Numerical Results under Model Misspecification

El paradigma predominante en esta era del terror en la que nos encontra-mos subordina una amplia gama de libertades ciudadanas a un concepto ampliado y difuso de la seguridad, por medio del cual se acepta violentar un sistema de reglas consensuadas internacionalmente y que conduce al uso indiscriminado de la fuerza y de los aparatos de coerción.

Ante los escenarios en conflicto aludidos anteriormente, los go-biernos han tendido cada vez más a reforzar las estructuras de enfrenta-miento, alterar los marcos legales y a extrapolar objetivos de seguridad a ámbitos colaterales. Esto incentiva una serie de tendencias entre las cua-les cabe mencionar:

1) El endurecimiento del castigo. En Cuba, Jamaica, Trinidad y Tobago e incluso en países como la República Dominicana, donde nunca ha existido la pena capital, se observa un reafirmamiento del sistema o se está considerado su instauración. Asimismo, ante el auge de las ban-das juveniles, los sistemas judiciales han elevado la cantidad de años y las condiciones de encarcelamiento de menores de edad, en muchos

países son incluso tratados como adultos. Los sistemas judiciales han pasado a ser una especie de «agujero negro», debido a las deficiencias para procesar los casos.

2) La militarización de los espacios sociales y de la política, en la medi-da en que se asume que una multiplicimedi-dad de amenazas desbormedi-da los mecanismos de control existentes, es mayor la tendencia a militarizar áreas que pertenecen al ámbito de las políticas sociales, especialmen-te aquellas relacionadas al control fronespecialmen-terizo, a las políticas medio-ambientalistas, migratorias.

3) La aplicación de políticas de mano dura como default a políticas pú-blicas de seguridad. El uso excesivo de la fuerza tiene más cabida ante el vacío y las debilidades de los sistemas de control y de justicia, traduciéndose en excesos y abusos policiales selectivos, que van des-de «limpieza social» des-de criminales, ejecuciones extrajudiciales, tor-tura, arrestos ilegales, uso excesivo de la fuerza a manifestantes, has-ta casos de corrupción y extorsión. Con frecuencia dichas prácticas han pasado a sustituir una política integral preventiva y en algunos casos han derivado en un vigilantismo institucional.

4) La criminalización del sujeto social en lugar de la condición social que genera criminalidad. Quizás una de las arbitrariedades que tien-den a perpetuarse en un contexto que antagoniza la seguridad con las libertades es el manejo de sistemas de control preventivo que descan-san en medidas ilegales como las redadas y el fichaje. Ambas prácti-cas se basan en la construcción de un perfil del delincuente, basado en un referente político, social y racial.

5) La criminalización de la protesta. En la República Dominicana, fuer-zas especiales de asalto y contrainsurgencia urbana, tipo SWAT, con-formadas por militares y policías entrenados en el uso extremo de la fuerza, se enfrentan a las manifestaciones cuando la resistencia popu-lar alcanza un punto álgido. Adicionalmente, la violencia política ha sido un instrumento de primer orden para reprimir la disidencia e in-timidar a sectores opositores en el ejercicio de sus derechos civiles. Con el giro que ha dado la seguridad en el plano internacional, a pro-pósito de la lucha antiterrorista, algunos gobernantes han utilizado el argumento de la seguridad preventiva para mantener el control sobre sus adversarios políticos.

6) La alteración de los marcos legales por medio de la recategorización de crímenes comunes bajo el concepto de terrorismo. La lucha

antite-rrorista ha dado pie a elementos autoritarios dentro de los gobiernos democráticos para ejercer una represión que parezca legitimada. El argumento de que las fuerzas opositoras estaban ejerciendo activida-des terroristas contra su gobierno fue esgrimido por Arístiactivida-des en los últimos días de su decadente administración. La lucha contranarcóti-ca y aún más recientemente, la cuestión de las «maras» en Centroa-mérica, han pasado progresivamente a convertirse en sujetos de la lu-cha antiterrorista, bajo la categoría de narcoterroristas.

