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El siglo veinte se caracterizó por el nacimiento de una conciencia ‘universal’ que requería ampliar la comunicación entre las regiones y los países del mundo, no sólo ante las secuelas de dos guerras mundiales sino también a raíz de la consolidación de dos bloques socioeconómicos antagónicos: el socialista y el capitalista. El proyecto de Naciones Unidas, creado en teoría para facilitar la cooperación internacional, el desarrollo económico, la paz y el progreso social para todo el planeta, fungió en gran medida como medida estratégica para garantizar la dominación imperialista. En los años 50 del siglo XX, se crea la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), constituida en escuela de pensamiento para analizar las tendencias económicas y sociales, de mediano y largo plazo, de los países de AL y el Caribe (CEPAL, 2010). Su principal objetivo ha sido fortalecer las relaciones comerciales y promover en conjunción con los gobiernos de los distintos países, el desarrollo de la región (Naciones Unidas, 2011). La CEPAL (2010) considera que el proceso económico de AL se ha constituido en cinco etapas: a) la industrialización por sustitución de importaciones de los años cincuenta, b) las reformas para desobstruir la industrialización de los años sesenta, c) la reorientación de los esquemas de desarrollo hacia la homogeneización social y hacia la diversificación pro-exportadora en los años setenta, d) la superación del problema del endeudamiento externo mediante el ‘ajuste con crecimiento’ en los años ochenta y e) la transformación productiva con equidad en los años noventa. El desarrollo de AL es una tarea difícil dada la vulnerabilidad política y económica de los países que no han logrado romper con la senda de dependencia trazada desde la época colonial, y que hoy se traduce en una menor o mayor subordinación a las decisiones de Estados Unidos y al proyecto de desarrollo hegemónico ‘del imperio’ (Levitt, 2009).

El desarrollo definido como proceso se asume como un elemento intrínseco a todos los grupos humanos pero al ser caracterizado como proyecto ‘deseable para la mayoría de las naciones’ exige una planificación y una definición adecuadas de objetivos y estrategias (Riquer, 2001). Pero… ¿Cuáles deben ser los objetivos del desarrollo? ¿Qué estrategias se deben implementar para lograrlo? ¿Quiénes deben ser los y las agentes del desarrollo? ¿puede y debe beneficiar a todos(as)? Lo que complica estos debates es la tendencia a analizar y evaluar el desarrollo desde la perspectiva restringida de quienes detentan el poder para la toma de decisiones a nivel mundial: hombres blancos y ricos pertenecientes a las clases en el poder de los países en el centro del sistema capitalista mundial. Por ello, el

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discurso dominante en los proyectos de desarrollo desde sus inicios exhibe una visión clasista, economicista, patriarcal y anglo-americana (Kabeer, 2006; Levitt, 2009; Lagarde, 1997 ; Gimtrap, 1997; Marchand y Parpart, 1995). En consecuencia, la visión dominante del desarrollo lo conceptualiza como un modelo único (talla única) que se aplica (y se impone) tanto en el centro como en la periferia del sistema pero que ignora las particularidades histórico-culturales de las regiones, los países y los subgrupos. Así, el desarrollo capitalista ha mostrado su creciente tendencia a operar en base a una lógica de exclusión, marginación y desvalorización de ‘lo otro’, lo diferente (Anzaldúa, 1999; Lagarde, 1997; Trinh, 1989). Lo anterior tiene importantes implicaciones para toda la humanidad, en especial para las mujeres pobres (negras, mestizas e indias) del tercer mundo –la categoría más antagónica al poderoso hombre-rico-blanco.

