Las conclusiones obtenidas en la investigación desarrollada en la tesis doctoral no solo tienen una lectura en términos teóricos, en torno a los ingresos públicos, y empíricos, sobre el gasto público y la regulación. A partir del análisis desarrollado en los capítulos precedentes también se derivan posibles aplicaciones de políticas públicas. En concreto, sobre los ingresos públicos es necesario que el diseño del sistema tributario se rija por unos principios lógicos previamente sometidos a debate y a la experiencia histórica. En este sentido, los principios enunciados por Neumark (1994) se nutren de una tradición de pensamiento económico que llega hasta nuestros días al menos desde las contribuciones de la Escuela de Salamanca. Además, la práctica tributaria de estos y otros principios por parte de diversos gobiernos a lo largo de la historia otorgan una excepcional fuente empírica a estudiar con el objetivo de identificar el impacto que los principios regidores de los sistemas tributarios tienen sobre la economía y sus agentes. Por ello, a pesar de que
173
ciertos principios puedan llegar a ser relativamente contradictorios, como por ejemplo los principios de continuidad y de capacidad de adaptación ante una coyuntura económica volátil, la toma equilibrada de unas guías básicas sobre las que se sustenten los sistemas tributarios se muestra necesaria para que el sector público no sea una rémora para la economía. Una muestra de ello se da, pasando de la teoría a la práctica, si se analizan las diferencias entre los sistemas tributarios de los países desarrollados y los que se encuentran en vías de desarrollo. Sirva como ejemplo de las diferencias, entre las muchas existentes, el mayor peso de la imposición directa, de efecto progresivo, en los primeros y de la indirecta, de efecto regresivo, en los otros. No obstante, actualmente algunos países desarrollados están incrementando la importancia de la recaudación impositiva indirecta en relación al total de ingresos públicos, acercándose así al estilo tributario de las naciones en vías de desarrollo y alejándose del principio de redistribución que había regido sus sistemas fiscales. El ejemplo expuesto muestra una de las múltiples posibilidades de política económica a través de la puesta en práctica del seguimiento, o no, de los principios tributarios.
Por el lado del gasto público se ha observado una tendencia al incremento del tamaño del sector público, debida al crecimiento durante la fase de desarrollo de las economías, que finaliza al estancarse o reducirse levemente el peso del sector público sobre la actividad económica total del país al completar esta fase. Por lo tanto, una vez se ha producido este efecto, conocido como ley de Wagner, se abre para los gobiernos la posibilidad de hacer uso de una política fiscal activa con un alto potencial de influencia sobre la economía, tanto de forma positiva, al disponer de un mayor capacidad de gasto, como negativa, al detraer más recursos de los agentes privados. El debate producido a lo largo de la historia del pensamiento económico, intensificado al incrementarse el tamaño del sector público al cumplirse la ley de Wagner, no ha perdido interés en la actual
174
coyuntura económica. En los recientes años de crisis se ha asistido a un impulso inicial del gasto público en los países desarrollados, con el fin de inyectar poder adquisitivo en los sistemas económicos para evitar la recesión, seguido de una política fiscal de estabilización de las cuentas públicas a través de la reducción del gasto. Tras esto el futuro se presenta incierto entre mensajes de continuar con la consolidación fiscal a la vez que se pretende hacer uso de la política fiscal para reactivar una economía estancada. Lo que sí parece seguro es que el debate sobre el uso del gasto público sigue y seguirá abierto. No obstante, no se trata solo de una cuestión de emplear más dinero público sino de realizar un gasto eficiente y efectivo, para lo que se necesita previamente fijar unos objetivos claros hacia los que enfocar la política fiscal, de definir a qué partidas se destinarán los recursos y de cómo se va a financiar el gasto.
En lo relativo al destino del gasto público uno de los focos del mismo es el denominado gasto social. Este, siguiendo a Beveridge (1942), consiste principalmente en aquel destinado a educación, sanidad y las prestaciones de la Seguridad Social, conocidos como los tres pilares del Estado de Bienestar (Gimeno 2007). La constitución de este se completa con otras transferencias sociales así como con intervenciones normativas (Navarro 2004). Como se ha mostrado el impulso de este tipo de gasto, siempre que se realice de forma eficiente, puede tener un impacto positivo sobre el crecimiento económico; mayor aún en países en vías de desarrollo dado que sus problemas de falta de cohesión social, desigualdad, educación, sanidad o inseguridad pueden encontrar una cierta respuesta mediante la adopción de un Estado de Bienestar o, al menos, de una adaptación factible del mismo sujeta a los recursos públicos. La capacidad del Estado de Bienestar de dar respuesta a problemas económicos no se reduce meramente al crecimiento. También se muestra en países desarrollados, si bien en este sentido el impacto potencial es lógicamente
175
más bajo dado que los problemas a los que se enfrentan son de una intensidad menor que en las naciones en vías de desarrollo.
Centrando la atención en la regulación, en concreto en la de las telecomunicaciones en la UE, analizada en el cuarto capítulo, se observa la existencia de una asimetría de política económica en el proceso regulador. Por lo tanto, las empresas no solo toman ventaja, o desventaja, de los aciertos, o errores, de su estrategia propia de internacionalización sino que pueden verse ayudadas si sus gobiernos nacionales retrasan el proceso de apertura de sus mercados domésticos. Esta estrategia de política pública por parte de los gobiernos suele ir ligada al impulso de los campeones nacionales a nivel europeo. Sin embargo, en las telecomunicaciones de la UE no ha sido una política generalizada sino que esta opción ha sido seguida principalmente en España y, ya fuera de la UE, en Noruega. No obstante, la lógica liberalizadora de la Comisión Europea buscaba el efecto opuesto a esta liberalización asimétrica. Lo que se pretendía era lograr un Mercado Único efectivo. Por ello, si se desea corregir este efecto es necesario vigilar y sancionar las trabas a la liberalización y la competencia que busquen favorecer al antiguo monopolio nacional. Por otra parte, al liberalizar un mercado se debe considerar también el lado de la demanda, no únicamente la oferta. Por lo que también se debe vigilar el impacto que la liberalización ha tenido sobre cuestiones como la asequibilidad, la accesibilidad o la satisfacción de los ciudadanos como consumidores reales o potenciales de los servicios de telecomunicaciones, y, en su caso, corregir las desviaciones que se produzcan respecto a los objetivos planteados con la liberalización. Idénticas consideraciones a las tenidas en cuenta en el mercado de telecomunicaciones pueden extrapolarse a otros servicios liberalizados en la UE, o fuera de ella, prestando especial atención a los servicios económicos de interés general, dado su carácter de servicios básicos.
176