Chapter 3 Life-cycle Portfolio Choice with Labour Income Ambiguity
3.3 Robust Optimization Approach to the Life-cycle Portfolio Choice Problem
Cooperación merece el tortuoso proceso de debate que se ha producido a lo largo de 2005 y 2006 en el seno del mismo, con motivo de la elaboración de su primer informe sobre coherencia de políticas.
Sin duda alguna, la propia incorporación en el Real Decreto que regula las funciones del Consejo de un mandato relativo a la elaboración de un informe anual de este tipo, para su envío al Parlamento, es una buena noticia que da muestra del impulso que se le quiere dar a este tema.
La organización de un grupo de trabajo en el Consejo para elaborar este informe, con participación permanente de siete ministerios, junto con diversos actores sociales y expertos académicos, también supone en sí mimo todo un avance, ya que genera un proceso de intercambio flui-
do de opiniones que, cuando menos, ha contribuido a favorecer un mayor conocimiento entre todos los actores y a hacer que afloren las importantes diferencias de pers- pectiva que aún hoy persisten.
Diferencias que precisamente han puesto de manifiesto el largo camino que nos queda por recorrer. Tal y como se refleja en la explicación de voto elaborada por las ONGD representadas en el Consejo de Cooperación81, el proceso de elaboración del informe finalmente remitido al parla- mento generó numerosas dificultades, achacables en buena medida al hecho de tratarse de un primer esfuerzo de este tipo, a la falta de experiencia de algunos ministe- rios en el diálogo con actores sociales –diferentes al menos de sus interlocutores habituales– y a la notable ausencia de una posición común previa en el seno de la Administración, incluso en lo relativo al propio concepto de la coherencia de políticas.
recuadro 9
80Ver al respecto el documento valorativo sobre el ciclo de planificación aprobado en el Pleno del Consejo del 18 de julio de 2006.
81En el momento de elaborar este informe la página web del Ministerio de Exteriores y Cooperación recoge solamente el documento consensuado y no las actas del Consejo ni las expli-
Así, buena parte de las energías se fueron en el replante- amiento permanente de la “direccionalidad” de la cohe- rencia –¿debe ser coherente el resto de políticas con la de cooperación o al revés, debe ser la ayuda con el resto de políticas, centradas de manera natural en defender los intereses españoles–, a pesar de la claridad de la Ley de Cooperación al respecto.
Otro aspecto importante de dificultad vino generado por la propia dinámica del Consejo de Cooperación. Si bien las ONGD hemos respaldado siempre una presencia cualifi- cada de la Administración en el Consejo, entendiendo que la misma facilitaba un debate informado y relevante con los principales organismos gestores de la cooperación española, este hecho ha generado importantes dificulta- des en el debate en torno a la coherencia de políticas, al tener que debatir hasta el infinito con los representantes de la Administración las debilidades y recomendaciones que se le hacían a sus propias instituciones. Sin cuestio- nar en ningún momento el valor del consenso, lo cierto es que esta dinámica ha supuesto que, existiendo posicio- nes mayoritarias muy próximas, ha sido la posición de un solo actor la que ha llevado a revisar repetidamente los textos, lo que al final ha generado un redactado tan ambi- guo que resulta realmente complicado detectar qué ries- gos de incoherencia se plantean o qué orientaciones se proponen para avanzar hacia una coherencia mayor.
Así ocurrió, por ejemplo, en el caso del texto sobre comer- cio internacional y desarrollo, en el que las interminables correcciones y puntualizaciones del Ministerio de
Agricultura desvirtuaron el contenido de un planteamien- to original compartido por el resto de actores presentes. Un proceso de similares características se produjo en el caso del texto sobre el rol de las Fuerzas Armadas en la acción humanitaria, con la salvedad añadida en este caso de que el planteamiento divergente del Ministerio de Defensa sólo se expuso después de más de seis meses de trabajo, tiempo durante el cual habían estado perma- nentemente representados en dicho grupo.
Afortunadamente –y a pesar de las dificultades propias del caso– también ha habido apartados en los que el logro del consenso no ha venido acompañado de una degradación total de los contenidos acordados, como es el caso de los textos relativos a la deuda externa y a la implementación de los acuerdos emanados de la Asamblea General de NNUU de septiembre de 2005.
