Test for convergence

Sabido es que, durante el ‘modelo agroexportador’ las formas y contenidos del espacio nacional eran modernos para acoger y ejercer las funciones impuestas por la división internacional del trabajo; más en pleno régimen de sustitución de importaciones, “las

funciones de los lugares” respondían “más a una división interna del trabajo y menos a un

orden externo”, creando “un nuevo espacio derivado” que, concebido como un “medio técnico

incompleto y, por tanto, diferente del constituido en los países centrales”, era producto

“de la ausencia de intercambios internacionales y de la inserción del país en los

inestables mercados internacionales” (Silveira, 1999a: 92-93). Como se basó en una

acumulación del capital independiente de las innovaciones tecnológicas y organizacionales más recientes de la época, el nuevo medio técnico se contentó con imitar formas y contenidos a menudo envejecidos de los países centrales y, así, algunos escenarios pretéritos comenzaron a cambiar rápidamente: las inversiones extranjeras, que en 1929 habían concentrado el 32% del capital fijo, absorbían, veinte años después, menos del 6%47; las importaciones disminuyeron sensiblemente; entre 1935 y 1950, el empleo industrial creció a razón del 6% anual, permitiendo el embrionario desarrollo de la metalurgia y la reposición de las piezas faltantes o desgastadas de sistemas deteriorados u obsoletos. Hacia 1945, la industria ya concentraba casi la cuarta parte del PBI, en tanto que, entre 1943 y 1953, el número de obreros empleados en las actividades manufactureras (17%) y la generación de gas y electricidad (36%) había exhibido sustanciales incrementos (Neffa, 1998: 198). Ese autor (Neffa, 1998: 206) explica que, conforme el modo de producción capitalista se difundía aceleradamente en el país, el nivel de incorporación de la fuerza de trabajo a las modernas relaciones sociales de producción se incrementaba: después de la Segunda Guerra Mundial, la participación de los asalariados sobre la PEA alcanzó el 70%, esto es, su máximo histórico.

Sometidas a un doble proceso de perfeccionamiento y expansión, las redes de telefonía, hidrocarburos y energía eléctrica se convirtieron en hitos de un sistemático proceso de renovación, equipamiento y modernización de la materialidad del territorio. Silveira (1999a: 80) explica que “los progresos mundiales” suscitados en “navegación, aeronavegación

y circulación terrestre” alumbraron “una demanda de nuevos recursos y una densificación de

los flujos”; paralelamente, la construcción de ejes de rutas no hizo sino complejizar la

maquinaria de circulación heredada, espesando la vida de relaciones de los lugares. Otra ruptura respecto del pasado es así testimoniada, pues opone a los nuevos sistemas de ingeniería -destinados a imprimir una cohesión al territorio, concretada a partir de una integración del mercado interno- a los puertos y los ferrocarriles -pergeñados durante fases anteriores para articular a determinadas áreas con el mercado mundial-. Intenso fue también el desarrollo de las redes energéticas, en virtud de la producción de una nueva materialidad -refinerías, polos petroquímicos, oleoductos y gasoductos- orientada a

46 “A un estanciero no tiene por qué importarle que adoptando determinadas innovaciones tecnológicas y realizando inversiones adicionales, su campo produzca el doble de lo que produce ahora, si ese aumento de producción por unidad de superficie utilizada no involucra simultáneamente un aumento de las ganancias en relación con el capital desembolsado en la explotación” (Flichman, 1982: 153). Las cosechadoras se difundieron más temprana y rápidamente en el país que las sembradoras, gracias a su mayor capacidad de ahorro de fuerza de trabajo; concomitantemente, el incremento de los precios de la tierra implicaba que los latifundistas adoptaran modelos extensivos de producción, apoderándose de una suerte de ‘premio’, una renta especulativa que se añadía a las ganancias obtenidas por la explotación agropecuaria (Flichman, 1982: 154). De ese modo, los terratenientes valorizaban sus capitales conforme se pergeñaba el estancamiento productivo.

