La década de los sesenta –especialmente sus últimos años–, que es nuestro período de estudio, se caracteriza por la creciente oposición al régimen franquista desde los más diversos ámbitos. Como muy bien dice Enrique Moradiellos:
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…el crecimiento económico y la consecuente diversificación social traerían implícitos otros fenómenos mucho menos apreciados y de vigor creciente con el paso de la década: el retorno de una conflictividad laboral obrera difícilmente controlable; la extensión de las disidencias ideológicas en la universidad y entre las nuevas clases medias; la irreversible fractura del hasta entonces unánime apoyo eclesiástico al régimen; el resurgimiento de las reivindicaciones culturales y políticas nacionalistas en Cataluña y en el País Vasco; y, por último, la reaparición de focos de resistencia política plenamente articulados, tanto en el ámbito partidista como en el sindical.35
A esta exhaustiva lista de oposiciones tan sólo le faltaría una, que llegaría más tarde: la de los militares, quienes en agosto de 1974 crearon, de forma clandestina, la Unión Militar Democrática (UMD), con una clara voluntad de colaborar en el derrocamiento de la dictadura y en la instauración de un sistema democrático, además de propugnar la necesaria reforma del Ejército. Sería muy interesante tratar con detalle el enfrentamiento al régimen que, desde estos sectores, se llevó a cabo en esta época, pero para ello necesitaríamos un capítulo entero y desafortunadamente no disponemos de tanto espacio. Por esta razón, consideramos oportuno centrarnos en los dos sectores desde los que se ejerció una oposición más férrea y de mayores dimensiones, a saber: el mundo obrero y el mundo universitario.
Hablar de oposición nos lleva a hablar de la otra cara de la moneda: la represión. Una represión que, por mucho que algunas partes interesadas se han propuesto edulcorar recurriendo a términos tan engañosos como el de «dictablanda», no dejó títere con cabeza. Cercana la agonía del dictador, el ominoso sábado 27 de septiembre de 1975, resonaron por toda la península los últimos disparos de varios pelotones de ejecución que acabaron con la vida de cinco jóvenes, tres del FRAP36 y dos de ETA. De nada sirvieron las protestas que llegaron de todos los rincones del mundo.
Tal vez a causa de esta feroz represión, no hubo en España una oposición lo suficientemente fuerte y bien organizada como para derrocar a un dictador que, a fin de cuentas, murió ejerciendo todavía de jefe del Estado. Pero una cosa está clara y es que sin ella el proceso que nos llevó a la democracia hubiera sido más largo y complicado de lo que fue.
La manida frase «Franco murió en su cama» se ha convertido en una especie de dardo envenenado que apunta directamente a todos aquellos que lucharon contra él, recalcando la inutilidad de un combate con el que no se pudo derribar a su principal
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MORADIELLOS,La España de Franco…, p. 161.
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enemigo. Esta frase malintencionada forma parte de una campaña mucho más amplia y devastadora con la que se procura minar el esfuerzo realizado por un número no tan pequeño, como se pretende, de hombres y de mujeres antifranquistas. Así lo sostiene Pere Ysàs en la Introducción de su libro Disidencia y subversión. La lucha del régimen
franquista por su supervivencia, 1960-1975:
«Franco murió en la cama». Muchos publicistas y algún historiador han utilizado reiteradamente esta frase para sostener que la muerte natural del anciano
Caudillo, en el ejercicio de sus funciones de Jefe del Estado, constituye la demostración
inapelable de la solidez y de la fortaleza del régimen franquista y, especialmente, de la debilidad del antifranquismo, incapaz no solamente de lograr el derrumbamiento de la dictadura sino incluso de incidir significativamente en su trayectoria.37
Desde el momento en el que surge un sistema que se puede calificar de «franquista» –con todas las características que hemos descrito en los apartados precedentes–, desde ese preciso instante, puede aparecer otro concepto que se oponga en todo a él, «antifranquista». Ambos conceptos vienen a completarse, uno no puede existir sin el otro.
Otros dos conceptos también antitéticos son los de «vencedores» y «vencidos», más explotados por aquéllos que salían beneficiados con la etiqueta que les había correspondido. Se trata de términos nacidos a raíz del resultado de la cruenta contienda. Los «vencedores» –los nacionales– no desperdiciaron ninguna oportunidad de recordar su triunfo. Desfiles de la Victoria, conmemoraciones de fechas clave, ceremonias religiosas, «arte» urbano, placas en calles y plazas… todo era útil para dejar claro quienes eran los «vencedores». Por no hablar de las ejecuciones sumarísimas, las cárceles atestadas, los campos de concentración, el exilio exterior e interior, el silencio… «El silencio cotidiano convivía con los callados susurros nocturnos evocadores de un pasado que quedó escondido en los cajones más recónditos de la memoria. Fueron tiempos de temor en los que el silencio se trocó en herramienta para la supervivencia: “¡No te metas en líos!”, “¡Cuidado con lo que dices!”…».38
La reconciliación no estaba en los planes de los vencedores. Habría que esperar a la llegada de una generación desvinculada de la Guerra Civil para poder enterrar para siempre estos dos terribles conceptos, que tan profundamente habían marcado la vida de los españoles. Aunque, como en toda película de terror que se precie, algo palpitaba en
37 Y
SÀS, Pere (2004): Disidencia y subversión. La lucha del régimen franquista por su supervivencia,
1960-1975. Barcelona: Crítica, p. IX.