El mundo moderno se ha caracterizado por su énfasis exagerado en el aspecto económico del desarrollo, descuidando elementos sociales y culturales que representan la cotidianidad de los seres humanos (Benería, 2003). Al poner el acento en el factor económico-productivo del desarrollo se afecta la condición social de las mujeres por dos motivos principales. En primer término, se privilegia el espacio ‘público’ tradicionalmente asignado a los hombres, y se deja en segundo plano la reproducción, provocando con ello no sólo invisibilizar el espacio privado (el espacio tradicionalmente femenino) y su relevancia para el mantenimiento del sistema, sino que se ignora la enorme aportación económica y social de las mujeres al desarrollo y la gran carga de trabajo que significa la realización de tareas domésticas como atender al esposo, a los padres y hermanos, cuidar a los hijos, a los enfermos y a los discapacitados (Lebon y Maier, 2007; Lagarde, 2004; Antrobus, 2002). Al considerar las tareas domésticas como responsabilidades femeninas, y al definirlas como parte del sector no productivo (por lo tanto no se les asigna un pago o bien reciben un pago mínimo), se pone en desventaja a las mujeres. Además, la imposición de ciertos valores occidentales como referencia de modernidad y progreso ha provocado en muchas regiones del tercer mundo desintegración familiar y pérdida de sistemas de vida (Ehrenreich y Hochschild, 2003; Nussbaum, 2000; Anzaldúa, 1999).

En segundo lugar, para sobrevivir en el modelo económico capitalista, las mujeres tienen que realizar trabajo productivo además del reproductivo, lo que constituye un aumento desproporcionado de su carga de trabajo al tener que realizar una doble y hasta triple jornada en los entornos más precarios (Ahoojapatel, 2007; Riquer, 2001; Parpart et al., 2000; Gimtrap, 1997; Sen y Grown, 1987). De hecho, la incorporación y la

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participación creciente de la mujer en los mercados de trabajo del sistema capitalista (lo que se denomina como la feminización del mercado laboral, en el discurso económico) ha sido construido teóricamente como un gran avance en el proceso del desarrollo: la emancipación de las mujeres del dominio de los hombres y su liberación del sistema patriarcal. En un sentido ha sido así, ya que ha ofrecido a las mujeres la oportunidad de ganar autonomía y mayor acceso a la toma de decisiones. Pero en el contexto de la explotación capitalista, esta liberación se ha dado con un gran costo para las mujeres. Como explicó Marx en su teoría del sistema social capitalista, la explotación laboral es el gran secreto del capitalismo, enmascarada por la relación salarial que invisibiliza la explotación. Si a esto agregamos que la mujer ha sido tradicionalmente excluida o marginada de los espacios educativos y de capacitación o profesionalización, por cuestiones de género, la situación es aún más grave para ellas.

2.1.1 La triple desigualdad social

La historia del desarrollo ha sido una historia de relaciones desiguales entre clases, entre grupos étnicos y entre hombres y mujeres. Comúnmente, el avance de unos(as) se ha dado a costa del perjuicio, no siempre reconocido, de otros(as); tal como sucede dentro de las familias, pero también dentro de las sociedades e incluso a escala mundial, provocando la invisibilización de ciertos actores sociales. Esta lógica de subordinación y/o exclusión se reproduce en los tres niveles macro, meso y micro, generando desigualdades estructurales que son reproducidas por individuos, instituciones y sistemas. Para los teóricos estructuralistas, en particular las marxista-feministas, las desigualdades de género, de clase, y de origen étnico representan una triple estructuralidad. Las estructuras objetivas constituyen los pilares de la sociedad y determinan el funcionamiento del sistema, siendo el principal obstáculo para el desarrollo en sus formas estratégica y estructural. La modificación del sistema requiere de acciones colectivas emancipadoras. Para los teóricos pos-estructurales, las relaciones de subordinación son estructuras mentales adquiridas y reproducidas a través de la socialización, y su eliminación requiere de un trabajo personal de modificación de los paradigmas personales. De acuerdo a esta perspectiva, el principal obstáculo para la liberación de la mujer es su propia concepción de sí misma como víctima y dependiente de otros. En todas las sociedades se han construido y perpetuado sistemas de desigualdades estructurales que se traducen en el acceso al poder y la toma de decisiones

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para ciertas categorías sociales, y para otras(os) reproducen condiciones de subordinación, explotación, marginación y/o exclusión social. Para las mujeres pobres del tercer mundo, las desigualdades estructurales de género, de clase y de etnia se ‘intersectan’ (ver Choo y Ferré, 2010) y los efectos negativos en su condición social se potencializan.

