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3.2 Fast-Random-Particle-Mesh method

3.2.2 Numerical discretisation

A continuación analizaremos algunas de las medidas propuestas en los programas electorales de los principales partidos políticos de España.

- Partido Popular.

-

Aprobaremos con carácter inmediato y de acuerdo con los

principios que inspiran el Convenio Europeo sobre Acceso a los Documentos Públicos, una ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. La ley abordará desde una perspectiva integral la transparencia como un derecho de los ciudadanos y como un principio básico de actuación de todas las administraciones públicas, garantizando de manera ponderada el derecho a la protección de datos de carácter personal y salvaguardando siempre el interés general.

- Regularemos por ley las normas de conducta que regirán la actuación de los miembros del gobierno y de los altos cargos de la administración general del Estado.

- Estableceremos un marco de referencias para los salarios de los altos cargos en el conjunto de las administraciones públicas adecuándose a las distintas responsabilidades que ostentan.

- Homogeneizaremos la fijación de las retribuciones de los cargos electos locales, teniendo en cuenta la dimensión de los municipios, las circunstancias socio-económicas del entorno y los recursos económicos administrados.

- Estableceremos normas claras para ofrecer una completa información sobre los presupuestos y la situación patrimonial de todos los partidos políticos, organizaciones empresariales, sindicatos,

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fundaciones y ONG que reciban fondos públicos para financiar su actividad.

- Ampliaremos los mecanismos de participación de la sociedad en la elaboración de disposiciones normativas legales y reglamentarias, así como en la definición de las políticas públicas.

- Desarrollaremos un portal de la transparencia en internet que dé un acceso permanente y sencillo a los ciudadanos a todos los procedimientos de información de las administraciones públicas. Incluirá el programa de gobierno y evaluaciones periódicas de su ejecución, información sobre el presupuesto y de todos los expedientes de contratación y subvenciones, así como los nombres y la remuneración de todos los altos cargos y personal de confianza en puestos de asesoramiento técnico o político.

- Haremos accesibles a través de internet todos los presupuestos de las entidades con participación pública. Se ofrecerá la información más completa, rápida, exacta y accesible sobre todas las incidencias que ocurran desde su aprobación inicial hasta su liquidación definitiva.

- Se harán públicos y se ofrecerá el seguimiento de los indicadores que permitan evaluar la eficacia de las políticas públicas y la eficiencia en la utilización de los recursos.

- Se harán públicas de manera fácil y completa todas las subvenciones concedidas, los criterios utilizados para su adjudicación, los instrumentos de evaluación de su eficacia y la relación nominativa de sus beneficiarios.

- Mejoraremos significativamente la transparencia en los procedimientos de contratación administrativa, reforzando la

competencia y la publicidad de todas las actuaciones.60

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- P.S.O.E.

Como media más concreta, el PSOE promete un cambio en el Código Penal para aumentar los plazos de prescripción de los delitos de corrupción urbanística que son el origen de la mayoría de los casos de corrupción política. El documento no señala en qué medida se elevará el plazo de prescripción, que depende de la pena máxima que pueda ser impuesta según la ley.

En sus referencias contra la corrupción, el programa dedica especial atención al urbanismo y bajo el epígrafe “por una política limpia”, propone la creación de una Agencia de Evaluación Urbanística y de Suelo, conjunta de Estado, Comunidades Autónomas y una representación municipal, que tendrá independencia funcional en sus actuaciones, que asumirá la evaluación y el control de los instrumentos de ordenación urbanística en relación con el respeto de la legalidad urbanística, ambiental y de ordenación del territorio y con atención especial a los intereses supralocales afectados. “La oposición de la Agencia impedirá el desarrollo de las actuaciones urbanísticas controvertidas hasta la decisión de los tribunales”, indica el documento, en una propuesta que precisaría del beneplácito de las administraciones autonómicas, que tienen transferida la competencia de urbanismo.

Otra de las medidas novedosas y a favor de la transparencia, concepto que el programa menciona más de una veintena de veces, es la de la publicación obligatoria de las retribuciones percibidas por los directivos de las grandes empresas en la Cuentas Anuales de sus sociedades. Tal como explica el documento, la transparencia de las remuneraciones de los ejecutivos comenzó a abordarse con una directiva aprobada por el Parlamento Europeo en noviembre de 2010. “Desde entonces varios países entre ellos EE.UU., Francia o Alemania han adoptado medidas en este sentido”, justifica y añade que “los socialistas propondremos que también en España se introduzcan mejoras en los sistemas de remuneración de los directivos de grandes empresas”, entre las que se encuentra la publicación de sus retribuciones individuales.