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la siniestra tumba. Como ejemplo de este novedoso espíritu de reconciliación reproduciremos unas cuantas líneas del manifiesto de los jóvenes del Partido Socialista, con fecha del 1 de abril del 56, tras los enfrentamientos de febrero en la Universidad de Madrid:
En este día, aniversario de una victoria militar que, sin embargo, no ha resuelto ninguno de los problemas que obstaculizaban el desarrollo material y cultural de nuestra patria, los universitarios madrileños nos dirigimos nuevamente a nuestros compañeros de toda España y a la opinión pública. Y lo hacemos precisamente en esta fecha – nosotros, hijos de los vencedores y de los vencidos– porque es el día fundacional de un régimen que no ha sido capaz de integrarnos en una tradición auténtica, de proyectarnos a un porvenir común, de reconciliarnos con España y con nosotros mismos.39
Hemos dicho que la existencia del franquismo implicó la existencia del antifranquismo y la de éste, a su vez, la de la represión. Acabada la Guerra Civil, la represión ejercida por los nacionales fue tal que el margen de maniobra dejado a la resistencia fue mínimo. Aún así, aquéllos que todavía conservaban fuerzas para enfrentarse al enemigo no dudaron en hacerlo y constituyeron un importante movimiento guerrillero que se mantendría firme hasta 1948, cuando se inició su decadencia total y absoluta. La fuerte represión y la falta de apoyo de una población hastiada de la lucha armada están detrás de su práctica desaparición. Las huelgas en áreas industriales y los boicots en grandes ciudades cogerían el testigo de los maquis. Más tarde, en febrero de 1956, «Los acontecimientos de la Universidad de Madrid marcaron un giro en la oposición al régimen, en particular en lo que atañe a la redefinición de la política de alianzas y de las estrategias de movilización».40
La represión sobre los vencidos fue terrible, sobre todo en los primeros años de la dictadura. Después, en los cincuenta, ésta se suavizó considerablemente, tal vez porque ya no quedaban muchos a quienes castigar. A partir de mediados de los sesenta se asiste a una revitalización de las acciones represoras debido al incremento de las movilizaciones estudiantiles y obreras. Centenares de relatos desgarradores de torturas lo atestiguan. Asimismo, cabe recordar que, a lo largo de toda la dictadura, la represión no fue sólo ejercida por las fuerzas del orden público, sino que ésta se ejercía desde las más diversas instituciones del régimen y desde amplios sectores de la sociedad, alcanzando los lugares más recónditos de la vida privada. La censura sería un buen ejemplo de este tipo de represión.
39
DI FEBO, El franquismo., p. 158.
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Pero si bien es cierto que esta coerción menguó las energías de la resistencia, el golpe más duro para ésta fue, sin lugar a dudas, el abandono que sufrió por parte de las democracias occidentales tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. Estas democracias no sólo no apoyaron lo suficiente a la II República durante la contienda, sino que abandonaron a su suerte a los republicanos al término de ésta. Cuán diferentes habrían sido las cosas si, tras la Segunda Guerra Mundial, los aliados se hubieran propuesto poner fin al régimen fascista de Franco. Pero, por razones que ahora no conviene analizar, no les interesó, especialmente a los Estados Unidos, a los que la marioneta de Franco les iba a rendir un buen servicio. La resistencia antifranquista tardaría mucho tiempo en poder recoger los pedazos rotos de su frustrada ilusión.
Pero, a partir de la segunda mitad de la década de los cincuenta, la oposición antifranquista comenzó a recuperar los ánimos perdidos y a organizarse, gracias, sobre todo, al impulso del movimiento obrero y estudiantil. En esta nueva fase de la resistencia a la dictadura, el papel jugado por el Partido Comunista Español (PCE) y las
Comisiones Obreras fue fundamental.
Hecha esta introducción, pasemos ahora a describir la oposición más fuerte a la que tuvo que hacer frente el franquismo: la oposición obrera. Si bien ha quedado claro que ésta adquirió relevancia y se convirtió en un verdadero problema para la dictadura desde mediados de los cincuenta y sobre todo a partir de los sesenta, debemos tener en cuenta que hubo experiencias de disidencia obrera en años anteriores. Veámoslo con más detalle.
