The Open Loop Problem

Teniendo presente que el uso de drogas tiene consecuencias adversas para la salud física y psicológica tanto de los consumidores como de quienes los rodean, es importante destacar que cada sustancia tiene su grado de peligro, es decir, algunas son más o menos peligrosas, siendo imperativo que el Estado preste más atención a aquel consumidor dependiente y/o problemático. La Comisión Global de Políticas de Drogas, ha manifestado que hay que acabar con la criminalización, marginalización y estigmatización de las personas que utilizan drogas pero que no causan daño a otras personas, haciendo énfasis en un enfoque más humano que defina a los consumidores como pacientes y ciudadanos y no como criminales. Partiendo de la base de definir el

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consumo como un problema de salud pública y no como un delito, lo que requiere investigar causas y consecuencias del consumo de drogas y los costos de los programas de atención, prevención, tratamiento y rehabilitación a objeto de tratar la problemática de manera efectiva (Alvarez, 2002).

La política frente al consumo es y debe ser en cualquier contexto un tema de salud pública que requiere acciones regulatorias del consumo y políticas que promuevan el uso de herramientas adecuadas para la prevención de las dependencias y de los consumidores problemáticos, así como la atención, tratamiento y reducción de los daños y efectos. No es pertinente una vez definida la problemática de consumidores como un tema de salud pública, recurrir a sanciones penales para los consumidores, pues la criminalización de los usuarios de drogas ha causado efectos negativos en la salud pública al marginar a los consumidores y agravar sus problemas de salud (Ashton & Seymur, 2010).

Toda política Pública que pretenda enfrentar el consumo de drogas, debe proteger los valores de la salud y de los derechos humanos, reservando la seguridad ciudadana a otro espectro de políticas y acciones que busquen contrarrestar la producción, el tráfico y la distribución de las sustancias ilícitas (Alvarez, 2002).

En el marco internacional y constitucional sobre los deberes del Estado frente a las sustancias psicoactivas controladas muestra que las autoridades están en la obligación de adoptar políticas públicas orientadas a la salud pública y respetuosas de los derechos humanos de los consumidores (Camacho, Gaviria, & Rodriguez, 2011).

El enfoque exclusivamente punitivo frente al consumo de drogas, es no solo incompatible con los derechos humanos, sino también inaceptable normativamente, dado que el Estado debe conjugar sus compromisos internacionales en materia de drogas con los compromisos en materia de derechos humanos, considerando que en caso de conflicto, los compromisos en derechos humanos son preponderantes (Aguilar, 1992).

Los estudios empíricos demuestran que no todos los consumos de drogas tienen como consecuencia el uso problemático o la dependencia. La Comisión Global de

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Políticas de Drogas considera que la política general y los distintos programas a desarrollar deben fundamentarse en diagnósticos que caractericen los diversos consumos que existen indicando que las intervenciones de las autoridades deben ajustarse a la diversidad de patrones de uso y de necesidades, que van desde los menos hasta los más complejos (Camacho, Gaviria, & Rodriguez, 2011).

En relación a la política gubernamental del Estado ecuatoriano frente a la problemática existente en el consumo de drogas que afecta fundamentalmente a jóvenes y adolescentes el Gobierno Nacional, priorizó una política integral para enfrentar esta realidad, impulsando el Plan Nacional de Prevención Integral del Consumo de Drogas, para lo cual se han considerado una serie de lineamientos de políticas públicas, aunado a un grupo de reformas de orden legal e institucional. El objetivo de esta política pública de naturaleza integral es fortalecer e incrementar la protección de la población respecto al uso y consumo de drogas, con énfasis en adolescentes y jóvenes. (Sistema de Información Oficial El ciudadano, 2014).

El Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), entre otras, tiene como responsabilidades fundamentales la prevención del uso y consumo de sustancias que generan dependencia con jóvenes y familias; el acogimiento de personas dependientes que han superado la crisis de desintoxicación y que carecen de referente familiar; y de personas detectadas en sus programas y que requieren atención. En este sentido y como Política Pública se genera la necesidad y responsabilidad de crear centros de tratamiento y rehabilitación para personas afectadas por drogas, como casas de acogida temporal para adolescentes y jóvenes que se encuentran en tratamiento en los servicios del Ministerio de Salud Pública, mientras se realizan los procesos de reinserción familiar e integración social (Sistema de Información Oficial El ciudadano, 2014).

