A Reasonable Solution?

La Política Fiscal en México, ha sufrido diversos cambios que dependen del momento histórico, o de las crisis que tienen que enfrentar, sin embargo, la dependencia al sector

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exportador de petróleo ha estado vigente desde varias décadas atrás, constituyendo aproximadamente un 30% del ingreso total que obtiene el Estado, por lo que la manera de distribuirlos al gasto depende de las fluctuaciones de los precios internacionales de crudo.

El Estado busca que sus finanzas públicas tengan un déficit cero, es decir, gastar solamente lo que ingresa. A pesar de esa búsqueda del equilibrio, el Sector Público tiene un 10% del déficit, estando recargado sobre el gravamen a la actividad petrolera y una paraestatal que trabaja sobre números rojos y en clara decadencia tecnológica y productiva. Otra vicisitud que enfrenta el país es que, según la OCDE, México apenas tiene la capacidad de recaudar un equivalente al 11% del PIB, mientras otros países latinoamericanos que tienen similitudes económicas, recaudan del 16 al 18%. Y aunque pareciera mucho o poco, el significado de estas cifras depende del Gasto que deseé hacer el Estado, ya que si éste, no pretende inferir demasiado, con ingresos moderados para pagar su funcionamiento y hacer algún proyecto, está bien. Empero, en el caso de México, la urgencia de aumentar el gasto es tal, para poder salir de una crisis que sigue mermando la capacidad productiva del país.

El abrupto cambio de modelo en 1982 se debió a la crisis de la deuda que llegó a magnitudes inimaginables y a un cese de pagos que no sólo se debió a las condiciones internacionales como la tasa de interés impuesta desde Norteamérica o las fluctuaciones del precio del petróleo, sino también a las condiciones internas, el despilfarro de recursos en el Gasto Público y la renuencia a aplicar una reforma tributaria que pudiera aumentar la pobre recaudación de manera significativa.

Casi 30 años después, los ajustes se dieron en el sentido de restablecer el equilibrio de las Finanzas Públicas de manera que se renegoció la deuda y se enfocaron todos los esfuerzos y los recursos (incluidos los de las privatizaciones) a pagarla, se eliminaron programas gubernamentales y la política social era insuficiente y poco dirigida hacia los sectores más vulnerables de la sociedad, en tanto que en el terreno monetario el único objetivo se transformó en el control de precios. El equilibrio estaba basado en la reducción del Gasto Público y no en el aumento de los ingresos tributarios, siendo además un equilibrio débil, que depende del gravamen al petróleo, se trató en suma de la retirada de inversión pública que nunca fue sustituida por el sector privado, el

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deterioro del ahorro interno y por tanto un estancamiento económico permanente que ha ido debilitando los salarios reales y el bienestar social.

El avance sobre los impuestos indirectos ha sido incompleto para consolidarse como una nueva fuente de ingresos, en tanto que descansa sobre una estructura compleja, los vacios existentes dentro del sistema impositivo, lo convierten inequitativo, ya que los agentes con mayores ingresos tienen la posibilidad de evadir y/o eludir al fisco, asimismo cuentan con tratamientos especiales y excepciones; Mientras tanto la existencia de una reducida base impositiva, presiona en demasía a la población cautiva, siendo que gran parte de la población activa está libre de impuestos.

Si bien (sobre todo en el sexenio del presidente Carlos Salinas), se ha transformado la estructura tributaria y se han tenido avances e innovaciones de manera que se amplíe la base para el cobro de impuestos, se impida la doble tributación y se simplifique con miras a evitar la evasión y elusión, lo cierto es que en periodos expansivos la determinación por lograr un cambio sólido en esta materia ha quedado olvidada y se ha relajado, de manera que incluso las tasas se han disminuido sobre todo en épocas electorales.

La política de gasto, depende totalmente de la estructura tributaria, sin embargo, es importante destacar que se han dado pasos hacia centralizar los objetivos y destino de los recursos para aumentar su productividad, de manera que la prioridad ha sido las obras de infraestructura y la formación de capital humano que ayude a superar el rezago y la pobreza.

A pesar que se han tenido avances en materia fiscal, estos han sido de manera pausada durante los últimos años, debido a la incertidumbre de la profundidad y duración de la fuerte crisis del 2008 que deterioró las perspectivas de crecimiento. Y aunque se usaron los “nuevos” fondos de estabilización, producto de los excedentes de la exportación del petróleo, éstos se ocuparon en mayor parte a estabilizar el saldo de las finanzas públicas, mientras que el resto, en programas de apoyo, destinados principalmente a la Infraestructura. Hecho que llega a sorprender debido a la lentitud de resultados que se presenta dentro de la inversión a infraestructura, siendo que se necesitaban medidas con mayor rapidez de acción y empuje de la economía.

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El equilibrio que han guardado recientemente en las finanzas públicas es parcial y sumamente frágil, estando basado en la supresión del gasto, lo que genera un vacío de inversión y contribuye al estancamiento económico y a la debilidad frente a los choques provenientes del exterior, de mantenerse esta situación, se irán minando entonces las escasas posibilidades del desarrollo.

Actualmente, de acuerdo al documento de “Criterios Generales de Política Económica” realizado en la Cámara de Diputados, se busca fortalecer los ingresos y reducir la dependencia de los ingresos petroleros. No obstante, las condiciones económicas que se prevén, así como los requerimientos para implementar las acciones que impulsen las reformas estructurales propuestas, hacen necesario que el sector público ofrezca un mayor estímulo contracíclico a la economía nacional. (p. 126) Asimismo, por la necesidad de buscar medidas que ayuden al crecimiento de la economía, se aprobó en 2014, un déficit de casi el 0.5% del PIB, estimando que para 2017, pueda alcanzar el equilibrio. Este endeudamiento, estuvo planeado para que fuera internamente, así los pasivos se tendrán que pagar en moneda nacional, recayendo en el ejercicio de las emisiones de instrumentos de largo plazo con tasa de interés fija. Pero a su vez, se incrementó las tasas impositivas, se establecieron nuevos gravámenes y se eliminó las deducciones y regímenes especiales, así como el aumento de las facultades de fiscalización del SAT.

Sin embargo, para el 2015, se prevé que México recurra a una Política Fiscal expansiva, ya que se está buscando un incremento en el déficit de 1.5% del PIB, para verse reflejado en un mayor gasto público y, bajo la promesa de que no habrán más impuestos o un incremento en la tasa impositiva.