Comparison of time and region

Podemos decir que el agenciamiento político de los habitantes de esta zona, ha sido un proceso continuo, es decir no solamente emerge como respuesta a la vulneración de los derechos territoriales en momentos específicos, tal como lo afirma una de las personas participantes del grupo focal realizado:

“Yolombó21 _{ha sido un pueblo de lucha, y nuestros padres nos la han}

pegado” (Grupo focal, 8 de noviembre de 2014)

Sin embargo, hechos como el de la Salvajina y el otorgamiento de los títulos, se constituyen en motores de la movilización masiva para la defensa del territorio. En este punto es importante recalcar la emergencia del Consejo Comunitario de la Toma, el que se podría considerar, bajo la óptica de Escobar (2001), como un proceso que busca la consolidación de planes democráticos alternativos. Al perseguir como fin la titulación colectiva del territorio, están abriendo posibilidades 21Yolombó es una de las cinco veredas que conforman el consejo comunitario de La Toma.

de sentido territorial, es decir y tal como se afirma en una de las entrevistas la construcción de un fortalecimiento territorial:

“Ha sido importante pues la apuesta es hacia un proceso regional. La toma le parece importante construir acuerdos territoriales más que imponer su situación” (Entrevista 7 de noviembre de 2014).

Como podemos ver el consejo comunitario aspira a constituir un territorio en términos de autonomía, es decir como un espacio vital, el que debe ser defendido por medio de prácticas que van más allá de la normatividad. Ejemplo de esto es la como la defensa se acompaña de la construcción de una memoria del territorio. Lo anterior puede ser corroborado por el testimonio de un miembro del consejo comunitario:

“la gente se olvida de sucesos anteriores evitando que la lucha continúe y no se frene, por ello hay que contar la historia para que no se vuelva a repetir” (grupo focal, 8 de noviembre, 2014)

Como se mencionó antes, el agenciamiento político parece escapar de los parámetros impuestos por una estructura (Giddens, 1983), así como encontrar respuestas alternativas a la falta de reconocimiento e inclusión del sistema político (Fraser, 2003). Lo que podemos ver es que se busca la construcción de nuevos significados sobre la representación, la participación, la ciudadanía o la cultura (Escobar, 2001). En La Toma se han presentado ciertas prácticas que han permitido una defensa del territorio, y que no pasan por lo normativo, sino que se dan “paralelas” como lo afirma una de las entrevistas realizadas:

“Históricamente no ha sido solamente la ley. La ley ha estado ahí pero pues en algunos momentos no ha sido posible acceder a esta, o se han usado recursos paralelos. La Toma no puede

definirse solamente en su fortaleza en términos legislativos sino también en su capacidad de movilización y resistencia” (Entrevista 7 de noviembre de 2014).

La construcción de memoria que se mencionó en el apartado anterior, evidencia la construcción de significados alternativos del territorio, sin embargo esta no ha sido la única acción. Por ejemplo se ha utilizado prácticas culturales como la danza o la música para buscar generar conciencia en la población joven de la comunidad sobre la importancia de la defensa del territorio. Tal como se especifica en un aparte de una de las entrevistas:

“Yo miraba las reuniones y decía: que mamera. Pero me metí al grupo de danza y empecé a asistir a las reuniones del consejo enterándome, de manera involuntaria, de las problemáticas, lo que despertó mi interés en la causa” (Grupo focal, 8 de noviembre del 2014)

Éste tipo de prácticas, que en muchas ocasiones ´pasan desapercibidas han resultado vitales para vincular a nuevas generaciones al proceso de defensa del territorio.

Otra práctica que se ha llevado a cabo es la construcción de consensos por parte de los miembros del consejo comunitario con los dueños de los predios que son utilizados para la minería ilegal a cambio de una compensación monetaria. Tal consenso, al ser entendido como parte del agenciamiento político, apunta a la defensa contra la minería ilegal. En este contexto se ha buscado la unión con los dueños de los predios, buscando invitarlos a las reuniones donde se dialogue sus intereses y puedan desistir de prestar sus terrenos para la explotación, tal como se afirma en una de las entrevistas:

” Hemos hablado con los dueños de los predios para que no presten sus propiedades para las maquinas” (Grupo focal, 8 de noviembre de 2014)

Otra acción por ejemplo ha sido la quema de retroexcavadoras, pertenecientes a grupos de minería ilegal dentro del territorio. Esta acción se da después de agotar los canales normativos sin encontrar respuesta efectiva:

“Las quemamos porque el gobierno es corrupto y no hace nada” (Grupo focal, 8 de noviembre de 2014).

