Structural+equation+modelling+

La socialización es un proceso manejable —si bien no siempre manejado por dirigentes que podemos señalar y nombrar—, cuyo fin es la reproducción (perpetuación) de algunos manejos de iden­ tidades; su objetivo ideal —no su práctica— consiste en asignar identidades a cada uno de los miembros de una colectividad. La socialización es el vehículo de clasificación y diferenciación: de hecho, podríamos decir que el manejo del orden social consta, ante todo, de una actividad de clasificación y diferenciación de derechos y deberes socialmente asignados que se combinan para formar identidades individuales o compartidas dentro de catego­ rías de individuos. En la sociedad moderna, lo que se clasificaba, diferenciaba y asignaba ante todo no eran las identidades explíci­ tas, sino diferentes medidas de libertad de movimiento entre iden­ tidades o —si se prefiere ponerlo en estos términos— la libertad de e le g ir en tr e identida des. Esa libertad estaba distribuida de ma­ nera desigual, lo que otorgaba, por consiguiente, una mayor di­ mensión a la diferenciación (desigualdad).

Una proporción relativamente pequeña de la población se acercaba al polo del «superhombre» del que hablaba Nietzsche: los que eligen, los que imponen reglas, los que se hacen a sí mis­ mos, los «individuos», en el sentido estricto de la palabra, esto es, entidades autocontenidas y autoimpulsadas. Del otro lado se en­ contraba el resto, a quienes no se confiaba la capacidad de elec­ ción, se les negaba calidad moral y la capacidad de darle un buen uso a la libertad, si acaso se les concedía. Como resumió Stanley Cohén, «el gran proyecto de disciplina, normalización, control, segregación y vigilancia que describen los historiadores [...] eran

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todos proyectos de clasificación» n. La gran mayoría de la pobla­ ción quedaba «fuera de la clasificación» de autosuficiencia moral y de la capacidad de manejarse a sí misma. Sus aspiraciones para hacer elecciones (si acaso las manifestaban), sus intentos únicos o reiterados por elidir las identidades asignadas se consideraban un acto delictivo, una conducta merecedora de sanción, que requería tratamiento intensivo, o ambas cosas.

El «resto», bastante voluminoso, comprendía categorías de di­ versos grados de incapacidad ética y desconfianza, a saber, las «ra­ zas inferiores» —retrógradas, carentes de sabiduría e inteligencia, infantiles por su incapacidad de anticiparse a las cosas y peligrosas por su potencial físico indómito que desplegaban en exabruptos de pasión; los pobres e indigentes—, movidas por oscuros impul­ sos más que por la razón, codiciosas aunque incapaces de procu­ rarse bienestar por medio del ahorro y el trabajo arduo, quienes fácilmente se distraían del deber a causa de placeres sensuales y eran improvidentes pero celosas de los frutos de la prudencia de otros; y las mujeres, dotadas de una mayor mezcla de animalidad que los hombres, oprimidas por esa mayor mezcla e incapaces de atender a la voz de la razón, y expuestas al peligro de ser desviadas y arrastradas por las emociones. Lo que unía a clases tan marcada­ mente opuestas, haciéndolas objeto de elección más que electores, y por ende el blanco de preocupaciones punitivas y reformatorias por motivos éticos, era la característica de incapacidad m ora l que se les imputaba. La supuesta ausencia de capacidad para hacer un juicio moral («adecuado», «maduro») hacía que sus elecciones resultaran sospechosas a priori, en la medida en que eran eleccio­ nes autónomas, propias, no pedidas e imprevistas. La vigilancia mencionada por Foucault, los «grandes encarcelamientos» del siglo XIX, eran tan sólo la expresión práctica del principio rector de una ética promovida por la socialización, dirigida a las clases «moralmente indolentes»: la afirmación reiterada de que su buena conducta sólo podía ser heterónoma, obligada e inducida desde el exterior.