47 En efecto, la crisis de 1929 provocó una retracción general del capital extranjero en el país. Según datos de Rofman y Romero (1997: 170), las inversiones en títulos públicos se desplomaron ininterrumpidamente hasta 1945, desapareciendo las inversiones en infraestructura y servicios, a excepción del sector energético, sin duda clave en la nueva configuración material e inmaterial impuesta por el proceso de consolidación y reorganización del medio técnico en el país.

garantizar una fluida circulación de hidrocarburos hacia las principales ciudades industriales del país y, también, a proporcionar insumos a las nuevas funciones manufactureras. La industria, que ya había abandonado combustibles como el carbón y la madera, absorbía en los años cuarenta el 43% del consumo petrolero; si en 1939 ese hidrocarburo apenas satisfacía el 50% de la demanda manufacturera, en 1955 explicaba el 86,5% (Brailovsky y Foguelman, 1993: 278). Tal intensificación del consumo de combustibles obedecía a la generalización del uso del transporte automotor de cargas y pasajeros, el desarrollo de una flota de vehículos, la difusión del transporte aéreo y la multiplicación de los flujos ferroviarios, marítimos y fluviales48.

No obstante, dicho esquema de acumulación capitalista no demandaba la funcionalización de flamantes innovaciones técnicas; más bien se limitaba a imitar sistemas de ingeniería externos y obsoletos vía la incorporación de formas materiales envejecidas: de ahí que la principal innovación de la historia mundial de la época empirizada por nuestro país fuera organizacional: la emergencia de lo que Ianni (1984: 134) llama el “Estado populista”, responsable por una “verdadera ruptura” a escala mundial y nacional. No siendo en modo alguno producto aislado de una iniciativa endógena, la refuncionalización de las estructuras burocráticas se desarrolló en consonancia respecto de la experiencia institucional de los países centrales, implantando en Argentina los embriones del llamado Estado de Bienestar europeo y norteamericano; al fundarse en un conjunto más o menos compacto de imitaciones de los cánones instaurados en naciones como Francia, Alemania, Suiza y Estados Unidos, ese proceso significó la aceptación, por parte de la burocracia, del modelo de industrialización sustitutiva de importaciones, lo cual se plasmó en el desarrollo de distintos mecanismos de regulación, como la creación de un sector financiero estatal, la nacionalización de las firmas extranjeras y la fundación de las grandes empresas públicas de infraestructura, comunicaciones, servicios urbanos y producción industrial -siderurgia, fundición, química- (García Delgado, 1994: 67-68). Ya iniciada durante la década de 1930, dicha reorganización jurídico-institucional había dado sus primeros pasos cuando, frente a la crisis internacional, el Estado argentino concretó el desarrollo de un conjunto de normas destinadas a garantizar la continuidad de la acumulación capitalista, tales como la multiplicación de los controles sobre la moneda, las importaciones, los movimientos financieros y las inversiones; posteriormente, ese esquema se consolidaría a partir de la fundación de los entes regulatorios devenidos responsables por la fiscalización de las producciones agrícolas y ganaderas, tanto de la pampa húmeda como del interior: son ramificaciones del aparato burocrático estatal, que procuraban evitar o mitigar las crisis de sobreproducción que descapitalizaban a las llamadas ‘economías regionales’.

