• No results found

4.3 Jacobi Set Interpretation

4.3.2 Alternative Formulations

Para Zemelman (1992) la realidad está construida por una articulación entre planos temporales y espaciales por lo que es imprescindible contar con instrumentos de análisis que partiendo de este supuesto permitan reconstruir los fenómenos en toda su complejidad. Atender a esta articulación entre momentos y niveles implica en nuestro planteo dar cuenta de las formas en que procesos constituidos en una dimensión nacional se manifestaron durante la constitución de los casos analizados. Referimos, por ejemplo, a definiciones sobre casos nacionalizados que los actores utilizaron en términos paradigmáticos, como ejemplos o modelos en el procesamiento de las muertes. Ahora bien, una importante manifestación en el devenir acontecimientos de las muertes violentas fue la apelación de los actores a la inseguridad, un problema constituido en el registro de la sociedad nacional. En el apartado anterior referimos justamente a procesos vinculados a apelaciones a las definiciones de la inseguridad en la interpretación pública de los casos conmocionantes locales. A continuación presentamos claves que aporta nuestro punto de

198

vista centrado en la problematización local de muertes violentas con miras a avanzar en la caracterización de la inseguridad. Más precisamente presentamos actores, eventos y procesos que se organizan en los ámbitos locales para definir este fenómeno nacional. Como punto de partida cabe recordar que la inseguridad no es el único problema disponible en la actualidad para interpretar a la muerte violenta pero sí aquel más completamente desplegado y vigente. Asimismo, destacamos que los actores apelaron a la inseguridad como problema asociado en mayor o menor medida a los casos analizados. Ahora bien, en nuestro análisis evidenciamos diferencias que manifestaron procesos de adaptación de este marco nacional en los contextos locales.

En Mendoza las definiciones usualmente asociadas a la inseguridad fueron combinadas en el procesamiento público con actores, eventos y procesos localmente significativos. En este sentido, los actores apelaron recurrentemente y de diversas maneras a la Reforma policial y de seguridad de 1998: organizaciones ligadas a la comunidad policial contaban a los muertos por hechos delictivos “desde la reforma de la política de seguridad”13, Cobos manifestó su intención de “reformar la Reforma” y luego de promover “una tercera etapa definitiva de la Reforma”, políticos acusaron a Cobos por su “contrareformismo” y la oposición criticó a un ministro de Seguridad por contratar comisarios que no comulgaban con el “espíritu reformista”. Los actores intervinientes refirieron a la Reforma más que como a un hito histórico provincial como a una categoría que condensa disputas, tensiones y relaciones de poder y que marca las trayectorias de los propietarios locales de la seguridad. En este sentido, los actores apelaron a la Reforma en el contexto local como un eje organizador de la discusión y de los actores intervinientes en la misma. También otorgaron centralidad en la configuración local del problema de la inseguridad a actores, casos y procesos vinculados a la violencia institucional asociada a la Policía de Mendoza. Observamos la presencia entre los activistas de familiares de muertos por “gatillo fácil” que reclamaban “justicia para los pobres” y provocaron disputas públicas entre los referentes de la demanda por seguridad. Fue asimismo evidente el protagonismo durante la crisis asociada al caso Abonassar de Luis Bordón, padre de Sebastián, asesinado por policías provinciales en 1997. Además, en la coyuntura ocurrieron concretamente hechos de represión por parte de la policía por los cuales la gestión de la cartera de Seguridad quedó públicamente comprometida.14 Cabe destacar que el tópico de la violencia policial en Mendoza incluye otros actores y procesos que influyen en este entramado local, como los casos de desapariciones de personas en democracia, las muertes constituidas como casos nacionalizados y las condenas a la provincia por violaciones a los derechos humanos por parte de instancias internacionales como la Corte Interamericana.15

También marcaron el ritmo de la agenda de la seguridad local cuestiones vinculadas a la situación

13 Los organizadores de las “marchas por la vida”, por ejemplo, planeaban utilizar en su tercera manifestación

más de 1.200 cruces de madera que “representan a las víctimas registradas en hechos delictivos desde la reforma de la política de seguridad” (S, 16/05/2007).

14 Referimos concretamente a tres jóvenes asesinados en diferentes casos de violencia institucional en mayo

de 2006: Mauro Moran, Jonathan Chandía y Andrés Leguizamóm. Ver anexo 1, casos 2.14, 2.15 y 2.16.

