En Laciana, la influencia que ejerce la empresa minera sobre las instituciones políticas locales y sobre gran parte de la población es muy intensa, como también he podido comprobar con mis observaciones y entrevistas. La opinión o las actuaciones de la empresa minera son temidas por gran parte de la población. En parte, todavía persisten ciertas continuidades de una relación de servidumbre entre el patrón y los mineros algo que marca y singulariza la historia reciente de Laciana. La minería de carbón ha sido, por mucho tiempo, un monocultivo económico en Laciana. La entonces llamada empresa MSP ofrecía muchos servicios e instalaciones para satisfacer las necesidades de sus propios trabajadores. Durante gran parte del siglo XX, por ejemplo, MSP desarrolló una obra social y fue dueña del único economato del Valle, de la escuela
14 La maquinaria judicial que acabaría con la declaración de ilegalidad de la explotación de
El Feixolín fue puesta en marcha por un empresario particular afectado por el derrumbe de una parte de una cabaña de su propiedad, cerca de la explotación a cielo abierto (se puede leer más sobre este incidente en el Capítulo 4). Al conocerse la situación de ilegalidad, el
de aprendices, del hospitalillo, y de la Casa de la Beneficencia. En la década de 1930, también incentivó la construcción de unas barriadas para los mineros y sus familias a
base de pabellones que, debido a su aspecto exterior, se conocieron como Los Cuarteles,
en pueblos como Villaseca de Laciana, Orallo, Caboalles de Abajo o Villablino (Díez González, 1985). Éstos se venderían posteriormente en la década de 1990. Aún en la actualidad, pude observar la fuerte presencia de la empresa en actos públicos de celebración en el municipio, como por ejemplo en las fiestas locales, patrocinadas por
la empresa minera y en los que esta ofrece servicios como el de utilizar sus camiones
de transporte de carbón para pasear a algunos trabajadores por el pueblo principal. José Francisco, uno de los portavoces del grupo ecologista Filón Verde, caracteriza la gran influencia que ejerce el empresario minero Victorino Alonso:
Es un empresario que rompe los moldes. No es el empresario como habíamos conocido, más o menos dialogante, no. El viene y es quien corta el bacalao. No
hay opción. O estás con él o estás en contra de él. La negociación la marca él.
El exalcalde de Villablino, de Izquierda Unida, exminero y exsindicalista, también caracteriza las tácticas de la empresa para ejercer presión sobre las instituciones municipales a través del chantaje de los puestos de trabajo (Kazis & Grossman, 1982). Concretamente, el episodio al que este exalcalde se refiere se remonta al año 2007, en el periodo que se debía ejecutar la multa que recibió la empresa por carecer de licencias de actividad y existía cierta tensión entre Ayuntamiento y empresa. El entonces alcalde, en cierto momento, dictaminó la paralización temporal del Feixolín:
En el periodo de tiempo que pasó entre que dictamos el decreto de paralización y el juzgado se pronunció, lo que hicimos desde el Ayuntamiento fue paralizar el tráfico de camiones. Que no se bajase carbón del Feixolín al lavadero,
esperando a ver si el juzgado se pronunciaba. Eso se mantuvo durante más o
menos dos semanas. Eso coincidió con el pago de la nómina de los trabajadores
y la empresa lo que hizo fue no pagar el salario a los trabajadores que vinieron aquí y plantearon un encierro. Los trabajadores hacen su tarea y si entienden que no cobran el salario por los follones que puede tener el Ayuntamiento con el empresario, bueno pues digamos que la puerta que tienen más cerca es la
del Ayuntamiento para hacer presión. Y eso la empresa también lo utiliza para
chantajear.
De manera similar a lo que ha sucedido con el negocio inmobiliario analizado por
los poderes políticos y el poder económico que históricamente han dinamizado
intensivamente la economía de la zona. En efecto, Naredo (2009) ha dado el nombre
de “neocaciquismo” al entramado entre los nuevos poderes locales, ciertas empresas y los grupos de interés, que ocultamente deciden y actúan sobre el territorio biofísico sustrayéndose al control, la visibilidad política y el debate público sobre los fines y los proyectos concretos de actuación. Estos poderes neocaciquiles operan en complicidad con la gobernanza municipal desde redes muy personalizadas e informales de relación. En sus palabras:
Si antes el Estado controlaba a las empresas ahora hay empresas y empresarios que
controlan y utilizan el Estado y los media en beneficio propio, mostrando que el capitalismo de los poderosos es sólo liberal y antiestatal a medias. Es liberal para solicitar plena libertad de explotación, pero no para promover recalificaciones y concesiones en beneficio propio. Y es antiestatal para despojar al Estado de
sus riquezas, pero no para conseguir que las ayudas e intervenciones estatales
alimenten sus negocios. De ahí que calificar de (neo)liberal al capitalismo de
los poderosos es hacerle un inmenso favor, al encubrir el intervencionismo discrecional tan potente en el que normalmente se apoya, permitiendo que los nuevos caciques vayan impunemente por la vida presumiendo de (neo)liberales.
Intervencionismo que ha culminado al calor de la crisis con las suculentas ayudas
a las empresas que evidencian la ley del embudo, consistente en privatizar
beneficios y socializar pérdidas, que están imponiendo los nuevos caciques al conjunto de la población (Naredo, 2009:119).
