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El 6 de julio de 1967 los guerrilleros tomaron la población de Samaipata, capital de la provincia Florida, situada a 120 kiló- metros de la ciudad de Santa Cruz, por la principal carretera de Bolivia que comunica a esa ciudad con Cochabamba, Oruro, Sucre y La Paz. Es una de las poblaciones de mayor tránsito, donde se reabastecen de combustible los vehículos, y los viaje- ros se detienen para comer.

Tomarla constituyó un reto y, a la vez, una osadía, por- que la guarnición más cercana la habían reforzado semanas antes. En una rápida incursión, seis guerrilleros se apoderaron del puesto de mando del ejército, desarmaron a los militares, compraron medicinas, alimentos y ropa, hablaron con los resi- dentes del lugar y con los viajeros, a quienes les explicaron los objetivos de la lucha.

Los servicios secretos norteamericanos valoraron la ac- ción como una gran derrota para el ejército boliviano. Con otra intención, los jefes militares de la VIII División exageraron el número de guerrilleros participantes, reportando que eran de- cenas, que se encontraban entre ellos comandantes vietcong, todo para justificar el fracaso militar y poder solicitar mayor ayuda de los Estados Unidos.

Esas informaciones reforzaron el testimonio que presentó el embajador norteamericano el 4 de mayo, refiriéndose a los guerrilleros, ante una comisión del Congreso de su país: “Esos son un núcleo determinado que no va a ser erradicado fácil- mente. Pudiera llevar mucho tiempo. En ese lapso necesaria- mente se distraerán los recursos para otros propósitos, y eso es, a mi juicio, el significado a largo plazo de la amenaza”.

También los análisis de la prensa norteamericana coinci- dían con esta valoración. En su edición del 26 de junio, el sema- nario Us News and World Report publicó que mientras las guerri- llas continuaran operando, el país enfrentaba el peligro real de deslizarse hacia otro golpe militar, una inflación incontrolada e incluso la guerra civil. El ejército boliviano se estaba tornando frustrado, luego de dos meses de perseguir a las guerrillas sin mostrar nada, y tanto Barrientos como Ovando habían perdido prestigio por su aparente confusión e indecisión.

The New York Times, por su parte, en un análisis dominical

de noticias escribió que por continuar su existencia, las gue- rrillas estaban ganando militarmente. Luego, el periódico atri- buyó a un oficial norteamericano el haber expresado que si se pueden mover libremente y conseguir el apoyo de más parti- darios, costaría un mayor esfuerzo sacarlos de sus posiciones.

El semanario Newsweek señaló que existe una creciente desconfianza por parte del Departamento de Estado norteame- ricano respecto a la capacidad del gobierno de Barrientos para hacer frente a la situación guerrillera en el país.

Estos análisis y la toma de Samaipata alarmaron a los norteamericanos, quienes valoraron la posibilidad de una in- tervención directa con sus tropas, porque los jefes militares bo- livianos demostraban gran incapacidad para detener el empuje guerrillero, a pesar de la enorme asesoría y recursos recibidos.

El régimen boliviano se tambaleaba a causa de los éxitos de la guerrilla y su impacto en la opinión pública; los fracasos militares y las contradicciones en los altos mandos; el movi- miento estudiantil en verdadera rebeldía; los paros obreros; los maestros preparados para ir a la huelga; las minas y los sindi- catos tomados militarmente.

Desde el exilio, diferentes líderes de la oposición decla- raban que Barrientos debía retirarse de sus funciones porque Bolivia se estaba vietnamizando; recalcaban que un gobierno que por sí mismo no puede mantener el orden y establecer la autoridad, debe retirarse, si no lo hace, debe ser derrocado cualquiera que sea su precio.

El general Alfredo Ovando Candia, junto a otros 20 oficia- les de alto grado, en ocasión de asistir a una asamblea nacional de la Falange Socialista Boliviana, sostuvo una larga y confi- dencial conversación con el líder de ese partido, Mario Gutié- rrez, y los aprestos golpistas se adelantaron.

Juan José Torres concurrió a otra reunión, altamente se- creta, con el líder de la falange. Varios oficiales preparaban el golpe de Estado, con la aprobación de Ovando, donde, incluso, contemplaban la posible muerte de Barrientos. Mientras unos se ocupaban de los aspectos técnicos para su ejecución, otros establecían los contactos políticos. Según fuentes militares bo- livianas, participaron en esta conspiración el general Marcos Vásquez Sempértegui y el coronel Juan Lechín Suárez.

El periodista norteamericano W. Stephens del diario Los

Ángeles Times, logró entrevistar a varios altos oficiales del ejér-

cito y constató que la pugna entre los generales y otros oficiales es “al degüello”. Cada uno sueña con los entorchados presiden- ciales, y la duda, la sospecha, la intriga, constituyen una densa red que envuelve también a altos jefes del aparato civil.

En el plano internacional, nuevos problemas se añadie- ron. El 4 de julio la opinión pública conoció que el tren 503 con 28 vagones de ferrocarril venía cargado de armas, enmascara- das como harina de trigo. La información añadió que era el cuarto tren que desde Tucumán llegaba a la ciudad fronteriza

de la Quiaca; además, que soldados argentinos garantizaron la protección hasta esa ciudad fronteriza y, a partir de allí, los re- emplazaron soldados bolivianos.

El gobierno de Chile reaccionó violentamente; exigió explicaciones a un gobierno y otro. La ayuda militar norte- americana y argentina, para el rearme boliviano, constituía un peligro que los militares chilenos no estaban dispuestos a permitir; enseguida las autoridades norteamericanas se encar- garon de darles garantías de que las armas no serían utilizadas contra ellos.

Las declaraciones del gobernante paraguayo Alfredo Stroessner de que en caso necesario estaba dispuesto a enviar soldados a Bolivia, porque el auge guerrillero significaba un peligro real para su régimen, ya que Barrientos parecía no po- der controlar la situación, alarmaron a la opinión pública bo- liviana, que aún tenía frescas las consecuencias de la Guerra del Chaco, donde perdió parte importante de su territorio y murieron muchos de sus valerosos hijos.

Los norteamericanos estaban interesados y presionaban para que los ejércitos de los países vecinos de Bolivia fueran los que intervinieran directamente; pero las contradicciones, divi- siones y susceptibilidades entre las jerarquías militares de los respectivos países impedían un arreglo en ese sentido.

Una reunión preparada por los norteamericanos que debía efectuarse en la ciudad de Santa Cruz no prosperó. Lo máximo que alcanzaron fue el envío de armas y vituallas por parte de Brasil y Argentina, y un entendimiento para proceder al intercambio de informaciones relacionadas con los movi- mientos de los simpatizantes de los guerrilleros y la identifica- ción de estos.

Dentro del ejército boliviano existían sectores opuestos a contraer compromisos con el gobierno de Paraguay. Por eso, las negociaciones se hicieron en secreto; las llevó a cabo el ge- neral Samuel Alcáreza Meneses, jefe de la zona militar fron- teriza con ese país, pero con una cláusula que establecía cla- ramente que sólo se refería a incrementar la vigilancia en las fronteras comunes; que el ejército paraguayo no podía, bajo ninguna circunstancia, penetrar en territorio boliviano.

Ante tales dificultades y el agravamiento de la situación, los analistas norteamericanos opinaban que la intervención di- recta de las tropas de su país se hacía inevitable.

Los estudiantes se rebelan contra el régimen