Siempre que se manifestaba en la práctica o en la inspiración, la libertad de elección entre las clases ineptas y peligrosas se consi­ deraba patológica (y, por consiguiente, se medicaba) o bien un acto delictivo. En realidad, el límite entre incapacidad moral y conduc­ ta criminal era casi imperceptible: los delincuentes incurrían en su abominable conducta debido a sus vicios morales, de manera que quitarles la libertad de elección era el único método de defender­ los contra sus propios impulsos criminales y, a la larga, de refor­ marlos; esto es, de «inculcarles» obediencia y preceptos éticos. Clive Emsley resumió con gran claridad la estrategia seguida: Entre los años 1750 y 1900, la mayoría de los expertos y escritores hicie­ ron lo posible por negar cualquier relación entre salarios bajos, pobreza y el alto índice de delincuencia. Afirmaban que las causas principales eran debilidad moral, lujo, ocio, literatura corruptora, negligencia paterna y falta de educación [...].

[Se enviaba a la cárcel] a todos aquellos que se encontraban en la resbaladiza cuesta hacia la perdición y, por consiguiente, necesitados de corrección: los que promovían el desorden, los haraganes, los vagos o incluso algunos a los que sencillamente se describía como «rateros» 12. La delincuencia y el encarcelamiento generaban un círculo vi­ cioso. Las diferencias individuales entre ofensores se ignoraban o declaraban irrelevantes; los delincuentes eran arrojados a condi­ ciones diseñadas para obtener una conducta monótonamente idéntica, al tiempo que reducían al mínimo la posibilidad de que los internos actuaran como personas con normas de vida. Se creía que el anonimato de las masas propiciaba la delincuencia, y los de­ lincuentes daban la pauta para un contexto penal uniforme, que borrara cualquier diferencia, lo cual a su vez sólo podría corrobo­ rar la verdad de la suposición inicial. Nils Christie, en su estudio sobre prácticas penales contemporáneas, menciona:

La decisión política de eliminar el interés por los antecedentes sociales del acusado significa mucho más que considerar estas características

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inadecuadas para decidir cuánto dolor infligir. Por consiguiente, el acu­ sado es en gran medida excluido como persona. No tiene sentido exponer sus antecedentes sociales, sueños de infancia, derrotas —tal vez mezcla­ das con el brillo de algunos días felices— , vida social, todas esas cosas pequeñas que son esenciales para percibir al otro como un ser humano pleno. Con el Manual de Sentencias y su primer resultado, la Mesa de Sentencias, el delito se estandariza conforme al nivel de ofensa, la vida de una persona como puntos de una historia criminal, y las decisiones sobre la impartición del dolor se reducen a encontrar los puntos donde se fusionan dos líneas13.

Al clasificar y diferenciar a la sociedad moderna, la delincuen­ cia permanece como aquellos que se encuentran al margen; no se trata tan sólo de los márgenes que «no encajan», los residuos después de que el grueso de la sociedad ha sido exitosamente asignada a sus respectivas categorías y convertida en una totalidad ordenada, aun cuando esto también sucede. La delincuencia, el encarcelam iento y las prácticas penales más bien deben verse como la encarnación de la «técnica de control» de la sociedad mo­ derna, empujada a su extremo radical o —mejor aún— cercana a ese horizonte ideal que fija las normas y determina la dirección de sus avances. Conforme a esta interpretación, la práctica penal po­ dría servir como un laboratorio donde tendencias atenuadas y adulteradas en otro contexto pueden ser observadas en su forma pura; después de todo, el control y el orden son los objetivos ma­ nifiestos del sistema carcelario; se trata de objetivos a los que abiertamente se les otorga prioridad sobre otras consideraciones que están libres de las restricciones impuestas por otros fines po­ tencialmente incompatibles. Serviría como laboratorio para estu­ diantes de la sociedad moderna, y sin duda sirve de laboratorio para sus practicantes. Stanley Cohén sugiere que la tendencia ge­ neral de la práctica penal —cabría añadir de las prácticas médica, psiquiátrica, industrial, educativa y otras prácticas de control que en la época de los «grandes encarcelamientos» comenzó por con­ finar a sus objetos a un espacio cerrado, en constante vigilancia—

