Other Variables Affecting Firm-level Technical Efficiency

Existe un amplio consenso (García et al, 1987; Frojan et al, 1993; VVAA, 2000; Martínez, 2000; Rekalde y Romaní, 2002) en el protagonismo que los actores y las fuentes institucionales, principalmente la policía, tienen en las informaciones sobre drogas, mientras que el consumidor queda en un segundo plano, normalmente con el papel de víctima o delincuente. Otros actores como los sanitarios, sociales o asociativos comparten este segundo plano o sencillamente no aparecen.

Rekalde y Romaní estiman que los estudios y análisis de prensa han estado centrados en el narcotráfico, y por tanto orientados para combatir el comercio y la distribución, pero detectan que “no se ha dedicado el mismo esfuerzo a la realidad de las personas afectadas, con lo que las intervenciones y políticas de reducción de daños adolecen de la falta de visión y de información” (Rekalde y Romaní, 2002:25). Esta orientación de la investigación se basa en el hecho de que la prensa centra su atención informativa sobre los aspectos conflictivos del tráfico y consumo, dando de lado a los programas comunitarios y a los consumidores (VVAA, 1991:165).

Del seguimiento de prensa de Rekalde y Romaní resulta que las fuentes policiales y judiciales suman el 53,5% de todas las informaciones sobre drogas. Si sumamos las fuentes sanitarias, la información institucional alcanza el 84% del total. Dentro de estas fuentes institucionales se incluye a los portavoces de las instituciones, responsables municipales, las oficinas de prensa, filtraciones, documentos públicos, informes policiales, sentencias judiciales, declaraciones de ministros y similares” (Rekalde y Romaní, 2002: 29). Es lo que el periodista Antoní Batista denomina “fuente única periodística” (Markez, 2003:91), haciendo notar que esas fuentes, por muy oficiales que sean, no son asépticas, e incluso reivindicando el servicio público y no corporativo que los gabinetes oficiales de prensa deberían ofrecer. “La fuente policíaca es un gabinete de prensa pagado por los ciudadanos. Gabinete de prensa de la policía, evidentemente, pero también del señor que está detenido, porque lo está pagando”.

Por el contrario, los protagonistas afectados (7,5% de las fuentes) y los colectivos sociales (2,7%) apenas aparecen en la prensa, ya que no se contrastan las

informaciones publicadas. “Los periodistas se limitan a recoger las notas de prensa, declaraciones de personajes y autoridades, versiones oficiales, entrevistas, informes, dossieres de documentación y ese tipo de productos de comunicación que preparan las oficinas de prensa institucionales” (Rekalde, 2002:32).

Este protagonismo institucional es también una conclusión a la que llegó, con quince años de diferencia, el estudio de García et al., (1987) sobre los actores de las informaciones, con porcentajes muy similares a los de Rekalde y Romaní para las fuentes. Así, la policía aparece en un 39,5% de las informaciones, los políticos en un 32,6% y los jueces en un 5,6% sumando un 81,1% de presencia institucional. “El protagonismo no sólo se concentra en los actores no implicados directamente en el tráfico o el consumo, sino que lo hace además en los actores socialmente legitimados para dictar normas sobre el problema y ejecutarlas con el fin de garantizar el orden social”. Para García et al. (1987:25) el discurso periodístico recurre a los contenidos conflictivos como “coartada” para legitimar la atención privilegiada que otorga a determinados sujetos sociales a los que identifica de forma dominante y casi excluyente con el orden social.

Hay que recordar que el informe MacBride (1988:293) consideraba un problema capital la exclusión de los medi os de comunicación de ciertas categorías subprivilegiadas de la población que son objeto de discriminación de orden social, cultural o económico. En este caso tendríamos a los afectados por las drogas como “categoría subprivilegiada”, que se vería discriminada por la prensa, que no tendría en cuenta la opinión ni la experiencia de los propios consumidores de drogas. Una comunicación democrática necesitaría de reciprocidad, de la existencia de múltiples fuentes de información que permitan una mayor selección y de la exposición de puntos de vista divergentes (MacBride, 1988:302).

