Toda decisión política afecta al conjunto de la sociedad. De hecho, el sustantivo ‘política’ refiere a una ciencia social a la que le compete la administración de la polis (ciudad), entendida no sólo como delimitación geográfica o perímetro territorial, sino como la convivencia de grupos sociales distintos que se reconocen como integrantes de un conjunto macro, con sus deberes, derechos, responsabilidades y simbologías de pertenencia. Sin embargo, el término política pública no es un pleonasmo. Se refiere a un ejercicio del poder que se manifiesta en acciones concretas, ordenadas programáticamente, cuyo fin primordial o único debe ser garantizar el bienestar de un segmento de la población o solucionar una situación problemática que afecta a este o a toda una sociedad. La política pública enfatiza en la defensa de los derechos fundamentales de las personas, a la vida, la educación, la atención en salud y el libre desarrollo, entre otros.
De acuerdo con Roth, el objetivo principal de una política pública es orientar el comportamiento de individuos o grupos para modificar una situación insatisfactoria o problemática. Tanto el objetivo y la percepción del problema son asuntos colectivos, esto es, preocupaciones compartidas por los ejecutores y beneficiarios de la política (Roth, 2004; 27).
Arboleda (2008) reconoce dos requisitos sine qua non para que un conjunto de decisiones pueda ser considerado como una política pública: deben inscribirse dentro de un programa de acción o estar en concordancia con él y deben tener una orientación normativa. Una política pública tiene que concebirse en el marco de un programa de gobierno municipal, regional o nacional, y ajustarse a otros planes oficiales, como los de ordenamiento territorial y desarrollo sectorial. En cuanto al aspecto normativo, este no se refiere a lo legal y jurídico, sino a la orientación ideológica del gobierno que diseña y ejecuta la política. La norma se entiende aquí como el deber ser que guía las actuaciones de los gobernantes y su equipo en concordancia con unos principios educativos, éticos y partidistas, ya sean humanistas o legitimistas, liberales o conservadores (Arboleda, 2008; 70).
Sobre el papel, casi todas las políticas públicas se presentan como un instrumento en la construcción de sociedades más equitativas, con un equilibro en materia de ingresos, calidad de empleo y salud, entre otras variables. Se diseñan con un ánimo de inclusión social, entendida como la atención a sectores de la población en situación de desventaja (Alcaldía de Cali, 2008; 30), y forman parte de un esquema de acciones afirmativas, como se denominan a las “acciones públicas estatales (la iniciativa privada puede ser complementaria) que buscan un tratamiento preferencial que tiene por meta reparar los efectos de la exclusión racista o sexista” (Mosquera, 2009; 16).
No obstante, investigadores sociales como Otálvaro y Varela (2013) han cuestionado esta percepción generalizada e inexacta de las políticas públicas como iniciativas que suelen ser altruistas, sin importar la tendencia ideológica de los gobiernos. Estos dos autores han criticado los diseños asistencialistas y mercantilizados de varios programas aplicados en Latinoamérica y que no representan esfuerzos sostenibles con resultados significados en materia de reducción de las brechas sociales. El asistencialismo presidencialista tiene como fin
la captación de votantes para proyectos hegemónicos. Por otro lado, cuando el Estado concibe las políticas públicas como estrategias de gerencia empresarial le transfiere al sector privado sus responsabilidades esenciales, por ejemplo, la generación de empleo digno y garantizar un acceso fácil y de calidad a servicios de salud y educación (Otálvaro y Varela, 2013; 279).
Estos dos investigadores rastrean hacia la década de 1970 el origen de programas de focalización del gasto en Colombia, con el objetivo de reconstrucción del tejido social en zonas rurales del país. Admiten que con estas políticas se lograron avances en materia de reconocimiento de la marginalidad y se facilitó la reinserción de grupos insurgentes como el M19. Sin embargo, indican el impacto de la mercantilización del Estado y la desinstitucionalización del poder ejecutivo en el diseño de programas públicos. Como ilustración de estos dos fenómenos, citan el programa Familias en Acción, implementado en 2001 y retomado durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010). Estos dos autores señalan que en Familias en Acción “no existió un esfuerzo significativo de incorporación de esta población vulnerable a través de estrategias de emprendimiento en la economía formal, sino que se los trató como sujetos políticos menores de edad, minusválidos, para los que las dádivas gubernamentales, los auxilios monetarios y los demás esquemas de protección y de manutención, significaban la articulación funcional de vastas masas de pobladores al proyecto hegemónico “uribista” (Varela, 2012; 13).
En particular, esta evaluación de la política pública TIOS comparte la postura crítica que Otálvaro (2012) expresa sobre Colombia, relacionada con la existencia de un trasfondo mercantil de las repuestas estatales de las últimas décadas, dado que las políticas sociales se han puesto al servicio del mercado, afectando los derechos de los sujetos, los cuales han pasado de ser ciudadanos con derechos a ser clientes y beneficiarios del accionar del Estado, el mercado y la sociedad” (Otálvaro, 2012; 3).
Se examinó la estrategia Territorios de Inclusión y Oportunidades, TIOS, no solo prestando atención a sus objetivos de generación de condiciones de equidad en territorios con indicadores críticos de pobreza, violencia e inseguridad. Se prestó atención a la manera como la Administración Municipal de Cali en el periodo 2012- 2015 definió y abordó los conceptos inclusión y exclusión social, equidad y política pública, y si esa definición estuvo acorde con el diseño y ejecución de la Estrategia.