Existe un conjunto de principios, comunes a todo tipo de procesos, que constan en la Carta Magna, en el los artículos 75 al 82, así como en el Código Orgánico de la Función Judicial se habla de principios rectores y disposiciones fundamentales a partir del art. 4 hasta el art. 31 que son de aplicación obligatoria por parte de quienes ostentan los poderes públicos, entre ellos tenemos los más relevantes:
a) Principio de legalidad
En efecto, este principio confiere seguridad jurídica a las personas, pues ninguna persona puede ser responsable de una infracción, ni sufrir una pena, si previamente no existe una ley que tipifique al acto como delito y le asigne una pena. Así lo contempla el Art. 76, numeral 5 de la Constitución de la República.
Proviene del latín nullum crimen, nullapoena, sine legeque significa: no hay crimen, ni pena, sin ley previa; es decir, que primero se debe describir la conducta punible y prever la pena con la cual se castiga al que infringe la norma, evitando con ello la arbitrariedad y la injusticia. El principio en referencia guarda estrecha relación con el artículo quinto de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, del 26 de agosto de 1789, que dice: “La ley no puede prohibir sino las acciones dañosas a la sociedad. Todo lo que es prohibido por la ley no puede ser impedido, y nadie puede ser obligado a hacer lo que ella no manda”.(CAMARGO P. , 2000, pág. 213)
Conforme este principio, sólo la ley crea delitos, y sólo podrá considerarse delito, aquel hecho que la ley declare delito expresamente. Por eso es que decimos que „no hay delito sin ley‟. Mientras la ley no prohíba un hecho, el hombre tiene libertad para realizarlo.
32 b) Principio de igualdad
Por regla general, toda persona es igual ante la ley. La garantía de igualdad de derechos y oportunidad para ejercer la defensa está tutelada por la Carta Magna y se extiende a las diversas formas de defensa que puede realizar libremente y en las mismas condiciones y garantías de las que tiene el adversario.
Para Benigno Humberto Cabrera Acosta, en su Teoría General del Proceso y de la Prueba, el principio de igualdad es aquel que “se desarrolla en todo el proceso con la igualdad de oportunidades que la ley establece para el demandante y para el demandado, lo mismo que para el sindicado y el ministerio público”. (CABRERA B. , 2005, pág. 65)
La garantía en referencia está contemplada de manera genérica en el Art. 11.2 de la Constitución y tiene relación con el principio de contradicción, que permite a los sujetos procesales amparados desde la ley fundamental ejercitar su defensa en igualdad de condiciones; es decir, que dispongan de iguales derechos procesales, de oportunidades y posibilidades similares para sostener y fundamentar lo que cada cual estime conveniente.
c) Derecho a un juez imparcial
Benigno Humberto Cabrera Acosta, respecto de la imparcialidad, dice: “Significa la ausencia de todo interés en la decisión de los jueces, distinto del de la recta aplicación de la justicia. Al juez le está vedado ser juez y parte a un mismo tiempo, y de ahí las causales de recusación y de impedimento que se han establecido en nuestros códigos”. (CABRERA B. , 2005, pág. 64) La imparcialidad judicial permite al juez desempeñar un papel regulador entre las partes y hacer efectiva la garantía de igualdad en la contienda procesal. Su fin último es proteger el derecho a un proceso justo con todas las garantías que prevé la ley.
d) Derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas
Con respecto a este tema, el art. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos señala que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías “dentro de un plazo razonable”, derecho exigible en todo tipo de proceso.(CAMARGO P. , 1996, pág. 203)
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Lo que quiere decir que es un principio fundamental que se dirige a los órganos judiciales, creando en ellos la obligación de actuar en un plazo razonable, con el propósito de restablecer inmediatamente el derecho a la libertad. La lenta reacción judicial, sin justificación, origina y propicia una causa o motivo en cierto sentido de despenalización porque el reproche judicial viene ya viciado por extemporáneo.
Este derecho no se identifica con el mero incumplimiento de los plazos procesales y comporta la utilización de un concepto jurídico indeterminado que debe ser dotado de contenido concreto en cada caso, atendiendo a criterios objetivos congruentes con su enunciado genérico. Su vulneración se produce siempre como consecuencia de una omisión que realiza el órgano jurisdiccional sobre aquella obligación constitucional de resolver las pretensiones que se formulen dentro de los plazos previstos por la ley.
e) Derecho de defensa y presunción de inocencia
El derecho de defensa tutelado por el texto constitucional, en su art. 76.7, es aplicable desde el inicio del proceso y durante toda su sustanciación. Ello significa que basta que una persona sea citada con la respectiva demanda (acto que caracteriza el derecho de acción), para que haga uso del legítimo derecho consagrado en la Constitución de la República del Ecuador.
Además es necesario hacer referencia a lo que dispone el Art. 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, disposición que de manera literal dispone: “1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o por la determinación de sus derecho y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”. Esto de manera general pero luego se complementa con lo que estable el numeral 2 del artículo anteriormente mencionado, donde manera expresa se hace referencia a que toda persona inculpada de un delito tienen derecho a que se presuma su inocencia a la comunicación previa y detallada, a tener el tiempo y los medios adecuados para la preparación de su defensa personal o a través de un defensor de su elección o uno proporcionado por el Estado, destacándose como algo relevante lo que dispone en su literal g que textualmente dice: “g) Derecho a no ser obligado a declarar contra si mismo ni a declararse culpable”
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“En consecuencia los que tienen el deber de hacer respetar el derecho a la defensa, fundamentalmente del acusado son los abogados patrocinadores, quienes son conocedores de la ciencia jurídica y por ende siempre buscan el respecto y garantía de los derechos de su defendido, ya que de no hacerlo de manera técnica, genera indefensión y por ende violación del debido proceso”.(CASTILLO, 2001, pág. 137)
El derecho a la presunción de inocencia, que acompaña a toda persona por mandato constitucional hasta el momento en que se le condene en virtud de una sentencia en firme, se vulnera si no se comunica oportunamente la existencia de una investigación preliminar a la persona involucrada en los hechos, de modo que ésta pueda ejercer su derecho de defensa, conociendo y presentando las pruebas respectivas.
