En el año 2012, al encontrarse la investigadora en Colombia para terminar de desarrollar el trabajo de campo, algunos de los contactos realizados previamente, estando allí, no fueron de fácil accesibilidad, ya que no respondían a la llamadas telefónicas ni a los correos enviados; se cree que
esto pudo haber sido producto de un arrepentimiento o de la desaparición inesperada del contacto. Por tal motivo se debió ampliar el radio de acción, ya que se realizaron otros contactos para conseguir la muestra, así que la investigadora también se desplazó al departamento del Valle, a la ciudad de Cali, y al departamento de Boyacá, a la ciudad de Duitama, donde se pudo compartir con algunas comunidades y hacer las entrevistas. De esta manera se consiguieron un total de 35 entrevistas distribuidas en cinco zonas:
Bogotá: capital de Colombia que se encuentra ubicada en el departamento de Cundinamarca, en la región central; por esta razón el Distrito Capital es un eje articulador que le proporciona a las regiones circundantes cooperación para el desarrollo. Es el centro administrativo y judicial del país, donde está la Unidad Operativa Mayor o unidad más grande del Ejército Nacional, que
“Cubre un área de 87.367 Km2, con jurisdicción en los territorios de Cundinamarca, Boyacá, Cauca, Huila, Meta, Santander y Tolima, con un total de 323 municipios en los que habitan un aproximado de 12.741.099 habitantes. Está integrada por las Unidades Operativas Menores: (…) Décima Tercera Brigada (Bogotá)” (Medina, 2011: 44).
De otra parte, el Frente 25 Armando Ríos perteneciente al Comando Conjunto Central, CCC de las FARC-EP, quizá es el que más se ha acercado a Bogotá, pero fue obligado a replegarse a sus antiguas posiciones al sur-oriente del Tolima. A partir de 2002, en Bogotá comienzan a hacer presencia los paramilitares que vienen de los Llanos Orientales, llamados
“Autodefensas Unidas del Casanare, que no ingresan al proceso de paz, registran en 2005 un proceso acelerado de recomposición y reclutamiento en Bogotá: esto produce una fuerte disputa con el Frente Capital, apéndice del Bloque Centauros de las AUC, por el control de un conjunto de actividades ilegales muy rentables. Se registran episodios de vendettas en el (centro comercial) Sanandresito de la 38, (y en los barrios de) Kennedy, Puente Aranda, Los Mártires, San José y Plaza España, que elevaron el índice de homicidios en la capital del país. El incremento reciente de las muertes se relaciona no sólo con la pugna por el control de sectores y actividades ilegales dentro de la ciudad, sino también con el traslado de la disputa entre ‘paisas’ y ‘llaneros’ en el oriente del país que se expresa en el enfrentamiento de tres organizaciones mafiosas en Bogotá. Un grupo de esmeralderos aliado con ‘Don Mario’, otra agrupación asociada con ‘El Loco’ Barrera y un bando conformado por ex integrantes del Bloque Central Bolívar, se han propuesto lograr el control sobre el negocio de la prostitución y los sanandresitos en la capital” (Echandía, 2008: 102-103).
Además de estos antecedentes, en Bogotá se encuentran ubicadas importantes instituciones especializadas en la atención a población víctima del
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conflicto armado y población desplazada.
Según el Proyecto de Acuerdo No. 656 de 200811 en su justificación, dice que “Bogotá afronta uno de los principales problemas humanitarios como es el desplazamiento forzado: diariamente llegan a la ciudad 31 familias víctimas de esta situación. También, es testigo de la presencia de otras violencias que afectan a la población civil, como el secuestro y la desaparición forzada de personas. Estas conductas atentan contra el derecho fundamental a la libertad y la integridad física y psíquica y en muchas ocasiones se constituyen en oportunidades para diferentes tipos de torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes cuyas secuelas producen daños en la esfera vital de las víctimas, familias y comunidades que los padecen”.
También, el Proyecto de Acuerdo 096 de 201212 dice que el Sistema de Información de Acción Social (SIPOD) sostiene que
“… en Bogotá, corte diciembre de 2011, existen 315.054 personas en situación de desplazamiento que corresponde a 82.637 hogares para el periodo 1997-2011. Bogotá no es sólo receptora de población desplazada, es también expulsora y registra el fenómeno de desplazamiento intraurbano en la ciudad de un total de 5.464 registros de personas que se han desplazado desde Bogotá. Esto significa que aproximadamente el 50% de las personas registradas como expulsadas desde Bogotá, tienen como destino final otra localidad o barrio dentro del distrito capital, lo cual requiere una atención urgente de la administración hacia esta población, sobre todo en términos de protección”.