Desigualdad de género: sociedades patriarcales

La desigualdad de género, hoy reconocida como una desigualdad de poder entre hombres y mujeres, va mucho más allá de la subordinación de la mitad de la población mundial, constituye además una sistemática devaluación de todo lo femenino ante lo masculino (Castañeda, 2002) y la perpetuación del ‘hábitus’ como estructura patriarcal estructurante reproducida por hombres y mujeres en la sociedad (Bourdieu, 2010). En el plano internacional, los feminismos han buscado la manera de evidenciar esta desigualdad en los distintos niveles y en sus múltiples manifestaciones dentro del desarrollo.

En 1946, año en que la ONU establece la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW por sus siglas en inglés) para promover, reportar y monitorear los derechos de las mujeres en los ámbitos ciudadanos, económicos, sociales y educativos, se marca el inicio del lento pero significativo proceso de liberación internacional de la mujer para ser reconocida y tratada como sujeto social. Desde mediados del siglo pasado, el problema de la discriminación hacia la mujer como resultado de una cultura patriarcal era ampliamente reconocido en diversas esferas académicas y políticas (ONU, 2011). A través de organismos oficiales y/o grupos independientes, el pensamiento feminista demostró que ser mujer implicaba una desventaja inicial frente al par masculino. Desde entonces, la labor de las feministas –desde la multidisciplinariedad- ha sido la de aportar evidencias que corroboren estas desigualdades. Ahoojapatel (2007) ha planteado dramáticas estadísticas sobre la situación de las mujeres a nivel mundial, mostrando que a pesar de constituir la mitad de la población y efectuar dos tercios del trabajo que se realiza en el planeta, sólo reciben el 10 por ciento del ingreso y poseen el 1 por ciento de la propiedad mundial. Carr (2002) plantea que las mujeres representan el 60 por ciento de los pobres del mundo y de los 350 millones en extrema pobreza, la mayoría son mujeres; de cada ocho personas en pobreza absoluta, cinco son mujeres y sólo tres son hombres, principalmente en el campo.

En su último reporte 2012, el Banco Mundial reconoce que mueren más mujeres que hombres desde la etapa prenatal, la asistencia de varones a escuelas de nivel primaria y

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medio superior es mayor, las mujeres tienen más probabilidades de trabajar sin pago, en el sector informal o en ramas menos productivas, sin prestaciones ni regulaciones de ley, y poseen parcelas más pequeñas con cultivos menos rentables. Además, el trabajo reproductivo y familiar de las mujeres no es remunerado. Por ende, las mujeres tienen menos poder y menor control sobre los recursos.

En América Latina, como en el tercer mundo en general, las mujeres siguen siendo ciudadanas de segunda clase (Lovera, 2011; Lagarde, 2005, 1997; Sen y Grown, 1987) sobre todo en los planos económico, político y de acceso a la justicia. Ser mujer suele implicar una desventaja inicial frente al par masculino porque tienen una mayor carga de trabajo no remunerado en el hogar, los salarios que consiguen en los mercados laborales son menores y la inercia cultural favorece una autoridad superior en los hombres (Castañeda, 2006). Hay una sobre-representación de mujeres en los empleos menos remunerados, por ejemplo, en México, el 65.2% de las mujeres desempeña trabajos manuales (por lo general los peor pagados), el 15.6% labora como personal administrativo, el 17.2% como profesionales y técnicas y sólo el 2% ocupa cargos directivos (datos de Celade y UNFPA, CEPALstat, 2011).

En términos de participación política, las mujeres latinoamericanas están muy por debajo de los hombres en representatividad parlamentaria, donde existe una exclusión de género vinculada a la división público/privado que conspira contra la democracia, y donde, frecuentemente, las mujeres son consideradas como adicionales y suplementarias (Lovera, 2011). En México y la mayor parte del continente, su participación en los curules es menor al 30 por ciento, a pesar de las cuotas de género (CEPAL, 2010; Inmujeres, 2001). En el tema de la violencia de género, ésta se presenta en los niveles micro, meso y macro, por lo que la violencia contra la mujer se ejerce desde el hogar hasta el Estado y afecta la movilidad, la posibilidad de ser empleada y la capacidad de tomar decisiones de las mujeres (Observatorio Ciudadano de los Derechos de las Mujeres, Agosto 2011). Peor aún, como lo manifiestan los movimientos sociales en defensa de las mujeres víctimas, desde las madres de la Plaza de Mayo en Argentina hasta las madres de Juárez en México, la discriminación institucional obstaculiza el acceso de las mujeres a la justicia, en particular para las mujeres pobres (World Bank 2011; Kabeer, 2006; Gimtrap, 1997). También, la incapacidad de los gobiernos para garantizar el acceso de las mujeres a la compensación legal ha sido ampliamente documentada por organizaciones internacionales como la ONU-Mujeres, la