f) La garantía de la publicidad
La publicidad constituyó una de las pretensiones políticas fundamentales de la Revolución Francesa. La garantía constitucional se encuentra prevista en el Art. 76.7, letra d) de la Constitución de la República, que señala: “d) Los procedimientos serán públicos salvo las excepciones previstas por la ley. Las partes podrán acceder a todos los documentos y actuaciones del procedimiento.”, norma complementada con lo previsto en el Art. 168.5 ibídem, que dice: “En todas sus etapas los juicios y sus decisiones serán públicos, salvo los casos expresamente señalados en la ley.” (CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR)
En efecto, la publicidad del procedimiento constituye elemento necesario para el discurso institucional, puesto que representa la posibilidad de control por parte de la comunidad del cumplimiento de los presupuestos de la comprensión del caso y la posibilidad de auto legitimación de las decisiones por parte de la administración de justicia.
g) El derecho a una sentencia justa
Código de Procedimiento Civil en su Art. 273 prescribe: “La sentencia deberá decidir únicamente los puntos sobre los que se trabó la litis y los incidentes que, originados durante el juicio hubieren podido reservarse, sin causar gravamen a las partes, para resolverlos en ella”, y el Art. 274, señala: “En las sentencias y en los autos se decidirán con claridad los puntos que
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fueron materia de la resolución, fundándose en la ley y en los méritos del proceso; a falta de ley, en precedentes jurisprudenciales obligatorios, y en los principios de justicia universal.”
“El debido proceso reclama que una sentencia respete los principios constitucionales vinculados con una verdadera administración de justicia.”(CASTILLO, 2001, pág. 70)
En efecto, las normas procesales deben interpretarse para facilitar la administración de la justicia y no como obstáculos para alcanzarla; ello obliga a considerar los requisitos procesales, en especial las inadmisiones de cualquier naturaleza, restrictivamente y sólo a texto expreso, mientras que debe interpretarse extensivamente y con el mayor formalismo posible todo aquello que conduzca a la decisión de las cuestiones de fondo en sentencia; además, las infracciones procesales deben dar lugar, en principio, a nulidades relativas y, por ende, siempre subsanables, mientras no produzcan indefensión.
h) El principio de la doble instancia
El Art. 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que toda persona tiene derecho “de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior”. Este principio consagra la posibilidad de cuestionar una resolución dentro de la misma estructura jurisdiccional que la emitió.(CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS )
La voluntad subyacente a la instauración de varios grados de jurisdicción significa reforzar la protección de los justiciables. Esto obedece a que toda resolución es fruto del acto humano y que, por lo tanto, puede contener errores o generar distintas interpretaciones, ya sea en la determinación de los hechos o en la aplicación del derecho.
El profesor Liebman señalaba que “el objeto de la cognición del juez de segundo grado es directamente la controversia ya decidida por el primer juez, no ya solamente la sentencia por éste pronunciada y las censuras hechas valer contra ella, o dicho en otros términos, el control de la decisión apelada es solamente un modo de proceder al nuevo examen de la controversia, se entiende en el ámbito de la apelación que se ha propuesto. En todo caso, la sentencia que se pronunciará en apelación será la nueva decisión de la causa, que absorberá y sustituirá en todo caso a la del primer grado”.(LIEBMAN, 1980, pág. 478)
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La revisión judicial permite, además, un control de los tribunales superiores sobre los de inferior jerarquía, estimulando la elaboración de resoluciones suficientemente fundamentadas, a fin de que no sean susceptibles de ser revocadas.
i) La tutela judicial efectiva
Las garantías jurisdiccionales se refieren a las acciones que tiene la persona humana para proteger los derechos fundamentales, para poder determinar la constitucionalidad o no de los actos de autoridad pública y las normas del ordenamiento jurídico. Entre las garantías jurisdiccionales están las del debido proceso, consagradas en el Art. 76 de la Constitución de la Republica.
La Constitución Ecuatoriana, en el Art. 75, señala que: “Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por la ley.”
Toda persona tiene facultad de recurrir ante los órganos jurisdiccionales del Estado, para obtener la protección de sus derechos o para hacer valer cualquier otra pretensión. De esta manera se asegura la tranquilidad social, se evita que las personas hagan justicia por sus propias manos ya que cuentan con una instancia o proceso, previamente determinados por la ley, por medio de la cual pueden resolver sus controversias.
El derecho a la tutela jurisdiccional “es el derecho de toda persona a que se le haga justicia, a que cuando pretenda algo de otra, esta pretensión sea atendida por un órgano jurisdiccional, a través de un proceso con garantías mínimas”(GOMZALES, 1985, pág. 27)
La garantía de la tutela judicial efectiva, es un mecanismo que tiene el ciudadano para acceder al órgano jurisdiccional y hacer valer sus derechos, es decir, a ejercitar su acción, desde cualquier ámbito jurídico, así pues, cuando el justiciable invoca la tutela judicial es para que la judicatura tome conocimiento del reclamo o petición que este formula o para que lo resuelto en definitiva por esta, pueda en efecto, llevarse a ejecución.
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