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El narcotráfico fue otro de los grandes temas recurrentes de Ricardo Lorenzetti. Desde 2006, en representación de la Corte, pidió en cada apertura del año judicial, por el diseño de políticas públicas para erradicar el narcotráfico, la inseguridad y corrupción. Aunque en 2009 su discurso se tornó más confrontativo. Puso al narcotráfico como tema prioritario de la agenda judicial. Se refirió a él como una “amenaza al estado de derecho” y en consecuencia exhortó a los jueces, en especial los que estaban en zonas donde el tema era apremiante, a que colaboraran para

encontrar soluciones. Para él este tipo de delitos estaban relacionados a la utilidad económica. Por ello recalcó la necesidad de un mayor control aéreo y en las fronteras.422 Sin embargo, tiempo después, el 25 de mayo de 2009 el tribunal distinguió entre narcotráfico y consumo personal de estupefacientes. Fue en el fallo Arriola en el que declaró inconstitucional el castigo al consumidor siempre que no involucre ni afecte a otros.

En mayo de 2014, jueces federales de todo el país, con competencia en la materia, se reunieron en la ciudad de Orán, provincia de Salta, para intercambiar experiencias y lograr consensos ante el avance del delito. Este fue el antecedente para conformar un equipo de trabajo o comisión que traería consecuencias difíciles de imaginar para un guionista de cine.

El martes 27 de octubre de 2015 (dos días después de la primera vuelta entre Scioli y Macri) Lorenzetti logró consensuar con sus pares la creación de una comisión judicial para la lucha contra el narcotráfico. Por delante tendrían una política de estado para combatir la problemática y coordinar entre las distintas instancias judiciales de todo el país la forma de implementarlo. “El presidente de la Corte había instalado la cuestión del comercio ilegal de drogas como si fuera el principal problema de la democracia argentina”.423 Para algunos, “con la nueva comisión, la Corte avanzaba en forma temeraria sobre la división de poderes”, analizó Verbitsky.

Para Lorenzetti, Highton de Nolasco y Maqueda, el problema se había agravado en los últimos tiempos: sostuvieron que estaba en juego la seguridad de la población y que era necesaria una política de Estado urgente, efectiva y coordinada.424 Por aquel entonces, el presidente de la Corte había escuchado la preocupación de varios jueces federales. Entre ellos, Raúl Reynoso, titular del juzgado federal de Orán, que junto a Aguas Blancas, Tartagal y Salvador Mazza, formaban parte de la frontera caliente del contrabando. En la zona límite con Bolivia, no solo se traficaba cocaína y mercaderías, que iban a parar a las “saladitas” de todo el país; sino también divisas (pesos, dólares y euros) y personas.425

El juez salteño era uno de los preferidos del presidente de la Corte por ser un referente en la lucha antinarcotráfico. De hecho, lo “apadrinó” en diferentes congresos judiciales y empresariales.426 Lorenzetti confiaba en Reynoso. Era el asesor del tribunal para el establecimiento de aquella comisión.427 Pero mientras la iniciativa tomaba forma, sucedió lo imprevisto. Varios camiones con cargamento de éter, acetona y más de 500 kilos de cocaína, que cruzaban desde Orán a Chile, por el Paso de Jama, con el supuesto aval de Reynoso, habrían alertado a las fuerzas de seguridad del país trasandino. Fue mediante la embajada que Chile habría notificado a la Argentina. Este hecho habría sido el verdadero desencadenante de la suerte del magistrado norteño. Así lo confirmaron, en estricto off de record, fuentes de la justicia federal salteña. Para evitar el escándalo internacional, se habría impulsado la denuncia contra el magistrado en Orán, por su modus operandi que ya habían trascendido en la zona. En

un abrir y cerrar de ojos el juez que se suponía que era el azote del narcotráfico, el hombre en el que confiaba Lorenzetti, pasó a ser uno más en la red de narcotráfico que parece extender sus tentáculos en todos los estamentos de Argentina.

