Robot Learning and Working Phase of the Assistive Manipulation Task

Las transformaciones que le dan los contornos actuales a la agricultura y al mercado de trabajo agrícola son parte de un proceso amplio que, como vimos en el capítulo anterior, es histórico pero adquiere singularidad en algunos períodos.

En este apartado nos proponemos argumentar, que el carácter de la reestructuración agrícola de las tres últimas décadas, enmarcada en el cambio de modelo de la economía mexicana, deriva en un conjunto de procesos que agravan la situación social en el campo. Por un lado, los resultados de la exclusión del grueso de campesinos a que da lugar el proyecto reestructurador,

58 acentuaron la pobreza rural agudizando las condiciones que ampliarían la base de trabajadores explotables en la agricultura, especialmente entre la población indígena. Por otro lado, la modificación de la estructura productiva agraria mediada por la modificación de las políticas del Estado, la mayor penetración del capital agroindustrial-alimentario nacional y multinacional y la firma del TLCAN, incentivaron un tipo de reconversión agrícola que desestructuró el andamiaje de la producción básica de alimentos fundamentado en la producción campesina y aumentó la demanda de mano de obra (jornales) en cultivos hortofrutícolas cuya producción fue incentivada por la apertura y el crecimiento del mercado interno. El panorama resultante, semeja una agricultura desestructurada de campesinos, reconvertida a la producción capitalista y fuertemente especializada en la producción y exportación de productos agrícolas con alta demanda externa e interna. Planteamos antes, una definición general y los rasgos que definen la reestructuración en sus niveles más importantes.

Desde una perspectiva comprensiva, el agotamiento de una modalidad de desarrollo y las formas de imponer nuevas condiciones para normar y dinamizar el proceso de acumulación de capital conforman un proceso que sólo se entiende en el marco de las relaciones entre fracciones y clases y sus expresiones en la organización del Estado reflejadas en nuevos equilibrios de poder. Así, el declive de un conjunto de estrategias y sistemas institucionales construidos para canalizar y acelerar el desarrollo del capitalismo, se reflejan en el desgaste del sistema de equilibrio y reparto de poder entre distintas fracciones de la burguesía20. Esto acarrea repercusiones no sólo económicas sino también sociopolíticas que pueden ser de gran envergadura. La dinámica reestructuradora de la que depende la superación o no de la crisis implica pues, consolidar nuevas relaciones de poder y fuerza para imponer nuevas hegemonías económicas y políticas (Rivera; 1992:29-30).

La reestructuración así entendida tiene pues, múltiples dimensiones. En su acepción más simple, hay consenso en que se trata de una serie de respuestas frente a la crisis de los modelos de desarrollo vigentes desde la segunda Guerra Mundial que agotaron sus posibilidades de garantizar un ritmo adecuado de acumulación 21.

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Estos nuevos equilibrios de grupos de poder económico en la agricultura tienen también su expresión regional, por lo que las nuevas orientaciones productivas y de las políticas en este nivel, obedecen a las definiciones de esos grupos y de sus intereses a nivel local, en gran parte mediados por el Estado.

21 _{Visto esto desde una dimensión global y de largo plazo, en la actualidad se asistiría a la tercera reestructuración}

importante del capitalismo. La primera de ellas significada por el cambio cualitativo de un capitalismo industrial hacia un capitalismo monopolista de base nacional en el siglo XIX. La segunda, como una respuesta a la crisis de la

59 En sus efectos prácticos y en su dimensión internacional, la reestructuración comenzaría con las crisis de los setenta y ochenta modificando ampliamente las relaciones económicas y comerciales y determinando que la apertura sería ahora un espacio global en el que habrían de perseguirse los objetivos de acumulación bajo nuevos esquemas de integración y en el marco de una distinta intervención de los estados nacionales inclinados a promover tal dinámica. Los cambios que las oligarquías financieras e industriales impusieron en el orden financiero, industrial y tecnológico, configurarían ejes motrices sobre los que se haría descansar la reestructuración. En esto quedaban implícitos los cambios que afectarían a la agricultura de países desarrollados y subdesarrollados.