Organismos como la Junta Nacional de Carnes y la Corporación Argentina de Productores de Carnes, al devenir funcionales al nuevo modelo de modernización, permitían al Estado establecer precios mínimos para las exportaciones y precios máximos para el consumo interno, siendo responsables, además, por el control y la verificación de los balances de las empresas frigoríficas; paralelamente, la Junta Nacional de Granos y la Comisión Nacional de Granos y Elevadores establecieron los llamados ‘precios-sostén’, esto es, valores mínimos para las producciones de trigo, lino y maíz que, durante varios años, obligarían al Estado a absorber las pérdidas ocasionadas por un mercado mundial caracterizado por cosechas abundantes y precios deprimidos. Nacían también el Mercado Nacional de Papas, la Junta Reguladora de Vinos, la Dirección Nacional del Azúcar y la Comisión Reguladora de la Yerba Mate. A mediados de los años cuarenta, la creación del Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio (IAPI) constituyó un hito clave, estratégico para que el Estado capturara buena parte de la renta agraria y la utilizara para subsidiar el crecimiento y la expansión manufacturera; eficaz para tal propósito, ese mecanismo consistía en la compra anual de las cosechas de trigo49, suplantando así el antiguo sistema de acopios y limitando el comportamiento oligopólico de las cuatro grandes cerealeras que otrora se apoderaban de la mayor parte de la producción. Ese ente regulatorio testimoniaba, asimismo, la empirización, en el plano doméstico, de las regulaciones de los países centrales, pues su implantación fue consonante respecto de iniciativas similares, como el Australian o el Canadian Wheat Board.

Otro rasgo esencial definía al sub-período: el imperio de las grandes empresas monopólicas estatales, cuya hegemonía se extendió durante casi media centuria. Se asistía, en ese entonces, al nacimiento del denominado ‘Estado empresario’, concretado a partir de la fundación de las grandes firmas industriales, la creación de un sector financiero estatal y

48 El uso de carbón a escala mundial había mermado considerablemente, cayendo más de un 20% entre 1913 y 1955. Por eso, el petróleo representaba el 28% de las demandas energéticas mundiales en 1948.

49 El IAPI compraba la totalidad de la cosecha de trigo, adquiriendo, en el caso del resto de las producciones agrícolas, los volúmenes necesarios para cubrir los cupos de exportación estipulados.

las numerosas expropiaciones realizadas al capital extranjero: todas esas medidas permitieron que el aparato burocrático regulara no sólo la distribución, sino también la producción directa de bienes y servicios públicos; asumiendo un control casi absoluto sobre el sector de los hidrocarburos, la siderurgia, la telefonía, el agua y la energía eléctrica, el Estado desarrolló su propia flota marítima y aérea e incursionó en el sector financiero y otros servicios mediante la provisión de créditos para viviendas e industrias y la fundación de empresas de seguros y obras sociales. Numerosas firmas públicas - Fabricaciones Militares, Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del Estado, Astilleros y Fábricas Navales del Estado, Atanor, SOMISA, Altos Hornos Zapla, Aerolíneas Argentinas, ENTel, etc- nacieron al calor de la nacionalización y posterior estatización de empresas británicas de servicios públicos y, en menor grado, a partir de la confiscación de compañías alemanas durante la Segunda Guerra Mundial; en 1947, todas esas firmas quedaron bajo el control de la Dirección Nacional de Empresas Industriales del Estado. Como los sistemas de acciones públicas asumieron como propia la responsabilidad por el equipamiento, la explotación y la modernización del territorio, las firmas estatales pasaron a concentrar, durante el ocaso de la Segunda Guerra Mundial, el 40% de la inversión bruta; el gasto público ya equivalía, cuanto menos, a la tercera parte del PBI.

