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La etapa del trabajo de campo coincidió con el debate público que en Bolivia tenía lugar, impulsado por el poder político, sobre la elección de jurados en los juicios. Funciona en este país los Jurados mixtos o escabinados en los que "se combinan los ciudadanos legos (elegidos por sorteo) con jueces profesionales permanentes, quienes conjuntamente elaboran la sentencia" (Quiroga, Benedetti, Cenicacelaya; 2001:456).

La descalificación de los jueces ciudadanos, en el juicio de Pando, constituyó una de las estrategias dilatorias asumida por la defensa. Entre ellos había un cubano nacionalizado boliviano pero que vivió años acá. La abogada Martínez, explica cómo funciona el sistema, los Jueces ciudadanos, son elegidos del padrón electoral, entonces se presenta una causa, se la remite al tribunal y se saca una lista de 12 ciudadanos, se los notifica a los 12 y se señala una audiencia, en este caso el masculino está bien utilizado, los jueces y los jueces ciudadanos en el Juicio observado son hombres. Para que exista un equilibrio hay tres jueces ciudadanos y dos técnicos, por lo que el ciudadano es el que desempata, pero en el Juicio sólo había cuatro jurados, uno de los ciudadanos decidió no venir más al Juicio porque primero intentaron descalificarlo por su país de origen, Cuba, y luego esgrimió razones laborales, por lo que la estrategia dio resultado.

La idea de un poder judicial débil y sin autonomía, al servicio del poder político de turno o respondiendo a poderes corporativos, del cual no se puede esperar que cumpla sus fines, subyace, sobre todo en el discurso de las personas con trayectoria política, militantes de derechos humanos y con formación académica, y se sintetiza en la expresión de Reynaga: en el fondo no hay una voluntad política

de terminar el juicio..

Para las dirigentas y dirigentes sociales la justicia, que engloba tanto a la administración como a la justicia como valor, es propiedad de quienes poseen poder económico, se trata de una justicia excluyente, que pasa de valor a objeto, se cosifica, y cuyos propietarios son varones, heterosexuales, mestizos o blancos (no indígenas).

Tomamos el concepto de impunidad administrativa de Abramovich (2009: 4), para dar cuenta del supuesto enunciado, se refiere el autor a “una suerte de impunidad

burocrática en donde no avanzan los procesos judiciales, en donde el sistema

penal no reacciona frente a las demandas de justicia”.

Para llevar adelante el juicio que determine la responsabilidad de los sucesos de la masacre de Pando, la investigación continuó pero con intervención de la justicia boliviana que fue la recomendación del informe presentado por UNASUR", relata Annichiaricco, y aclara que "en situaciones de alta dominación, de la burguesía, del poder económico, de la situación de injusticia que se vivía antes del gobierno de Evo Morales, esto (la impunidad) se acentuaba enormemente. Según Barreto, la justicia en Bolivia es el enemigo, Evo nunca pudo doblegarla. Hace un año hay un atisbo de democratizar la Justicia.

Define la ex vice embajadora, a la administración de justicia, como bancerista. Este bancerismo de la justicia, se presenta como motivo o causa cuyas raíces son históricas. Argumentos que devienen de la experiencia histórica, son para Reynaga los que hacen que la gente desconfíe de la justicia. Cita como ejemplos de memoria histórica, el juicio de octubre al ex Presidente González Sánchez de Losada, que sigue durmiendo ahí. El juicio de las viejas desapariciones que el gobierno, estando en el poder, no puede abrir los archivos militares de los fusilamientos a los compañeros detenidos durante las dictaduras del 70, del Plan Cóndor (...) En el caso de octubre negro de 2003 recién el año pasado hubo una sentencia a Ministros y algunos Jefes Militares, los Ministros obtuvieron tres años y en Bolivia con esa condena quedas libre, los militares recibieron, 10 – 12 años y fue una molestia en el ejército.

