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es necesaria una intervención sistemática del estado para compensarlos. Lo que es lo mismo, que los resultados del libre comercio no son necesariamente consistentes en todo momento con la promoción y el mantenimiento de objetivos sociales colec- tivamente compartidos y que siendo tales, deben constituir necesariamente com- ponentes esenciales de un buen gobierno.

Esto lo saben bien, cabe señalar, los países industrializados que se niegan a renunciar a las políticas de subsidios agrícolas y mantienen estos mercados claves cerrados o apenas entreabiertos para los productores del mundo en desarrollo.

Así las cosas, no puede dejarse de reconocer la prominencia justificada de objeti- vos sociales en el diseño y ejecución de las políticas públicas. Pero, asimismo, corresponde ejercer la procura de ellos con la debida consideración a los efectos de la conciliación consiguiente de los posibles efectos de tales políticas sobre terceros. Sin duda que hacer buen gobierno es tener presente, en su ejercicio, las preferen- cias y necesidades de la sociedad que ha otorgado su autoridad. También debe serlo no desestimar la dimensión internacional de las acciones correspondientes. No sos- layar la responsabilidad de las consecuencias con quienes en ningún momento han otorgado su consenso para ello.

El concepto de buen gobierno en los tiempos actuales tiene que recoger una y otra categoría de consideraciones. La responsabilidad hacia terceros de políticas en si mismas plenamente válidas por su consistencia con objetivos socialmente fun- damentados a nivel nacional, -que es el único apoyo de gobierno necesario- no puede ser desconocida o minimizada pues también afecta otros objetivos que deben reconocerse como igualmente pertinentes desde el punto de vista de la sociedad glo- bal.

El concepto de gobierno -de buen gobierno- a nivel global, debe expandirse para incluir, legítimamente, decisiones y acciones multigubernamentales, en determina- das circunstancias y áreas de intervención. Pueden concebirse en este sentido situaciones diversas de participación y concertación, desde las estrictamente bila- terales a las de creciente alcance: sub-regionales, regionales, intra-regionales y glo- bales.

Por supuesto, en este contexto de referencia, que es el desarrollo equitativo de los países latinoamericanos y caribeños, la responsabilidad fundamental corresponde a los respectivos estados nacionales. Para cumplirla exitosamente serán necesarios pero no bastarán con aplicar los principios fundamentales generalmente aceptados de transparencia, rendición de cuentas, asunción plena de responsabilidades, par- ticipación ciudadana, eficacia administrativa, entre otros.

La manifestación crucial de un buen gobierno dependerá, más allá del instru- mental ya citado, en la especificación precisa, a nivel operativo, de lo que pudiéra- mos llamar las preferencias colectivas nacionales. Para lo cual, la consulta e incor- poración de los distintos sectores sociales y la consideración de todas las variables relevantes de interés público, conjuntamente con sus prioridades, son absoluta- mente necesarias como referencia y guía para la acción de gobierno.

Su ejecución supone un alto grado de aplicación de juicios de valor y de concilia- ción de demandas sociales. No es una tarea fácil. Pero es indispensable. Un ele- mento que podría significar una especie de criterio compuesto para conducir ese proceso, podría consistir en la consideración de los pesos e incidencia que tienen objetivos revelados como prioritarios a nivel colectivo para el mejoramiento de la inclusión social que en todo caso debe constituir una meta primaria de buen gobier- no.

Evidentemente, dada la limitación de recursos que toda sociedad confronta, será preciso ejercer una acción cuidadosa de evaluación de costos y beneficios –privados y sociales- o, en términos más estrictos, de nivelación de las utilidades marginales sociales de las diferentes acciones de gobierno.

Para ese objetivo la capacidad de criterio de los gobernantes para interpretar cabalmente y conciliar de manera sostenible y equilibrada las expresiones de pre- ferencias sectoriales y parciales; del presente y del futuro; del consumo y de la inversión agregados, determinará el respectivo grado de buen gobierno.

El cumplimiento con éxito de este primer paso fundacional de buen gobierno nacional constituye el factor clave, determinante a nivel interno, para asegurar un desarrollo económico equitativo. De un proceso autosostenido e irreversible en el tiempo. Pero también es relevante, en tal sentido –como lo es para el propio equili- bro económico y social mundial- el buen gobierno colectivo de la comunidad inter- nacional; tanto en su expresión de cooperación y acción intergubernamental que constituye un área crucial, como del manejo, administración y adecuación de la ins- titucionalidad mundial política, económica y financiera a los nuevos tiempos, que es la otra.

El déficit de buen gobierno es amplio en los tres ámbitos. Pero puede ser asimis- mo rápida su eliminación una vez que esta carencia sea por todos reconocida así como la responsabilidad compartida para su atención. Que se inicie un proceso colectivo de revisión sistemática de comportamientos y competencias y se establez- ca un programa de acción internacional concertado con un nivel de participación y consenso amplio; trascendente a los actuales esquemas cerrados de tomas de deci- sión, de reserva de protagonismo y de privilegios de voz y voto que hoy caracteri- zan la elaboración, priorización y conducción de lo que pudiéramos llamar la “agen- da global”.

Estoy seguro de que la contribución que puede hacer nuestra comunidad iberoa- mericana en este sentido es altísima. Tal vez determinante. Sobre todo si está basa- da, como debe ser y cuando corresponda, en una corrección propia de rumbos a nivel nacional y en sus expresiones regional y comunitaria.

Roberto Guarnieri es Secretario Permanente del Sistema Económico Latinoamericano (SELA).

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