Como algunos de estos indicadores constatan, las democracias caribe-ñas se han ido reafirmando a partir de la institucionalización de la vio-lencia. Nuevas condiciones de inseguridad se enfrentan con viejas fór-mulas represivas contra sectores social y económicamente vulnerables que ya se encuentran excluidos del estado de derecho. Como bien des-taca Paulo Sergio Pinheiro (2002), el aumento de la inseguridad socava las expectativas democráticas, erosionando las prerrogativas ciudada-nas de un ejercicio pleno de sus derechos.15Al mismo tiempo, fomen-tan un escenario propicio al desorden institucional de los aparatos del estado.

Todo este cuadro plantea otro dilema no menos relevante. Por una parte los estados desorganizados contribuyen a incrementar el clima de temor a través de un ejercicio represivo y en ausencia de políticas efec-tivas de control de la criminalidad. Por otra parte, la inercia de las po-líticas alimenta el desencanto ciudadano, coadyuvando a su vez la emergencia de un sujeto social que se acoge a y reproduce también esos términos. En palabras de Nicole Ball, «ambos pueden fortalecer la

se-guridad de los estados y sus poblaciones y ambos pueden socavarla».16

Linchamientos y diversas formas de ajusticiamientos extrajudiciales acompañan la emergencia del vigilantismo en países como Perú, Hon-duras, Jamaica e incluso en la República Dominicana, donde no había antecedentes de dichas prácticas.

Así, no sólo los gobiernos, sino también y en creciente medida los ciudadanos parecen estar dispuestos a ceder espacios de libertad por una supuesta mayor seguridad, de suerte que las demandas de sectores diversos de la población a sus gobiernos por la aplicación de políticas de mano dura y cero tolerancia contra criminales amenazan con retro-traer avances importantes en materia de derechos humanos y garantías ciudadanas.

En la República Dominicana este dilema ya está planteado. Un ejemplo de cómo se socava el compromiso con la democracia lo constitu-yen las reacciones negativas desencadenadas por algunos sectores contra el nuevo Código de Procedimiento Penal, una de las piezas más relevan-tes en el proceso de reforma institucional de la justicia y de la consolida-ción del estado de derecho, a cuyas virtudes debió referirse el presidente de ese país, Leonel Fernández, destacando que «este código lo que busca es garantizar la libertad individual como expresión natural de la convi-vencia civilizada de los seres humanos, de los preceptos constitucionales y de las garantías establecidas en tratados de carácter internacional y asu-midos ya como ley en el país».17

Similarmente, en México la recién promulgada Ley de Conviven-cia Civil, que surgió como una propuesta de reorganización del espacio público y de reordenamiento social frente a la creciente inseguridad y de-sorden nacional, ha pasado rápidamente a convertirse en un instrumento de desciudadanización, de presión contra sectores marginados, desposeí-dos y fuera del sistema de privilegios, por parte de aquellos que poseen poder y capital, un fenómeno descrito por O’Donnell en los siguientes términos para el caso argentino:

Primero vinieron aquellos que están por encima de la ley, que no pagan im-puestos, que contratan los servicios de la seguridad privada, que mandan sus hijos a las escuelas privadas, y si tienen una palanca dentro del estado lo resuelven directamente. Luego vienen aquellos como yo, que se en-cuentran dentro de la ley […] nosotros somos los que esperamos en la línea […] luego viene un tercer grupo, que esta fuera de la ley. Cuando ellos se encuentran con el estado no es un estado que reconoce los derechos, sino

uno que reprime, uno que ve que este grupo es peligroso.18

Por todo lo dicho, elaborar políticas, destrezas y agencias adecuadas para frenar la delincuencia común y desarmar las redes del crimen organizado constituye un reto no sólo en el orden institucional y normativo, sino también en términos culturales, en el orden de los valores así como en términos procedimentales y de las capacidades y voluntades ciudadanas y gubernamentales. En ese sentido, combatir la delincuencia, el temor y la inseguridad implica nada menos que la reforma y modernización del Estado y la democratización de la sociedad.