La concesión a la inversión privada, según el modelo de desarrollo liberal capitalista, durante los noventas se enfrentó a numerosos problemas. El Estado se vio obligado a satisfacer la exigencia de la empresa privada para que se reconozca seguridad a las inversiones y se garantice la venta de la energía generada. La presión social constante por el cese de los apagones de fin de año no encontró respuesta efectiva en el gobierno, el cual se enfrentaba en ese momento al problema de las restricciones económicas y entre ellas el alto costo que significó para el Estado la “guerra” del Cenepa.
Como resultado de la desesperación energética en el sector eléctrico, la respuesta gubernamental fue garantizar las inversiones privadas y asegurar la compra de energía a las empresas que negocien con el Estado.
[…] al respecto el Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos del Litoral denuncia incoherencias del Gobierno con su propio modelo al conceder favoritismos a las empresas privadas para que vendan energía eléctrica al país. Se culpa al gobierno de perjudicar al Estado y
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entorpecer la libre competencia entre las empresas interesadas en invertir (Blanco y Negro, 1995).
En agosto de 1995 el problema de los apagones y racionamientos durante el estiaje en la cuenca del río Paute fue el principal reclamo al gobierno. Aunque el gobierno ratificó el Plan de Electrificación, no lo ejecutaba y, por otro lado la falta de un marco regulatorio que incentive la inversión privada en el sector producía un estancamiento en las inversiones de generación (Neira, 1995). Es decir, ni el sector privado ni el Estado invirtieron decididamente en nuevas obras grandes de generación hidroeléctrica.
En su afán por lograr la aprobación de la nueva Ley Eléctrica, en noviembre de 1995 el Gobierno responsabilizó al Congreso de los racionamientos por no aprobar la nueva Ley del sector eléctrico. Al respecto, Andrés Vallejo en editorial para Diario HOY denunciaba: “Incompetencia, desidia e irresponsabilidad han caracterizado la acción del gobierno en este campo. Y también la intención de deteriorar todo servicio público para justificar su privatización.” (Vallejo, 1995).
Durante 1996 es posible identificar un relativo consenso entre la mayoría de actores políticos respecto a la capitalización privada del sector eléctrico como posibilidad de expansión de la generación para evitar futuros racionamientos. Sin embargo al garantizar las inversiones al capital privado y la venta de la energía generada (ó incluso no generada), se hace evidente una incoherencia que no favorece la inversión de libre competencia que se buscaba impulsar con este mecanismo.
Los inversionistas privados piden garantías para invertir en el Ecuador. Para ello solicitan que se asegure la rentabilidad de su negocio y la venta de energía, contradiciendo el principio de libre competencia. El caso EMELEC es nombrado como el ejemplo más evidente de un mal negocio para el Estado garantizando la rentabilidad de una empresa privada sin importar su calidad y costos (Diario HOY, 1996b).
El 22 de febrero de 1996 el Congreso aprobó la Ley del Sector eléctrico, reformando el proyecto original presentado por el ejecutivo. La ley aprobada por el congreso disponía la venta de los activos del sector eléctrico hasta en un 39%, y del 61% de los activos restantes del Estado, el 10% podía ser vendido a los trabajadores de las empresas eléctricas. La ley permitía la venta de activos mediante tres mecanismos:
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1.- Mecanismo BOT (Build, Operate, Transfer), que permite la
inversión, la recuperación mediante la operación y la transferencia de los activos al Estado.
2.- Inversión de capital fresco
3.- A través de la venta del 39% de los activos de las empresas eléctricas.
La Ley por primera vez establece mecanismos de reclamación ante daños permanentes en los electrodomésticos producto de la baja calidad de la electricidad (apagones, picos de voltaje, etc.) (Diario HOY, 1996c).
Esta Ley fue vetada parcialmente por el presidente Durán Ballén el 16 de marzo, quien consideraba que la Ley debería mantener su objetivo inicial: “promover las inversiones del sector privado” para que el Estado no sea quien gaste en proyectos energéticos (Diario HOY, 1996d).
El rol de los actores políticos en la adaptación de la plantilla del Banco Mundial
La capitalización de las empresas eléctricas enfrentó en el debate dos posiciones contrapuestas. Por un lado un grupo de legisladores (apoyados por los trabajadores del INECEL) que no querían ceder parte del patrimonio estatal al capital privado y por otro lado el gobierno de Durán Ballén (apoyado por diputados socialcristianos) que buscaban a toda costa capitalizar la mayoría de las empresas estatales argumentando que sólo eso permitiría atraer la inversión extranjera (Klinkicht, 1996).
Para la capitalización se llegó al consenso de la venta del 39% de los activos de las empresas eléctricas. Es decir separar a las empresas en generadoras, distribuidoras y una de transmisión. Sin embargo no existió un consenso sobre la venta de activos del Sistema Nacional Interconectado SNI.
La venta del 39% de los activos es una tesis que la defiende el Partido Social Cristiano (PSC). El PSC plantea que los recursos que se obtengan de esa negociación vayan a un Fondo de Solidaridad, para atender las múltiples necesidades del orden social, lo que a la postre les beneficiará porque tienen la convicción de ganar las próximas elecciones presidenciales. Esta tesis también es apoyada por los independientes, conservadores y el FRA (Diario HOY, 1996b).
El 16 de septiembre a pocos meses de asumir el gobierno Abdalá Bucaram, regresó al Congreso, con nuevos diputados electos, el debate sobre la Ley de Régimen del Sector Eléctrico. La discusión se había empantanado desde febrero del mismo año cuando el
99 entonces presidente Sixto Durán Ballén presentó un veto parcial con varias observaciones al texto (Diario HOY, 1996f).
Los temas que causaron división fueron establecer la venta del 39% de los activos del Estado a partir de la vigencia de la ley ó en tres años después como planteaba el congreso anterior; y si el Sistema de transmisión debía también vender parte de sus acciones ó debería permanecer totalmente en manos del Estado (Diario HOY, 1996g).
El PRE cambió de posición una vez que fue gobierno y concretó un pacto con el PSC, partido que contrario a sus afirmaciones no esperó un “tiempo prudencial” para que exista el debate necesario que incluya las posiciones de los más de cincuenta nuevos legisladores del Congreso. El 18 de septiembre de 1996 PRE y PSC se allanaron al veto parcial del ex presidente Durán Ballén aprobando la Ley de Régimen del Sector Eléctrico (Diario HOY, 1996h).
Sin embargo la rapidez de la aprobación demostró falta de conocimiento del texto integral hasta tal punto que seis horas después de aprobada, muchos sectores políticos ya planteaban reformas. Una posición decisiva fue la de las Fuerzas Armadas, quienes precisaron que el Sistema Nacional Interconectado no sería conveniente concesionarlo al sector privado. De esta manera el 26 de septiembre se expidieron las reformas a la Ley de Régimen del Sector Eléctrico, manteniendo para el Estado el Sistema Nacional Interconectado (Diario HOY, 1996h).