A nivel de las corporaciones, pero también de las grandes, medianas y pequeñas empresas nacionales (incluidas las agropecuarias), se plantean nuevas estrategias en aras de alcanzar una mayor competitividad externa y la reinserción económica internacional. Se impone una transformación productiva con afectaciones a nivel de modelos de organización y uso del trabajo, de flexibilización de las relaciones laborales y de liberalización de los mercados. También se producen cambios en los marcos institucionales que regulan la actividad económica y modificaciones sustanciales en la política social para corresponder con los requerimientos de la reestructuración productiva y sus nuevas orientaciones. El estado del bienestar es seriamente fracturado en los países desarrollados, mientras que en los subdesarrollados las políticas socialmente activas de la etapa previa, se transforman en programas de atención a los damnificados de las estrategias económicas de ajuste. Se generalizan los programas de “combate a la pobreza”.

En el caso de México, la reestructuración económica implicó finiquitar el modelo de desarrollo industrial por sustitución de importaciones (ISI) y reorganizar el viraje hacia un modelo exportador con fuertes sesgos de especialización. Para darle viabilidad a este nuevo modelo, los grupos de poder a nivel nacional concentran atribuciones (poder) para decidir por el resto de la sociedad, lo que acarrea una pérdida de ciudadanía que diluye la fortaleza de los nuevos movimientos sociales frente a la agudización de las afectaciones originadas por la misma reestructuración.

primera, fundamentada en la emergencia del fordismo, el estado del bienestar y la consolidación de la sociedad asalariada. La tercera, desde la década de los setenta, se desplegaría en dos dimensiones: una nueva reestructuración capitalista convergente con el desarrollo de nuevas tecnologías (especialmente las de información) y el declive de la sociedad asalariada industrial (León; 2003:47).

60 La agricultura mexicana se sumerge así en una vorágine reestructuradora que compromete a los grupos de hegemonía económica en el sector y que repercute intensamente sobre la base de la población rural 22 que realiza una gama muy amplia de actividades agrarias (la mayoría de subsistencia), especialmente la de pequeños productores campesinos y semiproletarios agrícolas.

En términos de sus formas, la reestructuración agraria se asocia con modificaciones en la dinámica de acumulación en la agricultura (Rubio; 2002) y con las nuevas tendencias de la vida rural, como siempre, complejas, heterogéneas y cambiantes.

En su intencionalidad y espíritu, la liberalización económica que orientaría esa reestructuración, significaba dejar a los agentes privados y a las fuerzas “espontáneas” del mercado, decidir sobre la asignación de los factores productivos, conducir el incremento de las inversiones de capital en la agricultura y determinar las formas de elevar la eficiencia y desarrollo en la producción de alimentos y materias primas (Calva; 2004). En la práctica, estos procesos precisarían de las orientaciones de las políticas del Estado en favor de los grupos de interés en el sector, tanto en su cara interna como externa. Así, la reestructuración de la agricultura iniciada en este período acarrearía pues, grandes cambios e impactos que se extienden hasta hoy y que aún no terminan.

Los enfoques críticos hacen énfasis en que se trata de una nueva fase productiva de la agricultura mexicana a la que denominan agroexportadora neoliberal, y cuyas directrices pasan a ser comandadas por las agroindustrias transnacionales alimentarias interesadas en superar la crisis que enfrentaron en la década de los ochenta (Rubio; 2002).