El juicio a Leopoldo Fernández y a un grupo de hombres acusados de ser parte de la masacre166, se trasladó a La Paz. Los motivos, de acuerdo a Peredo, se

basaron en que no había ninguna atmósfera adecuada para juzgarlo en Cobija, la gente se lanzó al aeropuerto para rescatar al funcionario de la prefectura, eso mostraba todo un ambiente de violencia que buscaba sin ninguna duda el brote de

166_{De acuerdo al Informe de la Defensoría del Pueblo de Bolivia sobre los sucesos (2008:59): “En fecha 15 de} septiembre de 2008 en el departamento de Pando se procedió a la detención de un primer grupo de 10 ciudadanos y posteriormente el 24 de septiembre de otras cuarta personas del mismo departamento para su confinamiento en el Regimiento “Simón Bolívar II A” de la localidad de Viacha, Provincia Ingavi, del departamento de La Paz, los mismos que se hicieron efectivos el 16 y 25 de septiembre del año en curso respectivamente”. Según la abogada Mabel Martínez, serían 8 hombres acusados en el juicio de Pando I y 25 en el de Pando II.

una guerra civil en Bolivia.

Annichiaricco, cuando fue al lugar donde se produjo la masacre, como enviado de la UNASUR, relevó durante las entrevistas con jueces o con fiscales que eran amenazados, entrevistamos a un juez en Porvenir, donde sucedió la masacre, que nos sorprendió enormemente cuando nos permitió entrar en su despacho para hacer la entrevista vimos que tenia en un costado un arma y un chaleco antibalas,

y nos dijo que era para defenderse, ―me han baleado, me amenazan…"

La idea de que el juicio está manejado por el poder político, es decir por el MAS, ha sido sostenida por los sectores de opositores de derecha y se ha afianzado en la lentitud con la que avanza el Juicio y la falta de una sentencia que imparta la condena efectiva a quienes están presos. La abogada Martínez, describe las estrategias de dilación, durante un año que ya estábamos en la etapa del juicio oral, se suspendieron permanentemente las audiencias, pero la suspensión no se debió a circunstancias atribuibles a nosotros como acusadores ni siquiera al fiscal, que son quienes generalmente dilatan los procesos, sino más bien a la estrategia de la otra parte, no venía un abogado o Leopoldo Fernández estaba enfermo u otro de los acusados decidía no venir, armaban motines en la cárcel, uno de sus abogados no estaba y a pesar de eso, a pesar que había un abogado de oficio en la audiencia, no querían aceptar un abogado de oficio o de defensa pública, ellos decían yo quiero mi abogado, bajo el título que no podían coartar su derecho a la defensa.

Otro aspecto de la estrategia dilatoria es convertir el Juicio, y en forma extensiva, la justicia, en un show, banalizarla, de lo cual se encargaron los abogados y abogadas defensores, uno de los más indisciplinados fue Brito, gritaba en sala, no se callaba hasta que le dieran curso a lo que solicitaba que el Tribunal si no correspondía no le daba curso, llegaba a veces a los extremos de hacer show y la gente que estaba en la audiencia, ajenos al juicio optaban por reírse, se asemejaba a un berrinche de un niño, se lo ha sancionado, a los abogados de los acusados, a Valda y a Brito es a los que más se los ha sancionado con un multa pecuniaria, la primera de 200 bolivianos, luego de 500 y se llegó a una multa de 1000 bolivianos por ser permanente la indisciplina y los abogados interpusieron un recurso para no pagar esa multa pero en la Corte les dijeron que tenían que pagar. Explica Martínez que recién (enero de 2012) estamos en la prueba testifical, luego viene la prueba documental, después si es que se da la inspección seguida de reconstrucción, peritaje. Estamos en la prueba de cargo luego viene la prueba de descargo, que igual tiene las mismas condiciones para asumir defensa técnica. El juicio de Pando, contradice al Informe de UNASUR (2008:58), que es claro al respecto de las garantías en que debe basarse "una administración de justicia que garantice los derechos humanos (...) De todas las garantías la independencia de la judicatura se considera una Meta garantía y una precondición de todo el resto. Esto supone que la judicatura sea independiente no sólo de los otros poderes del Estado, sino de las facciones políticas y los intereses económicos".

justicia, de un juicio basado en la dilación y la consecuente ausencia de sentencia, de la impunidad administrativa que afecta la garantía de los derechos humanos, lo volveremos a abordar en el apartado el cacique patriarcal, ya que la noción de juicio sin sentencia, al decir de Peredo no hay sentencia pero si juicio que no ha prosperado, se relaciona con la figura del ex prefecto de Pando, Leopoldo Fernández.