El “Acuerdo General” firmado en agosto de 2012 hizo públicas las intenciones de los adversarios históricamente enfrentados a través de las armas de buscar soluciones de encauzar esfuerzos para encontrar una salida dialogada. Por una parte, esto significó un cambio de paradigma por cuanto los combates armados se habían intensificado en especial después de 2002 y la producción discursiva y mediática elaborada tanto por el Estado como las FARC fortalecían la idea de la confrontación armada como única opción. Recordemos que el Estado colombiano ha mantenido un discurso de orden establecido y monopolio de la violencia que lo legitima para proceder militarmente contra la insurgencia. A su vez, las FARC han sostenido su postura de víctimas de una violencia estatal injusta y la legítima rebelión en contra de un sistema agresor.
Desde la perspectiva del concepto de reconocimiento del otro, es plausible pensar que la construcción de ese otro en tanto que enemigo supone un reconocimiento “negativo”, es decir, un desconocimiento del otro como un ser, en este caso colectivo, con posibilidades de existencia y expresión, con
83 facultades de ser y reclamar por su bienestar cuando considera que las condiciones bajo las cuales vive son moralmente condenables. Al no tener posibilidades de expresión de la inconformidad con el estado de cosas, el ser estima necesario y legítimo rebelarse contra esas condiciones. En este sentido, la rebelión se da cuando existen condiciones que generan inconformidad y además, no existe una reciprocidad en el reconocimiento de dichas demandas. En otras palabras, la rebelión armada en Colombia bien puede ser comprendida como una manifestación de inconformidades sociales a través de la violencia contra el Estado, el cual se constituye como el ente encargado de tramitar y resolver las demandas planteadas.162
Ahora bien, el reconocimiento mutuo comprende a su vez la reciprocidad entendida como el hecho de la implicación entre personas que hacen parte de un grupo social. Esto significa que las acciones realizadas por una personas y un conjunto de personas tendrá unos efectos propios en el conjunto general de quiénes conviven en un espacio delimitado. De esta manera, la reciprocidad así comprendida se constituye en ingrediente importante del reconocimiento. Sin embargo, es necesario aclarar un poco más sobre este concepto. Reconocer significa hacer un ejercicio consciente y directo en el hecho de que el ser no está aislado de sus congéneres y el mundo y por lo tanto, se ve estimulado a constatar que sus acciones generan efectos. Entonces, el ser está interrelacionado. Si ampliamos un poco más, el reconocimiento puede constituirse en una herramienta bien poderosa para la aceptación de la existencia y posibilidades de desarrollar diversas capacidades que tengo yo y los demás que me rodean. Este es un reconocimiento, si se quiere, más abierto e inclusivo. Si he de aceptar la existencia y la reconozco, puedo asegurar su permanencia así como la capacidad de manifestación de deseos para la búsqueda del bienestar. Lo contrario sería un reconocimiento negativo, lo que significa la percepción de ese otro como un diferente a destruir, derrotar o desaparecer porque no hace parte de mis propias concepciones y por lo tanto sus demandas son inaceptables, sin importar su legitimidad o validez.
La búsqueda de una salida dialogada al conflicto armado entre el Estado colombiano y las FARC se constituye pues en un reconocimiento recíproco en términos de posibilidad de ser y existencia. Implica una comprensión del
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Esto es lo que autores como Honneth llaman la lucha por el reconocimiento. Honneth. Axel. La lucha por el reconocimiento. Por una gramática moral de los conflictos sociales. Barcelona: Editorial Crítica, 1997, p. 196.
84 otro cuyas demandas bien pueden ser discutidas e incorporadas en términos de beneficios generales. Precisamente, lo que este “Acuerdo General” de 2012 contiene es un camino al reconocimiento de las partes enfrentadas. ¿Cómo se manifiesta el reconocimiento en este documento?
En primer lugar, se incluyó como punto inicial el tema del acceso y la propiedad de la tierra. Este es un tema central en el origen y desarrollo del conflicto armado en Colombia. Esta ha sido una constante histórica que se ha explicado a partir de una acumulación excluyente de tierras productivas, sumado al despojo generado a partir del desplazamiento de campesinos, con especial intensidad en los años de auge del paramilitarismo, a comienzos de la década de 1990.163 Al mismo tiempo, dentro del discurso reivindicativo de la lucha insurgente la tierra ha sido un motivo determinante para la justificación del levantamiento. Asimismo, el Estado ha sido incapaz de generar medidas profundas de largo alcance para equilibrar la propiedad de la tierra. A esto se debe sumar la ausencia institucional y el desorden en registros catastrales para aclarar los títulos de propiedad. Por último, la desconexión entre regiones ha dificultado una integración entre territorios. Las lógicas económicas han estado encaminadas a producción con fines de exportación y de esta forma, grandes extensiones se han destinado a este propósito en manos de grandes multinacionales y terratenientes, con lo que se reducen las posibilidades del campesinado minifundista de desarrollarse en armonía con sus costumbres y sus territorios con garantías y posibilidades.
