Questions related to the Third Directive (2005/60/EC) and the Implementation Directive

Quizá este período político en la vida contemporánea de Bolivia, fue el de mayor participación juvenil en las movilizaciones sociales; participación, podría decirse, de compromiso con su sociedad, en tres hechos sociales, como diría Durkheim, acontecidos en la primera década del Siglo XXI, definiendo en cierto modo el proceso político que vive actualmente Bolivia, es decir, la llegada al poder de un líder emergente de los movimientos sociales como es Evo Morales Ayma. Hacemos referencia, en concreto, a la denominada Guerra del Agua de abril de 2000, al impuestazo de febrero negro (2003) y la denominada Guerra del Gas u Octubre Negro (2003). Por razones de información no incluimos las otras movilizaciones campesinas del altiplano boliviano liderada por el ex dirigente y líder campesino Felipe Quispe, conocido públicamente como el “Mallku”, que sin duda definió también al actual proceso político que vive Bolivia.

1.1. La Guerra del Agua, abril de 2000

40 ORDUNA, Víctor: “Los jóvenes, desde el 12 y el 13 de febrero. En Temas de Debate 2. Programa de Investigación estratégica en Bolivia (PIEB), La Paz, 2003, Pág. 2.

Este conflicto social tuvo su epicentro en la ciudad de Cochabamba en el mes de abril de 2000. La principal causa fue la privatización del abastecimiento del agua potable municipal, la misma que fue legalizada por el gobierno boliviano con la promulgación de la Ley 2029, verificando el contrato con Aguas del Tunari.

Haciendo memoria se sabe que la multinacional Bechtel, en septiembre de 1999, firmó un contrato con el entonces presidente de Bolivia Hugo Banzer Suarez, para privatizar el servicio de suministro de agua a Cochabamba. El contrato fue oficialmente adjudicado a una empresa denominada Aguas del Tunari, un consorcio empresarial en el que Bechtel participaba con el 27,5 por ciento. Poco después, surgieron quejas sobre el aumento de las tarifas del agua (servicio del que se carecía hacía varios años en la ciudad); las mismas se habían elevado en más de un 50 por ciento. Todas estas acciones culminaron en las protestas de la guerra del agua de 2000. Se declaró la ley marcial y la policía boliviana mató al menos a una persona (Víctor Hugo Daza, de 17 años) e hirió a 170 participantes en las protestas. En medio del colapso de la economía nacional y el aumento de los disturbios, el gobierno de Bolivia rescindió el contrato con Bechtel.

En estos sucesos, la participación de los jóvenes fue importante, especialmente de los universitarios de la Universidad Mayor de San Simón de Cochabamba; jóvenes de sectores populares e hijos de dirigentes y miembros de las organizaciones sociales como los regantes, granjeros campesinos y jóvenes pertenecientes a la Central Obrera Boliviana (COB).

En estos sucesos, los jóvenes cochabambinos participaron activamente en movilizaciones callejeras, levantando barricadas, enfrentándose con la policía de manera abierta, sin embargo, pero como parte de las movilizaciones lideradas por la Federación Departamental Cochabambina de Regantes (FEDECOR), compuesta por profesionales locales, incluyendo ingenieros (SIB-Departamental CBBA con el Ing. Maldonado a la Cabeza) y ecologistas, la federación de los granjeros campesinos, y dirigentes de la Central Obrera Boliviana dirigida por Oscar Olivera, quienes conformaron la denominada Coordinadora para la defensa del agua y de la vida, ente que se convirtió en la base de la oposición a la política privatizadora del entonces gobierno de Banzer Suarez. La meta de los jóvenes, como de la Coordinadora para la defensa del agua, fue la de derogar la Ley 2029 y la cancelación del contrato de privatización del agua en la ciudad de Cochabamba ya que la acción estatal tocó un tema tan sensible para los cochabambinos como es el agua41.

