Los componentes Derechos Personales y Libertad Personal y de Elección cuentan con
cinco y cuatro indicadores, respectivamente, los mismos que son administrados por diversas
instituciones como se puede apreciar en la Tabla 20. Contar con demasiadas instituciones que
trabajan de manera independiente puede convertirse en una debilidad al no permitir la
cohesión de las mismas para el seguimiento de los planes e iniciativas. No se cuenta con un
plan estratégico que defina la integración o separación de los dos componentes o que plantee
la creación de un organismo o dos que aseguren el cumplimiento de los objetivos y
estrategias, y, además, su sostenibilidad en el tiempo.
En relación a la libertad de expresión uno de los representantes de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos aseveró que “existe un clima razonablemente abierto y
un ambiente favorable a la libertad de expresión” (“CIDH resalta libertad”, 2017) y “a diferencia de otros países de la región, la prensa puede hacer su trabajo de manera razonable
y cumplir el rol fundamental de realizar investigación en casos de corrupción” (“CIDH resalta libertad”, 2017). Sin embargo, existen amenazas a tener en consideración como
asesinatos a periodistas envueltos en investigaciones regionales donde la cobertura
periodística se ha tornado riesgosa, e intentos del congreso para controlar los medios de
comunicación mediante proyectos de ley que tienen una visión intervencionista y
anticonstitucional (“Presentan informe sobre”, 2017). Un ejemplo de ello es el proyecto de
ley promovido por el congresista Mauricio Mulder para prohibir la publicidad estatal en los
medios de comunicación privados, lo cual ha traído rechazos contundentes de la Sociedad
Interamericana de Prensa y de la CIDH (“Perú: SIP rechaza”,2018; “CIDH advierte que”,2018). No obstante, “el gobierno se comprometió a que ninguna ley o acto limite la libertad de expresión o de prensa” (“PPK suscribió la Declaración”, 2017), a través de la suscripción de la declaración de Chapultepec, la cual abarca “diez principios relacionados al respeto irrestricto de la libertad de expresión y libertad de prensa”, iniciativa que fortalece este indicador (“PPK suscribió la Declaración”, 2017). Finalmente, es importante mencionar
que, según el índice de progreso social regional del Perú 2016, la población que considera
que existe poco o nada de respeto por la libertad de expresión, que, en el 2014, fue de
68.86%.
Tabla 20
Derechos Personales y Libertad Personal y de Elección y sus Actores
Componente Indicador Institución
Derechos Personales
Libertad de expresión Ministerio de Justicia Título de propiedad urbano Ministerio de Vivienda Título de propiedad rural Ministerio de Agricultura Derechos Políticos Jurado Nacional de Elecciones Derecho a la participación
ciudadana Gobiernos Locales
Libertad Personal y de Elección
Uso de Anticonceptivos Ministerio de Salud Embarazo en adolescentes Ministerio de Salud
Acceso a bienes de uso público Ministerio de Vivienda, Gobiernos Locales Victimización de corrupción Comisión de Alto Nivel de la Corrupción
Por otro lado, se tiene que “la corrupción ha existido y existe en todos los sectores y
niveles de nuestra sociedad, sea en el ámbito privado como en el sector público” (Taype, 2017). Esto afecta enormemente la credibilidad de las personas hacia las instituciones, lo cual
genera en el fondo un gran impacto negativo al desarrollo y economía del país (Taype, 2017).
De acuerdo con el Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE), existe mucha
desconfianza de los peruanos hacia las instituciones, por ejemplo solamente el 32 % de la
población confía en los partidos políticos, el 36.6 % en el congreso, el 39.4 % en el sistema
judicial, y el 40,1 % en la policía (ESAN, 2018). “Uno de los casos emblemáticos de
trascendencia actual es el referido al caso Odebrecht, donde denuncias de corrupción afectan
a las gestiones de varios gobiernos y a diversos ex candidatos presidenciales, durante
campañas electorales anteriores” (Taype, 2017). Los indicadores internacionales respecto a la corrupción ubican al Perú en el puesto 85 de 175 países según el Índice de Percepción de la
Corrupción de Transparencia Internacional, y el séptimo lugar a nivel mundial según el
Barómetro Global de la Corrupción (ESAN, 2018). “Además, paradójicamente, las instituciones con mayor descontento son las encargadas de combatir la corrupción en el
sector público: el poder judicial y el congreso” (ESAN, 2018). Para contrarrestar esta
situación, se aprobó en el 2017 la política nacional de integridad y lucha contra la corrupción,
“con la finalidad de orientar las acciones y estrategias que despliega el Estado, a través de lineamientos generales y específicos” (“Gobierno aprueba política”, 2017). Al respecto, es importante mencionar que la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN), con apoyo de
sus comisiones regionales, son las responsables del seguimiento y evaluación al
cumplimiento de esta política (“Gobierno aprueba política”, 2017).
La actual crisis política de la renuncia del Presidente Pedro Pablo Kuczynski por
temas relacionados con corrupción y conflictos entre los poderes del Estado, ha forzado,
Vizcarra asuma el gobierno y se convierta en el nuevo Presidente de la República. En su
discurso inicial afirmó que su consejo de ministros será totalmente nuevo, donde luchará
contra la corrupción, buscando el equilibrio de poderes y la educación, indicando que buscará
un pacto social con todas las fuerzas políticas (RPP, 2018). Ante esta situación, los cambios
en los gabinetes pueden no permitir la gestión de una continuidad en los planes ya
establecidos, por lo que es importante que, para alcanzar los objetivos relacionados con
progreso social, esté claramente definido en una hoja de ruta que los diversos funcionarios
públicos puedan continuar dándole la importancia que tiene. En el caso de los índices de
progreso social regional, estos deben encontrarse dentro de los planes estratégicos del
gobierno, a fin de darle un adecuado seguimiento y asignación de recursos.