El Estado nacional, al retomar la experiencia institucional europea, se convirtió también en un benefactor de la clase obrera, sobre todo a partir del otorgamiento de sendos beneficios a la fuerza laboral asalariada y a pequeños empresarios y trabajadores independientes; la prosperidad de una incipiente burguesía industrial nacional quedó atada así al bienestar de las masas populares: las indemnizaciones por despido, las vacaciones anuales pagas, el régimen de jubilaciones y el Estatuto del Peón Rural fueron normas laborales procuraron garantizar condiciones mínimas de empleo e ingreso imprescindibles para la sustentación y continuidad del proceso de expansión del mercado interno; paralelamente, los impuestos a las importaciones y la transferencia de la renta agraria permitían el funcionamiento del expandido aparato burocrático estatal, efectuar una redistribución del ingreso y garantizar -mediante controles de precios- la reproducción a bajo costo de la fuerza de trabajo. Sustancial, el incremento de la presión tributaria generó nuevos recursos fiscales, extraídos de distintas facciones de la clase capitalista; no por nada, los ingresos, beneficios y ganancias del capital (25%), los patrimonios internos sobre bienes, servicios y transacciones (45%) y los salarios y contribuciones patronales para Seguridad Social (28%) representaban, en 1945, casi la totalidad de la recaudación percibida por el Estado nacional. Obstando la transferencia de ingresos indirectos, esta fase se caracterizó por el aumento del salario medio nominal, el cual se incrementó nueve veces entre 1946 y 1954; de ahí que la masa salarial explicara, hacia mediados del Siglo XX, el 55,4% del ingreso nacional, y que el quintil de la población provisto de ingresos más bajos -que en el pasado apenas concentraba el 1% del ingreso nacional- lograra apropiarse, hacia las postrimerías de los años cuarenta, de casi el 38%. Empujadas por la crisis agrícola y la tecnificación del trabajo agropecuario, grandes masas de población rural se volcaron hacia los centros industriales, especialmente la Capital Federal. Si bien los guarismos de esas migraciones internas se situaron, entre 1914 y 1947, en el orden de los seis millones de personas, en menos de un quinquenio (1945-1949) fueron 550.000 los argentinos que se trasladaron hacia la Capital Federal y el Gran Buenos Aires (Lattes, 1994: 247). La nacionalización de los ferrocarriles hizo descender el costo de los fletes ferroviarios y, junto a la implementación de los denominados Planes Quinquenales, colocó al Estado en posición de asegurar la perpetuación de esos flujos migratorios, imprimiendo fluidez a los desplazamientos de abundantes contingentes de fuerza de trabajo - escasamente cualificada y con bajo costo de reproducción- hacia los grandes centros manufactureros; tal función histórica fue la que hizo posible la industrialización, fenómeno cuyo desenvolvimiento hubiera sido infructuoso de no haberse producido dicha sangría demográfica. El país comenzó, entonces, “a abandonar su trazo rural decisivo para

dar lugar, cada vez más, a la existencia urbana” (Silveira, 1999a: 77). Campos y pequeños

poblados se convirtieron en rudimentarios esbozos de la ciudad como modo hegemónico de existencia de la sociedad y el territorio: en 1947, nada menos que el 62% de la población argentina ya era urbana. Surgía entonces un espacio dotado de una división del trabajo más densa y espesa, merced a la multiplicación de rutas y redes camineras, periferias industriales y barrios obreros; engendrando a un incipiente proletariado urbano, esos flujos migratorios propiciaron la expansión de las grandes conurbaciones, sucesoras de las ciudades-puerto propias de la fase agroexportadora. Se consolidó y agudizó, en tal sentido, el perfil macrocefálico preexistente, toda vez que, en 1947, la relación entre Buenos Aires y la segunda ciudad del país era -según datos de Rofman y Romero (1997: 201)- de 9,4 a 1. No obstante, la organicidad propia de ese conjunto de rasgos sociales, económicos y territoriales, se revelaría endeble y, ciertamente, poco duradera; hacia 1952, una crisis agropecuaria signada por el estancamiento y posterior retroceso de la producción, la merma

de las demandas internacionales de carnes y cereales50, el deterioro de los términos del intercambio, la caída de los precios internos, el congelamiento de los arrendamientos, el desplazamiento de las inversiones de los terratenientes hacia la industria51 y el empleo de técnicas sustitutivas de fuerza de trabajo rural -más no adecuadas para permitir sustanciales incrementos de la productividad-, forjaría un auténtico punto de inflexión, una bisagra en el modelo manufacturero que devendría responsable por la eclosión de una crisis “cíclica” y, al mismo tiempo, “estructural”, del régimen de acumulación industrial (Neffa, 1998: 226). Ese movimiento desde la autarquía hacia la apertura -y desde la primacía de los capitales nacionales hacia la supremacía de la industrialización transnacional- supone, en cierto modo, un cambio que obliga, pues, a reconocer la existencia de un nuevo sub-período en el marco de la fase global.

2.3.3. De la autarquía a la apertura: industrialización transnacional y