La viabilidad macroeconómica de las políticas públicas recomendadas a la luz de los resultados simulados, no solo dependerá del impacto fiscal y los cambios en la inversión, sino también será importante no depender exclusivamente del endeudamiento interno para financiar el gasto público social. La coyuntura de crisis actual no permitiría pensar en incrementos de impuestos en el corto plazo, pero deberían seguir aunándose esfuerzos para incrementar y hacer más efectiva la recaudación tributaria.
En el mediano plazo, obviamente, existirá la necesidad de implementar la pendiente reforma fiscal para financiar objetivos de desarrollo humano y fortalecer y ampliar el sistema de protección social, aspecto que ha sido destacado en varios estudios (véase, por ejemplo, Sánchez, 2008). Debe considerarse también la posibilidad de que el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, ya existente en el país, disponga de una “reserva” que pueda ser utilizada para estabilización ante la presencia de choques negativos, actuando anticíclicamente.
Hay que tomar en cuenta también algunos aspectos que encarecen los costos fiscales de los programas propuestos por encima de lo cuantificado en este estudio, pero que aumentan su impacto. En el caso de la transferencia a los hogares pobres con niños en edad de asistir a la primaria, para que tenga el efecto esperado deberá ir acompañada de mecanismos que aseguren que sus beneficiarios directos efectivamente asisten a la escuela, condicionalidad que no se puede evaluar por medio del modelado realizado.
También se incrementaría dicho costo al dar continuidad y ampliar el programa de pensión no contributiva a los adultos mayores, que aunque no genere una reducción “adicional” importante de la pobreza en el corto plazo, constituiría un programa clave en el esquema de protección social del país y el desarrollo humano. Aunque no fue objeto de análisis por medio de las simulaciones realizadas, se debe esperar que este tipo de pensiones siga produciendo reducciones en la pobreza si la cobertura se amplia a las mujeres dependientes de un asegurado principal, y a la población pobre mayor de 50 años en situación de invalidez, que por la severidad de la misma no ha cotizado a regímenes de pensiones.
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