Hasta el momento, hemos tratado de reproducir el marco general en el que incluir el año 1968 en España, centrándonos en aspectos económicos y sociales. En estos ámbitos, tuvieron lugar unas transformaciones de gran relevancia que acabarían afectando al ámbito político, a pesar de su pertinaz inmovilismo. ¿En qué sentido le afectaron? A mi entender, evidenciaron el carácter irreconciliable entre una sociedad, económica y socialmente, moderna y desarrollada, o, al menos con clara tendencia a ello, y un sistema político autoritario y antidemocrático. Cuanto más avanzaba la sociedad española en los ámbitos mencionados, más insostenible se volvía el régimen franquista, cuya única razón de ser era la pervivencia de su longevo creador.
En lo esencial, el régimen político configurado por el general Franco evolucionó muy poco. En sus casi cuarenta años de vigencia hubo algo que fue invariable: el poder personal del dictador, omnipresente en todos los resortes de la vida política. Franco era el único representante del poder ejecutivo y controlaba, hasta el último resquicio, el legislativo y el judicial. Pero, evidentemente, para poder ejercer tal dominio contaba con el apoyo de las fuerzas tradicionales de la derecha española, es decir, el Ejército, la Iglesia y los poderes económicos del país. Asimismo, para darle a su peculiar estructura política un barniz ideológico recurrió a la Falange, un grupo político de corte fascista que se ocupó de los aspectos más sociales del régimen.
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El Nuevo Estado que Francisco Franco quería imponer podría definirse por su oposición a todo lo que caracterizaba la Segunda República, cuyo derrocamiento él lideró. En este sentido, el régimen franquista se distinguía por la ausencia de una Constitución, que los españoles no recuperarían hasta el 78. Así pues, el Estado se regía por un conjunto de leyes dispersas, que surgían y evolucionaban en función de las circunstancias de cada momento. El franquismo borró de un plumazo el pluralismo político anterior, al que consideraba fuente de todos los males. A partir de entonces sólo habría un partido: la Falange o el Movimiento Nacional, que aglutinaba a todas las fuerzas políticas próximas al régimen y que se ocuparía también de controlar el único sindicato: la Organización Sindical. Siguiendo esta tendencia a la reducción, como ya hemos dicho, Franco personificaba todos los poderes del Estado. De todos estos rasgos se desprende el carácter profundamente antidemocrático del régimen franquista, a la par que conservador y antiliberal.
Uno de los pilares fundamentales en los que se sustentó el régimen fue el Ejército; sin él, Franco no hubiera podido mantenerse en el Poder. Si bien, en los últimos años del franquismo, surgieron de sus filas voces discordantes, lo cierto es que esta institución, casi en bloque, se mostró fiel al Caudillo de principio a fin. Como compensación a este apoyo absoluto, los militares ocuparon importantes cargos en los sucesivos gobiernos franquistas, sobre todo en los primeros. Sin embargo, en el séptimo gobierno, que será el que a nosotros nos interesará por ser el del año 1968, se notaba ya una clara disminución de su presencia y tan sólo cuatro militares ocupaban puestos ministeriales –Gobernación, Ejército, Aire y Marina–, si exceptuamos, por supuesto, la figura clave de Luis Carrero Blanco, vicepresidente desde septiembre del 67. Otros militares ejercieron su poder desde puestos clave en la Administración pública. Asimismo, el control de la Policía y de la Guardia Civil corría a cargo de los oficiales del Ejército. Su lealtad a Franco y su mano férrea, reprimiendo cualquier atisbo de sublevación, fueron la mayor garantía para la pervivencia del régimen.
El otro gran pilar del régimen fue la Iglesia. La jerarquía católica vio en Franco al principal garante de sus intereses y lo defendió fielmente, sobre todo, en los primeros años. Pero, como ocurrió con el Ejército, hacia el final de la dictadura, aparecieron importantes detractores. La Iglesia dio a Franco y a su régimen legitimidad a los ojos de los españoles, en su mayoría profundamente creyentes. En contrapartida, el Gobierno franquista confirió a la Iglesia un gran poder: recuperó gran parte de sus antiguas propiedades, recibió importantes cantidades de dinero del Estado para el mantenimiento
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y la gestión de éstas, pasó a controlar la mayor parte de la educación del país y ejerció una notable influencia sobre las costumbres y la vida moral de los españoles. Los miembros de la Iglesia también se interesaron por los problemas terrenales y decidieron aportar su granito de arena ocupando destacados cargos en instituciones políticas (Cortes, Consejo del Reino…). Por su parte, el poder terrenal también controlaba al espiritual, pues, hasta mediados de los sesenta, el Gobierno intervenía en la elección de los obispos, a través del derecho de presentación.