A través del médico que atendía a los beneficiarios del programa, en el año 1.999 la investigadora logro visitar Bemposta13, institución que atiende a población vulnerable de diferente perfil, entre ellos excombatientes, donde logró participar una semana en sus actividades diarias y realizar siete entrevistas.
Con respecto a la población desplazada, se realizó el contacto con el Fondo Nacional para el Desarrollo FONADE, que en una de sus tareas, se dedica a promover cursos de capacitación a población desplazada por la violencia. A través de ellos se pudo acceder a una base de datos, que contenía información
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"POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS Y CRITERIOS PARA LA FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA A FAVOR DE LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN BOGOTÁ D.C", del Consejo de Bogotá.
12 “Por medio del cual se modifica el Acuerdo 370 de 2009, creando el sistema distrital de atención y reparación integral a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra en Bogotá D.C. y se dictan otras disposiciones”.
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de contacto con algunas familias afectadas por este flagelo. Se localizaron entonces un grupo de vecinos del barrio Castilla de Bogotá, en donde habitaban familias desplazadas, con ellas se convivió y compartieron actividades durante 15 días y se pudieron realizar cuatro entrevistas.
Localicé una comunidad de desplazados por la violencia asentados en una zona residencial de Bogotá, debajo del puente de la calle 116, donde se logró compartir diferentes actividades y vivencias y además realizar 4 entrevistas
Villavicencio: capital del departamento del Meta, que es vecino del departamento del Caquetá, en cuya zona se produce el cultivo extensivo de hoja de coca que modifica regionalmente la dinámica de la guerra y por tanto afecta las modalidades de funcionamiento de los grupos armados. Por tal razón debido a la seguridad de la investigadora, a lo más cerca que se puedo acceder fue a la ciudad de Villavicencio.
Esta zona ha sido un receptor y emisor de víctimas de la violencia; esto se refiere a que muchos de los que desertan de los grupos armados, que son capturados o regresan a ellos, lo hacen desde esta ciudad. Aquí se podría identificar la población civil que se ha visto afectada directamente en su diario vivir por la situación del conflicto armado.
La gobernabilidad de este departamento, de sus ciudades y municipios, siempre ha tenido mucha influencia de los grupos alzados en armas, dependiendo de amenazas o de lucrarse económicamente accediendo a sus pretensiones.
Algunas de las personas que participaron en el programa de atención a víctimas del conflicto armado que dirigía la investigadora tienen su domicilio en esta ciudad; así se dio la posibilidad a organizar una estancia de una semana en Villavicencio, conviviendo con sus familias y logrando realizar seis entrevistas, tres a personas desvinculadas de grupos armados y tres a personas desplazadas por la violencia.
Cali: su nombre completo es Santiago de Cali y es la capital del departamento
del Valle del Cauca, epicentro sobre el Pacífico y segunda ciudad de la República de Colombia.
Ahora bien, los casos de resistencia más conocidos en Colombia proceden de comunidades indígenas, como es el caso de municipios aledaños a la ciudad de Cali; estas organizaciones indígenas han logrado limitar la intervención de los grupos alzados en armas, de esta manera, se ha luchado en sectores de esta región por defender su autonomía. No obstante, en este departamento “la capacidad de contención del Ejército es menor que el accionar de las Farc” (Echandía, 2008: 83).
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FARC-EP y también con otros grupos armados como las bacrim, con el fin de asegurar su beneficio en el negocio del narcotráfico y tener participación en otras actividades no legales que se ejecutan en la zona.
Algunos grupos alzados en armas forman parte de las bacrim,
“Como ‘Los Machos’ y ‘Los Rastrojos’, se encuentran al servicio del narcotráfico en el norte del Valle y se extienden rápidamente a las zonas de influencia de las autodefensas en la costa Pacífica (y en todo el departamento del Valle). Según las investigaciones adelantadas por las autoridades, las estructuras que son cada vez más visibles por los hechos de la violencia que protagonizan, rendían cuentas a los ex jefes de las autodefensas” (Echandía, 2008: 89).
Se evidencia entonces el interés que tienen estas organizaciones por monopolizar el negocio del narcotráfico en la zona.
Desde otra perspectiva, en la ciudad de Santiago de Cali, hay instituciones que se dedican entre otras cosas a ofrecer programas de reinserción para desvinculados del conflicto armado; una de ellas es La Fundación Carvajal, que dentro de sus programas en el área de generación de ingresos, permitió a la investigadora acceder a la Cooperativa Mundo Maderas CTA, compuesta por 18 beneficiarios del proceso de desmovilización, para acceder de primera mano al programa, compartiendo sus actividades y conocer la experiencia e historia de vida de 5 de sus miembros.
