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Desde los años 70 del siglo veinte, la erradicación o al menos la reducción de la pobreza se convirtió en una meta primordial del desarrollo (Mendes citado en Veltmeyer y Tetreault, 2012; Banco Mundial, 2007). Inicialmente conceptualizada como una falta de recursos productivos y humanos para satisfacer las necesidades básicas, pronto se concibió la pobreza como un problema de desigualdades socioeconómicas.

La implementación del modelo neoliberal en los años 80 implicó la liberación de las ‘fuerzas de libertad económica’ de las restricciones de las políticas del Estado de Bienestar y Desarrollo provocando una aceleración del proceso de cambio estructural: la privatización de los medios de producción y la empresa, la desregulación de los mercados,

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una liberación de los flujos de capital carente de un proceso de industrialización y un proceso de separación de los campesinos y productores directos de la tierra y de sus medios de producción. Esto redundó en la aparición de mano de obra rural excedente y de nuevas fuerzas de cambio como la urbanización, la semi-proletarianización y la globalización (Petras y Veltmeyer, 2002). El desarrollo como sinónimo de reducción de pobreza y crecimiento económico designó al sector privado como el agente de crecimiento a partir de la apertura y el dinamismo de las exportaciones dejando al sector público un rol mínimo de facilitador (Banco Mundial, 2007). La distribución relativa del ingreso y de las oportunidades tenía como objetivo garantizar la gobernabilidad y la capacidad institucional para lograr un desarrollo sostenible. Desafortunadamente, la transformación productiva y social resultante de este primer ciclo de la política neoliberal y del desarrollo capitalista periférico se dio en una forma distinta a lo señalado por la teoría, teniendo graves consecuencias e impactos sociales para el tercer mundo (Veltmeyer, 2009).

2.2.1 Auto-desarrollo o explotación femenina: feminización de la responsabilidad para salir de la pobreza

Al inicio de la era neoliberal, el mercado laboral formal en el sector privado y público prácticamente cerró sus puertas obligando a la población rural pobre (que había sido forzada a abandonar la agricultura y el campo para migrar a la ciudad en busca de trabajo en plantas, fabricas y oficinas) a auto-emplearse en las calles en condiciones muy precarias. Por lo mismo, las familias tuvieron que idear formas alternativas de generar ingresos, como la participación económica de mujeres, ancianos(as) e hijos(as). Obviamente, ante las muy restringidas oportunidades de insertarse en el mercado laboral en las ciudades, las familias, y en particular, las mujeres, se vieron forzadas a vender lo que podían: productos, artesanías, comida y sus servicios. Al mismo tiempo, con la entrada de las empresas multinacionales y del capital extranjero (en forma de inversión directa) se abrió un nuevo sector industrial, las maquiladoras que funcionan con capital global y trabajo regional y local. Como resultado de la destrucción de la industria tradicional y la emergencia de las maquiladoras se dio un proceso de feminización del mercado laboral, donde hasta un 80 por ciento de la fuerza de trabajo era femenina (Enríquez et al., 2008).

Paralelamente, hubo una feminización de la agricultura y sus efectos en la condición social de las mujeres es un tema de debate. En el caso de India, la pobreza ha obligado a las mujeres a entrar al mercado de trabajo pero con salarios muy por debajo de los masculinos.

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La postura neoliberal considera la feminización de la agricultura como el resultado del aumento de demanda de mano de obra por la inserción de nuevas tecnologías y la migración masculina, abriendo nuevas posibilidades a las mujeres de obtener mejores salarios y condiciones laborales (Horrell, Johnson y Mosley, 2008). Sin embargo, la falta de posesión de la tierra y otros bienes reduce la capacidad de decisión de las mujeres y por lo tanto afecta su posibilidad de exigir mejores salarios y condiciones laborales (Horrell et al., 2008).

Ya desde comienzos del siglo XX, la necesidad de mano de obra de remplazo durante las guerras mundiales y las revoluciones obligó a la apertura del espacio privado y la renegociación del espacio público. Después, el creciente acceso a la educación para la población general, la proliferación de métodos anticonceptivos, y el aumento de la migración nacional e internacional provocó una acelerada penetración de las mujeres al ámbito laboral, exponiendo de forma paulatina las desigualdades entre hombres y mujeres, en las esferas doméstica y laboral (Lebon y Maier, 2007). Desde sus primeros aportes, las feministas alertaron sobre los binomios mujer y pobreza, género y pobreza, y más ampliamente, género y desarrollo. Investigadoras como Boserup (citada en Marchand y Parpart, 1995) cuestionaron los esquemas de desarrollo, demostrando que lejos de mejorar la vida de muchas mujeres del tercer mundo, el proyecto de desarrollo las privó de oportunidades económicas y de estatus. Distintos procesos de desempoderamiento femenino actúan en los niveles micro, meso y macro impidiendo la participación equitativa en la vida social, económica, política y cultural de sus pueblos.