La amalgama de los principales poderes económicos del país fue el otro gran pilar del régimen franquista. Desde los grandes terratenientes y banqueros, pasando por la burguesía empresarial y financiera, hasta llegar a las clases medias acomodadas, todos estos grupos apoyaron al sistema franquista, del cual obtenían importantes prebendas. Ya hemos hablado de algunas de ellas, como por ejemplo, la escasa fiscalización, el proteccionismo estatal, las ayudas económicas… Aunque, como acabamos de mencionar, todos los pilares del régimen comenzaron a presentar grietas de envergadura en los últimos años de éste. Los hijos de estas élites económicas, que no habían conocido los estragos de la guerra o apenas los recordaban, irán desvinculándose, progresivamente, del franquismo e interesándose por otras formas de gobierno.
Desde un punto de vista político, no debemos olvidar la presencia de falangistas y monárquicos, cuyo apoyo a Franco también fue evolucionando y debilitándose con el paso del tiempo. Por un lado, los falangistas se vieron, poco a poco, relegados de sus puestos de Poder, sobre todo a raíz del castigo infligido al fascismo europeo tras la Segunda Guerra Mundial. Por otro, los monárquicos –carlistas y borbónicos– sufrieron una gran decepción al comprobar que el dictador no tenía ninguna intención, por el momento, de instaurar de nuevo la monarquía.
El apoyo de todas estas bases sociales y políticas permitió a Franco mantenerse en el Poder durante mucho tiempo. Tan sólo la Muerte, única entidad que el dictador no podía subyugar, acabó con su tiranía.
Franco, como ya hemos dicho anteriormente, controlaba y encarnaba los tres poderes que Montesquieu se había encargado hábilmente de separar. Por encima de todo, Francisco Franco era el jefe del Estado. A continuación, desde el punto de vista del poder ejecutivo, ejercía el cargo de jefe del Gobierno, posición desde la cual elegía a sus ministros y a sus gobernadores civiles. En cuanto al poder legislativo y los órganos deliberativos, el dictador ejercía un control exhaustivo sobre sus tres instituciones
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principales, a saber, el Consejo Nacional del Movimiento, las Cortes y el Consejo del Reino. Todas estas entidades tan sólo tenían una función consultiva, pues, en última instancia, era Franco el que ratificaba las leyes. Finalmente, el poder judicial, cuyo máximo representante era el Tribunal Supremo, también estaba supeditado a su persona.
Ramón Tamames realizó, en la obra ya mencionada, un análisis de las leyes fundamentales por las que se regía el régimen franquista.27 Las ordenó cronológicamente y explicó su origen y posterior evolución. Nosotros nos basaremos en su esquema para hacer un resumen que nos permita entender los entresijos del sistema político de Franco. La primera de las leyes fundamentales fue el Fuero del Trabajo, promulgada el 9 de marzo del 38. Este conjunto de dieciséis declaraciones se proponía regular la vida laboral de los españoles. Algunas de sus disposiciones fueron revisadas o completadas posteriormente y con el tiempo se convertirían en la base de la futura legislación social.
La siguiente ley que menciona Tamames es la Ley Constitutiva de las Cortes Españolas, del 17 de julio de 1942. Con la creación de este órgano se iniciaba un proceso de institucionalización del régimen que alcanzaría, en los años sesenta, su punto álgido, como luego veremos. De cara al exterior, la dictadura pretendía dar una imagen de cierta «normalidad», si no democrática, al menos institucional. Las Cortes venían a completar el otro órgano deliberativo, el Consejo Nacional de FET y de las JONS,
después denominado Consejo Nacional del Movimiento. Esta ley del 42 sufrió algunas modificaciones en el 67, cuando se incorporaron a las Cortes los representantes familiares.
Otro 17 de julio, pero de 1945, fue promulgado el Fuero de los Españoles. De nuevo por presiones exteriores, el Gobierno se vio obligado a sacar a la luz un conjunto de principios, derechos y deberes que supliese, en la medida de lo posible, la carencia de una verdadera constitución. Las fuentes de las que bebía este Fuero eran los antiguos principios de la organización fascista de FET y de las JONS y las declaraciones del Fuero del Trabajo. El Estado español quedaba definido como un Estado católico, social y de derecho –de «derechos» sí, pero no de libertades.
La caída de la Segunda República había arrastrado tras de sí numerosos elementos propios de la democracia –la Constitución, el pluralismo político, la libertad sindical…– y, cómo no, el sufragio universal. Con la farsa de la «democracia orgánica
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representativa»28 el franquismo no tenía suficiente y tuvo que añadir otra: la Ley de Referendo Nacional. Promulgada el 22 de octubre de 1945, esta ley venía a confirmar el derecho del dictador a someter a referéndum las leyes elaboradas por las Cortes cuya trascendencia así lo requiriera. El supuesto sufragio universal, garantizado por estos referendos, era una falacia que utilizaba Franco cuando le convenía. Tan sólo convocó dos, uno en 1947 para ratificar la Ley de Sucesión y otro en el 66 para sancionar la Ley Orgánica del Estado. Evidentemente, en los dos casos, el éxito del «sí» fue aplastante.