Para poner en perspectiva la representación de las drogas que realiza la cobertura periodística dominante, en comparación con la que aplica a otras realidades sociales, conviene advertir, no obstante, que este tema recibe un tratamiento similar al de cualquier otro fenómeno social de naturaleza crónica e implicación multilateral. El desempleo, la pobreza, la inmigración, el rendimiento escolar, la adaptación a las nuevas tecnologías, la vida rural, los accidentes domésticos y cualquier otro ámbito social de larga duración y compleja naturaleza que se analizara específicamente acaba recibiendo en la información periodística un tratamiento similar, en el sentido de ser una representación fragmentaria, episódica, inclinada hacia los aspectos dramáticos y negativos, con atención preferente a las fuentes institucionales en su

dimensión de agentes de intervención resolutiva simplista y a corto plazo (cfr. entre otros muchos autores, McQuail, ed. 1998 y ed. 2000:190 y ss.; Fontcuberta, 2006:35 y ss; Diezhandino, 1994:39 y ss., 2008 y 2009:35 y ss.)

El problema que cualquiera de estas realidades experimenta frente a su cobertura periodística reside en que la capacidad de influencia que tienen los medios, en la percepción y la práctica social, podría contribuir de manera muy poderosa hacia un conocimiento público y un cambio social muy constructivos si dichos medios abordaran tales realidades como aconsejarían los hallazgos científicos, la pedagogía social y los modelos de intervención sociopolítica más solidarios. Sin embargo tal expectativa choca frontalmente con la realidad de que los medios de comunicación de masas y su vertiente periodística no son una herramienta de transmisión científica de conocimientos (aunque divulguen detalles de los avances científicos), no son una institución pedagógica (aunque produzcan cierto tipo de educación informal

anárquica), ni menos aún una plataforma de programas sistematizados de políticas públicas (aunque buena parte de sus contenidos interfieran o complementen las campañas de promoción que en cualquiera de los asuntos mencionados pongan en marcha los gobiernos e instituciones dedicadas conscientemente a la intervención social).

Como diversos especialistas de la teoría y comunicación de masas han puesto de relieve, los medios de comunicación de masas y su variante periodística son una institución social de carácter sui generis y bien diferente al de las instituciones sociales por antonomasia, como la institución educativa, las instituciones políticas y económicas, etc.1 _{Y si bien se entrelazan con todas ellas y producen efectos en}

cualquiera de los campos de los que se ocupa cada una de esas grandes instituciones sociales, los medios constituyen una modalidad institucional de frágil naturaleza, impretendida coherencia y menor capacidad aún de autodirección. Respecto a esto, ya Walter Lipmann advertía en 1922 (cfr. Lippmann, ed. 1986:99) cuando escribía que “la prensa no es tan universalmente perversa ni tan profundamente conspiradora… es

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Como indica Denis McQuail (ed. 2000:190), “en gran medida los medios masivos han sido considerados como si fueran una institución social más que como una industria. Ellos se han ido crecientemente convirtiendo más en lo segundo sin dejar de ser necesariamente lo primero y una comprensión de los principales fundamentos de su estructura y dinámicas requiere un análisis al tiempo económico, político y sociocultural. Aunque los medios se han desarrollado en respuesta a las necesidades sociales y culturales de los individuos y la sociedad, ellos han sido básicamente dirigidos como empresas comerciales (…) La clave de la naturaleza inusual de la institución mediática reside en que sus actividades resultan inextricablemente a la vez políticas y económicas al tiempo que resultan muy dependientes de las constantemente cambiantes tecnologías de la distribución”.

mucho más frágil de cuanto la teoría democrática lo ha admitido hasta ahora. Es demasiado frágil para llevar toda la carga de la soberanía popular, para proveer espontáneamente la verdad que los demócratas esperaban que fuera innata (…) Malinterpretamos la naturaleza limitada de las noticias, la ilimitable complejidad de la sociedad”. Lo que el periodista y crítico social norteamericano planteaba en primer término respecto a la función política del periodismo y los medios es directamente extrapolable al ámbito de las funciones sociales de percepción del entorno e interacción colectiva. La función social de los medios periodísticos en particular –al menos en su utilización convencional- no pasa de ser la de suministrar una