Aunque no se puede descontextualizar la pobreza femenina ni se le puede aislar del contexto general, existen aspectos que agudizan y particularizan la pobreza femenina (Gimtrap, 1997). Incluso, existe un cruce entre los indicadores de pobreza y los de desigualdad de género (Riquer, 2001). Enríquez (2001) menciona que los hogares dirigidos por mujeres son los más pobres entre los pobres, aunque tienden a promover mayor equidad y solidaridad entre sus miembros. En términos de envejecimiento poblacional, se observa que si bien las mujeres tienen mayor esperanza de vida, a partir de los 65 años presentan un mayor deterioro funcional que limita su autonomía (Solís, citada en Riquer, 2001), y envejecen solas ya que los hombres mueren más jóvenes. En el rango de 60 a 64 años hay aproximadamente 90 hombres por cada 100 mujeres y en el grupo de 75 a 79 años disminuye a 80 por cada 100 (Enríquez et al., 2008). Por otra parte, a pesar de su papel

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los hombres migrantes, las mujeres latinoamericanas no se beneficiaron directamente de las políticas agrarias sociales del siglo XX, tales como la redistribución de tierras, los créditos agrícolas, los apoyos a la comercialización o los servicios de extensión (Frank, 1991). El cambio se dio hasta la implementación de políticas neoliberales como el programa Solidaridad que buscaba impulsar proyectos productivos y crear oportunidades de empleo (Fox, citado en Tetreault, 2009) y que necesitaba involucrar a las mujeres del campo ante la creciente emigración masculina.

En las últimas tres décadas, las dinámicas del desarrollo neoliberal han agudizado procesos de cambio en las relaciones de género, detonando por una parte la ‘liberación internacional de la mujer’ y, por otra, un deterioro en la condición social de las mujeres pobres. Visto como el resultado de un sistema de acumulación de desventajas (Banco Mundial, 2011) o como la imbricación de múltiples formas de discriminación y exclusión (Choo y Ferree, 2010; Buvinic et al., 2004; Gimtrap, 1997), el hecho es que las mujeres han tenido que desempeñar cargas de trabajo desproporcionadas. Esto no sólo representa una ‘explotación de su tiempo y su cuerpo’ (Antrobus, 2002), sino una mayor vulnerabilidad ante las dinámicas de globalización (necesidad de recurrir a la migración internacional, dejando a los hijos e hijas al cuidado de abuelas o terceras personas (Ehrenreich y Hochschild, 2003) y la exacerbación de la pobreza en situaciones tanto de crisis familiar (viudez, divorcio, y violencia doméstica que van en aumento) como de crisis económicas, tan recurrentes desde la implementación del neoliberalismo.

La violencia de género, la cual se manifiesta desde el hogar hasta el Estado, afecta particularmente a las mujeres del tercer mundo, limitando su movilidad, sus posibilidades de conseguir empleo y su capacidad de tomar decisiones (Banco Mundial, 2011). En países como México donde impera la moral católica, las políticas públicas dirigidas a las mujeres han estado claramente circunscritas a reforzar su rol materno y, sólo en años recientes, se ha dado un apoyo económico a las(los) adultas(os) mayores y a proyectos productivos femeninos (Cárdenas, 2011). Desde el año 2000 en que el partido en el gobierno representa a la derecha respaldada por la alta jerarquía de la iglesia católica, se ha lanzado una campaña de criminalización contra el aborto que afecta primordialmente a mujeres pobres (Observatorio Ciudadano de los Derechos de las Mujeres, Agosto 2011).

Los estudios con enfoque de género, han demostrado que los ajustes estructurales incrementaron la severidad de la pobreza, la precarización del empleo, y la feminización de la pobreza y el trabajo informal (Tepichin et al., 2010; González, 2006; Riquer, 2001;

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Gimtrap, 1997). Por su parte, Ahoojapatel (2007) ha planteado que aun cuando las mujeres realizan más del 60 por ciento del trabajo mundial sin recibir un ingreso proporcional, y que están en desventaja con relación a los hombres, son quienes administran y sacan a flote la economía familiar. Además, alrededor del mundo, las mujeres tienen mayor participación en movimientos de lucha para lograr un desarrollo ecológico y socialmente sustentable (Ahoojapatel, 2007; Kabeer, 2006). Esta participación femenina en los movimientos sociales es un tema central que revisaremos con más detalle en la segunda sección de este capítulo donde se discuten algunos movimientos sociales feministas y de mujeres en México, y en el capítulo VII donde presento los estudios de caso sobre mujeres que participan en movimientos sociales.