No fue una acción directamente planificada por la juventud cochabambina, sino resultado del proceso político 41 “Históricamente, el problema del agua potable y riego en Cochabamba se origina en condiciones medio ambientales, demográficas, productivas, sociales y político institucionales de larga data: i) condiciones geográficas de la región ecológicamente semiseca; ii) elevado índice de crecimiento demográfico urbano e insuficiente cobertura de agua potable; iii) falta de políticas públicas adecuadas para la provisión de servicios básicos y sistemas de riego; iv) explotación de aguas subterráneas con la perforación de pozos; y v) participación de más del 40% de la población económicamente activa en el sector agropecuario. Pero lo que caracteriza a la región son sus bajos niveles de cobertura y calidad de servicios de agua potable y alcantarillado. La gran vocación y tradición agrícolas de Cochabamba definidas por su clima, condiciones medioambientale y la fuerza de trabajo ocupada, la han convertido, desde fines del siglo XIX, en uno de los principales departamentos proveedores de productos agrícolas para el mercado nacional y departamental. En la actualidad, y pese a que su nueva dinámica económica se nutre de la factura y servicios, es innegable la importancia del sector agrícola, el cual aun en su crecimiento negativo, es el segundo rubro productivo, después de la manufactura, con mayor incidencia en el PIB regional y primero en absorber a la población económicamente activa que bordea el 46 por ciento. La paradoja de Cochabamba es que pese a las potencialidades productivas regionales, la escasez del agua es uno de los problemas vitales para el desarrollo económico y el sostenimiento de las condiciones de vida de la población” (García; García; Quitón, Pág.16).

liderado por sus organizaciones sociales matrices locales. Allí, la figura del dirigente sindical obrero Oscar Olivera fue central, en la consecución del objetivo que finalmente se concretó.

Un estudio elaborado por Alberto García, Fernando García y Luz Quitón cuyo título precisamente evoca los acontecimientos de abril de 2000, “La Guerra del Agua…” señalan que este proceso es resultado de la “construcción deficitaria de lo Político que ha distinguido al sistema político boliviano permanentemente encerrado dentro de una funcionalidad política preestablecida y sustentada en el discurso del monopolio del ejercicio del mandato y cumplimiento obligatorio de las disposiciones legales. Discurso y práctica que excluyen, en la interacción política concreta, a los actores sociales no reconocidos ni autorizados por el conjunto de las reglas procedimentales de los procesos decisorios del sistema político; esto significa a los actores no convencionales que irrumpen en el espacio público cuando sus intereses y necesidades más apremiantes son afectados”42.

Dicho de otra manera, el divorció entre Estado y sociedad, la falta de participación de la ciudadanía en las decisiones claves para su vivencia y sobrevivencia; de ahí la definición del Sociólogo boliviano Fernando Calderón, cuando dice que la política también se vive en las calles, que las resoluciones de conflictos en Bolivia pasan también por la confrontación callejera.

1.2. Febrero negro (2003), el impuestazo

Es otro de los sucesos en el que la participación juvenil fue determinante, aunque también bajo la tutela de las organizaciones social matrices como la COB e incluso el amotinamiento policial. El detonante del conflicto fue el intento del entonces Presidente de Bolivia, Gonzalo Sánchez de Lozada (2002 -2005), quien envío el 9 de febrero de 2003 al Parlamento, un proyecto de Ley de viabilización de un impuesto a los ingresos de las personas asalariadas. La reacción no se dejó esperar ya que regimientos policiales de la ciudad de La Paz se amotinaron y un grupo de estudiantes de la Universidad Pública de El Alto se unieron a las movilizaciones. El 12 de febrero, aprovechando la falta de seguridad policial alrededor del Palacio, un grupo de estudiantes de los Colegios Ayacucho y Felipe Segundo Guzmán (de entre 12 a 15 años de edad) se dirigieron hacia el Palacio de Gobierno y apedrearon sus ventanas. Miembros del ejército, que se encontraban en el interior del Palacio, respondieron la agresión con gases lacrimógenos. Luego, grupos de civiles y trabajadores se van concentrando en las inmediaciones del GES para expresar su apoyo a la policía y su rechazo al impuestazo. A medio día se produce un intercambio de insultos, amenazas y balas entre policías y militares controlando cada grupo una mitad de la Plaza Murillo y empieza un luctuoso enfrentamiento con victimas y heridos de ambos bandos, además de civiles. La Plaza Murillo, centro político de Bolivia, fue testigo de ráfagas de ametralladora y balas se cruzan en medio de la plaza, dejando un saldo de más de treinta víctimas.