La particularidad de esta fase es que no se trata sólo de la resolución de una crisis coyuntural que aluda a un simple cambio en algunas políticas o de ajustes en éstas como en el pasado, sino que define una nueva fisonomía del capitalismo en la cual los campesinos son excretados como productores de su dinámica de funcionamiento (García; 2002:2). Este muevo capitalismo agrario los estaría definiendo como no necesarios en la magnitud y formas en que lo fueron en el pasado. En cierto sentido, la reestructuración abre la fase final de la transición que Marx caracterizara como ineludible en el destino de la agricultura bajo el capitalismo, con la salvedad de que el empobrecimiento tan extendido a que está dando lugar rebasa la magnitud del caso clásico sin que por otro lado se generen las salidas alternas que éste configuró para la

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La población rural representaba en el 2008, el 24.3% de la población total del país (alrededor de 30 millones de personas), en 1981 eran el 40% (alrededor de 29 millones).

61 población desplazada. En sus formas, no hay diferencias sustanciales. En el resultado final, una descampesinización precaria parece imponerse.

En sus particularidades, los rasgos generales de la reestructuración se han definido por dos fenómenos paralelos. En primer término, un conjunto de programas de ajuste estructural implicaron una gran reducción de la participación del Estado en la promoción del sector agropecuario, afectando especialmente a la base de la población agraria campesina que antes disponía de varios programas y de apoyos financieros. En segundo lugar, un conjunto de variados efectos derivarían como resultado de la completa inclusión del sector en el TLCAN (Calva; 2004). Así, la reestructuración es catalizada por dicho tratado que actúa a favor de los productores capitalistas y la agroindustria alimentaria multinacional y nacional, y en contra de la producción campesina. Se define a favor de productos competitivos (especialmente hortofrutícolas) para la exportación y para el mercado interno en expansión, y en desfavor de la producción campesina interna de granos básicos. En este proceso sólo algunos campesinos capturan algún beneficio (Kay; 2007).

Y es que el perfil del grueso de productores y de las unidades de producción dejaba ver la fragilidad de la estructura productiva que involucraba a la mayor parte de los agricultores tipificados como minifundistas y de subsistencia. En 1999, la población rural era de 24.5 millones, mientras que la población activa en este contexto era de 10.7 millones distribuida entre 6.6 millones de trabajadores sin tierra, 0.9 millones de productores sin tierra y sólo 3.1 millones de productores con tierra. Así, la mayor parte de la población rural ya no tenía acceso a la tierra y sólo el 44% de los ingresos de esta población eran agropecuarios. De las unidades productivas (4 millones), el 45.8% producía para el autoconsumo, el 10.3% no registró producción, el 43.6% si registró excedentes para el mercado nacional y local, y sólo el 0.3% produjo con excedentes para exportación. El 29.5% tenía menos de 2 hectáreas, el 24.2% contaba entre 2 y 5 hectáreas y el 36% con más de 5 hectáreas; esto es, el 53.7% eran unidades de menos de 5 hectáreas. Del conjunto de productores, 9 de cada 10 no contaban con apoyo tecnológico alguno y 8 de cada 10 no tenían alguna forma de organización del trabajo. 45% de los productores tenían familiares en Estados Unidos y la escolaridad promedio era de 3.1 años de primaria contra 7.1 en el medio urbano. La productividad y valor agregado de la mayoría de las unidades era muy baja, por lo que el intercambio alimentario era recurrentemente deficitario (Guerra; 2008).

62 En este escenario, las visiones sobre el carácter determinante de los impactos productivos y sociales de la reestructuración parecen matizarse con variados argumentos. La visión oficial resalta “los buenos resultados” en el balance, apegando su racionalidad a los convencionalismos de la economía neoclásica. Según dicha visión, el carácter antieconómico del minifundio lo condena al declive en una economía con mecanismos de eficiencia aceitados, sólo la compactación de tierras mediante la venta, renta o asociación con empresarios hace posible reconvertir “páramos” campesinos en florecientes negocios agrícolas, aunque ello signifique que éstos se pongan de rodillas frente a los grupos agroempresariales locales y foráneos que con la Reforma al Artículo 27 Constitucional encuentran el camino allanado para acceder a ellas. Así, la fórmula del despoblamiento campesino e indígena por la apropiación de sus tierras incrementa la escala y la eficiencia, las inversiones, la productividad, los ingresos, el empleo y el crecimiento (García; 2002:6).