En base a todo lo anterior, se confirma que la economía global y el desarrollo afectan y son afectados por el género (Sen y Grown, 1987). En algunos casos, se reconoce la necesidad de modificar las estructuras que limitan el desarrollo equitativo (en todos los sentidos), pero por lo general, se enfatiza la posibilidad de ‘transformar’ a las mujeres en agentes de cambio social, ya sea a través del empoderamiento económico (Banco Mundial, 2011) o de la invitación directa a ser “audaces; explorar nuevas ideas, y desarrollar nuevas visiones y estrategias” (llamado de la directora de UNIFEM en 1995 citada en Antrobus, 2002:24). En este sentido, la visión dominante evita poner sobre la mesa la renegociación de las responsabilidades hombre-mujer en la producción y la reproducción y la explotación del tiempo de las mujeres pobres (Mora, 2008; Ehrenreich y Hochschild, 2003; Antrobus, 2002), y coloca sobre los hombros de las mujeres la responsabilidad de cambiar su situación de vida y la de sus familias.

2.2.2 La inserción femenina en las dinámicas de alivio a la pobreza

Ante la evidente propensión del sistema capitalista hacia el desarrollo desigual y el aumento de la polarización social en la distribución del producto social -en un extremo de la sociedad la riqueza y en el otro la pobreza, y en la confluencia una clase media en proceso de adelgazamiento- en los años 90, se promovió un desarrollo ‘más incluyente’, focalizado en la reducción de la pobreza y la erradicación de sus condiciones extremas, logrando una leve reducción en la región -vinculada al auge de exportaciones de materias primas. Según la óptica de los economistas del Banco Mundial (2011), la pobreza no es tanto una cuestión de ‘acumulación primitiva’ (desposeimiento de tierras), de relaciones de

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explotación (extracción de plusvalía de su trabajo) y opresión (sumisión a un poder superior), o de marginación (el repliegue a zonas poco productivas), sino más bien una situación de discriminación y sus efectos acumulativos, que acrecienta la vulnerabilidad de los individuos y las familias. El modelo neoliberal que busca maximizar el costo/beneficio de los programas sociales sustentados en la lógica liberal-social recurre al paradigma de las desventajas acumuladas de los individuos y la necesidad de contrarrestar las dinámicas de discriminación institucional que afectan a las mujeres y a las familias más pobres, para explicar las ineficiencias y los limitados logros de los proyectos de desarrollo en AL (Banco Mundial, 2011).

Los proyectos gubernamentales de cooperación internacional enfrentan graves dificultades para articular el desarrollo entre los niveles local, estatal y nacional y para atacar la creciente complejización de la pobreza. Como dice Rodríguez (2007:26) “la pobreza actual es más compleja, debido a que sus expresiones –ingreso, consumo, acceso a servicios, condiciones de vida- se combinan de diferentes maneras y no se superponen como tendía a ocurrir en el pasado, lo que origina diferentes tipos de pobres”. Lo anterior supone que la pobreza ya no es una constante sino una situación que, exceptuando a los más ricos, aqueja a la mayor parte de la población nacional en diferentes momentos de su vida. Las demandas del mercado han obligado a elevar los requerimientos de escolaridad y acreditación para obtener empleos en el sector formal, llevando a quienes no tienen acceso a la capacitación especializada a la informalidad, al subempleo o al desempleo.

Anteriormente, los pobres tenían baja educación, condiciones precarias de salud, falta de servicios básicos y un mínimo acceso al crédito, a las remesas o a las transferencias públicas; hoy los hogares bajo la línea de pobreza cuentan con servicios básicos en sus viviendas, acceso a la red pública de salud y educación, estudios terminados de primaria o más y poseen un acervo de bienes de consumo durables comprados mediante créditos o gracias a las remesas (Rodríguez, 2007). Más aún, en la mayor parte de los países de la región, existe una gran masa de personas con acceso a micro-créditos pero que carecen por completo de la estabilidad económica para construir un patrimonio. Esto redunda en la necesidad de diseñar nuevos mecanismos de medición de la pobreza, tanto cuantitativos como cualitativos, que permitan no solo distinguir entre niveles y características de la pobreza, sino que permitan capturar la amplia diversidad de experiencias de las personas empobrecidas.

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En la actualidad, hablar de pobreza y vulnerabilidad implica considerar además de las carencias materiales, elementos subjetivos como la capacidad de toma de decisiones que puede traducirse en una ausencia de poder para decidir sus propias vidas. Esta falta de acceso a la toma de decisiones que se observa en los pobres y los grupos marginados forma parte del desempoderamiento estructural e institucional que prevalece en muchas regiones de AL. Un ejemplo es la visión de los programas de combate a la pobreza de las últimas décadas que focalizan el desarrollo social a las familias, ignorando las causas estructurales de la pobreza y brindando de manera fragmentada asistencia alimentaria, servicios educativos y de salud y transferencias monetarias (Valencia, 2008). Por lo mismo, se pone énfasis en el auto-desarrollo de las familias pobres, pero se divide a las comunidades (como el Programa Oportunidades que genera rivalidades dentro de las comunidades e incluso dentro de las familias al contraponer a las personas beneficiarias y las no elegidas por la falta de claridad en los criterios de inclusión o por la corrupción en el sistema).

