En las calles de las ciudades principales del país, al menos hasta entrada la década de 1960, las autoridades de policía podían rapar a mate a manera de marca infamante y exhibir públicamente a “rateros, hacinados en un gran camión cuya sirena tocaba con estridencia alarmante […] para que todo el mundo se enterase de su condición de ladrones”,293 como sucedió en la ciudad de Guayaquil a finales de 1962. (Figura 14).
Así mismo, al menos hasta entrada la década de 1970, se podía ver hombres
presos cumpliendo trabajo forzado en obras públicas.294 Más todavía, los presos eran
parte de la vida cotidiana del Centro Histórico de Quito, entre otras cosas, por la intensa vida social en las cárceles facilitada por el ingreso de multitudes los días de visita295 y por la viva actividad económica desarrollada en torno a las prisiones.
Los ciudadanos todavía podían preguntarse: “¿En nombre de qué ética, de qué principios, de qué normas jurídicas podemos condenar la delincuencia de los de abajo, si los de arriba gozan del inconstitucional privilegio de la impunidad?”.296De 293 “¿La sanción es sólo para éstos…?”, en Vistazo, No. 66, Quito, noviembre de 1962. Las religiosas
del Buen Pastor rapaban a las niñas y jóvenes encerradas en la correccional bajo su cargo en Conocoto - Quito, a manera de castigo por infracciones cometidas en el encierro y como marca física de las incorregibles, al menos hasta entrada la década de 1970. Rossana Silva, entrevista en INREDH, 14 de marzo de 2014.
294 Era de conocimiento público que “Los hampones y contraventores de Guayaquil, los borrachitos
consuetudinarios, los que viven de atacar la propiedad ajena […] tendrán que cumplir sus condenas trabajando, en diversas obras públicas, y recibiendo por concepto de su trabajo un jornal adecuado”. “En estos 30 días”, en Vistazo, No. 79, Quito, diciembre 1963. En Quito, por lo menos los presos de la Cárcel Pública y al menos hasta entrada la década de 1970, igualmente eran sacados durante las mañanas a cumplir trabajo forzado en obras públicas, sin que podamos determinar la regularidad de esta práctica a lo largo del período. Homero Villagómez, Director de la Cárcel Pública, en Oficio del 26 de octubre de 1970 al Juez Primero del Crimen. (AGCJP).
295 En las cárceles de varones y mujeres, con la excepción del periodo de administración de la cárcel
de mujeres encargada a las religiosas del Buen Pastor, hasta la primera década del siglo XXI estaban institucionalizados tres días de visita: miércoles, sábados y domingos. Los visitantes podían entrar sin restricción de parentesco, edad ni número de visitas por preso, a cualquier hora del día laborable, con excepción del horario de almuerzo. Una vez adentro, los visitantes podían moverse con pocas restricciones por las instalaciones penitenciarias.
296 “¿La sanción es sólo para éstos…?”, ibid. Preguntas y reflexiones de este tipo también podían
hecho, hasta entrada la década de 1970, con excepciones que encontraron su lugar en la prensa como monstruosidades extraordinarias, los perfiles sociales señalados como
delincuenciales todavía eran reconocidos como “delincuentes de menor cuantía”297
pertenecientes a los sectores urbanos depauperados.
Figura 14:
Rapado de delincuentes contra la propiedad, previo a su exposición a lo largo de una vía principal de Guayaquil. Vistazo, No. 66, Quito, 1962
En aquel escenario social de empobrecimiento sistémico de masas, era un hecho que la modernización de la institucionalidad punitiva del Estado no podía tender a la “reeducación” de quienes de hecho no tenían opciones legales de sobrevivencia en la ciudad; no podía pretender la “habilitación laboral” de la población señalada como infractora para su incorporación al aparato productivo o al sector servicios, pues estos eran incapaces de absorber a las masas urbanas devenidas superfluas.
