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En nuestra sociedad, el auge y la preocupación por las sustancias psicoactivas se debe, al menos en parte, a condiciones sociales, culturales y económicas que constituyen un terreno favorable para el consumo compulsivo –entre otras cosas, de las que hablaré más adelante (véase página 40)– que, asimismo, han propiciado sujetos cuya constitución psíquica es “idónea” para las

26_{Este es sólo un ejemplo, pero lo mismo sucedió con el movimiento “hippie” en la década de los 60, cuando se asoció}

a la juventud pacifista con el consumo de drogas con el fin de desvirtuar sus ideales; y con los negros quienes, al ser abolida la esclavitud, debían ser excluidos de otra forma, esta fue marginándolos y asociándolos al crimen y al consumo de drogas, para así legitimar su encierro.

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adicciones; porque, como indican Guattari y Rolnik (2006), la producción de subjetividades es la principal necesidad del mercado capitalista.

Como ya señalé, es durante el siglo XIX cuando la droga empieza a fraguarse como un problema en occidente, posiblemente relacionado con el aumento en el número de consumidores y al desarrollo de reglas y normas para su consumo. Esto derivó en una necesidad de definir las sustancias permitidas en cantidades moderadas y las que estaban absolutamente prohibidas; así, enmarcadas por las características de la sociedad industrial y de consumo, las sustancias psicoactivas dejaron de estar reguladas por rituales colectivos y pasaron a ser un tabú. Para algunos sujetos pudo representar un modo de vida distinto y con otro sistema de valores, el cual se constituía fuera, al lado y, en ocasiones, contra valores socialmente aceptados (Del Moral y Fernández, 2009; Lora y Calderón, 2010; Torrens, 1995).

Según Inmaculada Jáuregui (2007), es así como surgen concepciones antagónicas de las drogas: las legales –alcohol, tabaco, antidepresivos, ansiolíticos, antipsicóticos, etc.–, que ayudan a “mejorar” artificialmente la humanidad apaciguando la angustia, estimulando y estabilizando el humor; y las ilegales –marihuana, cocaína, inhalantes, heroína, etc.–, que se presentan como un problema sanitario y social.

La legislación antidroga y la difusión de imágenes negativas en los medios de comunicación han marcado los significados de antaño y, al mismo tiempo, el uso que se les da y la presunción del riesgo se traslada a la imagen del joven marginal, asociado con actividades delictivas y distintas formas de violencia. Esta tendencia señala a los jóvenes de las periferias, desocupados e inmersos en una cierta anomia cuyas carencias o rechazo a los valores tradicionales demuestran su malestar y denuncian las injusticias e hipocresías sociales mediante el consumo de drogas (González, 1987; Medina-Mora, Natera, Borges, Cravioto, Fleiz y Tapia-Conyer, 2001).

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Es sabido que hoy en día muchos jóvenes consumen sustancias psicoactivas como una forma de expresión, como un factor de cohesión grupal, para fijar su rol social o como una forma de generar su propia identidad a través del modelo del toxicómano; se trata de un período de la vida en el que predomina el conflicto de inserción en el mundo adulto. Sin embargo, los toxicómanos pueden pertenecer a todas las clases sociales y a cualquier grupo etario. De tal forma que los problemas que se creían propios de algún grupo en particular, han ido extendiéndose al resto de la población; por ejemplo, el consumo de bebidas alcohólicas ya no es propio de los varones de edad media, y el uso de inhalantes y marihuana ya no son exclusivos de los menores de edad y jóvenes (González, 1987; Medina-Mora et al., 2001).

En ese sentido, las drogas –y los toxicómanos– son designadas como un flagelo social y constituyen el objeto de una ley que responde a los discursos científicos, morales, jurídicos y sociales (Le Poulichet, 2012). Al abordar el “problema de las drogas”, debe analizarse qué significan estas sustancias para la sociedad. Es decir, cuáles son las imágenes, representaciones y creencias culturales que socialmente las definen; y, además, ha de delimitarse hasta qué punto los mecanismos sociales e institucionales que se ponen en marcha contribuyen a la estigmatización del consumo de sustancias. Además, me parece relevante relatar y cuestionar la identificación cultural entre los términos droga, juventud, desviación, delincuencia y enfermedad (González, 1987; Ralet, 2000; Touzé, 1995).

Esta singular regulación legal de sustancias y su concepción social –basada en la cultura prohibicionista y respaldada por la amenaza de prisión– ha resultado imposible debido a que “un mundo sin drogas27”, además adjudica a los sujetos “toxicómanos” el doble flagelo social de enfermo y delincuente (Le Poulichet, 2012).

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Es por esto que en la década de 1990 surge la alternativa de “reducción de riesgos”, como una respuesta epidemiológica dentro del paradigma médico-científico para atender el “problema” o la “enfermedad” del consumo de sustancias, buscando principalmente la difusión de información necesaria para reducir los costos en enfermedades y crimen relacionados con el consumo de drogas (González, 2000; Ralet, 2000).

A este panorama hay que añadir que dicha construcción social no sólo influye en la concepción de las drogas, sino que tiene consecuencias en la constitución del sujeto; ya que la identidad resulta del encuentro del desarrollo sociohistórico y la vida del sujeto, como series complementarios (Martí, 2000).

Podemos entender cómo la toxicomanía sirve casi siempre de soporte a la transmisión de otros mensajes –ideológicos, morales, políticos, etc.–, vehiculizados por los diferentes medios de comunicación, debemos incluir en la reflexión sobre los mismos el análisis de los mecanismos de producción y distribución de bienes, y la acumulación de capital propios de las sociedades industriales avanzadas (González, 1987).