“familiaridad con” un amplio abanico de realidades, sin lograr ni pretender ofrecer un auténtico “conocimiento sobre” cada uno de los fenómenos que de manera fragmentaria, episódica y psicológicamente sobrecargada refiere. Como igualmente señalara el mencionado Lippmann, (ed. 1986:93), “la noticia no es un espejo de las condiciones sociales, sino el informe de un aspecto que se ha impuesto”. El hecho de que aun de manera informal los contenidos mediáticos produzcan algún tipo de consecuencias sobre el conocimiento y las prácticas sociales de todos los ámbitos tratados en esos contenidos lleva a las grandes instituciones educativas y sociopolíticas a reclamar de “la prensa” (escrita, audiovisual o digital) un tipo de seguimiento e intervención que correspondería en realidad a esas propias instituciones y agentes sociales que pretenden exigir a los medios periodísticos lo que en puridad les corresponde a ellas mismas (y que quizá ellas mismas no llegan a suministrar satisfactoriamente). Aun así, dado que los medios, de una forma u otra difunden imágenes y representaciones sociales de una enorme fuerza y a menudo con una perspectiva distorsionante de los temas que abordan, resulta también legítimo que desde las instancias sociales formales se denuncie al menos el sesgo que los medios introducen en el imaginario social y en las prácticas sociales. Existen por otra parte algunos movimientos de profesionalismo periodístico –como el periodismo cívico, de precisión, de soluciones, etc.-, que intentan introducir en la lógica periodística otras rutinas profesionales y valores de noticiabilidad para acercar la función social informativa del periodismo a los objetivos propugnadas por las instituciones sociales formales (cfr. por ejemplo Dader, 1999). Pero tales movimientos de cobertura más rigurosa y omnicomprensiva no suelen protagonizar más que una parte muy

minoritaria de la producción periodística internacional.

La realidad social de las drogas no difiere por consiguiente en su tratamiento periodístico de los problemas de percepción sesgada que esa cobertura provoca en la mayoría de las grandes facetas de la vida social. No extraña, por tanto, que, en

materia de drogas, el 94% de las noticias expongan contenidos de carácter negativo para los actores de los hechos (Rekalde y Romaní, 2002:32). “La mayoría de las noticias, hasta prácticamente un 50% de las mismas, se refieren a sucesos que tienen que ver con la distribución de las drogas. En ellas el enfoque es policial o judicial, al estilo de las notas de prensa de la Policía, acusación de fiscales, lectura de sentencias y procedimientos penales, entendido todo ello como lucha por la ley y el orden, contra el narcotráfico y también contra el consumo” (Rekalde, 2002:34).

Así, la prensa tiende a utilizar el término "drogadicto" para referirse al consumidor de drogas ilegales, preferentemente de heroína, siendo considerado como un sujeto altamente conflictivo y generador de inseguridad ciudadana (Martínez, 2000:348). Al drogadicto se le da un perfil de sujeto joven, delincuente, propagador de nuevos heroinómanos, activador de alarma social y con escasa probabilidad de recuperación. En cambio los consumidores habituales de alcohol, tabaco y fármacos no son categorizados como drogadictos, delincuentes ni enfermos, por lo que se confía más en su recuperación. Su imagen en la prensa es la de un individuo normalizado, integrado y sólo causante de conflictividad cuando conduce bebido un automóvil, obviándose otros muchos problemas laborales, sanitarios y familiares derivados del alcoholismo (Martínez, 2000:348).

En este sentido, el PND (VVAA, 2000:21) advierte que emplear una sola fuente para informar sobre drogas limita la comprensión de un fenómeno como éste. Explica que, de igual forma que los equipos que tratan las drogodependencias son multidisciplinares, el periodista debería sondear en varios puntos informativos, no sólo en fuentes policiales, sino acudiendo también a expertos farmacólogos, sociólogos, psiquiatras, psicólogos, asistentes sociales o pedagogos.