Acá, la participación de los jóvenes en el conflicto fue también sustancial (especialmente para la suspensión definitiva del tratamiento del proyecto de ley), como lo señala Víctor Orduna: “el 12 y 13 la presencia de los jóvenes fue abundante y definitiva. Estuvieron, a golpe de piedra, en la inauguración del conflicto, entre los amotinados y también, al frente, entre los que apuntaban, temblando, fusil en mano y con apenas unos días de instrucción militar. Fueron jóvenes los que murieron, los heridos , los saqueadores, los interventores de las sedes políticas, los que 42 GARCíA O. Alberto; GARCíA Y. Fernando; QUITÓN H. Luz. La guerra del agua. Abril de 2000: la crisis de la política en Bolivia. PIEB, La Paz – Bolivia Pág. 107.

trataban de descifrar la clave de los cajeros automáticos, los que decapitaron el peaje de la autopista, los del aquelarre del fuego en la Alcaldía de El Alto, los que probaron zapatos Manaco y los que accedieron por primera vez a las importaciones de Ismar … Estudiantes desocupados, universitarios sin universidad, activistas, uniformados de ocasión, lustrabotas, lumpen callejeros, muchedumbre, policías sin graduación, leva barata, asistentes para el reciclaje de los humeantes archivos ministeriales, actores de la marginalidad, agrupaciones nocturnas casuales, pandillas adaptadas al caos”43.

Fue una participación significativa aunque también bajo el tutelaje de adultos ya que incluso en los sucesos del 12 de febrero, los estudiantes de los colegios públicos Ayacucho y Felipe II Guzmán, fueron inducidos por sus profesores (también asalariados) y en el caso de los policías jóvenes por sus superiores o el de los conscriptos, por órdenes superiores; pero de capitanes, mayores, coroneles, nada.

1.3. La guerra del Gas (2003), Octubre Negro

Quizá encontremos en las movilizaciones de Octubre Negro a jóvenes como actores sociales, como protagonistas con sentido e ideales propios, muy en concordancia, obviamente, con los ideales del movimiento social obrero popular, campesino e indígena de Bolivia, aunque también bajo la línea definida por las organizaciones sociales matrices como la Central Obrera Regional (COR) y la Federación de Juntas Vecinales de El Alto (FEJUVE), como bien lo señala Rosa García, joven participante en las protestas de octubre negro, en un artículo académico que dice: “En las movilizaciones de octubre, la dirección se ha dado en base a las organizaciones vecinales y sindicales, quienes sin ninguna intromisión han creado sus propias formas de dirección del movimiento. Las decisiones eran tomadas en dos instancias, a nivel macro con las instituciones COR y FEJUVE y a nivel micro en las juntas de vecinos y otras organizaciones que surgieron durante la movilización. Asimismo, la COR y la FEJUVE brindaban las líneas generales de acción para las movilizaciones y eran las bases, es decir, las juntas vecinales que en base a las particulares ventajas y desventajas de sus regiones ejecutaban las decisiones”44.

Ahora bien, muchos intelectuales bolivianos, entre ellos el actual Vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, señalan que la Guerra del Gas determinó el curso de la política boliviana.

Recurriendo nuevamente a las crónicas periodísticas de la época, se sabe que el conflicto se originó por la decisión del gobierno presidido por Gonzalo Sánchez de Lozada de exportar por Chile gas hacia México y Estados Unidos. Las demandas de la guerra del gas era la no exportación del gas natural hasta que exista una política para abastecer el mercado interno, de la misma manera por los precios (considerados casi de regalo) a los que se pretendía exportar el gas, que eran menores de un dólar el millar de BTU. La segunda demanda era una Asamblea Constituyente, es decir, crear un nuevo pacto social hacia un nuevo Estado de consenso.