Así pues, en julio del 47, quedó ratificada, por referendo, la Ley de Sucesión, que establecía cuál debería ser el mecanismo de sustitución del jefe del Estado. Franco quería asegurar la continuidad del sistema político creado por él y no pretendía delegar en nadie la elección de la persona que le iba a suceder. Con esta ley se tomaron una serie de decisiones importantes: en primer lugar, España quedaba constituida en Reino; en segundo lugar, la jefatura del Estado, encarnada por Franco, pasaba a adquirir un carácter vitalicio; en tercer lugar, la elección del sucesor era una prerrogativa exclusiva del dictador y, en cuarto lugar, se crearon el Consejo de la Regencia y el Consejo del Reino para regular el proceso de sucesión.
El 17 de mayo de 1958, Franco promulgó la Ley de Principios del Movimiento Nacional. Esta ley representaba un último intento de salvar la ideología fascista de su ruina total, en una época en que las cosas empezaban a cambiar de forma irreversible y donde sus ideales ya no tenían cabida. A esta ley le seguiría la última gran ley del franquismo: la Ley Orgánica del Estado, publicada el 10 de enero de 1967. De ella nos ocuparemos en breve.
La dictadura conoció un total de diez gobiernos, que Franco escogió con gran habilidad en función de las circunstancias de cada momento. Los primeros gobiernos, hasta los años cincuenta, se caracterizaron por el predominio en sus filas de falangistas. Luego les tocaría el turno a los nacionalcatólicos. Seguidos, finalmente, de los vinculados al Opus Dei. Según la clasificación realizada por Ramón Tamames, 1968 quedaría incluido en «El gobierno del desarrollo político», el séptimo gobierno franquista, que se inició el 7 de julio de 1965 y terminó el 29 de octubre de 1969. En él predominaban los ministros de tendencia Opus Dei, como por ejemplo, Laureano López Rodó, ministro sin cartera y uno de los artífices de los Planes de Desarrollo, de los cuales continuaba siendo comisario.
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Esta suerte de «democracia» propugnaba la representación, no a través de ciudadanos individuales, sino a través de los «órganos» naturales de la sociedad, a saber, la familia, el municipio y el sindicato.
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Para entender el ascenso de los opusdeístas al Poder debemos remontarnos, un poco, en el pasado, concretamente a la crisis de 1956. Este año fue clave en la historia de España y en la mundial. Fue un año de muchos cambios y, en muchos aspectos, me atrevería a decir «revolucionario». Así lo entendió también el periodista Federico Volpini, quien en sus memorias lo define de la siguiente guisa:
El año 1956, como lo será después 1968, es un año fuera de lo común, con huelgas y movimientos estudiantiles en España, que en ese terreno se adelantan al mayo francés, guerras en diversos continentes, invasiones soviéticas, pérdida de ilustres personajes, todo tipo de noticias que alimentan la crónica rosa, e incluso unas Olimpiadas, las de Melbourne, que cierran el año. Muchos de sus protagonistas no tardarán en regresar al primer plano de la actualidad.29
El año comenzó con la movilización de estudiantes universitarios más importante desde el inicio del franquismo. Fue el año en el que Comisiones Obreras (CCOO) se dio a conocer y hubo intensas movilizaciones obreras y huelgas. A todo esto había que añadir la grave crisis económica que atravesaba el país. No lo tuvo fácil el Gabinete que gobernaba ese año y que aguantó, cómo pudo, hasta febrero de 1957, cuando fue reemplazado. El nuevo Gabinete contó con la presencia de los ya mencionados Alberto Ullastres y Mariano Navarro Rubio, ambos miembros del Opus Dei. Por primera vez, entraban en un gobierno franquista miembros de la Obra. Su presencia ya no decrecerá hasta el asesinato de Carrero Blanco, su principal mentor.
Según nos recuerda Santos Juliá, el nombre de «tecnócratas», aplicado a esta nueva élite de altos burócratas, se debe a que «su fuente de legitimidad radicó en un saber técnico-jurídico y en una eficacia económica».30 Ocupaban puestos destacados en la Administración y, de manera progresiva, se fueron filtrando por los resquicios de la armadura del Poder, hasta conquistar cargos de gran responsabilidad, sobre todo en la alta Administración del Estado y en el ámbito de la economía. Desde estos centros de poder se propusieron llevar a cabo una serie de reformas que mejoraran y modernizaran el sistema vigente, sin que perdiera su esencia, y así poder perdurar en el tiempo, incluso tras la muerte del dictador. Sus principales objetivos los podemos resumir en tres: liberalizar la economía –de ello hemos hablado largo y tendido previamente–, reformar la Administración, cuyos engranajes conocían a la perfección, y completar la institucionalización del Estado.
