora de las políticas públicas que apuntan al fortalecimiento de la sociedad civil y su relación con los otros sectores. Estas dimensiones emergen como resultado del proyecto de investigación que se presenta en este libro1. Para el análisis de cada uno de ellos, junto con una revisión bibliográfica, se realizaron 13 entrevistas en profundidad a actores clave2.
El primer punto está dedicado a los avances en el proceso de constitución de las OSC y la fe pú- blica depositada en ellas. En segundo lugar, se analiza en detalle el Registro Nacional de Personas Jurídicas sin Fines de Lucro. En el tercer punto, se trata el tema de la transparencia y fiscalización de las OSC, como tareas pendientes. El financiamiento de las OSC, específicamente la asignación de recursos que entrega el Estado, se presenta en las secciones cuarta y quinta. En sexto lugar, se revisa la participación de las OSC en el accionar de las políticas y programas públicos. En la sección siete, se aborda el tema del voluntariado y alternativas para potenciarlo. Para finalizar, se propone crear una cuenta para el sector sin fines de lucro en el Sistema de Cuentas Nacionales.
“(Las OSC) son un motor fundamental para la consolidación de la democracia y son importantes ejecutoras de aquellos servicios sociales que ni el Estado ni el mercado pueden proveer a la ciudadanía y que apuntan hacia el bien común” .
Irarrázaval et al., 2007, 5.
1. Bajo el objetivo de basarse en una metodología de selección de temáticas más completa, se consultó a los miem- bros del comité consultivo del mismo proyecto, representado por diversos sectores del Estado y sociedad civil. 2. Un secretario municipal, un coordinador de Cosoc, cuatro directores de OSC que están vinculados con el proceso
de transparencia y rendición de cuentas del sector, un miembro de dos consejos nacionales de la sociedad civil y, por último, cuatro directivos de importantes unidades estatales directamente involucradas.
I.
FLEXIBILIZACIÓN EN LA CONSTITUCIÓN DE LAS ORGANIZACIONES
DE LA SOCIEDAD CIVIL Y DESAFÍOS DE LA FE PÚBLICA
Como se explica en profundidad en el Capítulo 3, con la promulgación de la Ley 20.500, el trámite para la constitución de una organización de la sociedad civil ya no está concentrado en el Ministerio de Justicia, sino que exige interactuar con dos entidades.
Por un lado, con la municipalidad, encargada de recibir el acto constitutivo3 de la organización, y de archivar la copia de los antecedentes de las personas jurídicas y remitirlos al Servicio de Registro Civil e Identificación para su inscripción (Código Civil, Artículo 548). Por otro lado, el proceso involucra al Servicio Registro Civil e Identificación, particularmente al Registro Nacio- nal de Personas Jurídicas sin Fines de Lucro, la entidad encargada de inscribir los antecedentes relativos a la constitución, modificación y disolución o extinción de las OSC (Ley 20.500, Ar- tículo 9°). A partir de esta inscripción, la organización goza de personalidad jurídica. La infor- mación contenida en el Registro se actualiza sobre la base de documentos autorizados por las municipalidades y demás órganos públicos que indique el reglamento (Ley 20.500, Artículo 8°). De acuerdo a lo investigado, dos fueron los principales efectos de flexibilizar el proceso de cons- titución de la OSC. El primero se refiere a la menor discrecionalidad en el otorgamiento de la personalidad jurídica, puesto que, con anterioridad, dicha decisión descansaba en el Presidente de la República. El propósito de este cambio fue desconcentrar el poder en el acto constitutivo, de forma de que se adquiera la personalidad jurídica con una menor intervención discrecional de la autoridad administrativa. El segundo efecto es que existe una mayor facilidad en la consti- tución de la OSC. Se ha comprobado que, en parte gracias a la inédita eficiencia del trámite, ha existido una explosión de nuevas organizaciones que se han creado tras la promulgación de la ley. Como se muestra en el Capítulo 1, en Chile actualmente existen 234.502 OSC. Casi el 48% de estas fueron creadas a partir del año 2006 y entre el año 2011 y 2015 el 26,5% de ellas, lo que es congruente con la aparición de la Ley 20.500.
Adicionalmente, se eliminó el costo del trámite con el objetivo de que el costo económico no fuese un obstáculo para la creación de una entidad, pensando sobre todo en las agrupaciones de más bajos recursos. Se considera que este puede ser un factor del crecimiento de las OSC en la última década.
A continuación, se explican los principales desafíos que surgen de un proceso de constitución más flexible, que se acompaña de varias recomendaciones.
3. El contenido del acto constitutivo está compuesto por: la expresión de voluntad de constituir una persona ju- rídica, el nombre de esta (que debe hacer referencia a su naturaleza, objeto o finalidad), la aprobación de los estatutos, la designación de las autoridades inicialmente encargadas de dirigirla y la individualización de los que comparecen otorgando el acto.