Ahora bien, en Colombia se plantearon, durante el siglo XX, algunas reformas agrarias desde el Estado. Antes del surgimiento de los movimientos insurgentes, en 1936, fue planteada una reforma agraria que buscaba conectar a Colombia con el proceso de modernización por medio de la aplicación de medidas tendientes a dinamizar la producción agrícola e industrial. Para entonces, dicha ley prometió una revolución en la tenencia de la tierra. Sin embargo, los grandes terratenientes se opusieron y el dominio sobre la tierra se mantuvo en manos de los poderosos, y las transformaciones en infraestructura e instituciones no tuvieron los efectos
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Fajardo. Darío. “Estudio sobre los orígenes del conflicto social armado, razones de su persistencia y sus efectos más profundos en la sociedad colombiana”. En Contribución al entendimiento del conflicto armado en Colombia…, pp. 352-406. Consultado el 3 de febrero de 2017 en
85 deseados a largo plazo.164 Machado también señala que el fracaso de esta reforma implicó una frustración social por cuanto no logró desarrollar planes integrales que redundaran en mayor inclusión del campesinado, una integración de las regiones y por ende, la dinamización de la economía. 165 Con posterioridad, se quiso continuar la aplicación de reformas agrarias (1945, 1960,1994) que en esencia intentaron lo mismo: integración económica, desarrollo rural y oportunidades para el campesinado. Es necesario recordar que desde 1948, cuando mataron a Jorge Eliécer Gaitán166, hasta la actualidad el conflicto armado ha tenido también efectivos negativos en la promesa de reformas agrarias: desplazamiento de campesinos, despojos de tierras y afectación directa a la productividad de las regiones han sido los signos de este proceso.167 En este orden de ideas, el Acuerdo General firmado en agosto de 2012 entre el Estado y las FARC apunta a una reforma integral, es decir, una transformación de la política agraria en Colombia que busca, fundamentalmente lo siguiente: primero, ordenar la información de la tenencia de la tierra dado el alto grado de informalidad en este aspecto; la actualización de títulos de propiedad, que dé al Estado la capacidad para formalizar los asuntos relativos a la tierra y de paso, generar dinámicas para devolver y entregar tierras a campesinos. Al mismo tiempo, se entiende que el acceso a la tierra no es suficiente: se requiere la creación de condiciones (infraestructura, instituciones, seguridad, capacitación, subsidios) para el desarrollo y la integración de territorios. Tercero, se requiere una mirada particular que tenga en cuenta las prácticas locales de producción y respetarlas con criterios de complementariedad e integración. De esta forma, se pretende reivindicar el derecho a la tierra por parte de las FARC, el Estado se compromete a trabajar en promesas que han sido inconclusas y se propende por un desarrollo económico en sintonía con realidades regionales.168
El reto será, precisamente, cómo lograr una integración regional que respete las vocaciones productivas de diversos grupos de campesinos y que signifique un desarrollo beneficioso para todos. En últimas, esta es una lucha
164 Machado. Absalón. “Reforma agraria: una ilusión que resultó un fracaso”. En Credencial Historia,
Consultado el 2 de febrero de 2017 en http://www.banrepcultural.org/node/32856 .
165
Ibíd.
166
Ver nota 1.
167
Centro Nacional de Memoria Histórica. La política de reforma agraria y tierras en Colombia. Bogotá: Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013.
168 “Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y
86 no sólo por la reivindicación de los derechos de los campesinos y agricultores, sino también una apuesta por encontrar una armonía en la política social de un Estado que se supone, debe garantizar la inclusión y el desarrollo económico positivo. Esto contrasta con el poder económico y la influencia de grandes conglomerados y terratenientes cuyos intereses están directamente relacionados con el ejercicio político. Un esfuerzo a señalar es la Ley de Víctimas y restitución de tierras de 2011, que busca precisamente reconocer a las víctimas en su condición de perjudicados por la violencia y además, intenta devolver lo que perdieron por causa de la misma.
