Las tensiones mencionadas responden por un lado a la complejidad de los conflictos, las amenazas y los riesgos a la seguridad en el contexto global y por el otro a las respuestas que los estados, sus élites burocráti-cas y sus fuerzas de seguridad están dando en el plano nacional, regional e internacional.
Por lo menos una trilogía de factores se conjugan en los actuales es-cenarios internacionales y nacionales para hacer más evidente la tensión entre libertad y seguridad:
1) el escalamiento de la criminalidad común y organizada y la con-junción entre violencia informal (ilegal) y estatal, 2) el deterioro de la institucionalidad de los aparatos estatales, especialmente de sus fuerzas de seguridad, y de la legitimidad de los estados para bregar con respues-tas eficientes y democráticas, y 3) una creciente presión social que pue-de asumir vertientes tanto progresistas como antipue-democráticas. Las pri-meras provienen de una sociedad civil más concienciada sobre el papel que deben desempeñar los instrumentos de control y las demandas por espacios de cogestión, así como de una cultura cívica de convivencia. Las segundas, por su parte, son el fruto de la frustración, de la falta de credibilidad y del cansancio ciudadano.
En conjunto, estas dinámicas bifurcadas dominan la realidad socio-política de los países que integran la región del Caribe.
Democracias violentas en el Caribe: criminalidad e inseguridad y las respuestas estatales
Durante los años noventa, los conflictos en la región del Caribe (igual que en gran parte de América Latina) pasaron de un plano relevantemen-te inrelevantemen-terestatal a intraestatal. En gran medida ese cambio se debió al éxito de los mecanismos de negociación y mediación puestos en práctica por el sistema internacional y la diplomacia.10 En los ámbitos nacionales, como bien han resaltado algunos estudiosos, el tránsito de los regímenes autoritarios creo un vacío institucional que favoreció el incremento de
las actividades criminales.11
En la actualidad, la criminalidad y la violencia constituyen la prin-cipal amenaza y fuente de inseguridad que afrontan las sociedades de la región y el factor desestabilizador más importante en términos políticos, adquiriendo ribetes de pandemia. En palabras de un especialista, «estas sociedades parecen estar deviniendo en más violentas y criminogénicas»
(Harriot, 2002).12A lo largo de toda la región de Centroamérica y del
Ca-ribe, las sociedades experimentan la emergencia de nuevas modalidades de criminalidad que involucran altos niveles de violencia (secuestros, asaltos a mano armada) y de sofisticación (delitos de cuello blanco e in-cluso de carácter cibernético), modificándose el patrón de criminalidad tradicional, más asociada a atentados contra la propiedad y hurtos sin violencia. También han surgido nuevas y complejas redes de criminali-dad, articuladas a instancias públicas y privadas locales, así como a or-ganizaciones y redes transnacionales, dando paso a la conformación de
poderes paralelos que escapan impunemente a la justicia.13El aumento
del microtráfico de drogas en zonas urbanas parece propulsar la emer-gencia de un sujeto delictivo conformado por bandas de jóvenes organi-zadas en «naciones», pandillas o «maras» que son más bien el producto de la ausencia de políticas públicas y sociales a este sector. Estos fenóme-nos han impactando el tejido social en formas que escapan aún al enten-dimiento de los aparatos de control y de la propia sociedad victimizada. Ambos fenómenos y sus ramificaciones han demostrado tener un impacto regresivo en el desarrollo humano y material. Sus causas son di-versas y extensas, relacionadas con los procesos de pobreza, cambios se-culares como la urbanización asimétrica, la inequidad y la ausencia de políticas adecuadas, tanto como la debilidad institucional de todos los sectores involucrados en la seguridad: policías, tribunales, fuerzas
arma-das y los sistemas carcelarios, han contribuido a elevar el perfil de ries-go de esta región que hasta hace poco más de una década ries-gozaba de cier-ta escier-tabilidad y cier-tasas relativamente bajas de inseguridad. En cada uno de estos países, los procesos de marginalización económica, social y espa-cial se conjugan con altas tasas de criminalidad, que afectan en mayor medida a los sectores de los residentes en las zonas más vulnerables don-de el Estado ha fallado en garantizar servicios y bienes sociales, entre ellos la propia seguridad. También han fallado en adecuar sus fuerzas y métodos para afrontar los nuevos riesgos sin socavar el régimen de dere-cho y las libertades públicas. En estas áreas la relación con las fuerzas del orden y las instancias de justicia es de desconfianza absoluta, debido a que con frecuencia ellas forman parte del problema que se pretende combatir y, en segundo lugar, por los abusos en que incurren.
Respuestas a la criminalidad
En respuesta a estas tendencias, las élites económicas y burocráticas es-tatales se han enfocado más en controlar y reprimir a los sectores y suje-tos que han identificado como criminales (jóvenes de la calle, pobres, trabajadoras sexuales, desamparados), en lugar de impactar en las condi-ciones criminogénicas. Mientras esto ocurre, afrontan procesos internos de deslegitimación, confrontación y pérdida del monopolio de la violen-cia, ejerciendo como contrarrespuesta una violencia de carácter institu-cional, al amparo del esquema democrático emergente. En no pocos paí-ses, siendo los casos más extremos Haití, Colombia, Surinam, sectores y componentes dentro del Estado pasaron a ser en gran medida organiza-dores de la violencia y, desde él, de manera intermitente, de la criminali-dad, utilizando el desorden estatal como un recurso de subordinación y limpieza social. De esta suerte, en países como la República Dominica-na, Jamaica y Haití, la práctica de ajusticiamientos extrajudiciales por parte de policías y militares ha sustituido durante más de una década a los procedimientos legales de captura y prosecución de delincuentes. En-tre 1994 y el 2004 la cifra anual de homicidios en manos de la policía su-peró los 200 individuos.
El argumento subyacente para la institucionalización de prácticas represivas en una buena parte de los contextos democráticos actuales contrapone el respeto de los derechos humanos a la aplicación de la ley.
Pese a que no existen evidencias de la relación entre supresión de dere-chos individuales y fortalecimiento de la seguridad del Estado en la pers-pectiva de una buena parte de los organismos de control, la legislación que obliga al Estado a anteponer los derechos ciudadanos debilita la ca-pacidad de eficiencia de los aparatos de seguridad y protección.14
En consecuencia, las sociedades enfrentadas al miedo han compra-do un discurso de fuerza (mano dura) para combatir la inseguridad, y pa-recen estar dispuestas a ceder en el campo democrático a cambio de más seguridad, socavando iniciativas de reformas de los códigos penales y promoviendo linchamientos, por la desconfianza en la eficiencia del Es-tado para dar seguridad.
Todo lo anterior conduce a una tercera interrogante y a las tensio-nes que la involucra, ¿de qué manera la búsqueda de seguridad compro-mete las libertades públicas y privadas, el estado de derecho que las ga-rantiza y al régimen responsable de viabilizarlas?