El Ministerio de Salud Pública del Ecuador, la Secretaria Técnica de Drogas y el Ministerio del Trabajo, han realizado un acuerdo interinstitucional a través del cual se crea el Programa de Prevención Integral al uso y consumo de Drogas de ejecución obligatoria en los lugares de trabajo tanto públicos como privados. Esta política tiene por objeto la regulación de forma efectiva, el desarrollo de programas de prevención, capacitación, certificación, calificación y sanción de las acciones que se ejecuten en los

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lugares de trabajo públicos y privados, preservando el bienestar laboral y el desarrollo de ambientes saludables, erradicando el consumo de tabaco, alcohol y otras drogas. (Secretaria Téc. de Drogas, Ministerio de Salud Pública, , Ministerio del Trabajo, 2016).

En octubre de 2015, la Asamblea Nacional aprobó las reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP), respecto de las sanciones para los delitos de tráfico de sustancias estupefacientes y psicotrópicas en mínima escala.

Con estas modificaciones de la Ley, las sanciones para el microtráfico que eran de dos a seis meses de privación de libertad, serán de uno a tres años. Además, esta reforma legal da la posibilidad para que operadores de justicia apliquen la medida cautelar de prisión preventiva, y así garantizar la comparecencia de los procesados por este delito a las distintas diligencias judiciales.

Esta reforma busca todas luces fortalecer la lucha contra el microtráfico de drogas en el país, protegiendo sobre todo a los jóvenes y evitando la impunidad de los traficantes de menor cuantía.

Como complemento a esta reforma que incrementa las sanciones para el delito de tráfico de drogas, la Ley Orgánica de Prevención de Drogas, dispone implementar políticas públicas en materia de educación y salud, orientadas a la prevención del consumo, uso y abuso de sustancias estupefacientes y psicotrópicas.

Las personas usuarias o consumidoras de drogas no serán criminalizadas por su uso o consumo. Tampoco podrán ser discriminadas ni estigmatizadas por su condición de usuarias o consumidoras (Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, 2015).

En concordancia con las Políticas públicas para la prevención del consumo juvenil de drogas que lleva a cabo el estado ecuatoriano, entre otros programas, las mismas se fortalecerán con el aporte de varios psicólogos islandeses, Jón Sigfusson y Harvey Milkman, expertos en el tema, quienes se comprometieron a través de una carta de intención, emitida en Septiembre de este año, a aportar con sus conocimientos al

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fortalecimiento de las políticas de prevención de consumo de drogas entre los jóvenes en el Ecuador (Secretaría Técnica de Prevención Integral de Drogas , 2017).

Los expertos islandeses son responsables del programa “Youth in Iceland” para la prevención del consumo de drogas, considerado el más exitoso a nivel mundial; razón por la cual, desde el 2015, esta metodología se aplica en todo el continente europeo. El contenido del programa se enfoca en la potencialización de actividades extracurriculares para niños y adolescentes y la optimización del tiempo familiar. Para cumplir con este objetivo, Islandia incrementó los fondos destinados a la oferta de actividades para adolescentes, como deportes, música, teatro y danza. La firma del documento suscrito en el marco del Conversatorio Internacional Prevención de Conductas de Riesgo y Consumo de Drogas en Adolescentes, se comprometieron a aportar en los estudios de factibilidad de la implementación del modelo islandés en el Ecuador (Secretaría Técnica de Prevención Integral de Drogas , 2017).

Este programa de prevención propuesto por los expertos islandeses, le permitirá al Gobierno Ecuatoriano contar con el conocimiento de experiencias exitosas en otros países, en relación al tema de prevención del uso de las drogas.

El Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) en coordinación con la Secretaría Técnica de Articulación de Políticas de Prevención Integral De Drogas (SETED) se han coordinado para dictar un taller de formación sobre “Asesoría y asistencia técnica en políticas de prevención integral de usos y abuso de drogas del ámbito comunitario-familiar”.