Como hemos dicho, entendemos que en buena medida estos titubeos y descoordinaciones se deben al hecho de encontrarnos ante un primer ejercicio de este tipo, motivo por el cual valoramos positivamente el resultado y espera- mos que dé pie a un interesante debate parlamentario, así como a una reflexión y acción más decidida en el seno de la propia Administración.
La actividad parlamentaria de la Comisión de Cooperación del Congreso de los Diputados en el ejercicio 2005-2006
ha estado marcada fundamentalmente por la participación de sus portavoces en el debate en torno a la Ley de Deuda y el Estatuto del cooperante82, junto con los temas más estables de su agenda, tales como los Presupuestos
Parlamento
82Si bien este último no tuvo una tramitación legislativa propiamente dicha, se le dedicó una sesión monográfica con asistencia de la secretaria de Estado de Cooperación, Leire Pajín
(véase Diario de Sesiones del 14 de febrero de 2006).
Marta Arias Directora de Campañas y Estudios de Intermón Oxfam Representante de la CONGDE en el Grupo de Trabajo sobre Coherencia de Políticas del Consejo de Cooperación
Generales del Estado o el Plan Anual de Cooperación Internacional83.
Resulta destacable –particularmente en el contexto política- mente crispado de nuestro país– la permanencia de un ele- vado nivel de consenso en torno a los temas más relevantes, aspecto que no podemos dejar de valorar positivamente. También es positivo el seguimiento efectuado en el Congreso de la agenda internacional del desarrollo,particularmente en relación a los principales eventos acontecidos en el año 2005: la Cumbre del Milenio de Naciones Unidas en septiem- bre y la Conferencia de la Organización Mundial del Comercio en el mes de diciembre. En el primer caso el seguimiento se centró más en el análisis a posteriori –con sendas compare- cencias del ministro Moratinos y la secretaria de Estado de Cooperación, Pajín Iraola, el 6 de octubre y el 8 de noviembre
de 2005 respectivamente–, lo que permitió al Congreso con- trastar la valoración más triunfalista del Gobierno español con la perspectiva crítica de las organizaciones sociales.
En el caso de Hong Kong, ciertamente hay que valorar un interés mayor que el generado en el pasado por parte del Parlamento español ante un tema tan crucial como es el del impacto de las reglas comerciales en la pobreza internacio- nal. Probablemente aspectos como los cambios en la regula- ción del sector textil, la reforma de la Política Agraria Común (PAC) y la propia conferencia han contribuido a despertar un debate que ha estado presente a lo largo del año. Incluso se llegó a celebrar una jornada parlamentaria al respecto con un importante nivel de debate y asistencia, que impulsó la aprobación posterior por unanimidad de una proposición no de ley.
83Otro de los temas clave en las propuestas de los diferentes grupos parlamentarios ha sido los sectores sociales. El grupo socialista en el Congreso presentó una PnDL sobre la
potenciación de la cooperación en materia de programas de salud (31 de mayo de 2005); el grupo popular para lograr un mayor esfuerzo de la cooperación española destinada a aumentar los recursos de la educación en el mundo. Finalmente el grupo parlamentario catarán, Convergencia i Unió, presentó otra PndL para instar al Gobierno a aportar al menos 100 millones de dólares al Fondo Mundial contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria y al Programa de Naciones Unidas contra el Sida en los próximos años.
P ablo Tosco / I ntermón O xfam c
Es de esperar en todo caso que laimplicación del Parlamento español y la rendición de cuentas del Gobierno español ante este tipo de acontecimientos vaya afianzándose,establecién- dose por norma una presentación previa de las posiciones a defender e incorporando paulatinamente a representantes parlamentarios –junto con organizaciones sociales– en las delegaciones oficiales, construyendo en torno a ello un proceso de trabajo y consenso.
Sería también positivo que la Comisión de Cooperación sistematizase de una manera más formal su relación con la sociedad civil y se planteara la solicitud de comparecencias en momentos especiales como la presentación de informes, la discusión de los documentos anuales de planificación y evaluación u otros similares. En particular, la presentación y debate en el Parlamento del Informe sobre coherencia de políticas del Consejo de Cooperación podría ser una ocasión privilegiada para plantear una interlocución de este tipo, ya que se podría convocar a diversos actores para que presenten con más detalle su valoración del proceso y su resultado.