En ese contexto, el fortalecimiento de la institucionalidad pública de lucha contra los ilegalismos, implicó una intensificación del control policial callejero de los sectores populares económicamente activos, que suponía la coerción policial a pie de calle y el sometimiento de muy diversos perfiles urbanos a encierros temporales, pero frecuentes.298 De esa manera, los calabozos de detención transitoria, las oficinas
de investigación criminal y aún las cárceles, constituyeron ambientes muy transitados, de hacinamiento e intimidad creciente con los agentes de Estado. En
297 Idem.
298 En el capítulo anterior hablamos de las batidas como práctica policial institucionalizada de
detención masiva de sospechosos, y de los recorridos regulares de recogida de sospechosos y “delincuentes conocidos” por parte de los agentes del SIC.
efecto, la modernización de los aparatos punitivos del Estado facilitó el desarrollo de la capacidad estatal de incorporación de una población peyorada creciente a unos itinerarios del poder punitivo, que vinculaban las calles con los calabozos de detención transitoria y, para los perfiles diferenciados como delincuenciales, con las oficinas de investigación criminal y las cárceles, cuyas puertas de salida conducían a los liberados a las calles sometidas a vigilancia y control policial.
Los lugares de encierro fueron prácticamente abandonados por las más altas autoridades del Estado en términos de recursos y de administración de la población interna a cargo de los custodios, lo que hizo de aquellos sitios algo muy diferente de los centros de aislamiento correccional propios de los regímenes disciplinarios modernos.299 En aquellos sitios, la sola sobrevivencia de la población interna
dependía de la comunicación y la circulación de recursos adentro - afuera, activadas por los penados, las personas que tejían sus redes de sostenimiento y cooperación social, y otras de la economía informal. Como las calles, los lugares de encierro eran ambientes de presencia masiva de allegados de los infractores y oferentes de bienes y servicios. Efectivamente, borradas del campo público de visibilidad, muchas personas, especialmente mujeres que eran madres, convivientes, hijas, correos, intermediarias u oferentes de bienes o servicios para los infractores, jugaron un papel protagónico en el sostenimiento de la población confinada en la miseria y sometida a la negociación de su situación de vida en el encierro con las autoridades. Fue así como los lugares de encierro se consolidaron como espacios de prolongación e intensificación de las relaciones callejeras de negociación asimétrica entre la población transgresora y las autoridades, que excedía con mucho a los individuos infractores.
Cuando hablamos de abandono estatal de los centros de detención, no nos referimos al fracaso del régimen de gestión estatal de los ilegalismos populares sino a
299 Michel Foucault muestra cómo en Europa occidental la consolidación del encarcelamiento como
sanción penal casi exclusiva desde finales del siglo XVIII, estuvo directamente relacionada con el desarrollo de instituciones disciplinarias a lo largo del cuerpo social. Michel Foucault, Vigilar y
castigar, Madrid, Siglo XXI, 1994. El análisis de Erving Goffman sobre las instituciones totales
modernas, también ha servido como referencia fundamental para el estudio de los regímenes penitenciarios. Erving Goffman, Internados. Ensayos sobre la situación social de los enfermos
mentales, Bs. As., Amorrortu editores, 2001. En mi criterio, el trabajo de Goffman tampoco constituye
un marco interpretativo adecuado para el análisis del sistema penitenciario ecuatoriano, al menos hasta el año 2014, cuando la implementación de un nuevo régimen penitenciario de alta seguridad afectó de manera radical la vida de la población penitenciaria hacinada en las cárceles de Quito.
la consolidación de un particular sistema de (auto)gestión del castigo en la precariedad, productivo en términos de gobierno. De hecho, en una ciudad donde los sectores populares económicamente activos en las calles negociaban su existencia con las autoridades, el tránsito de multitudes empobrecidas por las diversas estaciones de aquel circuito del poder punitivo, producía ganancias para los agentes de Estado, de modo que para ellos participar del sistema de administración de los ilegalismos, amparados por la tolerancia de las más altas autoridades del Estado, era un asunto de interés económico no de conciencia ciudadana. De esa manera, la expansión económica y social de los sectores populares irregulares, encontraba en ese sistema de coacción estatal un límite patente.
Además, el tránsito de masas de contraventores contra la propiedad por aquel circuito del poder punitivo, produjo “delincuentes conocidos” por los agentes del Servicio de Investigación Criminal (SIC) y sentenciados en varias ocasiones como reincidentes por los jueces del crimen. En el mismo sentido, los centros de encierro, especialmente las cárceles, se fueron configurando como ambientes de sociabilidad “antisocial” y consolidación de una cultura propia del “mundo del hampa”. Fue así como el “mundo del hampa”, cada vez más presente en los medios de comunicación en su miserable opacidad, avanzada la década de 1980 empezó a legitimar la Seguridad Ciudadana como coordenada de gobierno del miedo de las clases medias a las “olas” de delincuencia que “azotaban” la ciudad.300