El segundo punto del Acuerdo General se refiere a la participación política. Ya sabemos que una de los pilares de la lucha insurgente contra el Estado colombiano es la exclusión de las ideas políticas contrarias. Primero fue la persecución al comunismo en el período de la llamada “Guerra Fría” y la perpetuación en el poder de los mismos grupos tradicionales. Luego se calmaron las confrontaciones políticas entre liberales y conservadores con la dictadura de Rojas Pinilla y posteriormente, con la creación del pacto bipartidista conocido como el Frente Nacional. Esto implicó una transformación: los partidos ya no se matarían por sus ideas políticas, y ahora se turnarían equitativamente el control del poder. Esto significó la pacificación de los ánimos políticos y un descenso de la violencia. No obstante, dejó por fuera a las fuerzas políticas diferentes del ejercicio del poder, específicamente las que profesaban ideas de izquierda y sirvió de justificación para continuar la lucha insurgente.
Posteriormente, en la década de 1980 las FARC dan su primer salto a la arena política de manera legal y abierta. Como ya lo indicamos, esto se hizo mientras se mantuvo la guerra. En contra de esta idea de combinar la lucha militar con la lucha política, sectores reaccionarios generaron una persecución contra este movimiento, generando muerte y frustración en la esperanza de un cambio pacífico del conflicto armado en Colombia. Por esta razón, la participación política se erige como uno de los fundamentos del acuerdo entre el Estado colombiano y las FARC, en dos sentidos: primero, por cuanto el carácter insurgente de esta guerrilla ha implicado; en su visión, un ejercicio tanto militar como político con miras a la posibilidad de acceso al poder y con ello propender por la transformación social y política, y por el otro, el reconocimiento del Estado de la posibilidad de participación política de otras ideas que no pueden ser excluidas, mucho menos cuando se declara la pluralidad y la inclusión. En conclusión, la participación política de
87 las FARC constituye una posibilidad concreta de inclusión y posibilidades de transformación de prácticas políticas y también, la consecuencia de un ejercicio de reconocimiento entre adversarios en un escenario de reciprocidad, en el cual existe participación y capacidad de proposición. Al lograr la participación, se desvirtúa la justificación de la necesidad de levantarse en armas por falta de garantías para el ejercicio político.
Concretamente, el apartado referido a la participación política indica la necesidad de apertura del modelo democrático a las ideas contrarias de las FARC. Al mismo tiempo, otorga posibilidades de acceso a medios de comunicación como una dimensión más de la participación en la discusión política. Tercero, se hace énfasis en los temas de derechos y sobre todo, de garantías de seguridad en el ejercicio político. Por supuesto, el objetivo es evitar una historia similar a la vivida en los años ochenta del siglo pasado con el experimento de la UP169. Finalmente, en este punto se agrega también una dimensión regional en términos de condiciones de apertura para la participación política de manera directa, en temas de incidencia evidente en los territorios. Aquí se pretende también hacer un reconocimiento a las particularidades de cada región, en consonancia con el desarrollo económico. Si las regiones tienen posibilidad de incidir en las políticas de desarrollo, es apenas normal que tengan influencia en la definición de dichas políticas.170
El punto tercero del Acuerdo General trata lo concerniente al fin del conflicto. En primera medida, este punto parte de la base que efectivamente en Colombia existe un conflicto armado al cual se le quiere dar fin. Por esto es que precisamente se le da reconocimiento al enemigo. Luego, se necesita pactar el fin de la confrontación armada para dar paso exclusivo a la lucha política. En este caso, se pactó el fin de una manera progresiva con el fin de dar garantías de cumplimiento y seguridad. Así, primero se declararía el cese al fuego bilateral y definitivo, con lo que se iniciaría el proceso de desarme. Posteriormente, las FARC dejarían las armas y entrarían definitivamente a ser parte de la ciudadanía y la sociedad colombiana. En el entretanto, el Estado se comprometía a seguir combatiendo a los grupos que siguen
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Al día de hoy (abril 2017), han sido asesinados numerosos líderes campesinos y activistas por los derechos a la tierra, lo que ha hecho temer a muchos que se podría repetir la historia del exterminio de la UP. Estos casos son aún más graves por cuanto, a diferencia de lo ocurrido con ese movimiento político, ocurren en regiones aisladas y desconectadas del centro y recaen sobre personas que no tienen ascendente social o política con impacto nacional.