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va de los muros impermeables que ocultan su interior de la ino­ portuna curiosidad de los que se encuentran afuera, a la «apertu­ ra» de las prácticas al escrutinio de todos los interesados, al tiempo que se desmantelan los muros que dividen las áreas «controladas» y «libres» y, por ende, las diferencias entre «internos» y «hombres lib res»14.

Lo que podemos observar en ese laboratorio es el papel asig­ nado a la heteronomía de la conducta como el principio supremo de control social. El énfasis se encuentra en diseñar un contexto donde la variedad de acciones se reduzca, aunque no se elimine por completo. No hay respuestas aleatorias que normalmente se derivan de la libertad de elección; en cambio, observamos la máxi­ ma transparencia del vínculo entre estímulo externo y movimien­ tos corporales; máxima predecibilidad de respuestas logradas al traducir la uniformidad del contexto en uniformidad de la con­ ducta. Podríamos decir que la práctica ordenadora de la sociedad moderna sigue principios metodológicos conductistas de manera intuitiva: la sociedad más ordenada será aquella donde la idiosin­ crasia de las motivaciones individuales esté desprovista de la in­ fluencia de sus acciones; aquella donde ha perdido importancia lo que los actores piensan y sienten, ya que al margen de cuáles sean sus pensamientos o emociones, no afectan el resultado. Si el orden social depende de la expectativa razonable de que la mayo­ ría de sus habitantes se apegarán a un código ético uniforme la mayor parte del tiempo, las medidas tomadas pretenden, en pri­ mera instancia, reducir o eliminar el efecto de los impulsos mora­ les, siempre —irreparablemente— tan personales, tan incontrola­ bles, tan impredecibles.

Mantener el orden significa mantener a la sociedad —esa red de interacciones sociales— estructurada.

Desde una perspectiva ontológica, la estructura significa una repetición relativa, monotonía de acontecimientos; epistemológi­ camente, significa —por esta razón— predecibilidad. Llamamos «estructurado» a un espacio dentro del cual las probabilidades no

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están distribuidas al azar, en el que algunos acontecimientos ocu­ rrirán con mayor probabilidad que otros. Es en este sentido que la «sociedad» está «estructurada»: una isla de regularidad en el mar de aleatoriedad. Esta precaria regularidad sólo puede existir como un producto continuo y perpetuo de la presión «socializa- dora», cuya dimensión procesual, cuando se congela en una foto instantánea, se describe como «organización social». Cualquier organización social, grande o pequeña, global o local y funcional­ mente específica, consiste en someter la conducta de sus unidades a criterios de evaluación instrumentales o de procedimiento. Aún más importante, consiste en deslegalizar y expulsar cualesquiera otros criterios y, ante todo, aquellas normas que eliden la autori­ dad legisladora de la totalidad, y por ende vuelven la conducta de sus unidades resistente a las presiones socializadoras.

Entre las normas que deben ser suprimidas ocupa un innega­ ble primer lugar el impulso moral, la fuente de una conducta conspicuamente autónoma y, desde el punto de vista de la organi­

zación, impredecible y enemiga del orden. Como ya hemos comen­

tado, la autonomía de la conducta moral es final e irreductible: la moralidad escapa a cualquier codificación, ya que no cumple nin­ gún propósito fuera de sí y no establece relaciones con nada fuera de sí; esto es, no es una relación que pueda ser vigilada, estandari­ zada, codificada. La conducta moral se dispara por la mera pre­ sencia del Otro en tanto rostro: esto es, una autoridad sin fuerza. El Otro exige sin amenazar con un castigo ni prometer una recom­ pensa. El otro no puede hacerme nada, ni castigar ni recompensar; y es precisamente esa debilidad del Otro lo que deja al descubier­ to mi fuerza y mi capacidad de actuar, como responsabilidad. La acción moral sigue a esa responsabilidad. A diferencia de la acción motivada por el temor a la sanción o la promesa de recompensa, no aporta éxito ni ayuda a la supervivencia. Al carecer de propó­ sito, escapa a cualquier posibilidad de legislación heterónoma o de «redención discursiva»; permanece sorda a la conatus essendi;