Ahora es en este punto donde se comienzan hacer evidentes ciertas problemáticas para el mismo agenciamiento como lo son, por ejemplo, las amenazas a miembros del consejo, pues al ejercer las prácticas alternativas para la defensa del territorio la misma comunidad se ve limitada por medio de violencia. Las mismas acciones de defensa territorial se vuelven motivos perfectos para reaccionar contra la comunidad. Un miembro del consejo comunitario afirma:

“Si se quema una maquina se tiene ya la excusa para matar” (Grupo focal, 8 de noviembre de 2014).

Es importante señalar que si bien el agenciamiento encuentra alternativas de defensa para el territorio que escapan a la limitación normativa, se dan otras limitaciones desplegadas por las dinámicas que el mismo extractivismo a gran escala genera. En esta lógica el siguiente apartado buscará evidenciar estas dinámicas y su influencia para limitar la defensa del territorio.

4.4. Problemáticas de las prácticas alternativas para la defensa del territorio

El agenciamiento político de los sujetos aunque logra encontrar prácticas alternativas para la defensa territorial, existen ciertas dinámicas que buscan por decirlo así relimitar el agenciamiento. Una de estas dinámicas es la violencia y

amenazas ejercidas contra la comunidad debido a las acciones adelantadas como lo afirma un miembro del consejo comunitario:

“Las amenazas como tal comenzaron más o menos cuando recién arranco ese proceso de trabajo con maquinaria en el rio y después fueron más amenazas por la quema de maquinaria que hicimos” (Grupo focal, 8 de noviembre de 2014).

Estas amenazas reflejan el proceso mediante el cual se busca limitar el agenciamiento una vez que este ha logrado generar prácticas alternativas. Es importante resaltar que las amenazas están dirigidas hacia la comunidad en general, pues se busca generar miedo colectivo que frene las acciones que como comunidad se llevan a cabo:

“Debido a las actividades que ha venido adelantando el consejo comunitario se han presentado amenazas de muerte a los lideres y a las personas del consejo comunitario, entonces eso lo que hace es que el proceso se debilite porque la gente al salir del territorio se está perdiendo la comunicación” (Grupo focal, 8 de noviembre de 2014)

A partir de lo anterior se evidencia una lógica para limitar el agenciamiento, la cual consiste en dividir a la comunidad, en impedir que el consejo comunitario de La Toma sea realmente un sujeto colectivo, y de esta forma no puedan resistir ni ejercer sus derechos. Lo anterior se corrobora cuando un miembro del consejo afirma:

“No todas las veredas de La Toma están comprometidas, es sobre todo Yolombó. Hay mucha gente de otras veredas que trabajan con la maquinaria y nos dicen que dejemos de ser sapos, que dejemos trabajar” (Grupo focal, 8 de noviembre de 2014)

Romper el tejido social representa entonces una estrategia para frenar estas prácticas alternativas de defensa del territorio. Lo anterior demuestra como una falta de normatividad que permite la entrada de lógicas extractivistas a gran escala, tiene un impacto incluso más allá de la misma normatividad, y genera dinámicas que limitan el agenciamiento no solo jurídica si con estructuralmente.

5. CONCLUSIONES

Tal como se planteó en los objetivos del presente estudio, se pudo entrever como el desarrollo normativo en Colombia, encaminado a la consolidación del modelo extractivista, tiene implicaciones importantes en el agenciamiento político de los sujetos. Dicha normativa funciona como una estructura en la cual se desarrollan las interacciones entre distintos actores, que a su vez funcionan como mecanismos de poder que moldean la acción de los sujetos (Giddens, 1984). Como vimos dicha estructura blinda el modelo económico imperante en detrimento de las comunidades, con lo cual se impide que el agenciamiento político tenga cabida, y más bien se direcciona para que no sirva de obstáculo.

Así también se evidencio que la normatividad posee una ambigüedad no solo jurídica y procedimental frente a los derechos étnicos de sujetos colectivos, sino también ambigüedad ética, pues consagra ciertos derechos que por otros mecanismos bloquea y limita, como por ejemplo la falta de reconocimiento de identidad étnica por parte de entidades gubernamentales.

Entonces valdría la pena preguntarse ¿Cuál es el objetivo de dicha normatividad? ¿Responder a unos valores como la justicia, la igualdad, la libertad, la dignidad? O ¿A preceptos económicos como la acumulación, la explotación, la desposesión?

Siguiendo a Fraser (2008) la falta de redistribución en la esfera económica, el escaso reconocimiento en el ámbito socio-cultural y la no-inclusión en lo político son síntomas de una deficiencia del sistema para alcanzar modelos de justicia acordes a una democracia efectiva. Limitar el agenciamiento político supone: la deshumanización de las comunidades, el romper con el tejido social, que más allá de un concepto implica un tejido vivo, que se mueve, que se desarrolla, que se define, que se inventa una y otra vez, que se afecta, que deviene en un organismo vivo.

