3.3 Data Structures
3.4.2 Descending Manifold Construction
En su propuesta de “reencantamiento del mundo” Wallerstein (1996) propugna por reinsertar al tiempo y al espacio como variables constitutivas internas de análisis en los fenómenos sociales y no como realidades físicas invariables dentro de las cuales existe el universo social. En términos metodológicos más concretos, siguiendo a Valencia García (2006), construir un objeto de estudio significa “historizarlo” atendiendo a su capacidad de sintetizar múltiples tiempos y espacios que en su articulación compleja reflejan, justamente, esa historicidad. De esta manera, plantear la cuestión de la temporalidad implica entre otras cosas proyectar discusiones conceptuales y metodológicas implícitas en relación a qué es un caso y cómo debe ser recortado. En este sentido, entendemos que los casos son proyectados por los actores hasta el presente a través de marcas, producciones y discusiones que posibilitaron en el marco de su constitución como acontecimientos. Retomamos
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en este orden de cosas los planteos para los cuales la clausura temporal de los casos ocurre estrictamente en el papel del analista (Revel, 1996). Por este motivo, si bien el estudio de caso obliga a dar un cierre al acontecimiento, a delimitarlo en relación a la variable temporal, sostenemos que el desafío es incluir eventos posteriores y asumir que el caso nunca está cerrado.Ahora bien, en este marco de la reflexión de las temporalidades introducimos primeramente la noción de momento crítico con la cual referimos a un tiempo de particular atención pública y productividad de los actores que es fundamental en el proceso de devenir acontecimientos de cada muerte analizada. Podemos visualizar estos momentos críticos casi instintivamente, atendiendo en el análisis a la coyuntura en la cual el caso fue tema de la focalización de la atención pública y de tratamiento de la acción pública. Posteriormente los casos abandonaron esta centralidad en detrimento de otros temas y acontecimientos.
El momento crítico de la masacre policial es delimitable entre la ocurrencia del hecho, en octubre de 2007, y la asunción Daniel Scioli como gobernador en remplazo de Felipe Solá, en diciembre de ese año. En este período de tiempo se produjeron las intervenciones públicas más productivas del caso, destacándose aquellas que transformaron a las implicancias del crimen en tema central del último tramo de la campaña electoral para las jurisdicciones nacional, provincial y municipal. Además, familiares de las víctimas y de los potenciales victimarios llevaron a cabo diferentes movilizaciones por la ciudad de La Plata: marchas de silencio, “banderazos”, cortes de calle. Estos procesos fueron acompañados y nutridos por una intensa cobertura mediática local y nacional. A partir de la asunción de un nuevo gobierno en la provincia y la complementaria salida del poder de los protagonistas políticos del caso (el gobernador Solá y el ministro Arslanián), la masacre dejó de ser un hecho que ameritara intervenciones por parte de las autoridades políticas. Los familiares de las víctimas y los activistas que usualmente los acompañaban no responsabilizaron al nuevo gobierno por la masacre aunque mantuvieron la imputación de responsabilidad en la figura del gobernador y sus ministros por la cuestión delictiva general. Más concretamente, los familiares de las víctimas imputaban a Scioli y a sus ministros de Seguridad Carlos Stornelli (2007-2010) y Ricardo Casal (2010-2013) de ser responsables políticos frente a la inseguridad y a las muertes de policías en territorio bonaerense.1 Por este motivo desde la asunción de Scioli en diciembre de 2007 el despliegue público del caso quedó asociado a las intervenciones de los actores judiciales, mediáticos y familiares como acciones y reacciones vinculadas al derrotero de la causa judicial. Los medios de comunicación locales continuaron con una cobertura recurrente basada en las novedades de la causa judicial y los medios de
1 En la página de Facebook administrada por la familiar de unas víctimas Scioli y sus ministros de Seguridad
fueron recurrentemente imputados de responsabilidad política por las muertes de policías en territorio bonaerense. Por ejemplo en el posteo de una imagen en la cual el ministro de Justicia y Seguridad, el gobernador y el jefe de la policía son acusados de hacerse llamar “hombres de la democracia” y paradójicamente tener “las manos manchadas con sangre” en relación a la muerte de casi 40 policías bonaerenses entre 2010 y 2012 (“Justicia por…”, 19/10/2012).