El movimiento obrero, entendido como un movimiento social que busca mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, nació en Inglaterra a raíz de la «Revolución Industrial», acaecida en la segunda mitad del siglo XVIII. Sus primeras manifestaciones se conocen con el nombre de «Movimiento Ludita», en honor a Ned Ludd, un trabajador que descargó sus iras contra un telar mecánico en 1779. De la violencia contra las máquinas se pasó a una actitud más dialogante con el patrono, futuro germen del movimiento sindical. En España, habría que esperar hasta la segunda mitad del siglo
XIX para encontrar el primer movimiento obrero. A lo largo de ese mismo siglo y comienzos del XX, las manifestaciones y huelgas de trabajadores fueron frecuentes, y algunas de ellas reprimidas salvajemente. El campo español tampoco estuvo exento de conflictos.
La brutal ruptura de la vida cotidiana que representó la Guerra Civil española afectó al movimiento obrero. Terminada la contienda, los vencedores se encaminaron,
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paulatinamente, a desmantelar sus estructuras. Los sindicatos históricos –la Unión General de Trabajadores (UGT), la Confederación Nacional del Trabajo (CNT)…– se
vieron forzados a adaptarse a las nuevas circunstancias. Sus militantes, al igual que los de los partidos políticos, fueron perseguidos y encarcelados y, en el peor de los casos, asesinados. En el sistema dictatorial que Franco iba a instaurar no estaba previsto mantener ningún tipo de pluralismo, por supuesto político, pero tampoco sindical. En este sentido, el Gobierno franquista iba a implantar un único sindicato de carácter vertical, es decir, que tanto los obreros como los patronos estaban representados en él, y de adscripción obligatoria. Este sindicato, en el que siempre se trataba de beneficiar a los patronos, estuvo controlado por los falangistas desde el primer momento.
A pesar del estricto control ejercido por el Gobierno franquista y de sus pocos escrúpulos a la hora de castigar cualquier acción reivindicativa por parte de los trabajadores, éstos se vieron abocados a manifestarse y ponerse en huelga – estrictamente prohibida durante toda la dictadura– en más de una ocasión, dadas las terribles condiciones de vida de la posguerra. Así por ejemplo, en 1947, tuvieron lugar en el País Vasco las primeras huelgas de importancia desde el comienzo de la dictadura y, en 1951, en Barcelona, se produjo una huelga por la subida de las tarifas de los transportes públicos que desembocó en una huelga general de gran repercusión, con la que exigían mayores libertades democráticas. En la segunda mitad de los años cincuenta aumentó el número de acciones de protesta, pero, aún así, tenían un carácter puntual y excepcional y se concentraban en unas áreas industriales muy concretas de la geografía española, destacando las de las minas asturianas en el 57 y en el 58. Estas acciones esporádicas no planteaban graves problemas al régimen franquista, que, con mano dura y alguna que otra concesión, conseguía aplacarlas. Sin embargo, las cosas iban a cambiar a partir de estos años y, paradójicamente, gracias, en parte, a una serie de decisiones tomadas desde el Gobierno.
En efecto, el 24 de abril de 1958 fue promulgada la Ley de Convenios Colectivos Sindicales de Trabajo, al calor de los cambios que estaban propugnando los tecnócratas del Gobierno, con vistas a introducir al sistema económico español en las sendas del capitalismo. Esta ley establecía un peculiar modelo de negociación colectiva, peculiar en la medida en que no podía contradecir, del todo, las leyes laborales previas, contrarias a este tipo de negociación y garantes de una estructura sindical vertical y unitaria. A pesar de sus limitaciones, la nueva ley permitía a los representantes de los empresarios y de los trabajadores negociar, directamente, aspectos tan importantes
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como el salario y las condiciones de trabajo, sin la intervención del Ministerio de Trabajo.
La negociación, a través de convenios colectivos, estimulaba las reivindicaciones laborales, lo que de hecho se traducía en un aumento de la conflictividad. Así, a partir de finales de 1961, el número de acciones de protesta obrera se incrementó de forma considerable. Precisamente, la primera huelga de ese año, en Beasain, Guipúzcoa, surgió a raíz de la negociación de un convenio colectivo. En abril de 1962 comenzaron unas huelgas en las minas de carbón de Asturias que durarían cerca de dos meses. Después, les tocaría el turno a diversas zonas industriales del País Vasco, León, Cataluña y Madrid. Incluso, áreas agrícolas de Extremadura y de Andalucía Central se vieron afectadas por esta fiebre reivindicativa. La conflictividad laboral se iría diversificando tanto sectorial como territorialmente.
