A lo largo del presente capítulo intentamos comprender la forma cómo la guerrilla y el Estado colombiano han configurado en el discurso a su contrario, con base en la concepción del otro en tanto que enemigo. En primer lugar, es evidente señalar que ambas partes han hecho un permanente ejercicio para desvirtuar y deslegitimar al contrario y sus acciones. Esto tiene unas consecuencias precisas.
En primer lugar, tanto la guerrilla como el Estado se han considerado a sí mismos como el objeto de la agresión del otro. Por una parte, la insurgencia estableció como mito fundacional la agresión realizada por el Estado para destruir las intenciones de cambio político y transformación social. Su violencia se sustenta en la idea de la defensa legítima ante la injusticia. Por el otro, el Estado colombiano se erige desde su propia legitimidad legal, institucional e histórica y reivindica el monopolio legal de la violencia y su capacidad de establecer el orden social para desestimar la lucha insurgente y calificarla como destructora de la estabilidad del país. Así, a través de la legislación, el ejercicio de la política y las acciones militares, el Estado ha combatido a las insurgencias.
En segundo lugar, la construcción del enemigo ha servido para justificar el ejercicio de la violencia, aunque ha dado espacio para los acercamientos con el propósito de dialogar y negociar una salida distinta a la guerra. No obstante, ambas posturas se han mantenido incólumes por cuánto la concepción del otro ha permanecido. Esto se concreta en el hecho de que en notorias ocasiones los intentos de diálogo se mantuvieron en escenarios de guerra permanente y solo en algunos casos se suspendieron los ataques,
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Las FARC aparecen en este listado desde octubre de 1997. Llama la atención que a la fecha (19 de marzo de 2017) luego del proceso de diálogo y firma de acuerdo, las FARC continúan en el listado. Consultado el 19 de marzo de 2017, en https://www.state.gov/j/ct/rls/other/des/123085.htm .
78 bien sea por parte de la insurgencia o por parte del Estado. Asimismo, dicha concepción también facilitó el paso del diálogo a la guerra y viceversa, en la medida en que siempre se consideró al contrario como el enemigo a destruir. En definitiva, el objetivo siempre ha sido derrotar al enemigo.
Ambas partes han buscado legitimar sus posiciones frente a la sociedad. La guerrilla ha recurrido a un discurso revolucionario que apunta a la lucha por la justicia y la equidad, dentro de un marco inspirado fundamentalmente en la lucha de clases. Es por ello que las diversas formas de lucha han sido aplicadas a lo largo de la historia del conflicto en Colombia. Incluso, para las FARC no hay ninguna contradicción en el hecho de obtener recursos provenientes del tráfico ilegal de drogas. El Estado, a su vez, se ampara en su propia legitimidad y ejerce un control militar e institucional a través de la presencia y acciones de tipo político y armado con el propósito de deslegitimar a su enemigo.
Por último, es necesario también tener en cuenta la influencia del contexto internacional en el desarrollo del conflicto y particularmente, en la construcción del enemigo. Para las FARC, la ideología revolucionaria de corte socialista y la Revolución Cubana ofrecieron inspiración para su creación y su lucha. Posteriormente, las luchas en Centroamérica y el triunfo de la Revolución Sandinista ofrecieron aún más motivos para permanecer en la lucha. Por el lado del Estado, la influencia de la Doctrina de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, fomentada en el marco de la lucha contra el comunismo durante la denominada Guerra Fría, y luego la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo de moda a partir de la década de 1980 dieron forma a la manera cómo se ha enfrentado a la insurgencia en Colombia, desde su surgimiento en a mediados de 1960. Esta influencia del contexto es fundamental para comprender la dinámica del conflicto armado, especialmente por el hecho de que funcionó como “arsenal” discursivo para justificar la lucha, desde ambas perspectivas, y crear los estereotipos necesarios para construir al enemigo y por lo tanto, combatir para destruirlo. Uno de los pilares del Estado moderno, de tipo democrático, es la existencia de una soberanía entendida como la facultad de las instituciones para manejar el poder en virtud de la delegación dada por el pueblo, quien legitima este ejercicio por medio de la participación política. En esta búsqueda del control territorial e institucional, el Estado no puede permitir la existencia de divergencias que desafíen su potestad. Además, este modelo supone que las diferencias se tramitan dentro de los esquemas de pluralidad
79 y apertura que le son características al modelo de democracia. Desde esta mirada, toda divergencia agresora no puede ser comprendida ni aceptada como válida. Siempre se ha acusado a la insurgencia de deslegitimar su propia lucha cada vez que optan por las armas y realizan acciones militares. Así es como se construye el enemigo de la subversión.