Como veremos con más detalle en el capítulo IV, en México, la principal estrategia de combate a la pobreza desde finales del siglo pasado ha sido el Programa Oportunidades de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). Desde el punto de vista gubernamental, el gran acierto de este programa dirigido a familias en extrema pobreza ha sido el designar a las mujeres como principales administradoras y/o destinatarias del programa. Al hacer esto, no sólo se ha podido revertir la discriminación institucional hacia las mujeres, sobre todo en espacios de salud y educación, también se aprovecha el rol tradicionalmente asignado a las mujeres-madres como cuidadoras ‘devotas’ de sus familias, garantizando así que los recursos asignados sean utilizados para comida, vestido, salud y educación de los hijos y las hijas. Si bien estos programas empoderan en cierta manera a las mujeres a través de un ingreso económico garantizado por el Estado y que ellas administran, también ha propiciado que los hombres se desentiendan de sus responsabilidades en la proveeduría del hogar (González, 2006). Y aunque el programa ha permitido a familias en extrema pobreza mejorar su nutrición y mantener a los(las) hijos(as) estudiando, no ha alcanzado su objetivo central de romper con la pobreza intergeneracional en más de una década de operación (Valencia, 2008). Esto se debe, en primer lugar, a que este tipo de programas sociales ignoran las relaciones históricas de explotación, opresión y subordinación subyacentes; en segundo término, se manifiesta la falta de políticas públicas integrales, capaces de articular los principales ejes del desarrollo social, económico y político (Tetreault, 2012-b).

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A finales de la primera década del siglo XXI, la persistencia de la pobreza a pesar de tantos esfuerzos y recursos movilizados en más de cuatro décadas obliga a reconocer la complejidad del problema y la necesidad de reconceptualizar sus causas y sus soluciones. En sus informes del 2010 sobre el desarrollo humano en América Latina y el panorama social en la región, el PNUD (2010) y la CEPAL (2010) respectivamente, con una visión más aguda, identificaron la ‘estructura de la desigualdad’ (en la distribución del ingreso nacional) como la fuente principal de la pobreza y el mayor desafío para el desarrollo. Si bien esta estructura de desigualdad se formó a lo largo de la historia del capitalismo, la actual extensión y la profundización de la desigualdad en las relaciones internacionales y sociales provocan una división insostenible entre ricos y pobres (PNUD, 2010). Por lo tanto, el planteamiento tanto del PNUD como de la comunidad académica en general considera al ‘orden mundial’ de la globalización neoliberal (la forma actual del desarrollo capitalista) como el responsable de la forma exagerada y extrema que ha tomado la desigualdad desde entonces, tanto en la región como en el mundo entero (Veltmeyer, 2012; Levitt, 2009; Parpart y Veltmeyer, 2009; Veltmeyer y O’Malley, 2003; Frank, 1991; Kay, 1989).

En el contexto de un capitalismo que promueve el mercado libre, el capital global desregulado, en particular el financiero, y la liberalización de las ‘fuerzas de libertad económica’ sin las restricciones ni las regulaciones vigentes durante el Estado de bienestar, la estructura de desigualdad e inequidad en las relaciones de producción y de consumo se amplifican y se extienden dentro de los países sujetos a la política neoliberal, tanto del sur como del norte (Petras y Veltmeyer, 2011).

Por lo mismo, el actual modelo de desarrollo se vuelve insostenible desde el punto de vista económico, social y ambiental puesto que “se han excedido los límites ecológicos del crecimiento económico y de la industrialización, conduciendo a un deterioro drástico, si no fatal, del ecosistema subyacente” (Veltmeyer y O´Malley, 2003:9). Por una parte, hay un serio cuestionamiento de los factores estructurales del modelo de desarrollo que pueden explicarse en términos de: a) las dinámicas del desarrollo capitalista desigual y las estructuras de desigualdad, b) la política neoliberal que extiende y acentúa esta estructura, y c) la implementación de una estrategia orientada a la reducción de la pobreza sin promover los cambios estructurales y sociales que se requieren. La percepción de pobreza y la desigualdad social como resultado de procesos de exclusión social, redefine el problema en términos de redistribución de la riqueza y administración equitativa de los recursos. No sólo

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cuestiona fuertemente la compatibilidad del proyecto de desarrollo de las élites que detentan el poder y el desarrollo de las grandes mayorías, sino también la sustentabilidad misma del proyecto capitalista.