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comunicación nacionales intervinieron particularmente a partir de los giros en la investigación.2Pasado el momento crítico fueron centrales las acciones tendientes a politizar al evento por parte de los familiares de las víctimas en tanto constituyeron un elemento dinámico que motorizó al caso una vez perdida la visibilidad inicial.
La delimitación del momento crítico de los restantes tres casos es más clara. Por un lado, en relación al caso Píparo demarcamos una crisis entre fines de julio y fines de septiembre de 2010, entre la ocurrencia de la salidera bancaria y la declaración de Carolina Píparo ante la justicia, que incluyó la difusión de que junto a su marido se radicaría en el exterior del país en el futuro inmediato. En este período de tiempo las autoridades judiciales detuvieron a la totalidad de los integrantes de la banda que según la instrucción había actuado en el hecho. Asimismo, se registraron las acciones colectivas asociadas al caso, incluyendo aquellas convocadas por la familia una vez que Píparo recibió el alta médica, los primeros días de septiembre. En ese período, además, fue aprobada en el congreso de la Nación la Ley 26.637 de seguridad bancaria, que sintetizó y puso en el registro de la obligación muchas medidas que se encontraban siendo discutidas por el gobierno de la provincia, de la Ciudad de Buenos Aires y de la municipalidad de La Plata. Por otro lado, establecemos el período de crisis asociado al crimen de Susana Cruz de Rubino entre la ocurrencia del caso, el 25 de octubre de 2005, y los dos meses posteriores. En este período los actores políticos participaron de una acelerada renovación de la agenda de seguridad tanto en la jurisdicción municipal como en el ámbito provincial: renunció el ministro de Seguridad, se independizó institucionalmente al ministerio de Seguridad, se creó una nueva Dirección de Policía bajo el mando de un uniformado y el intendente decidió el retiro de la policía comunitaria de las calles. Finalmente, delimitamos una coyuntura crítica en relación al caso Abonassar entre la ocurrencia del crimen, en abril de 2007, y el ejercicio electoral de octubre de ese año. En la construcción de esta muerte como acontecimiento y en el mantenimiento de su visibilidad pública fue central el procesamiento público de otros hechos delictivos posteriores que según la prensa “recrudecieron la crisis”, el denominado “fenómeno asambleario” y el activismo de Alejandro Gil.3
Ahora bien, más allá de los intentos de los familiares y de las intervenciones de otros actores judiciales o mediáticos en determinado momento la atención pública fue dirigida a otros hechos y acontecimientos. Las intervenciones de los familiares de las víctimas con posterioridad a este momento crítico parecen justamente intentar evitar que el caso pierda atención pública. Estas operaciones tendientes a evitar la muerte social son particularmente visibles en la masacre policial,
2 Los giros más importantes de la causa fueron en abril de 2008 cuando sosteniendo la pista de la droga el
fiscal solicitó numerosas detenciones que incluían a los líderes de la barra brava de Gimnasia y Esgrima de La Plata. También en noviembre de 2009 cuando se dio a conocer la cámara oculta en la cual el policía detenido aceptaba responsabilidad en el crimen. Finalmente en octubre de 2010 cuando muestras genéticas posibilitaron ubicar a uno de los prófugos en la escena del crimen.
3 Referimos a la ocurrencia simultánea del conjunto de hechos que dio lugar a movilizaciones en diferentes
departamentos y en la capital: el asesinato del joven Carlos Pasetti en Guaymallén, el robo a Fernanda Vera en Las Heras y el asesinato de Matías Basallo en Godoy Cruz. Ver anexo 1, caso 2.19 y 2.20.
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en la cual ante la falta de claridad en relación al móvil del crimen y a los culpables del hecho los familiares operaron en el espacio público intentando presentar a los policías muertos como víctimas y demandar justicia por el hecho. Recordemos, en este sentido, que algunas familiares de los policías asesinados habían participado además de la fundación de la organización Madres de Pañuelos Azules para luego abandonar este grupo aduciendo la necesidad de abocarse exclusivamente a la búsqueda de justicia por el caso.4 Por otro lado, en los casos Píparo yAbonassar las acciones sostenidas por los familiares en el espacio público en sentido ampliado (la calle, los medios de comunicación, las redes sociales) no fue orientada a la disputa del carácter de víctimas de los muertos ni tampoco a la demanda de justicia por los crímenes (aunque sí solicitando “condenas ejemplares” frente a futuros juicios) sino a la demanda de seguridad.
