A partir de fines de los años 80, se visualizó un cambio importante en el modelo de la educación especial, teniendo un impacto más significativo en los años 90, comenzando a incorporarse a las escuelas regulares, o escuelas ordinarias, estudiantes con discapacidad intelectual. Así, con el fin de garantizar que los estudiantes pudieran acceder y permanecer en ellas, se definen normativas de apoyo, como la evaluación diferenciada o la exención de ciertas asignaturas que pudiesen significar dificultades para el logro de los objetivos. Sin embargo, en esa época, Chile estaba gobernado por el gobierno militar, que a través de la Ley Orgánica Constitucional de la Enseñanza LOCE (1990), no presentó mayor pronunciamiento al respecto de este tipo de educación, ni del rol de la oferta educativa, no considerando estrategias y/o recursos educativos para responder a los requerimientos de estudiantes con discapacidad, en ningún tipo o modalidad educativa, ya sea especial o regular con integración. Sin embargo, ya a fines del año 90, se inicia un nuevo proceso de Reforma Educativa, que plantea:
Lograr una mayor equidad y calidad en la educación y se compromete en la realización de diversas acciones con el fin de modernizar el sistema educacional y garantizar respuestas educativas de calidad que contribuyan a la integración social de todos y cada uno de los niños, niñas y jóvenes de nuestro país (Godoy, 2004, p.11).
Indiscutiblemente la Reforma Educacional del año 1996, que se comienza a implementar gradualmente, fue clave para el cambio sustantivo que se empieza a generar en el país. Ésta, en ese periodo es influenciada por capitales culturales que impactan a la educación, como señala García-Huidobro (2007). En esos días se realiza la Conferencia Mundial de Educación para
Todos y es el periodo en que comienza la restauración de la democracia en Chile, tras casi dos décadas de dictadura militar. Pues, si bien se destaca como hito relevante para la educación chilena, que incorpora también una Reforma Curricular, con claros objetivos de equidad y calidad, en donde se amplía la posibilidad a establecimientos educaciones de educación básica y media, permitiendo elaborar sus propios planes y programas de estudio, bajo objetivos transversales y contenidos mínimos obligatorios y con un fuerte énfasis en el aprendizaje significativo, se deja de lado a la educación especial.
Tras el análisis de esta situación se promulga el Decreto Supremo exento 490/90, que permite y promueve que estudiantes con discapacidad participen en la educación regular, ya sea de educación básica o media, por medio de un Proyecto, lo que favoreció el establecimiento de generación de propuestas de estrategias para que los estudiantes pudieran acceder, participar y progresar del currículum de educación regular. En este contexto, la integración escolar es entendida y reafirmada como:
La herramienta educativa del principio de normalización, que se traduce en el derecho de las personas con discapacidad a participar en todos los ámbitos de la sociedad, recibiendo el apoyo que necesitan en el marco de las estructuras comunes de educación. El principio de integración se sustenta en el derecho que tiene toda persona con discapacidad a desarrollarse en la sociedad sin ser discriminada (Godoy, 2004, p.15).
En la década de los años 80, entonces previo al movimientos de la inclusión, en el contexto educativo se utiliza el concepto de integración como un proceso en el que estudiantes con NEE son aceptados y reciben su formación educativa escolar en espacios comunes, comprendiendo que surge como una manera de dar respuesta a grupos minoritarios,
especialmente a aquellos estudiantes con discapacidades, ya sea de tipo intelectual, motórica o sensorial. Se basa en el principio de integración según la Política Nacional de Educación Especial (MINEDUC, 2005):
La integración escolar es la consecuencia del principio de normalización, es decir, el derecho de las personas con discapacidad a participar en todos los ámbitos de la sociedad, recibiendo el apoyo que necesitan en el marco de las estructuras comunes de educación (MINEDUC, 2005, p.26).
El principio de integración se sustenta en el derecho que tiene toda persona con discapacidad a desarrollarse en la sociedad sin ser discriminada y como se mencionó anteriormente ya en el año 1978 apareció en el informe Warnock.
Desde esta perspectiva, la integración implicó un reconocimiento de la educación como un derecho para todos, un cambio en la concepción de discapacidad, el diseño de proyectos educativos específicos, la integración de personas con discapacidad en el sistema educativo respondiendo a sus diferencias y características individuales y por tanto modificaciones en la organización escolar, que requirió la reorganización de los recursos humanos y materiales.
Inicialmente se presenta un concepto fundamental que comienza en los años 60, como movimiento de rechazo a la segregación y a las escuelas especiales, el principio de Normalización o Apoyos Normalizados. Entre los precursores del concepto destacan autores como Sánchez, (1996) y Muntaner (2000), sin embargo el primero en definir el principio de normalización fue Bank Mikkelsen, (1975) en el ámbito de la deficiencia mental. En este sentido Monereo (2000) señala que no es el sentido el normalizar a las personas, por el contrario, se trata de normalizar los ambientes.
Estrechamente relacionado con el principio de normalización o el proceso para llegar a la normalización, planteado por primera vez en el informe Warnock (1978), está la legitimidad de los deberes y los derechos de las personas y el reconocimiento de los principios de igualdad y de derecho a las diferencias entre todas las personas.
Los tipos de integración implican: la integración física, referida a compartir espacios físicos, la integración funcional, referida al derecho a compartir actividades iguales o muy similares a sus compañeros y la integración social, referida a formar parte real del grupo, a la comunidad, es decir compartir las mismas condiciones y atribuciones que cualquier ciudadano. La integración escolar, por su parte, implica que la enseñanza de los niños con NEE debe ser bajo los mismos parámetros que la de sus compañeros, lo que supone un desafío en las organizaciones educativas, en cuanto a la organización.
En Chile la integración se ha desarrollado en los sistemas educativos en proyectos o programas llamados Programa de Integración Escolar, PIE (MINEDUC, 2009), que pretenden hacer una contribución al mejoramiento permanente de la calidad de la educación, favoreciendo la presencia, la participación y el logro de los aprendizajes de todos y cada uno de los estudiantes, incluyendo a quienes presenten alguna necesidad especial.
Según datos del Ministerio de Educación, actualmente en Chile existen 5013 establecimientos educacionales con PIE, extendidos desde Arica a Punta Arenas. En ellos se atiende a estudiantes integrados con necesidades educativas especiales permanentes, asociadas a discapacidad intelectual moderada, discapacidad intelectual leve, ceguera, sordera, discapacidad motora grave, discapacidad motora moderada, discapacidad motora leve, trastorno del espectro autista, trastornos del desarrollo, disfasia severa, graves alteraciones de la relaciones y de la
comunicación, hipoacusia severa, hipoacusia moderada, baja visión y discapacidad múltiple. Además, de atender a estudiantes con NEE transitorias asociadas a cociente intelectual en Rango Limítrofe, Dificultad Específicas del Aprendizaje, Trastornos Específicos del Lenguaje (TEL) Mixto, Trastorno de Déficit Atencional y Trastornos Específicos del Lenguaje (TEL) Expresivo.