Volviendo nuevamente a las crónicas periodísticas sistematizadas por Wiquipedia, un mes antes que se emita el Decreto 27209/03 el 20 de septiembre del 2003 los militares efectuaron represión en contra del pueblo de Warisata debido a los conflictos, bloqueos y enfrentamientos causados por los campesinos y comuneros del lugar, que dejó 43 ORDUNA, Víctor: “Los jóvenes, desde el 12 y el 13 de febrero. En Temas de Debate 2. Programa de Investigación estratégica en Bolivia (PIEB), La Paz, 2003, Pág. 1. 44 ROJAS GARCIA, Rosa: Movilizaciones que han contribuido en la consolidación de la El Alto como ciudad, EN ALTO PARLANTE, Revista de Análisis de la realidad de El alto, agosto de 2005 pág. 41.

67 66 _{Movimientos Juveniles en América Latina y el Caribe: entre la tradición y la innovación}

seis muertos, de los que cinco eran campesinos y un soldado. Ante ese resultado, los campesinos desafiaron al Gobierno con fusiles Mauser y carabinas en mano, siendo esto el principio de la insurrección en contra del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. Los pobladores de la ciudad de El Alto, con personas de los pueblos andinos que llegaron a la ciudad del Alto a reclamar por gas, son los protagonistas principales del conflicto de octubre de 2003. Este empieza más o menos en los primeros días de octubre, especialmente cuando El Alto declara un paro cívico. El día 13 de octubre, el gobierno decide llevar un convoy con gasolina y víveres para algunas familias de la ciudad de La Paz. En la zona de la portada, militares con armas de guerra y grandes ametralladoras empiezan a disparar contra un población armada de palos y piedras; los helicópteros empiezan a disparar contra los techos de las casas y crecen las constantes denuncias mediáticas de los asesores estadounidenses en Bolivia. En el conflicto muere un niño de cinco años que había salido al balcón de su casa y recibió un balazo, con un tiro certero de los militares parapetados en el puente de la ceja de El Alto, y con línea directa a la casa del niño. Mueren alrededor de 65 personas y los dirigentes de las organizaciones y comunidades claman la renuncia de Sánchez de Lozada; ante esto, se suman otras organizaciones como la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, el Defensor del Pueblo, los residentes bolivianos en el exterior, etc., que buscaban la pacificación del país. Las marchas en contra de Sánchez de Lozada se extienden en todo el territorio nacional, y la ciudad de La Paz también se manifiesta desde todas sus latitudes. Ante tremendo clima hostil y ante un presidente que había optado por matar a la población, hacen crecer las presiones de renuncia, más al ver compatriotas inocentes muertos. El 17 de octubre Gonzalo Sánchez de Lozada decide huir del país, dejando su renuncia en el congreso.

Este hecho impactó profundamente en el sentir de las y los bolivianos que incluso muchos estudios sobre la Guerra del Gas se han producido así sobre la participación de los jóvenes en estas movilizaciones y protestas. Dos estudios nos llaman la atención por sus hipótesis teóricas45. Se trata de dos estudios elaborados en el año 2006, auspiciados ambos por el PIEB, cuya influencia investigativa de las movilizaciones sucedidas en octubre de 2003 y junio de 2005, es innegable. Si bien estos estudios presentan objetos de estudio disímiles, hay sin embargo, en ambos coincidencias importantes, especialmente el estudio de Samanamud Et. Al., que trata de demostrar que la política no solamente se expresa y circunscribe al acto elector de votar, de participar en partidos políticos, de creer en la democracia o la participación en movilizaciones políticas y sociales, sino también a las expresiones culturales, artísticas y hasta musicales, que salen de los marcos tradicionales de entender la política.