por ende elide el juicio de «interés racional» y el consejo sobre la 134

conveniencia de la autopreservación, puentes gemelos al mundo del «así es» de la dependencia y la heteronomía. El rostro del otro (como, recordaremos, insiste Lévinas) es un límite impuesto al esfuerzo de existir. Por ende, ofrece la libertad última: libertad contra el origen de la heteronomía, contra cualquier tipo de de­ pendencia, contra la persistencia de la naturaleza por ser. Al con­ frontar tal grado de libertad, la «sociedad» queda desarmada: las llamadas al orden llegan a oídos sordos, los argumentos de la ra­ zón no son comprendidos, las amenazas de castigo ya no provo­ can temor.

La respuesta de la organización a dicha autonomía de conduc­ ta moral es la heteronomía de la racionalidad instrumental y de procedimiento. La ley y el interés desplazan y sustituyen la gratui- dad y la no sanción del impulso moral: los actores deben justificar su conducta con la razón, tal como la definen la meta aprobada o las normas de conducta. Unicamente las acciones pensadas y ar­ gumentadas de dicha manera, o que pueden narrarse de esta ma­ nera, se aceptan como acciones genuinamente socia les; esto es, ac­ ciones racionales, acciones que sirven como propiedad definitoria de los actores en tanto actores sociales. De igual manera, las accio­ nes que no reúnen los criterios de consecución de metas o de dis­ ciplina se declaran antisociales, irracionales... y privadas. La socia­ lización de la organización incluye como corolario indispensable la privatización de la moralidad.

Cualquier organización social consiste, por ende, en neutrali­ zar el efecto disruptivo y desregulador del impulso moral, lo cual se logra mediante diversas disposiciones complementarias: 1) ase­ gurar que haya distancia, en vez de prox im idad entre los dos polos de acción: el de «hacer» y el de «sufrir»; por ello, quienes reciben la acción quedan fuera del alcance del impulso moral de los acto­ res; 2) exceptuar a algunos «otros» de la categoría de objetos po­ tenciales de responsabilidad, de «rostros» potenciales; 3) diferen­ ciar otros objetos de acción humanos en agregados de rasgos funcionales específicos y mantener estas características indepen­

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dientes para evitar que surja la ocasión de volver a armar el «ros­ tro» con «partes» dispares y asegurar que la tarea asignada a cada acción esté exenta de evaluación moral.

Con las disposiciones anteriores, la organización no fomenta una conducta inmoral. No avala el mal, como algunos de sus críti­ cos se apresurarían a afirmar, aunque tampoco fomenta el bien, contrariamente a lo que dirían sus apólogos. Tan sólo convierte la acción social en moralmente adiafórica (el término adiaphoron co­ rresponde al lenguaje de la Iglesia, cuyo significado original era una creencia o costumbre que la Iglesia calificaba de indiferente —sin mérito ni pecado— y que no exigía una postura, ni aval ofi­ cial ni prohibición): tampoco era una costumbre buena ni mala, podía medirse conforme a criterios técnicos (orientados a un pro­ pósito o de procedimiento), pero no a criterios morales. De igual manera, deja sin efecto la responsabilidad frente al Otro en su pa­ pel original del límite impuesto al «esfuerzo de existir». (Resulta tentador aventurar que los filósofos sociales, quienes en el umbral de la época moderna percibieron por vez primera la organización social como objeto de decreto y mejoría racional, teorizaron preci­ samente esta cualidad de organización como la «inmortalidad del Hombre» que trasciende, y privatiza hasta la irrelevancia social la mortalidad de hombres y mujeres individuales.)