Para el Gobierno franquista, cualquier alteración del orden público – independientemente de quién la generara– era considerada como un atentado de carácter político contra el régimen, pues, según sus leyes, la huelga y la libre asociación de trabajadores estaban prohibidas.41 Todo acto de protesta ponía en entredicho la supuesta «paz social», tan ponderada por la dictadura. Franco y sus adláteres no podían permitir tales demostraciones de osadía y pusieron todos sus medios al alcance para tratar de parar lo imparable, pues el nuevo sistema económico que se estaba implantando requería profundas transformaciones en el ámbito de las relaciones laborales. Obstinados, los franquistas, no lo quisieron ver, es más, intuían oscuras tramas urdidas en el extranjero por comunistas y masones, y se limitaron a hacer lo que mejor se les daba: reprimir. Así pues, el 4 de mayo del 62 se declaraba el estado de excepción en Asturias, Vizcaya y Guipúzcoa, que en junio se extendería al resto del país como consecuencia del llamado «contubernio de Múnich».
Las huelgas del 62 y las que se produjeron el verano del año siguiente alentaron la expansión, por las principales zonas industriales y mineras, de una nueva organización sindical que empezaba a conocerse como Comisiones Obreras. Si bien una de las primeras plataformas reivindicativas que utilizó el nombre de Comisiones Obreras, para autodefinirse, fue la que se creó en la mina La Camocha (Gijón) en el 57 a resultas de una huelga, no sería hasta el año siguiente con la promulgación de la Ley de Convenios Colectivos cuando estas comisiones conocieron su verdadero impulso. ¿En
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En 1962 ve la luz un decreto por el que se establece una distinción entre conflicto colectivo de naturaleza laboral o económica y el de naturaleza política.
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qué medida pudo una ley gubernamental influir en la propagación de estas comisiones obreras? La respuesta es sencilla. A la hora de pactar un convenio colectivo se formaba una pequeña comisión, constituida por los hombres y las mujeres más batalladores de la empresa, que se convertían, automáticamente, en representantes de sus compañeros. Una vez alcanzado el acuerdo, esta comisión, surgida de manera espontánea, se disolvía. A pesar de su carácter efímero, estas comisiones estaban respaldadas por organizaciones tan importantes como el PCE y por grupos obreros católicos. Este hecho marcaría el carácter plural de este sindicato, en el que cualquier trabajador, independientemente de su ideología, podía ser admitido. Al margen de sus ideas, a todos les unía la circunstancia de formar parte de una nueva clase obrera, muy joven y mayoritariamente formada por emigrantes, y la convicción de que los Sindicatos Verticales estaban obsoletos. La presencia de católicos era muy habitual en estos primeros tiempos y explica el apoyo recibido por parte de la jerarquía eclesiástica. No nos resulta extraño que las iglesias se convirtieran en centros de reunión clandestinos.
Además del recurso a este tipo de encuentros secretos, las CCOO se plantearon
aprovechar todos los mecanismos de participación que ofrecían los Sindicatos Verticales, en clara decadencia desde las huelgas del 62. A diferencia de los sindicatos clásicos, UGT y CNT, perdidos en las catacumbas de la noche, los miembros de las
primeras CCOO no tuvieron ningún problema en practicar lo que se ha venido
denominando «entrismo». Las elecciones de delegados sindicales, organizadas por los sindicatos oficiales, serían el mecanismo utilizado por representantes de las comisiones para introducirse en el sistema y tratar de dinamitarlo desde dentro. En parte, aquí reside la clave de su éxito, pues en poco tiempo superaron a los antiguos sindicatos en número de afiliados y se convirtieron en la primera fuerza de oposición obrera al régimen.
Para entender mejor el soplo de aire fresco que representó la aparición de las
CCOO en el contexto sindical español, estimamos pertinente reproducir una de las definiciones que éstas dan de sí mismas:
Un movimiento independiente de la clase obrera cuyo objetivo era conseguir la creación de un Sindicato de clase, único, democrático e independiente, en el marco de un régimen democrático. De clase porque los intereses de la clase trabajadora no coinciden… con los intereses de los patronos. Son intereses contrarios. Único, porque nuestra fuerza es la unión. El dividirnos en varios Sindicatos sería debilitarnos, que es lo que le interesa a la burguesía. Un solo Sindicato en el que se puedan expresar todas las tendencias. Democrático, en el que todos los cargos son elegidos democráticamente por la mayoría, en el que las decisiones se toman también por mayoría, sin línea de mando que imponga su voluntad, como ocurre en el Sindicato actual (el Vertical) que de
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Sindicato sólo tiene el nombre. Independiente de cualquier partido político que intentara servirse de él para sus fines partidistas.42
En numerosas fuentes, 1964 aparece como el año en que las CCOO dejaron de ser
un movimiento de carácter espontáneo para pasar a convertirse en una organización