En ese sentido, Samanamud, (Et. Al.) encuentra, que la política de los jóvenes tiene múltiples dimensiones y no circunscrita exclusivamente a los discursos racionalmente estructurados o solamente a los momentos políticos como las elecciones, o a lo cognitivo de la comprensión del sistema democrático, de la política, etc. o la participación en agrupaciones y organizaciones políticas. No, sino en expresiones, yo diría, propias de la juventud como las actividades musicales, en este caso los hip hop, los ch’ojchos (jóvenes urbano populares que frecuentan regularmente las discotecas populares) o en las actividades que realizan las organizaciones juveniles parroquiales e incluso entre aquellas organizaciones culturalistas cuyo accionar está orientado explícitamente hacia lo político (organizaciones culturalistas de jóvenes que reivindican y revaloran lo indígena, lo aymara, etc.).

Pero nos preguntamos ¿dónde está lo político en estas agrupaciones juveniles? En el hecho de que estas organizaciones juveniles piensan lo político, según los autores, en términos de resignificación de la identidad 45 SAMAMANAMUD Jiovanny; CÁRDENAS Cleverth; PRIETO Patricia. La política de los otros. La subjetividad política de la juventud en la ciudad de El Alto. PIEB, La Paz – Bolivia. Año 2006. / MÉNDEZ Ana Bertha; PÉREZ Renán. El proceso de reconstrucción de identidades colectivas en organizaciones juveniles de la ciudad de El Alto. PIEB, La Paz – Bolivi. Año 2006.

cultural y nacional, en vivir y sentir la discriminación y la exclusión cultural y social, de manera latente y a veces inconscientemente; por ello, según los autores, expresada de manera simbólica, en las letras de sus canciones, en sus actividades musicales o implícito en su modos de ser de las organizaciones juveniles. En otras palabras, vivir y sentir antes que razonar lo político. En términos de los autores “La Subjetividad Política de los jóvenes” cuyo marco teórico se sustenta en la teoría de Dussel sobre la “voluntad de vida” que no es otra cosa que este vivir y sentir la política antes que razonar propios, diría, de poblaciones tradicionales, no modernas, donde lo político es definido no en términos racionales sino de vida cotidiana. Dichos de otra manera, “cómo a los jóvenes les aparecen los hechos políticos, yendo más allá de sus percepciones o la racionalización política, sino revisando el punto inicial que afecta su sentido vivencial respecto a lo político que será afectado en su constitución desde esta subjetividad. En ese sentido, entendemos lo político como sentido vivido y no como sentido racional. Desde este plano la subjetividad expresada en estos testimonios constituye la realidad desde los modos de relacionarse con lo político en la cotidianidad”(Samanamud et. al. Pág. 7). Pero ¿cuál es ese sentido vivido?. “Reivindicar mi cultura es la expresión de mi mismo frente a mis condiciones de vida, es manifestarse no sólo respecto a la discriminación racial, sino a las condiciones de desigualdad. Es hacerle frente a la alternativa de vida propuesta por el horizonte moderno de la política, asumiendo que es posible encontrar otros modos de expresión que se tornan políticos en un contexto de desigualdad, pero más que eso se manifiesta en alternativas o, tal vez, ‘utopías’ salidas de la experimentación, de la exclusión y la discriminación” (Ibíd., Pág. 9).

Por otro lado, Méndez y Pérez estudian a la juventud alteña desde el ámbito de sus organizaciones sociales. Muestran con bastante detalle, cómo se construyen y reconstruyen las organizaciones sociales, a partir del reconocimiento de un nosotros que es denominado por los autores como identidad colectiva que tiene en la discriminación étnico cultural y la marginación social, en los factores que constituyen a estas identidades colectivas que son sustentadas por la amistad, el compañerismo o dicho en términos de sus autores, la afectividad y la emotividad. Asimismo, se debe señalar que se trata de un estudio de la juventud alteña nacida en la ciudad o emigrada en su niñez; más no de jóvenes migrantes recientes que salen fuera del objeto de análisis.