Evidenciamos en los discursos y las prácticas de los actores intervinientes una noción compartida que asocia los procesos relacionados con la ocurrencia de estas muertes con una aceleración de los tiempos. Referimos entonces a cierto sentido otorgado al tiempo por los actores, entendiendo que el significado, las interpretaciones y el uso del tiempo (y el espacio) no son en absoluto constantes (Wallerstein, 1997). En este sentido, según Valencia García (2006) el tiempo de relación entre pasado, presente y futuro así como el papel activo o pasivo otorgado a cada tiempo expresan las formas en las que percibimos y vivimos históricamente. En términos generales, los actores manifestaron ser partícipes de un tiempo rebosante de acontecimientos, de una historia que pareció acelerarse. Esta noción es particularmente visible en la arena política en tanto ante la ocurrencia de una muerte públicamente tematizada como significativa los modos en que los funcionarios políticos decidieron medidas de política pública y se mostraron ante el público se vieron afectados. En los capítulos dedicados a las reconstrucciones observamos que los funcionarios intentaron retomar la demanda de los públicos movilizados o preocupados y mostrarse cercanos a las víctimas. En este punto del análisis nos interesa destacar que durante los momentos de crisis analizados los funcionarios además de mostrarse sensibles a la opinión pública se mostraron activos y propositivos. Las autoridades ejecutivas realizaron declaraciones a los medios de comunicación condenando los hechos, se reunieron con los familiares y se hicieron presentes en los lugares de los crímenes, de internación de los heridos y de despedida de los cuerpos de las víctimas. En este sentido, Solá y Arslanián se acercaron a los velatorios de los policías asesinados (en los cuales fueron increpados), el gobernador Scioli junto con el intendente Bruera se presentaron en el hospital donde estaba internada Píparo y Cobos escribió una carta a Alejandro Gil en la cual le daba sus condolencias y lo invitaba a conversar. Además, los funcionarios mostraron cambios en las gestiones (renuncias de ministros, desdoblamientos ministeriales), se reunieron con actores involucrados (autoridades bancarias, representantes
4 En relación al abandono del activismo con las Madres de los Pañuelos Azules la cuñada de una de las
víctimas nos dijo “no queríamos llevar una bandera por todos los policías caídos, nosotros tenemos un objetivo que es llegar al esclarecimiento de este hecho”. Más adelante reafirmó “apoyamos que todos los policías que son asesinados, que se esclarezca, pero tenemos que concentrarnos en esto (buscar justicia), no teníamos el tiempo para ocuparnos de eso (la organización)” (Entrevista a Rosa de Díaz, abril de 2013).
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sindicales, actores gubernamentales), publicitaron medidas y giraron leyes a las Legislaturas. Trascendiendo a las autoridades ejecutivas, en una mirada general, los funcionarios se mostraron ante el público colaborando en la presentación de soluciones, participando en instancias de diálogo en ámbitos ejecutivos (reuniones de gabinete “ampliadas”, concejos de seguridad, comités de crisis) y legislativos (realización de acuerdos para la aprobación de leyes, reuniones con activistas). En las Legislaturas de la provincia de Buenos Aires y de Mendoza se discutieron proyectos y “paquetes” de proyectos, se aprobaron leyes (muchas de manera exprés, muchas por unanimidad), fueron recibidas y escuchadas las víctimas. Es decir, se trata de operaciones que definen a la función política (reunirse, prometer, legislar, declarar) pero que en el período de crisis relacionadas con la ocurrencia de estas muertes devenidas conmocionantes aparecen con un ritmo marcado por la urgencia y condicionado por una mirada pública más atenta a la acción política. En esta dirección, el análisis de la conformación de arenas públicas a colación de las muertes ocurridas en Mendoza permitió visibilizar acciones que también evidenciaron un tiempo de urgencia (o al menos un carácter extraordinario) pero en este caso apartadas de la vista del público. Referimos a reuniones y negociaciones en torno a la organización de la demanda por parte de referentes activistas, encuentros entre funcionarios y expertos (en seguridad y en derechos humanos), la práctica vinculada a la cobertura de los medios locales de los hechos vinculados a los casos.5 Esdecir, nuevamente operaciones que definen la práctica cotidiana de la mayoría de estos actores pero en un ritmo general de urgencia que permite aventurar que se trata de una aceleración de tiempos más o menos compartida por los actores involucrados en estos procesos.