Mientras la Corte tenía firmada la resolución en la que designaba a los integrantes de la Comisión, de la que Reynoso era parte, el juez Cabral le advirtió a Lorenzetti sobre el allanamiento que se llevaría a cabo en el juzgado de Orán.428 La designación fue frenada. Horas después, la Policía de Seguridad Aeroportuaria secuestraba expedientes y documentación que comprobarían la supuesta asociación ilícita que lideraba el magistrado al “tarifar la protección de narcotraficantes”.429 Tras la denuncia de un abogado de Orán, la investigación quedó a cargo del juez Julio Leonardo Bavio, y el fiscal salteño Eduardo Villalba y el titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), Diego Iglesias.430

La denuncia apuntaba a las “dádivas” que Reynoso cobraba a los imputados. “Una tarifa de $500.000” se consideraba estándar, aunque “en otros casos las sumas habrían sido sideralmente mayores”, detalló Bavio. Se analizó que, para beneficiarlo y permitirle evitar quedar preso en Salta, le habría cobrado US$350.000 al transportista boliviano José Luis Sejas Rosales, jefe de la logística del transporte de cocaína desde Bolivia hacia la Argentina.431 Otro sospechoso le habría entregado un campo de unas 700 hectáreas conocida como finca “Mollinedo”, según la acusación. Los terrenos bajo la lupa judicial estaban a nombre del ordenanza del juzgado César Julio Aparicio, su hermana Rosalía y un prestanombre -José Eduardo Benítez- reconocido por el empleado que le habría cobrado los sobornos al juez en la camioneta del mismísimo Reynoso432. Además, se investigaba a otro narcotraficante que se encontraba prófugo, Miguel Farfán, quien habría pagado coima al ex juez federal de Salta, José Antonio Solá Torino.433 Para los investigadores Farfán sería el nexo con las fuerzas de seguridad.

El caso conmocionó a la opinión pública nacional. Aunque las críticas más severas provinieron del seno de la justicia. “Resultaba imposible que Lorenzetti desconociera lo que sucedía en el juzgado de Reynoso, y esto lo hacía responsable de la circunstancia, por una vieja acordada de la década del 90, por la cual los ministros de la Corte se repartieron el país, por zonas y el área norte, —¿otra coincidencia?— le correspondía al presidente de la Corte”,434 consideró Cornejo.

No menos llamativo resultó, entre los judiciales, que quien defendió a Reynoso ante el Consejo de la Magistratura, por supuesto mal desempeño, fuera el abogado Oscar Luis Vignale,435 quien se ganó la fama de defender jueces ante este tipo de acusaciones. Entre sus pares, lo vinculaban a Lorenzetti a través de Claudia Levín y Cabral, ex presidente de la Asociación de Magistrados y luego representante de magistrados en el Consejo. Por otro lado, en la frontera caliente, entre gendarmes, vecinos e incluso miembros de la Iglesia, el nombre de Lorenzetti y el de Reynoso solían pronunciarse al mismo tiempo.

Orán. Estuvo once años al mando del juzgado multifuncional donde se investigaban los delitos cometidos en esa frontera, más que caliente en permanente estado de ebullición. El magistrado perdió los fueros y quedó detenido en la justicia federal salteña. “Desde 2005, apenas asumió el cargo, hubo problemas serios en varios casos resonantes que hubieran ameritado la intervención del cuerpo de auditores de la Corte que fue, casualmente, desarticulado desde la llegada de Lorenzetti”, recordó el juez Cornejo. Para el magistrado esto hubiera significado un órgano de control extraordinario para analizar los procederes éticos y legales de algunos de los jueces cuestionados. “Por acción u omisión, Lorenzetti fue el responsable de lo que sucedía en el juzgado de Reynoso”, resaltó Cornejo. Tampoco dudó en profundizar la crítica. “No quedó muy claro el cometido de la creación de la comisión antinarcotráfico, ya que ese tipo de organizaciones no fueron buenas en la justicia. Lo único que podían hacer los jueces era informarle al presidente de la Corte lo que acontecía. Pero no serían las comisiones las respuestas para omitir responsabilidades propias”, concluyó.