88 ejerciendo la violencia paramilitar, contra la corrupción y la impunidad. Además, el Estado adquiría el compromiso de garantizar la seguridad de los miembros de las FARC y también a realizar los cambios institucionales necesarios para el funcionamiento de la justicia y la construcción de la paz.171
De nuevo, aquí se evidencia el proceso de reconocimiento de ambas partes, en el sentido en que se acepta la necesidad de deponer las armas como requisito fundamental para lograr el fin de la guerra entre el Estado y las FARC la cesación de todo acto de agresión entre las partes. No obstante, en este punto no se hizo referencia alguna a la responsabilidad de las FARC en la persistencia y agudización del conflicto, lo cual llama la atención en la medida en que este grupo guerrillero también tiene que apersonarse de los hechos y situaciones que acaecieron en la guerra por su propia acción. Por supuesto, dentro de las reformas a cargo del Estado tendría que estar lo referente a la justicia que los cobijaría a ambas partes, dada la responsabilidad que les compete.
El siguiente punto se denominó “solución al problema de drogas ilícitas”. Es evidente que el narcotráfico agudizó y degradó el nivel de confrontación en especial desde la década de 1980. La guerrilla se financió y obtuvo riquezas de este negocio y el Estado se vio involucrado en hechos de corrupción y violencia por cuenta de este fenómeno. Entonces, el fundamento de esta solución deberá tener en cuenta el fin del narcotráfico en relación a la sustitución de cultivos, es decir, la eliminación de la producción a través del ofrecimiento de opciones a los campesinos dedicados a la siembra de coca y amapola, principalmente, para que empiecen a generar riqueza y logren un desarrollo a partir de una agricultura diferente, a través de la siembre de diferentes productos. Aquí se opera bajo la lógica de que los campesinos cultivan coca y amapola porque no tienen la infraestructura y la capacidad suficiente para generar ingresos de otra manera. Además, no es un secreto que el negocio de las drogas ilícitas da dinero de manera rápida y eficiente, en especial en Colombia, país donde hay características sociales y geográficas que permiten la proliferación de estos cultivos. La postura de las FARC frente a este tema se puede considerar ambigua en el sentido en que reconocían esta dinámica como un problema, pero al mismo tiempo se lucraron del mismo bajo la idea de la aplicación de las diferentes formas de lucha. Asimismo, el Estado colombiano ha sido presionado,
89 fundamentalmente por los Estados Unidos y su política antidrogas, para combatir la producción, en la creencia en que si se destruye esta, se desincentiva el consumo. También, el narcotráfico afectó la institucionalidad colombiana por medio de alianzas entre políticos y narcotraficantes y la dificultad para combatirlos y desmontarlos.
Tanto el Estado colombiano como las FARC demuestran, con la inclusión de este tema en el Acuerdo General, que reconocen la necesidad de transformar esta realidad de manera conjunta. Concretamente, se agregó la idea de la sustitución de cultivos para atacar la producción y la comercialización, pero también la realización de campañas de prevención y la compresión de la drogadicción como un tema de salud pública, que trasciende la esfera puramente legal y punitiva. Finalmente, se trató el tema referente al daño medioambiental ocasionado por los cultivos ilícitos y la necesidad de repararlos.172
Este es un tema sensible, que al menos ha generado respuesta por parte del Estado y las FARC. Sin embargo, es un fenómeno que supera las fronteras colombianas y por lo mismo, hace responsables también a otros países. Es por esto que la solución definitiva tendrá que ser conjunta; deberá incluir a esos países en calidad de productores y/o consumidores. Al mismo tiempo, algunas voces empiezan a levantarse para pedir un cambio de paradigma que tal vez ayude a buscar una solución más integral y eficaz: legalización, regulación por parte de los Estados y un tratamiento a los adictos más ligado con la salud que con la ley. A pesar de esto, la política internacional sigue estando basada en las pautas establecidas por los Estados Unidos y otras potencias que aun consideran que la solución es destruir la producción. Mientras no haya una mirada diferente, el fin de este problema no será fácil de alcanzar. Es más, el apoyo militar y económico de los Estados Unidos al Estado colombiano se ha sustentado en esta política de la lucha contra las drogas. ¿Será que los Estados Unidos son capaces de destruir este enemigo y con ello, la influencia negativa en luchas armadas como la colombiana? Las víctimas del conflicto armado hacen parte del punto quinto del “Acuerdo General”. De manera escueta, ambas partes ratifican la necesidad de resarcimiento de las víctimas en el marco del enfrentamiento. Todo esto quedó fundamentado en dos criterios: los derechos de las víctimas y la verdad. Por parte del Estado, antes de la firma de este documento ya se
90 había empezado a generar un proceso de reconocimiento de las víctimas por