Fernández (2005), que parte de la constatación que hay pocas investigaciones con respecto al fenómeno de la corrupción y la descentralización, investiga la relación entre estos dos fenómenos, específicamente a la luz de la elección
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popular de alcaldes en 12 municipios del departamento de Santander, a través de entrevistas, revisión bibliográfica y fallos de la rama jurisdiccional. Plantea la implementación de sufragio universal y la creación de organismos electorales independientes. Da cuenta del incremento de los niveles de corrupción dados por los organismos de control nacional e internacional como transparencia nacional y transparencia internacional, con sus efectos en la precariedad social, en el alejamiento de los elementos de la democracia y en la inercia social.
Groppa, Besada y Estevez (citados por Fernández (2005)) estudian la corrupción en los campos político y económico a través de un estudio de caso, concluyendo que existe tráfico de influencias, estafas al fisco y cooptación del estado. Muestran, además, que existe una escisión entre el financiamiento legal y lo que realmente se hace, e identifican cuáles son las estrategias que lleva a cabo la corrupción para aprovechar las grietas del sistema político. Utilizan información de transparencia Internacional, como también un estudio del Instituto Liberal de Rio de Janeiro en el que se exponen los altos costos que se generan en las compras del gobierno por el fenómeno de la corrupción, esto se traduce en mayores costos para los asociados y menor ingreso del gobierno para pagar los servicios públicos que benefician al público. González (citado por Fernández (2005)) en su informe "Evaluación de la descentralización municipal en Colombia - la relación entre corrupción y proceso de descentralización en Colombia" afirma que el proceso de corrupción lleva mucho tiempo y la incidencia sobre los municipios depende de muchos factores y circunstancias, por lo cual no se pude relacionar con la descentralización. Concluye que el proceso descentralizador es muy particular para cada municipio. Fernández (2005) considera que el incremento o reducción de la corrupción está en función de los objetivos de la descentralización: i) apertura política y desarrollo e implantación de mecanismos de participación. ii) modernización del aparato estatal y gestión estatal, iii) desarrollo y profundización de sistemas de control y sanción social.
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Eastman (citado por Fernández (2005)) ve en la gobernabilidad el punto de encuentro entre la democracia y la corrupción. Los efectos de la corrupción hacen referencia a la deslegitimación de la autoridad del estado, sobre los valores y el sentido de pertenencia de los principios comunes y la reducción de las ventajas de la creación de instituciones y reglas en una sociedad. Evalúa educación, salud, agua potable, saneamiento básico, componentes de democracia y participación. De acuerdo con González (2001), para los organismos de control nacional, la corrupción figura como un factor que incide en los objetivos del proceso de descentralización. Sostiene, de cara a ello, que la descentralización no es causante de la corrupción, sino que más bien la ha hecho más visible dependiendo de los objetivos políticos del proceso descentralizador de cada municipio, esto es: i) acercamiento del estado a la ciudadanía, modernización del aparato estatal, gestión pública y fortalecimiento de los sistemas de control y sanción ii) estrategia anticorrupción en el caso colombiano.
El autor considera que la descentralización política se ha venido realizando, porque se ha tenido una apertura política con la creación y participación de nuevos movimientos, liderazgos políticos y fortalecimiento de la democracia participativa, a pesar que en algunas regiones ha permanecido el esquema clientelista y apropiación del aparato estatal por grupos políticos.
Adicionalmente, González (2001) estudia el fenómeno de corrupción política y administrativa a nivel local, y lo define como un fenómeno social, donde existen por lo menos dos partes:
a) Involucra a un actor que detenta el poder o autoridad para del cargo público, poder a partir del cual es potencialmente factible de incurrir en actos de corrupción.
b) Agente público, con poder y autoridad toma una decisión que afecta a una o varias personas públicas o privadas y se genera una ganancia extra.
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Las causas de la corrupción política, según González (2001), están en el funcionamiento del mismo sistema político; por ejemplo, en la financiación de la actividad política y electoral, la cual induce a resarcir el dinero a los financiadores o partidos políticos. Afirma que se reconoce el valor económico de ser elegido como alcalde, edil, concejal, diputado, representante de la cámara y Senador. En segundo lugar, la incompleta separación de poderes legislativo y ejecutivo propicia la formación de redes de favores y reciprocidades, lo cual conlleva a falta de transparencia en asignación y ejecución de recursos públicos. Muchos funcionarios públicos no tienen claro que con quien tienen el compromiso, lealtad y sentido de responsabilidad es con el ciudadano, y no con el grupo político o grupos de interés, por lo cual su capacidad discrecional en la toma de decisiones desfavoreciendo el interés público. [Bovens (citado por González (2001)]
Maldonado (citado por González ( 2001)) aduce que el principal objetivo de la descentralización en Colombia fue el de ahondar el sistema de democracia participativa a todos los niveles con la elección popular de alcaldes, fomento de mecanismos de control político, aumento de las formas de participación ciudadano y descentralización de la autoridad.
Para González (2001, p. 11) es necesario entender a nivel de cada municipio qué tanto se ha podido avanzar en la consolidación de los siguientes procesos:
i) Menor clientelismo; ii) Mayor democracia participativa: qué tanto se han aplicado y con qué calidad mecanismos tales como la revocatoria del mandato, iniciativa popular, cabildos abiertos, referendos, plebiscitos, entre otros; iii) Mayor fiscalización política a las administraciones municipales. Ha aumentado la capacidad de ejercer una oposición política organizada y vigilante, se ha aumentado la libertad de prensa; iv) Mayor control y fiscalización social: que tanto han avanzado y con qué resultados y calidad mecanismos como constitución de veedurías, Juntas de vigilancia a servicios públicos, Concejos ciudadanos, control de usuarios a los servicios públicos; v) Mayor información: qué publicidad tienen
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los actos del gobierno municipal, presupuestos, contratos; vi) Menor impunidad y mayores acciones judiciales: nivel de avance y resultados de mecanismos como tutelas, acciones populares, de cumplimiento, de repetición, de grupo; vii) Mejores sistemas de denuncias y de control institucional: que tanto se articulan y avanzan los sistemas de control institucional, el fiscal, disciplinario, penal, control interno; viii) Mejor administración y gestión pública. Hasta qué punto ha mejorado la gestión estatal del nivel municipal, en sus sistemas de planeación, contratación, control, financiación, atención al usuario; ix) Menor capacidad discrecional en la toma de decisiones. Ha aumentado la competencia en la prestación de servicios públicos, existen criterios de corresponsabilidad que limiten la discrecionalidad del funcionario; x) Mayor o menor presencia de fuerzas desestabilizadoras como narcotráfico y presencia de grupos armados.
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