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Women Watch, Amnistía Internacional, la Coalición Internacional contra el Tráfico de Mujeres (CATW) y en México, por el Observatorio Ciudadano de los Derechos de las Mujeres, y Amigos de las Mujeres de Juárez, entre otras.

Así, la igualdad de género implica en principio reconocer al hombre y a la mujer como iguales, con los mismos derechos y obligaciones, y a partir de la igualdad, construir la equidad que implica reconocer y valorar las diferencias ofreciendo a cada quien lo que necesita para su desarrollo.

Desigualdad de clases

La existencia de la pobreza y las desigualdades sociales en todas las sociedades ha motivado la búsqueda de conceptos para diferenciar a la población en base a su condición social y/o económica. De los enfoques teóricos actuales los más importantes son: a) el enfoque marxista que se basa en las relaciones duales de producción entre la clase trabajadora y la clase capitalista, las cuales se articulan con otras categorías, algunas en expansión como la clase media (globalizada) y el trabajo informal o auto-empleo (de considerables proporciones en el tercer mundo), b) la concepción funcional-estructural que reconoce divisiones ocupacionales y c) los conceptos Weberianos que definen clases (alta, media y baja) en base a su relación con el mercado, es decir, a su capacidad de consumo. El método más utilizado en la actualidad es la estratificación por ingresos que divide a la población en categorías estadísticas por deciles, de los más ricos a los más pobres. Pero más allá de la distinción de clases, las prácticas institucionales establecen preferencias o privilegios para las clases altas y restringen las oportunidades de participación para las clases bajas o subordinadas. Estas desigualdades de clase que oponen a personas ricas y pobres se vinculan intrínsecamente con las desigualdades entre países del centro y de la periferia, en una relación que reproduce los intercambios colonialistas (Marchand & Parpart, 1995; Molineux, 1985).

En efecto, con la divergencia en la estructura de la actividad económica y el trabajo, y con la formación de nuevas relaciones pre-capitalistas (o no-capitalistas) de la producción en las ciudades y el campo, han surgido grandes diferencias económicas y sociales entre los niveles de vida del sur y del norte. Tal pareciera que efectivamente el desarrollo del norte se nutre del subdesarrollo del sur provocando que la incorporación de las regiones periféricas en el sistema capitalista mundial, lejos de disminuir las disparidades sociales,

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refuerce las estructuras de desigualdad, aumentando la exclusión, la incertidumbre y la precariedad de vida de millones de seres humanos (Frank, 1991; Sen y Grown, 1987).

Los países en vías de desarrollo han demostrado ser muy vulnerables a los dictámenes del desarrollo capitalista con los caprichos del mercado internacional, de los precios y de los flujos de capital que no encuentran un freno por parte de los gobiernos sino un contubernio histórico entre las clases rentistas en el poder local y los países poderosos (Sen y Grown, 1987). Por una parte, la interferencia del norte ha determinado en gran medida el rumbo de AL, no sólo en términos políticos realizando acciones abiertas o encubiertas de colaboración hacia las clases dominantes y adineradas para impedir cambios democratizadores (como en los casos de Cuba, Chile, Argentina y Uruguay entre los años 60 y 80 del siglo pasado) (Levitt, 2009), sino también modificando el tejido socio- económico. Estas estructuras de desigualdad provocan que el lema de los activistas del desarrollo alternativo ‘pensar globalmente, actuar localmente (think global, act local)’ esté destinado al fracaso puesto que en el nivel global es el capital quien tiene el poder impidiendo que las comunidades logren alcanzar su objetivo sin el apoyo de un gobierno (o de una alianza regional) que los defienda de la voracidad del mercado (Levitt, 2009).

