En relación con las teorías que tratan de explicar la infravaloración de las OPI a partir de argumentos basados en la propiedad y el control, Brennan y Franks (1997) encuentran evidencia empírica que soporta su Hipótesis de Supervisión Reducida tras analizar una muestra de 69 OPI realizadas en el Reino Unido entre 1986 y 1989. En concreto, confirman que las compras de grandes paquetes son discriminadas a favor de las de pequeño tamaño en mayor medida cuanto más infravaloradas y sobre suscritas
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están las OPI. Asimismo, muestran que los propietarios-directivos venden solo una pequeña cantidad de acciones en la OPI y en los siete años posteriores a la misma, mientras que los propietarios no directivos sí venden su participación en ese periodo. También revelan que existen pocas adquisiciones de control en los diez años siguientes a la OPI, de modo que la infravaloración protege a los propietarios-directivos frente a las tomas de control hostil.
Smart y Zutter (2003) aportan evidencia empírica adicional que apoya la hipótesis de Brennan y Franks (1997). Sobre una muestra de 2.622 OPI llevadas a cabo en EEUU entre 1990 y 1998, obtienen que la dispersión en la estructura de propiedad tras la OPI de las empresas que emitieron una sola clase de acciones está positivamente relacionada con la infravaloración de la OPI y que la infravaloración en las emisiones de dos clases de acciones es inferior a la que se aplica en las ofertas de un solo tipo de acciones, lo cual es también consistente con el planteamiento de supervisión reducida de Brennan y Franks (1997), ya que las estructuras duales de acciones favorecen el atrincheramiento y, por tanto, reducen la necesidad de recurrir a la infravaloración para preservar el control.
Fernando et al. (2004), a partir de los datos de una muestra de 5.619 OPI llevadas a cabo en EEUU en el periodo 1981-1998, documentan una relación en forma de U entre la infravaloración y el precio de la oferta y sugirieren que el precio de la OPI contiene información acerca de las estructura de propiedad que tiene lugar tras la misma. Encuentran una relación monótona creciente entre la estructura de propiedad institucional y el precio establecido en la OPI.
Brau y Fawcett (2006), a partir del análisis de los datos obtenidos a través de un cuestionario realizado entre los directores financieros de 336 empresas de EEUU que llevaron a cabo OPI durante 2000-2002, apoyan también la existencia de una relación entre la infravaloración de la OPI y la dispersión de la propiedad tras la misma, ya que aproximadamente el 40% de los encuestados afirmaron que asegurar una base amplia de propietarios fue un factor determinante en el nivel en que decidieron infravalorar su oferta.
Boulton et al. (2010) examinan 4.462 OPI realizadas en 29 países entre 2000 y 2004 y encuentran que la infravaloración mantiene una relación negativa con las
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participaciones de inversores externos tras la OPI y una relación positiva con los beneficios privados del control. Además, en las empresas en las que hay un atrincheramiento de sus propietarios-directivos bien porque tienen la mayoría de la propiedad, bien porque hay una estructura dual de acciones, se elimina el incentivo por aumentar la dispersión de la propiedad a través de la infravaloración.
En este contexto, Yu y Zheng (2012) investigan si la empresa familiar utiliza la infravaloración en la OPI como medio para retener el control y los beneficios privados del mismo, evitando la entrada de grandes inversores externos. Así, utilizando una muestra de 151 OPI realizadas en Hong Kong en el periodo 2002-2006, en las que la propiedad está concentrada, encuentran que los niveles más altos de infravaloración de las OPI están asociados con la mayor implicación de los miembros de la familia en la gestión de la empresa y con un mayor potencial de repartirse entre ellos la propiedad de la misma. Asimismo, obtienen que la fuerte implicación familiar en la empresa, que conlleva una mayor infravaloración de la OPI, atrae una mayor dispersión en la suscripción de la OPI evitando la entrada de grandes inversores.
Otros estudios a nivel internacional que proporcionan evidencia que soporta que la estructura de propiedad ejerce una influencia significativa sobre la infravaloración son Pham et al. (2003) para Australia, Su (2004) para China, Sullivan y Unite (2001) para Filipinas y Kiymaz (2000) para Turquía.
No obstante, Cornelli y Goldreich (2001) en su análisis de 39 OPI realizadas a nivel internacional a mitad de los noventa con la intervención de un agente especialista europeo, encuentran poca evidencia de discriminación contra grandes inversores en las ofertas muy demandadas y Field y Sheehan (2004), aunque apoyan la hipótesis de Brennan y Franks, consideran que el efecto es pequeño en términos económicos. Arugaslan et al. (2004) señalan que la principal razón por la que las OPI que incluyen acciones sin derecho a voto están menos infravaloradas que las OPI que solo emiten acciones con derecho a voto es que aquellas son de mayor tamaño, es decir, consideran que las participaciones de inversores institucionales adquiridas inmediatamente después de la OPI son debidas al tamaño de la empresa y no a la infravaloración de la OPI ni a la existencia de una estructura dual de acciones.
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Durukan (2006) estudia la influencia de la estructura de propiedad sobre la infravaloración de una OPI en el mercado emergente de valores de Estambul. A partir de los datos de 112 OPI llevadas a cabo entre 1994 y 2003 en dicho mercado, concluyen que la relación entre la estructura de propiedad y la infravaloración es débil. Hill (2006) sobre una muestra de OPI en el Reino Unido, tampoco encuentra evidencia que soporte la relación entre la infravaloración de la OPI y la estructura de propiedad tras la oferta.
Según el planteamiento de Zingales (1995) y de Booth y Chua (1996), la infravaloración de la OPI persigue promover una propiedad dispersa entre los nuevos inversores, pero con la finalidad, en lugar de evitar la transferencia de control [Brennan y Franks (1997)], de llevar a cabo la venta total de la compañía por parte de los propietarios iniciales a través de un proceso en varias etapas que maximice los rendimientos derivados de tal venta. Así, Pagano et al. (1998) muestran que la mayoría de las OPI italianas son seguidas por ventas privadas de acciones por parte de los principales accionistas a inversores externos. Mikkelson et al. (1997) documentan que los ingresos derivados de la transferencia del control en los cinco primeros años tras una oferta representan el 29% en las empresas con al menos cinco años de historia previa a la salida a bolsa y el 13% para las empresas más jóvenes. Asimismo, indican que los directivos de empresas que realizaron una OPI en EEUU poseen por término medio el 66% de la empresa antes de la OPI y el 44% inmediatamente después, lo cual se reduce a un 29% en los siguientes cinco años y a un 18% en el periodo de los diez años posteriores a la OPI.
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