15 Son centrales en esta trama los sucesos vinculados al caso Castañera (1989), al caso Garrido-Baigorria

199

carcelaria, dimos cuenta en este sentido de cordones de Gendarmes dispuestos alrededor de la cárcel ante rumores de motines y de la intervención del gobierno nacional a través del CELS para que el proyecto de Ley de excarcelaciones no comprometiera el cumplimiento de lo establecido en convenios internacionales.16 Asimismo, los actores otorgaron centralidad en la arena pública local

al grupo de abogados penalistas y activistas de derechos humanos con participación recurrente en espacios mediáticos, políticos y académicos. La centralidad de estos abogados también fue visible en su señalamiento público como responsables de la situación delictiva por parte de sectores políticos y mediáticos así como en la sucesión de escraches e intimidaciones sufridas por estos actores en la vía pública, en sus estudios jurídicos y domicilios. Finalmente, observamos a referentes de la iglesia católica con intervención activa en el debate público, circulando documentos en los que se posicionaron, dedicando homilías al tema, participando de manifestaciones y organizando reuniones entre los actores locales para tratar el tema de la seguridad.

En los procesos ocurridos en La Plata también pueden visualizarse elementos que fueron particularmente destacados y que brindan indicios de contextualización del marco nacional a la situación local. En este sentido, ante la masacre policial los actores apelaron a valoraciones sobre las gestiones en la cartera de Seguridad de León Arslanián, las reformas policiales sostenidas y los procesos de depuración del personal (algunos manifestantes se identificaron incluso como “policías exonerados”). En esta dirección también fueron destacados los casos de desapariciones de los testigos de juicios por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura Jorge Julio López y Luis Gerez, así como tramas vinculadas a la cuestión de la violencia política ligada la década del ´70. Tanto en el caso Píparo como en la masacre de los policías los actores políticos señalaron explícitamente responsabilidades de “la justicia” como institución y de funcionarios judiciales concretos. Más aún, en ambas coyunturas funcionarios y organizaciones judiciales participaron de disputas entabladas en un tono político que incluyeron posicionamientos sobre la situación de seguridad, las investigaciones de la policía y el cumplimiento de las condenas. Además, actores colectivos sindicales como ATE y La Bancaria se involucraron públicamente en torno a los casos, organizando manifestaciones y planteando soluciones al problema.

Sostenemos entonces que actores, eventos y procesos de la vida política y social local influyeron en la forma en que los actores se constituyeron y constituyeron la disputa pública por la seguridad, la renovación de su agenda y las muertes que asociaron a este mundo de significados. En este sentido, se evidencian en el contexto del procesamiento público de las muertes confluencias, tensiones y adaptaciones entre la definición nacional de la inseguridad y la lectura local. Denominamos aquí tramas de sentidos al resultado de estas dos presiones que realizan los actores, la presión orientada hacia la contextualización en términos de actores, eventos, procesos

16 En 2005, luego de las resoluciones dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el

caso “Penitenciarías de Mendoza” el gobierno nacional suscribió a un compromiso de reducir el hacinamiento en las cárceles y virtualmente intervino al sistema carcelario provincial.

200

y la presión orientada hacia la nacionalización a partir de las definiciones asociadas a la categoría inseguridad. Esta presión hacia la nacionalización no es de ningún modo marginal, de hecho la definición sobre el problema de la inseguridad se manifestó en términos similares en los diferentes contextos. El relato nacional de la inseguridad ofrece categorías, actores y eventos que son trasmitidos por diversas vías, principalmente por los actores participantes de las arenas políticas y mediáticas nacionales. Además, una vía fundamental de conexión son las mismas categorías jurídicas dispuestas por actores federales en tanto es en el registro de la legislación nacional que se nombran delitos y se establecen castigos. Este escenario general es procesado en la experiencia pública local conformándose en cada contexto universos de significados originales que dan lugar a combinaciones específicas. En esta dirección, otros trabajos empíricos dieron cuenta de combinaciones de sentidos locales y nacionales en relación a la seguridad. Es el caso de Kessler (2009) que planteó culturas de seguridad locales en su trabajo sobre configuraciones locales del sentimiento de inseguridad y de Echevarría (2006) que propuso la idea de matrices culturales locales en su abordaje socio comunicacional de las representaciones locales sobre la seguridad en la provincia de Buenos Aires. Desde nuestro punto de vista, en una perspectiva local y a propósito de la constitución de muertes como acontecimientos, las intervenciones de los actores en relación a la inseguridad presentan estas dos dimensiones imbricadas en tramas de sentidos. En estas tramas la construcción nacional es convocada por los actores para comprender una muerte violenta que presentan como una manifestación concreta, al tiempo que la construcción nacional es procesada en términos locales. Más concretamente aún, los actores asocian (de diversas formas) las muertes violentas en cuestión a la inseguridad pero procesan estos vínculos en términos de actores, eventos y procesos localmente significativos.