Los momentos críticos analizados son particularmente ricos para observar dinámicas en la arena activista. Anteriormente manifestamos que ante la ocurrencia de las muertes que analizamos intervinieron públicamente actores socialmente reconocidos como propietarios y por esto involucrados en la disputa por la resolución de las situaciones definidas como problemáticas (en los términos de Gusfield, 2014). Se trata de actores que conforman un elenco recurrente, que se posicionan públicamente con sus intereses, valores y puntos de vista respectivos. Ante este hecho dimos cuenta que los familiares de las víctimas eran socialmente dotados de legitimidad para intervenir públicamente y evidenciamos diferentes formas de poner en juego esa autoridad: la intervención de manera circunstancial o con continuidad, en el espacio público en sentido “ampliado” o “restringido”, en el marco de los casos o en el marco de demandas más amplias. En este punto del análisis nos detenemos en las intervenciones de los familiares incorporando la dimensión temporal para resaltar algunas dinámicas. En primer lugar, en el contexto del procesamiento público de las muertes analizadas observamos intentos por parte de familiares de víctimas de reeditar búsquedas pasadas. Constituyen ejemplos la participación de los familiares de
5 Un caso mediático conmocionante implica para los medios de comunicación una ruptura en la rutina
cotidiana de producción de noticias. Ante la ocurrencia de este tipo de acontecimientos los periodistas deben cubrir hechos simultáneos, investigar sobre temas específicos y competir con otros medios interesados por el caso. Ver Fernández Pedemonte, 2010.
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víctimas de casos de “gatillo fácil” que plantearon sumarse a la “tercera marcha por la vida” en demanda de “justicia para los pobres”, el acercamiento de “víctimas de causas viejas” manifestado por Alejandro Gil en su relato sobre la institucionalización de la AVD y la presencia de familiares de víctimas de delitos y accidentes de tránsito en las marchas de “autoconvocados” en el contexto del caso Píparo. Además, en los testimonios recabados para la reconstrucción de las arenas públicas locales mendocinas observamos que los familiares intervinientes en la coyuntura del caso Abonassar participaron años después de acciones ligadas a un nuevo caso conmocionante: el caso Quiroga.6 Una familiar de víctima expresó en este sentido: “ahora hemos empezado con otragente nueva que hace poquito le han matado a principio de año, en abril, mayo, le mataron a un chico y ahí anda el padre ahora también en la Legislatura luchando”. De esta manera, evidenciamos que en los procesos de adquisición de carácter público de muertes violentas participan familiares de víctimas de causas previas y no necesariamente vinculadas al tema en el cual es públicamente definida la muerte. Más precisamente, observamos que en busca de visibilidad para sus causas, manifestando solidaridad emocional con los nuevos familiares o como público interesado por la demanda, familiares de víctimas regresan tiempo después de la tragedia personal a constituir la arena activista y se reorganizan en torno al caso devenido núcleo de atención.
En la configuración pública de la arena activista, en el contexto de estos momentos críticos, observamos además la emergencia de referentes no familiares en un registro de mediana intensidad. El análisis de los casos visibilizó actores que conocían o no a las víctimas, con diferentes profesiones, de diferentes géneros y edades que se pusieron al frente de grupos y colectivos movilizados. En Mendoza dimos cuenta de un comerciante que actuó como vocero de una marcha realizada en Guaymallén, del director de un colegio que leyó un petitorio que demandaba “verdadera represión a los delincuentes”, de un cura que convocó a un “cacerolazo” e hizo sonar las campanas de su iglesia en demanda de seguridad o de Alejandra Vera, colaboradora estrecha de Alejandro Gil luego de haber sido víctima de un violento asalto en Las Heras. En los casos ocurridos en La Plata reparamos en los “compañeros” de trabajo de Píparo, de “allegados” a la víctima que leían cartas públicas ante cientos de personas e incluso de referentes en los grupos abiertos en las redes sociales. De esta manera, la idea de momento crítico la vinculamos con el agenciamiento de públicos en torno a las muertes. Se trata no sólo de un momento de productividad de las voces públicas, sino también de un tiempo de acceso a la legitimidad para participar de la controversia pública, de disputa por la propiedad de los problemas que conciernen al público.
Definimos en el análisis momentos de crisis alrededor de los casos caracterizados por un ritmo de aceleración. En este sentido, el acontecimiento refiere a una interrupción asociada a lo novedoso, a lo inédito; mientras que las nociones de coyuntura, crisis o momento aluden a