Las FARC han fundamentado su lucha en la injusticia e inequidad propia del Estado colombiano. Además, el uso del aparato militar se ha justificado como parte de la defensa legítima contra la violencia estatal. Es por ello que la lucha busca un cambio en las condiciones del ejercicio del poder, con un sentido más incluyente y justo. En este escenario, hay que destruir el poder de la élite tradicional gobernante y tomar el poder para generar el cambio. Entonces, tenemos dos posturas contrarias, en busca de la legitimidad a costa de su contrario, o sea, en “contra” de su enemigo. Esta ha sido la dinámica desde los mismos inicios de la lucha insurgente y contrainsurgente. ¿Cómo buscar la derrota del enemigo desde un paradigma diferente?, es decir, ¿cómo lograr los objetivos de orden social e inclusión de la diferencia sin que esto implique la destrucción física del enemigo? Preguntarse por esto es cuestionar la esencia misma del discurso justificativo utilizado tanto por las FARC como por el Estado colombiano desde siempre. Una posible respuesta está en la oportunidad de cambiar la mirada sobre ese otro, no ya como enemigo sino más bien como adversario. En otras palabras, implica un ejercicio de voluntad e imaginación para encontrar la manera de legitimar e incluir la diferencia, sin que esto signifique claudicar ni mucho menos, derrumbar al Estado. Pero, para lograrlo, es preciso dar unos pasos que conduzcan a la consecución de un acuerdo entre las partes, fruto de un diálogo con el propósito de alcanzar un consenso. De esto nos ocuparemos en el siguiente capítulo.
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Capítulo II
De la negación al reconocimiento: el “Acuerdo Final” de La Habana
El cambio de paradigma del enemigo al adversario requirió un esfuerzo conjunto de las partes en conflicto. Por una parte, entre 2002 y 2012; período que coincide entre el fin de los diálogos de El Caguán, la puesta en marcha del Plan Colombia y la arremetida militar por parte del Estado contra las FARC, el objetivo era destruir al enemigo, denominado “terrorista” y “narcotraficante”. Al mismo tiempo, las FARC mantuvieron su discurso contra la forma de manejo del poder del Estado por parte de la élite gobernante basado en la violencia oficial. Esto sumado a la aparición del paramilitarismo que se declaró en contra de la insurgencia y tuvo relaciones probadas con sectores económicos y políticos. Con el cambio de gobierno en 2010, Juan Manuel Santos inicia acercamientos con las FARC. En medio de la confrontación armada, se intentaron establecer algunos puntos comunes conducentes a iniciar una negociación.
Dentro de los cambios logrados para consolidar los acercamientos se dio un proceso de reconocimiento del enemigo como un interlocutor válido. Por lo tanto, FARC y Estado dejan de ser los contradictores a destruir, sino contrarios con los cuales se hace necesario establecer puentes para terminar el conflicto armado. Entonces, se necesitó el reconocimiento del otro y la existencia de unas demandas que al menos debían ser escuchadas para pensar en la posibilidad de iniciar un diálogo y construir un acuerdo definitivo. ¿Cómo se dio el proceso de de-construcción del enemigo a destruir, o sea, el proceso de reconocimiento mutuo?