Duitama:Segunda ciudad más importante del departamento de Boyacá, región donde se encuentra una de las principales zonas agrícolas del país y también centros industriales que reclaman una seguridad considerable.
En Boyacá, las FARC-EP hicieron presencia con el Bloque Oriental que ha efectuado 120 tomas guerrilleras, de las cuales 100 fueron realizadas en los departamentos de Cundinamarca y Boyacá, esto al parecer, por el número de localidades que cuentan, pues los datos dicen que han sido
“… 30 alcaldes asesinados entre enero de 1998 y octubre de 2000; 19 aspirantes a las alcaldías asesinados entre enero y octubre de 2000 y 15 a los concejos municipales; en este mismo lapso de tiempo, intimidados de manera manifiesta por la guerrilla, 5 alcaldes han renunciado a su cargo y 25 abandonado sus respectivos municipios y despachan desde ciudades lejanas. Así mismo entre enero y octubre han sido asesinados 19 concejales, y secuestrados 15 alcaldes, según parece para que rindan cuentas a los comandantes guerrilleros… A los graves incidentes recién enumerados habría que añadir otros no menos serios, que contiene idéntico mensaje, por ejemplo, las 48 tomas de cabeceras municipales que tuvieron lugar entre enero y octubre de 2000, y un
centenar de masacres en el mismo periodo de tiempo, las primeras ejecutadas, ante todo por los guerrilleros y las segundas por autodefensas” (Losada, 2000: 31).
A continuación se presenta el conjunto en total de las acciones violentas con el fin de impedir los comicios electorales discriminados por el grupo armado ilegal durante 10 años de 1997 al 2007.
Tabla No. 1
Autoría de los hechos de la violencia contra el sector político
Año/Grupo FARC ELN EPL AUC Narco ERP Delincuencia común Indeterminado 1997 505 75 11 2 118 1998 217 139 10 7 5 70 2000 71 49 9 51 5 57 2002 207 36 8 32 2 2 44 2003 108 13 46 10 33 2006 49 3 2 2 39 27 2007 83 3 1 19 62 Totales 1240 318 27 149 5 12 110 411 % del total 55% 14% 1% 7% 0,2% 1% 5% 18%
Fuente: Policía Nacional de Colombia.
El partido político más afectado en el departamento de Boyacá ha sido básicamente el Partido Liberal, que en esencia es el que predomina en esta zona del país.
De otra parte, en Duitama se logró realizar un contacto con uno de los pastores de la Cárcel ‘El Barne’ ubicada en Cómbita (Boyacá), que también fue combatiente en un grupo alzado en armas; se encuentra reinsertado, ofreciendo su apoyo y guía espiritual a un grupo de ex combatientes que están recluidos allí. El proceso no fue fácil, ya que era necesario realizar un papeleo de tipo burocrático para poder ingresar y compartir con este grupo algunos días y poder desarrollar las entrevistas. Finalmente el proceso llegó a buen término,
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se logró entrar a la cárcel, compartir con este grupo de reclusos y realizar la entrevista a cuatro de ellos, además del trabajo de campo realizado con el pastor.
Madrid:España es un país con uno de los porcentajes más altos para solicitar asilo político, por parte de los afectados del conflicto armado colombiano. Esto básicamente se debe a que se habla el mismo idioma.
Para poder localizar a población colombiana solicitante de asilo político, la investigadora gestionó contactos con el Centro de Acogida a Refugiados (CAR) de Vallecas y con la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) de Getafe, además con la Organización de Solidaridad con los Pueblos de Asia, África y América Latina, Solidaridad (OSPAAAL). En esta última se pudo conocer, y trabajar con dos de sus miembros, quienes habían sido solicitantes de asilo político. En CEAR, la investigadora convivió con la población que se encontraba en el centro y se realizaron dos entrevistas. En el CAR, se mantuvo a la investigadora con precaución, ya que se le dejo participar sólo en algunas actividades a las que no acudía el único colombiano que se encontraba en la institución. La justificación que se dio fue por seguridad, tanto del centro como por el refugiado, quien por aquellos días saldría del centro ya que había logrado obtener su condición legal de refugiado.
Finalmente la opción que dieron fue conseguir la entrevista fuera del centro sin que éste tuviese nada que ver con el encuentro; así se logró hablar con el refugiado en una de sus actividades fuera del centro y realizar la entrevista.
Ahora bien, para observar la ubicación geográfica de las zonas donde se llevó a cabo el estudio etnográfico y el radio de acción de la investigación en Colombia, se presenta el mapa número 1.