Ahora bien, desde mediados del siglo XIX e inicios del XX, en Europa se produce “en diversos
contextos una vinculación estrecha entre la política social y las necesidades de legitimación o control político enfrentadas por diversos gobiernos” (Barba, 2005: 19). En relación a esto, Isuani
(1998) destaca que, la desprotección sufrida por los trabajadores frente a los abusos de los capitalistas en una etapa de crecimiento industrial, los empujó a organizarse en mutuales para protegerse en caso de enfermedad o invalidez. Éstas, constituidas como un símbolo de enfrentamiento de los asalariados contra las consecuencias vinculadas con el mercado laboral libre (desregulado), derivaron luego en sindicatos que agregaron a su accionar la conquista y defensa de los beneficios laborales: “A esta altura, los trabajadores no adoptaban sólo estrategias defensivas
o conflicto, mejores salarios, reducción de la jornada laboral u otras mejoras en las condiciones de trabajo” (Isuani, 1998: 3).
Asimismo, continúa el autor, la fuerza de trabajo organizada, dio paso a la creación de centrales sindicales y de partidos políticos, que pretendían cambiar el orden social vigente, “un cambio
profundo, generalmente revolucionario”. Y es que, “Organizaciones como las diversas centrales sindicales anarquistas, anarcosindicalistas o la socialdemocracia alemana y el laborismo inglés anunciaban desde finales del siglo pasado que, más allá de las demandas por beneficios laborales”
los trabajadores se estaban convirtiendo en un nuevo actor político y social, con pretensiones de intervenir en el dictado de las reglas de juego de la organización socio-productiva (1998: 3).
En este contexto, Isuani destaca (1992: 2) que bajo la iniciativa del canciller alemán Otto von Bismarck, nace el seguro social, que va a significar además “una ruptura con las instituciones de la
beneficencia”, en el sentido, que las leyes de pobres de 1834 “eran discrecionales y estigmatizantes” en tanto que el seguro social en cambio, estaba basado “en reglas no discriminatorias relativamente automáticas en su aplicación ante el daño ocasionado.” Además, no
estaba dirigido hacia el llamado pobre o miserable, sino que su destinatario era el asalariado, lo que a su vez contribuiría a compeler a potenciales beneficiarios, a sostener su financiamiento, fortaleciéndose de esta manera, el derecho a reclamar por el beneficio.
De esta manera, la figura del seguro social creada por Bismarck estuvo dirigida en sus comienzos para los obreros industriales, entre quienes existía la mayor influencia socialista, ampliándose tiempo después a otros grupos sociales; de hecho, González Muñoz destaca que: la “legislación,
implicaba la aportación de recursos por parte de tres sectores: obrero, patrón y estado (éste último no solo como financiador, sino también como administrador). Con este tipo de legislación lo que se
buscó fue “asegurar a gran parte de la población como un medio necesario para hacer frente a
problemas como la vejez, los accidentes, los jubilados y los desempleados”, además “de contrarrestar la influencia socialista” (González Muños, 2004: 7).
Asimismo, Barba (2005: 19) sostiene que el “seguro social formó parte de la política de Bismarck
de promoción de la unidad nacional y estímulo del desarrollo capitalista, conducidos por un Estado fuerte, que intentaba controlar a la clase trabajadora y promover la paz social mediante políticas ‘paternalistas’”. En otras palabras, lo que esta propuesta pretendió fue “promover el bienestar de los trabajadores -a fin de que la economía alemana siguiera funcionando con la máxima eficiencia- y eludir la demanda de opciones socialistas más radicales.” (OIT, 2009).
En tal sentido, Bustelo y Minujin (1998: 4) destacan que, tanto el canciller Bismarck como los diseñadores de este esquema de protección social pionero, que eran básicamente políticos conservadores “estaban conscientes de la débil posición de los trabajadores en una sociedad
industrial con crecientes riesgos y eran escépticos ante las soluciones meramente voluntarias e individuales a través del mercado”. Y es que, en términos políticos, el seguro social se introdujo “como parte de la construcción de la república germano-prusiana, integrando estados anteriormente independientes y como una medida explícita para incluir en ella al nuevo proletariado industrial emergente.”
El seguro social bismarkiano, que relaciona la protección social con el estatus ocupacional y los aportes provenientes del empleo, pasó a cubrir los problemas emergentes de accidentes de trabajo, la invalidez, la enfermedad y la ancianidad, en un esquema en donde todos respondían solidariamente por los riesgos, y resultó introducido progresivamente, de acuerdo al siguiente orden:
• Seguro contra enfermedad en 1883.
• Seguro contra accidentes de trabajo en 1884.
• Seguro contra la invalidez y la vejez durante 1889.
Asimismo tal como destaca Halperin et al (2008: 107), “Los resultados de la aplicación de este
Modelo fueron tan eficaces que muy pronto es extendido a Europa y un poco más tarde a otras partes del mundo.”. Asimismo, Repetto (1998: 57), resume que la estrategia de Bismarck tenía una
finalidad doble: considerando la sociedad industrial incipiente, pretendía por un lado brindar seguridad a los trabajadores, y por otro, agregaba la intención de “captar en términos de apoyo
político en su favor un amplio sector de la población, que potencialmente podría adherirse a la oposición socialdemócrata”.
Y aunque tal como destacan Bustelo y Minujin (1998: 4), es cierto que el esquema básico bismarckiano “tenía como objetivo político contener el proceso de expansión de la ciudadanía, no
es menos cierto que indirectamente, se sientan las bases para pensar la solidaridad como respuesta a problemas públicos comunes y a la política social como base para la construcción de un ‘proyecto nacional’". Finalmente destacamos del texto de Isuani (1991: 2) que, “La maduración de los procesos de industrialización y urbanización, y el surgimiento de los asalariados como fuerza social crearon las condiciones para que se iniciara una etapa de extraordinaria importancia en la política social del Estado”.
En este contexto, es que el autor (1998: 3) afirma a partir de un trabajo de Rimlinger10 (1971) que: se registra un cambio en la acción redistributiva del Estado, a través de la aparición de la figura del seguro social, que va a ser visto, como un “elemento destinado a ‘prevenir el orden’ y evitar que la
‘cuestión social’ alcanzara un punto álgido”. A la vez que también va a ser considerado como un “instrumento de negociación utilizado por las elites gobernantes para desradicalizar el conflicto social”, -más que una respuesta a demandas del movimiento obrero per se-, poniendo de
manifiesto, de la misma forma que planteamos previamente, la importancia adquirida por la fuerza de trabajo como actor social y político, que a esa altura ya no podía ignorarse.
10
RIMLINGER, Gastón (1971): Welfare Policy and Industrialization, John Willey and Sons, Nueva York. Citado en el texto de Isuani (1998).