Esto es aún más grave en el caso de las mujeres. La división sexual del trabajo provoca un encadenamiento de condicionantes que excluyen a las mujeres de trabajos bien remunerados y las pone en desventaja económica y social en la mayoría de las sociedades modernas (D´Atri, 2010; Fowler y Vaughan, 2003; Sen y Grown,1987). Dado que el trabajo reproductivo no es considerado trabajo productivo, éste tiende a ser sin pago o se ubica en el sector informal, y obliga a las mujeres de clases medias y bajas a realizar dobles y triples jornadas. Por lo tanto, no sorprende que las investigaciones sobre mujeres acusen al capitalismo y en particular, al modelo neoliberal de incrementar las desigualdades sociales y de feminizar la pobreza (Braunstein, 2012; Boltvinik y Damian, 2003; Benería, 2003; Antrobus, 2002; Gimtrap, 1997; Sen y Grown, 1987). Un sistema que reserva los recursos, el poder y el control para unos cuantos, jamás podrá ser igualitario para las mujeres (Sen y Grown, 1987).

Desigualdad étnica: culturas y fenotipos

Otra dimensión de la composición social que establece claras desventajas para ciertos sectores de la población es el factor étnico. Los pueblos originarios (sobre todo en los

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países andinos y en Mesoamérica) así como la población de origen africano constituyen, en todo el continente americano, una porción muy significativa de los sectores más empobrecidos. Según la CEPAL (2010), los(las) 70 millones de indigentes que viven en AL representan en su mayoría poblaciones nativas y de color que, como señalan Sen y Grown (1987), han sido sistemáticamente abandonadas y replegadas a zonas desérticas o poco productivas. Estas poblaciones siguen siendo altamente discriminadas por sus estilos de vida, su lengua, su vestimenta y sus rasgos fenotípicos como el color de la piel, lo que, en el caso de México, sostiene todo un sistema de estratificación social (Villarreal, 2010). Y a pesar de su importancia numérica, estos grupos son designados como minorías en el discurso dominante, lo que permite invisibilizarlos para ocultar la gravedad de su falta de desarrollo o del subdesarrollo en que viven. También existe una incapacidad de reconocer su aporte al desarrollo, particularmente en el caso de las mujeres rurales cuya participación en la producción agrícola es generalmente ignorada (Mora, 2008).

Por ejemplo, la situación de las mujeres rurales e indígenas se caracteriza por tener menos acceso a tierras, tecnología, crédito e insumos para el trabajo de campo (Sen y Grown, 1987) y la legislación agraria neoliberal beneficia sólo a algunas mujeres, como las viudas (Fowler et al, 2003). Adicionalmente vemos que en AL el 31.8% de las mujeres carece de un ingreso propio mientras que en los hombres el porcentaje es de 12.6%, pero en el caso de mujeres jóvenes entre 15 y 24 años la estadística aumenta a 46.5%, y si viven en zonas rurales, el porcentaje llega a su más alto nivel puesto que el porcentaje de mujeres económicamente dependientes alcanza el 57.1% (CEPAL, 2011-b). En zonas semi-urbanas y barrios marginados, los hogares con jefatura femenina han aumentado y presentan un mayor deterioro de las condiciones de vida para todos sus miembros (Enríquez, 2001). Es en este sentido que diversas(os) investigadoras(es) han criticado el modelo económico neoliberal como un factor de feminización de la pobreza misma que demuestra que las mujeres están sobre-representadas entre los pobres y que su pobreza es más severa en términos cualitativos (Hernández, 2010; Enríquez et al., 2008; Boltvinik y Damian, 2003; Riquer, 2001; Gimtrap, 1997).

Se puede concluir que a pesar de los avances en acceso a la educación formal, al trabajo remunerado, y al aumento de la esperanza de vida femenina a partir de 1980 (World Bank, 2011; Kabeer, 2006), las mujeres del tercer mundo siguen siendo fuertemente afectadas por la acumulación de desigualdades. O más bien, por la interseccionalidad entre