En el conflicto de Laciana, este neocaciquismo ambiental despliega su influencia sobre las instituciones públicas (municipales, regionales y estatales), los sindicatos locales y la opinión pública local mayoritaria. La empresa minera privada que opera en Laciana utiliza las instituciones de gobierno a escala estatal, autonómica y municipal para generar beneficios propios, a través de redes de relaciones personalizadas. Es decir, la lógica capitalista de la empresa CMC se muestra liberal para solicitar plena libertad de explotación de los montes lacianiegos, sin embargo, hace una defensa a ultranza del proteccionismo estatal para beneficiarse al máximo de las subvenciones del Estado dirigidas a la reestructuración del sector, y para extender las ayudas estatales a la industria del carbón más allá de la fecha límite de 2018, marcada por la Unión Europea (ver Capítulo 7).
Muchos de los entrevistados aluden a estas impenetrables redes de relaciones
regionales, estatales y el silencio de los sindicatos ante las controvertidas actuaciones
de la empresa. Jose Francisco, portavoz del grupo ecologista Filón Verde, es uno de
los entrevistados que menciona el amiguismo existente entre la actual alcaldesa de
Villablino y el empresario minero:
La imagen que da [el Ayuntamiento] es al servicio de la empresa CMC. El Ayuntamiento no sabe, no contesta. El ejemplo real lo tenemos, por ejemplo,
con las sentencias de El Feixolín. Sentencias que se han estado tirando la pelota
unos a otros ‘no es que yo no tengo competencias para cerrar’, ‘no, es que tiene
que ser la Junta’, … pero bueno, vamos a ver. ¿Aquí dónde queda el cumplimiento
de la ley? Si un juez dice que eso debería estar cerrado, debería estar cerrado el
día siguiente. Pero no. Siguió explotando durante muchísimo tiempo El Feixolín a pesar de las sentencias. […] Si el Ayuntamiento tuviera intención, podría pedir la ejecución de la sentencia y pedir el cobro de esa multa, de esa sanción. Hacer algo. Pero no. En cambio, sí vemos una especie de amiguismo, para mi intolerable, por ejemplo, en algunas cosas que hacemos, en diciembre, el Belén viviente. Materiales y demás, ¿quién los pone? La empresa.
Algunos entrevistados van incluso más allá, aludiendo a la existencia de clientelismo
político o redes de corrupción, en donde la autorización o el visto bueno de las actividades se puede comprar fácilmente. Un portavoz de la asociación En Defensa de la Naturaleza de Laciana lo explica así:
Hay que engrasar bien las ruedas para que no chirríen. [Es decir] Sacar el talonario. No cabe dudas. No se comprende que ciertas personas mientan jugándose hasta
el puesto. Aquí ha mentido gente de la administración, porque gente que dice
que no se ha tocado un árbol cuando se han llevado un bosque, está mintiendo.
Personalmente pienso que no será por la cara, porque les guste Victorino o se acuesten con él. Supongo que es la grasa [el dinero], que llamo yo. La grasa es la que se echa a las ruedas para que no chirríen porque si no saltan chispas.
5.5 Dramatis personæ del conflicto
Al igual que ocurre en muchos otros conflictos ecológico-sociales (e.g Bell & York, 2010; Gould et al., 1996; Lafayé & Thévenot, 1993), en Laciana confluyen dos principales campos de fuerzas y categorías de actores sociales en relación mutua de
expresiones en el ámbito local y autonómico por un lado, y en el estatal y europeo por otro. Para delimitar el mapa de actores del conflicto de la minería del carbón
en Laciana pueden tomarse como referencia las alegaciones presentadas ante los
proyectos de corta de montaña y el férreo consenso de opiniones divulgadas por la prensa provincial y autonómica a favor de la continuidad de la minería del carbón y de las subvenciones públicas a la misma15.
Localmente, desde hace casi dos décadas, el conflicto está muy polarizado y radicalizado
en sus alineamientos, y está visiblemente concentrado en unos pocos actores sociales
que hacen públicas sus posiciones en medio de un clima social, formal e informal, que presiona fuertemente a favor del carbón como único recurso para garantizar el
empleo y el futuro de la comarca. Algunos de los sectores más tradicionales, como son la ganadería, la caza o la pesca, y cuyas prácticas sociales vienen fuertemente
condicionadas por el acceso a las montañas y la salud de sus ecosistemas, a pesar
de estar directamente perjudicados por las consecuencias ambientales de los cielos
abiertos, no manifiestan sus intereses de forma colectiva, ni expresan públicamente
las incompatibilidades existentes entre el mantenimiento de estas actividades
tradicionales y la minería de superficie. El popular mito de que el carbón todavía constituye la única fuente posible de empleo y de bienestar en la zona ha calado en toda la estructura social lacianiega. Como veremos en el siguiente apartado y en el Capítulo 7, este imaginario benefactor sobre el pasado, presente y futuro de la minería del carbón está estratégicamente alimentado por los intereses y actores a favor de
la continuidad de la actividad minera en el valle, lo que favorece activamente a la
posición de servidumbre y silencio adoptada por los actores e intereses ligados a las pequeñas economías rurales en decadencia.
15 Desde 2004, las asociaciones Filón Verde, En Defensa de la Naturaleza de Laciana y la
Plataforma en Defensa de la Cordillera Cantábrica, el partido de Los Verdes de Laciana, el pueblo de Robles de Laciana, algunos particulares, así como la asociación denominada Fundación Oso Pardo (aunque esta última lo ha hecho de forma ambivalente) han denunciado a la empresa CMC por exceder los límites de explotación, por carecer de licencias ambientales y urbanísticas, por impactos en zonas vitales para la población de osos y urogallos, por vertidos incontrolados y contaminantes en el río, y por invasión de bosques con las escombreras. También se han realizado numerosas denuncias contra las autoridades locales por permisividad e incumplimiento de la legalidad.