Esta capacitación la realiza con la participación de 28 técnicos de las subsecretarías de: Familia, Protección Especial y Desarrollo Infantil del MIES, quienes en una segunda fase replicarán estos conocimientos a alrededor de 1.200 técnicos o facilitadores de: Acompañamiento Familiar, Educadoras de los Centros Infantiles del Buen Vivir y la modalidad Creciendo con Nuestros Hijos, Protección Especial y Participación Ciudadana en territorio (Ministerio de Inclusión Económica y Social, 2017).

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Con el fin último de brindar asesoría en temas de prevención integral de usos y consumo de drogas para los equipos técnicos del MIES, iniciarán un proceso de sensibilizar y orientar a la comunidad urbana y rural, en especial a mujeres embarazadas, niñas, niños, adolescentes, jóvenes, personas adultas mayores, padres y madres de familia, usuarias de los servicios mencionados.

El objetivo primordial de este taller es el de llegar a la comunidad con un mensaje de reflexión sobre los peligros que generan el consumo de drogas.

Esta capacitación como parte de las políticas públicas que lleva actualmente a cabo la gestión gubernamental, atiende a seis temas de interés para la prevención del consumo de drogas en el Ecuador, como ser:

• Modelo de prevención de consumo de drogas ecuatoriano; • Acciones preventivas integrales;

• Usos, abuso e intoxicación;

• Acciones de prevención comunitaria;

• Prevención familiar; y rutas y protocolos de actuación frente a situaciones de consumo,

• Abuso e intoxicación de alcohol, tabaco y otras drogas en los usuarios de los servicios MIES.

Por una parte se podría entender que la ampliación de las penas para los consumidores menores o micro-traficantes, obedecen a una política positiva que atiende a la prevención del uso de las drogas, sin embargo, también constituye, a nuestro entender, una criminalización de consumidores de menor cuantía, consumidores ocasionales, habituales y problemáticos, que están dentro del supuesto de adicción que establece la carta magna y que no deben criminalizarse sino tratarse.

A pesar de todas estas políticas públicas que el Estado lleva a cabo a través de algunas de sus instituciones, en la práctica existe una gran ineficiencia en las políticas de prevención del consumo de drogas y rehabilitación en el Ecuador.

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Aun cuando el Estado Ecuatoriano debe garantizar de manera íntegra la rehabilitación a los consumidores y su posterior reinserción dentro de la sociedad, según lo establece la Constitución de la República, cada vez más las políticas de estado hacen caso omiso a este mandato, que lo define como un problema de salud pública.

La adicción a las drogas ya fue declarada como un problema de salud pública por la Organización Mundial de la Salud actualmente, pero el Estado no tiene ninguna estrategia de prevención, comenta ella.

Como referencia a esta problemática en el país, el Departamento de Estado de Estados Unidos publica un informe anual dirigido al Congreso en el que se evalúa lo que están haciendo los gobiernos extranjeros para combatir el narcotráfico. Algunos de los puntos más importantes reseñado fue que Ecuador es un importante país de tránsito de heroína y cocaína desde Perú y Colombia hacia Europa y Estados Unidos, con un creciente problema doméstico de drogas, a lo que su suma que los recursos e instalaciones para el tratamiento de este flagelo social, siguen siendo insuficientes (Lohmuller & Daugherty, 2015).

A este planteamiento del Informe de Estados Unidos, Ecuador respondió planteando en la Asamblea General de la ONU la necesidad de cambiar el combate a las drogas y recurrir más a la prevención. Pero tres días antes de que se iniciara este encuentro internacional, el defensor público, Ernesto Pazmiño, decía que no hay suficientes centros terapéuticos de salud. Para el año 2015 un tratamiento, a nivel privado, en lugares especializados manejaban precios entre USD 5.000 y USD 7.000 por seis meses de cuidados, lo que fue mencionado en el informe de EE.UU., señalando que la atención privada para la rehabilitación y tratamiento de adictos, tenía un valor prohibitivo (Lohmuller & Daugherty, 2015).