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De forma más amplia, el programa apela a la “buena gestión y la eliminación de cualquier práctica corrupta” como “elementos centrales para los intereses de la comunidad y para la propia legitimidad de las instituciones”. Así, indica que “estamos dispuestos a ejercer plenamente todas las posibilidades de control administrativo y judicial y a reforzar la posición pública de los cuerpos de asesoría y vigilancia técnica en relación con las actuaciones de los responsables políticos de cualquier nivel territorial”, aunque no precisa de qué manera.

La manida “tolerancia cero para la corrupción y los corruptos” es una de las afirmaciones del programa, que asegura que “la exigencia ética en el comportamiento de los cargos públicos debe ser absoluta, y para ello estableceremos referencias normativas de obligado cumplimiento para las retribuciones públicas y penalizaremos la práctica del transfuguismo”.

Como ya anunció Pérez Rubalcaba, su programa apuesta por la creación de una Oficina de Lucha Contra el Fraude de carácter especializado para el establecimiento de un nuevo modelo de lucha contra el fraude. La oficina estará integrada, en el caso de que el PSOE gane las elecciones, por funcionarios y órganos intervinientes en la lucha contra el fraude fiscal y aduanero, fraude a la Seguridad Social, tramas organizadas para la defraudación, prevención y represión del blanqueo de capitales y lucha contra las vertientes financieras de la criminalidad organizada y la corrupción. Sin embargo, en este caso, los socialistas no apuntan a un posible incremento del plazo de prescripción de los delitos fiscales que, sin embargo, sí ha sido reclamado, por ejemplo, por la Agencia Tributaria, y que ha supuesto el archivo de varios casos de corrupción.

El PSOE vuelve a llevar en su programa la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública que pretende, entre otras cosas, adoptar las reformas legales necesarias para garantizar que los cargos públicos no puedan cobrar más de un sueldo de las Administraciones

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Públicas o de los partidos políticos, es decir, la acumulación de sueldos, contra la que también se proponen iniciativas en sus medidas

de austeridad.61

- Izquierda Unida.

- Aprobación de una ley integral y severa anti-corrupción,

incorporando el delito de enriquecimiento ilícito (patrimonio injustificado) o presunciones sobre la titularidad de bienes u obligaciones de declarar o medidas cautelares que impongan el cese de políticos imputados y el abandono del cargo. Los corruptos tendrán que asumir los costes directos e indirectos que reportan de sus acciones delictivas: aquello evadido o dañado, perjuicios a terceros, costes de restitución del derecho lesionado y costes judiciales.

- Control estricto del absentismo de los cargos electos en sus respectivas responsabilidades.

- Sanciones específicas por dejación de funciones.

- Supresión de los privilegios en el pago de impuestos, los años de cotización, el monto de las pensiones y en general cualquier privilegio socio-laboral o fiscal.

- Los salarios de los representantes electos no pueden exceder al del funcionario de rango más alto de la administración en la que ejerce su labor.

- Eliminación de la inmunidad asociada al cargo en lo relativo a los delitos de corrupción.

- Imprescriptibilidad de los delitos de corrupción.

- Publicación obligatoria del patrimonio de todos los cargos públicos.

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- Reducción de los cargos de libre designación.

- Regulación estricta de incompatibilidades durante el ejercicio de cargos públicos para evitar la simultaneidad con la participación en entidades privadas con ánimo de lucro.

- Regulación estricta de las incompatibilidades tras el ejercicio de cargos públicos para evitar el enriquecimiento basado en la información obtenida durante el desempeño de dichos cargos.

- Adopción de medidas estrictas contra el transfuguismo.

- Revocabilidad de los cargos públicos. Se incluirá en la Constitución el procedimiento de revocatorio o moción de censura ciudadana del Presidente del Gobierno, de los presidentes de las Comunidades Autónomas y alcaldes y de los diputados y senadores, adaptándolo a los diferentes procedimientos de elección de cada uno de estos cargos. El procedimiento de revocación se podría poner en marcha transcurrida la mitad del período para el cual fue elegido el cargo público por un número no menor del veinte por ciento de los electores o electoras de la circunscripción. Una vez conseguidas las firmas suficientes se sometería a votación popular la propuesta de

revocación.62

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