Para la perspectiva gubernamental pues, los campesinos son empresarios, puesto que se formulan un proyecto (sembrar maíz, por ejemplo), tienen recursos (semilla, tierra y algún instrumento de trabajo), tienen un mercado en el cual competir que les da acceso a dinero y también a métodos de trabajo. Luego entonces, la disputa social sobre la naturaleza del campesino se vuelve anacrónica y ya no tiene razón de ser en el siglo XXI 23 (Calderón; 2006).

Los Presidentes de los tres últimos sexenios y sus gabinetes agropecuarios no han cesado en la valoración positiva de los resultados en el balance. Estas perspectivas no necesitan por tanto una examinación exhaustiva, pues en general coinciden con el espíritu teórico que ha animado las medidas catalizadoras de la reestructuración agropecuaria, especialmente con la firma del TLCAN, la reorientación de las políticas públicas y la reforma agraria centrada en las modificaciones al Artículo 27 Constitucional.

Las organizaciones agropecuarias que aglutinan las visiones empresariales con intereses en la reestructuración, así como los consejos directivos de las agroindustrias alimentarias multinacionales y nacionales coinciden también en los buenos resultados. Sólo las organizaciones campesinas de distintos signo y sectores del mundo académico presentan resistencias, advierten y dan cuenta de los catastróficos resultados que a nivel social está teniendo el avance del proyecto neoliberal en la agricultura.

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Cita de Calderón (2006:248) sobre los términos en que Javier Usabiaga, Secretario de Agricultura en el gobierno de Vicente Fox, pone a los campesinos.

63 En el continuo de posicionamientos, hay también visiones matizadas para las que no parece haber resultados contundentes, o bien, se trata de resultados que en todo caso encajan en la lógica prevista, pero que no son tan graves. Así, Froilán (2004) ha sostenido que los impactos derivados de la firma del TLC han sido marginales con respecto al papel como productores de los campesinos minifundistas, el grueso de ellos más bien abocados a la subsistencia. En cambio, las afectaciones son mucho más sensibles para éstos en su relación con el mercado de trabajo. En este sentido, la orientación de la reestructuración determina que la mayoría de los campesinos minifundistas se conviertan en disfuncionales para el mercado interno24 (generación de sobrepoblación absoluta) y funcionales para el mercado externo a través de la exportación de fuerza de trabajo mediante la migración hacia Estados Unidos o en su ubicación como mano de obra barata en las actividades agrícolas de exportación dentro del país 25. Dentro de esta, por supuesto, cabe la migración jornalera y especialmente la de los más desfavorecidos, los indígenas.

En el caso de los productores minifundistas que subsisten, su supervivencia debe evaluarse en relación de su eficiencia medida, no en términos de sus costos y precios de producción, sino en términos de su subsistencia misma, pues a muchos de los que están en esta situación les es posible sobrevivir en la pobreza y a la vez emplearse asalariadamente o realizar algunas otras actividades precarias. Se reconoce que, necesariamente, este grupo empeora su condición con la reestructuración, pues sólo disponen del 11% de una tierra de mala calidad, atomizada, sin infraestructura y empobrecida. Así, una parte de esta población pauperizada, y no toda, debe pasar a ser objetivo de la política social (Froilán; 2004).