Veamos cada una de estas disposiciones, las cuales, simultá­ neamente, conforman la «ética» de la organización social y adiafo- rizan moralmente la acción social.

Comenzaremos eliminando los efectos de la acción del alcance del impulso moral de los actores. Al encontrarse en el «estado de agente»15 y aislados tanto de las fuentes de la intención consciente de la cadena de acción como de los efectos últimos de la acción por una secuencia de mediadores16, los actores rara vez tienen la oportunidad de considerar las intenciones que su contribución está dirigida a servir, e incluso con menos frecuencia de encarar de lleno las consecuencias de sus actos. Aún más importante, si en al­ gún momento las encararan, difícilmente las imaginarían como

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consecuencia de sus actos. En todo caso, difícilmente apreciarían su propio trabajo —pequeño e insignificante si se lo compara con los demás trabajos que contribuyeron al resultado final— como m o ra lm en te relevante. Debido a que cada acción es tanto m ed ia ti­ zada como «meramente» m ediatizadora, la sospecha del vínculo causal se desecha con convicción al explicar la evidencia como un producto «no anticipado» o, en cualquier caso, «no intenciona­ do» (más aún, «producto colateral» o «efecto colateral») de un acto moralmente neutral en sí; un error de la razón, más que un fracaso ético. En otras palabras, podría describirse la organización como una maquinaria que mantiene a flote la responsabilidad mo­ ral. La responsabilidad «flotada» no puede asignársele a nadie en particular, ya que la contribución general al efecto final es de­ masiado pequeña o parcial para poderle atribuir con certeza una función causal, ya no digamos el papel de la causa decisiva. La disección de la responsabilidad y la dispersión de la restante cul­ mina, en el plano estructural, en lo que Hannah Arendt aguda­ mente describe como «regla de Nadie». En el plano individual, deja al actor, en tanto sujeto moral, mudo e indefenso al encararse con los poderes gemelos de la tarea asignada y las reglas de proce­ dimiento.

El importante corolario del Estado agente es que aun cuando se lo coloca a una distancia prudente de los blancos humanos de la acción colectiva, primero fragmentada y luego coordinada, la ca­ pacidad moral de los actores no se extingue por completo; ahora se le puede canalizar hacia una dirección conveniente: asignarla a otros integrantes de la cadena de acción, personas en un Estado agente similar, los «intermediarios» cercanos al actor. Es en su be­ neficio que el actor es ahora responsable, en tanto yo moral. La capacidad moral del actor, al que ahora se le impide interferir con el p r o p ó sito y el resu lta d o del esfuerzo colectivo, se despliega al servicio de la eficien cia de su esfuerzo; la «lealtad a los compañe­ ros», a los «compañeros de armas» se convierte en la medida prin­ cipal de propiedad moral y, por ende, fortalece la dedicación de

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todos a la tarea que debe hacerse, refuerza la disciplina y la volun­ tad de cooperar, eliminando a su paso cualesquiera escrúpulos morales que hubieren surgido respecto de los lejanos efectos de la cooperación.

La segunda disposición podría describirse mejor como «borrar el rostro» (proceso equivalente a «deshumanización»). Consiste en arrojar a los objetos que se encuentran en el «lado receptor» de la acción a una posición en la que se les niega la capacidad de suje­ tos morales, por lo cual no se les permite entablar un cuestiona- miento moral frente a las intenciones y los efectos de la acción. En otras palabras, los objetos de la acción son expulsados de la clase de seres que podrían confrontar al actor como «rostro». La varie­ dad de rangos aplicados a este efecto es en verdad enorme. Se ex­ tiende desde una supresión explícita del enemigo declarado de la protección moral —al clasificar a grupos selectos entre los recur­ sos de una acción que pueden evaluarse sólo en términos de su va­