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VOLPINI,Federico (2000): Diario de un reportero. Madrid: Foca, p. 105.
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Para llevar a cabo este segundo objetivo, pusieron en marcha un conjunto de leyes cuyo fin era controlar y racionalizar las actuaciones de las autoridades públicas. Las consecuencias de tales medidas no se hicieron esperar: aumentó el gasto público y cambió su principal beneficiario. A partir de este momento, las infraestructuras propias de un país interesado por el bienestar de sus ciudadanos conocieron un gran auge. Así, se incrementaron los gastos en Educación, Sanidad, Seguridad Social, etcétera. El perdedor en este nuevo reparto del gasto público sería el Ministerio de Defensa. La actitud belicista de las dos primeras décadas del franquismo se estaba aplacando gradualmente y el Estado español quería parecerse a los países occidentales más avanzados. Otras consecuencias de las medidas tomadas por estos tecnócratas fueron el aumento del número de funcionarios y la renovación de los mecanismos para acceder a las plazas. En este sentido, se establecieron criterios de selección más objetivos, no bastaba con ser de Falange, de Acción Católica o de cualquier otra entidad afín al régimen.
En cuanto al tercer objetivo de los tecnócratas, diremos que éstos pretendían, por un lado, dar la sensación de que el decrépito régimen se «democratizaba», con una especie de pseudo-constitución, y, por otro, mantener con vida aquel cadáver, metamorfoseado, ahora, en un cuerpo joven, el del príncipe Juan Carlos. La Ley Orgánica del Estado y la designación de Juan Carlos de Borbón como sucesor de Franco, a título de rey, fueron las concreciones de este maquillaje institucional.
Estas dos medidas coronaban, nunca mejor dicho, el proceso institucionalizador, iniciado casi desde el comienzo de la dictadura, pues era una forma de legitimar lo ilegitimable. Con el más que evidente deterioro físico de Franco, surgieron los primeros interrogantes sobre la «vida» después de él. El dirigente comunista Santiago Carrillo, desde la clandestinidad, expresó con palabras un pensamiento que a todos los españoles, de una forma u otra, les rondaba por la cabeza: «Después de Franco, ¿qué?». Para los enemigos del régimen la respuesta estaba clara: democracia. En cambio, para sus defensores, las respuestas podían ser varias: monarquía, regencia, presidencialismo… Aunque, para estos últimos, antes de decantarse por una de estas opciones, era necesario consolidar las instituciones que debían perpetuar la obra franquista. En este sentido, la Ley Orgánica del Estado tenía por cometido clarificar el devenir de estas instituciones y fortalecerlas.
Como hemos comentado previamente, el régimen franquista se regía por un conjunto de leyes, denominadas «fundamentales», que no constituían en sí mismas un
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auténtico sistema político. Esto cambiaría con la promulgación de la Ley Orgánica del Estado, que codificaba todas estas leyes y ponía un poco de orden en el funcionamiento del propio régimen. Dado su carácter autosuficiente, el dictador siempre se mostró reacio a la promulgación de una ley orgánica y trató, en la medida de lo posible, de postergar este momento. Ya desde 1958 existía, por parte de algunos miembros del Gobierno, la voluntad de dar cuerpo a una ley como ésta, que no vería la luz hasta el 10 de enero de 1967, tras ser apoyada por un rotundo «sí» en el referendo del 14 de diciembre de 1966.
Por un lado, la Ley Orgánica del Estado introducía algunas modificaciones en las leyes fundamentales y reducía las referencias fascistas y católicas. Un buen ejemplo de esto último lo constituye el cambio en la definición del Estado español, que ya no se definía como una «monarquía católica, social y representativa»,31 sino como una «suprema institución de la comunidad nacional».32 Por otro, su principal quehacer era regular el funcionamiento de los diferentes órganos del Estado y coordinar las relaciones entre ellos.
Entre las novedades más importantes que introdujo podemos destacar las siguientes: la admisión de representantes de la familia en las Cortes; la creación del cargo de presidente del Gobierno, –sometido al de jefe del Estado–; la revalorización del papel jugado por el Consejo del Reino; el reconocimiento de la libertad religiosa, etcétera. Todas estas medidas y otras no mencionadas eran interpretadas por Franco como un claro proceso democratizador y, en consecuencia, cuando presentó la ley a las Cortes, no dejó de advertir sobre su «peligrosidad». Nada más lejos de la realidad. De hecho, la Ley Orgánica del Estado se mantenía fiel, en lo esencial, a los principios del Movimiento y, en este sentido, la democracia brillaba por su ausencia. Así por ejemplo,