Esta ruptura no solo supone una falta de mecanismos que potencien las capacidades de los sujetos por parte del Estado como dirían Nussbaum o Sen, suponen también la falta de comprensión frente a lo que una comunidad es, así

como un desconocimiento hacia las lógicas económicas de un modelo de reprimarización del capital que superan el reducido tamaño estatal. Limitar el agenciamiento político de los sujetos es reducir a las comunidades a elementos que se cuantifican, que se miden y se utilizan. El agenciamiento político implica un βίος22_{, es decir que el agenciamiento político involucra la verdad de la comunidad,}

sus prácticas, su identidad y su territorio, con sus acciones, sus demandas y su participación. Limitar este es romper un proceso vital del sujeto político.

No obstante, se constató que el mismo agenciamiento político encuentra líneas de fuga, es decir prácticas alternativas para la defensa del territorio en respuesta a la limitación anteriormente mencionada. Prácticas que pretenden generar la autonomía de la comunidad frente a sus recursos, sus tradiciones, su vida. Las comunidades y sus prácticas de defensa del territorio logran generar cambios en las agendas y en la resignificación de su contexto (Escobar, 2001). Pues los sujetos tienen la capacidad de congnosibilidad como afirma Giddens (1984), la cual les permite leer su entorno y generar vías alternativas de acción. Les permite advertir, por ejemplo una limitación normativa, para así buscar prácticas de defensa como la música, la danza, la marcha, la protesta, la unidad de la comunidad, etc.

Así el agenciamiento político resalta el doble efecto de la normatividad que blinda al modelo económico extractivista, pues por un lado la normatividad limita este, pero por otro le invita de manera inconsciente si se quiere, a que resista, a que escape, a que encuentre mecanismos alternativos que hagan contra al mismo modelo. Los procesos organizativos, y las prácticas alternativas de defensa del territorio que tienen lugar en el corregimiento de La Toma, son una imagen de lo anterior. Reflejan como el agenciamiento no se agota en canales jurídicos, sino que supone una trascendencia de estos, demostrando que el problema en torno a la extracción de recursos minerales no debe ser resuelto solo desde la

22 Haciendo referencia a una relación entre la verdad y la vida, entre lo definido como lo que pienso y lo que hago. Relación consagrada en la República de Platón, libro segundo.

normatividad, sino también a través de procesos de resistencia y de defensa sobre los territorios.

Estas prácticas alternativas del agenciamiento representan que en un contexto de limitación por canales normativos, los sujetos políticos buscan la manera de defender sus intereses, de participar y de ser escuchados. Sin embargo, desafortunadamente, también se encontró en el análisis que a pesar de que el agenciamiento logra vías alternativas de defensa territorial, llegar a fortalecer estas alternativas constituye un riesgo. En el caso de La Toma, al utilizar al Consejo Comunitario como plataforma para desplegar las prácticas alternativas, ha supuesto amenazas para la comunidad lo que conlleva a que los proceso de agenciamiento político se vea una vez más limitado.

Lo anterior expone que el sistema y las lógicas con las que opera el modelo de acumulación por desposesión (Harvey, 2009), despliegan mecanismos que impiden que el agenciamiento político se desarrollo naturalmente. Estos mecanismos son consecuencias de una normatividad que protege dicho modelo, haciendo que el agenciamiento una vez haya superado las limitantes jurídicas y haya encontrado alternativas de defensa territorial, sea objeto de una violencia que impide que dichas prácticas puedan ser efectivas.

Estos resultados encontrados sirven para proponer en primer lugar una revisión rigurosa de la normatividad en la cual se enmarca el modelo extractivista. Pues con esta revisión se podría llegar a generar cambios en la misma que quiten el blindaje hacia un modelo económico tan nocivo para las comunidades. Es importante este aspecto, pues al generar una normatividad efectiva en la protección de derechos colectivos y territoriales, no solo se estaría cortando la limitación que encuentra el agenciamiento político en la práctica de defensa territorial, sino también se estaría potenciando la capacidad del mismo agenciamiento. Aunque la anterior propuesta no es algo nuevo, su importancia consiste en la reiteración de la necesidad de una reforma legislativa en torno a los procesos de extracción y sus impactos en las comunidades.

Ahora, otra propuesta es que el agenciamiento político sea tenido en cuenta como un factor importante dentro de los procesos de toma de decisiones, pues es

el agenciamiento político de las comunidades el que puede dar luces sobre las falencias de mecanismos institucionales, y puede ayudar en focalizar y platear alternativas de solución efectivas.

Por lo Anterior la investigación busca elevar el concepto de agenciamiento político al nivel de otras categorías de análisis como ineficiencia institucional, o conflicto armado, o modelo económico hegemónico, resaltando que tiene este concepto en lo micro, y la pertinencia y el impacto que involucraría en lo macro para un análisis político de los impactos de la extracción de recursos naturales a gran escala.

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