Por el contrario, para las perspectivas críticas, los resultados enuncian la gravedad de la situación, tanto en términos productivos como sociales y políticos. Así, se sostiene, que los impactos directos e indirectos ocasionados por el retiro del Estado, la reforma al Artículo 27 y la firma del TLCAN, han dado como resultado el crecimiento y agudización de la pobreza del campesinado, el que, frente al nuevo escenario, enfrenta además el cierre de alternativas en los otros sectores que recurrentemente también son afectados por las crisis desde 1982 (las de 1986- 1987, 1994-1995 y, posteriormente, por las del 2001 y 2009). En general, salta a la vista que la

24 _{Funcionalidad que si cumplían en el contexto del desarrollo industrializador de orientación hacia dentro, vigente}

hasta los años setenta.

25 _{El autor remarca que, aunque las nuevas condiciones económicas han mermado la función salarial del}

minifundismo, dejan en pie su función de subsistencia y la de estabilidad social y política del campo, asimismo sigue regulando la migración rural a las ciudades y al extranjero.

64 estrategia de política económica y agraria no ha ponderado el importante papel que el campesinado juega en la estabilidad social y política del país (García; 2002).

Así, los campesinos ven modificado su papel como productores de alimentos baratos contenedores del salario y como consumidores de los productos industriales, pues el predominio del capital agroindustrial y el papel de las políticas agrícolas de los gobiernos de los países desarrollados (con el concurso de gobiernos como el de México) a favor de ese predominio, aceleran la desestructuración campesina y la producción local de granos y alimentos al promover, con elevados subsidios, las ventajas sobre la pequeña y mediana producción comercial y también la de subsistencia. El alud de importaciones se configura en este contexto como el resultado necesario (Rubio; 2001, García; 2002).

Las condiciones mismas de la negociación del TLCAN llevaron al gobierno mexicano a aceptar tácitamente este resultado, renunciando a producir internamente bajo las anteriores formas de promoción de la actividad agrícola por considerar que la lógica debía ser resuelta por el mercado mediante la exposición a la competencia de los productores nacionales, la mayoría de estos en una total desventaja en la producción de granos básicos. Sin soportes, y ya sin protección, las crecientes importaciones comenzaron a desplazar paulatinamente a los productores comerciales de granos y empeorando la situación de los de subsistencia, que son el grueso de campesinos en las áreas rurales 26.

Así pues, en el proceso reestructurador, la población campesina pauperizada siguió confinada al círculo vicioso de pobreza en las zonas rurales deprimidas y a cumplir con las funciones de abastecimiento de mano de obra barata para los mercados de fuerza de trabajo ubicados en los circuitos de la agricultura empresarial en las zonas ya consolidadas y en emergencia, o bien a la migración internacional e interna con una diversificada polaridad de destinos (campo y ciudad) sin la seguridad de encontrar cabida.

Para completar el cuadro, el conjunto de políticas reestructuradoras dio fin a la reforma agraria que, en su balance, tampoco resolvió de fondo los problemas seculares de pobreza y atraso del sector campesino, ejidal y comunal, como lo afirmaba Warman (2002). Claro que, este fracaso, tiene sus raíces en el agotamiento de la funcionalidad otorgada a la agricultura campesina en el

26 _{García (2002:5) considera que a inicios de los noventa sólo el 15% de los productores campesinos (de una}

población de unos 3 millones de productores) podían conjuntar las condiciones para competir ante esta exposición, el 35% podía hacerlo con el apoyo financiero del gobierno, pero no el 50% de productores (1.5 millones) conformado por pequeños campesinos pobres para los que, sabedores en el gobierno del resultado previsible, sólo se plantearon algunas medidas paliativas de política social.

65 contexto del desarrollo industrializador sustitutivo del capitalismo mexicano desde los años cuarenta, pues la transferencia de excedentes campesinos conformaba una fuente importante de acumulación para la industria en ascenso. De hecho, esta era la premisa de su integración productiva (Warman; 1972). Por lo tanto, en la lógica del nuevo modelo, ni el ejido ni la economía campesina fueron llamados a cumplir un papel preponderante, tanto en términos productivos como en la perspectiva ante la apertura económica y el tratado de libre comercio. Por el contrario, estos