En 1946 se creó la sección de emergencia para atender casos de primeros auxilios. Con la colaboración de las Samaritanas y las enfermeras, Esther Lanza de Gonzáles Quint, fundó esta sección en una habitación que facilitó el Dr. Prado Barrientos en su consultorio. En la revuelta protagonizada contra el gobierno del presidente Monje Gutiérrez, Gonzáles Quint prestó ayuda a los heridos en una emergencia que se prolongó por 12 horas. Para ello, se prestó la movilidad del Cnl. Guillermo Gonzáles Quint en la que trasladó a los heridos a hospitales.
Financiamiento
La Cruz Roja Boliviana, como entidad civil de beneficencia, recibió durante esta etapa de su existencia un aporte del Estado boliviano que tenía como objetivo financiar parcialmente sus actividades. La mayoría de las mismas, se solventaban que recursos que las socias conseguían mediante colectas, rifas, donaciones y aportes propios. El control de los recursos los realizaba el departamento de contabilidad que, a su vez, era fiscalizado por el departamento de tesorería y el Comité Nacional. Cada año, el balance general era presentado a la Contraloría General de la República para su aprobación.
Laboratorio de análisis clínicos donado por el Dr. Luis Prado Barrientos.
1939 Segunda Guerra Mundial 1945 Bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki
El aporte del Estado apenas alcanzaba para cubrir parcialmente algunas actividades. Por ejemplo, en 1941, la institución recibió del Estado 15.000 bolivianos mensuales para la Clínica de Maternidad y 5.000 bolivianos anuales para las Samaritanas, montos que apenas cubrían algunas necesidades.
Para impedir que esta asignación fuese recortada o eliminada del Presupuesto General de la Nación, las autoridades de la Cruz Roja Boliviana debían realizar intensas gestiones ante los funcionarios de Hacienda. La participación del Estado en el financiamiento implicó la pérdida de autonomía e independencia de la institución y otorgó facultades a los gobiernos para intervenir la institución.
Antonia Zalles de Cariaga, en la Memoria de la Cruz Roja Boliviana 1934-1941 escribía:“Si bien la Cruz Roja recibe una ínfima partida en el presupuesto nacional, esta cantidad es discutida año por año, y se halla a merced de la buena o mala voluntad de los que confeccionan el programa de gastos e ingresos de la nación. Existe una marcada ignorancia de las altas y humanas finalidades de la Cruz Roja…”.76
En ese entonces, la situación económica de la institución era precaria. Los recursos que se obtenían no eran suficientes para financiar todas sus actividades. Fue entonces que se comenzó a pensar en la necesidad de emprender actividades que generen más ingresos. Era necesario sostener la Clínica de Maternidad, el Jardín de Niños, las oficinas de la institución y las actividades de las Samaritanas. Con tal objetivo, se iniciaron las gestiones para obtener la concesión de la Lotería Nacional.
En 1947, luego de profundos estudios y largas negociaciones, el gobierno aceptó conceder la explotación de la Lotería Nacional a
la Cruz Roja Boliviana. Mediante una Resolución Suprema, emitida el 27 de marzo de ese año, el gobierno del Dr. Tomás Monje Gutiérrez, autorizó a la Cruz Roja Boliviana a adquirir los derechos y las acciones del concesionario de la Lotería Nacional, una empresa argentina denominada Financiera Boliviana Miguel y Cia, que llevaba 19 años explotando el negocio. La resolución dispuso el pago de una indemnización que la Cruz Roja debía financiar con sus propios recursos. Para el Estado, esta decisión fue un buen negocio. Por una parte, eliminaba la carga que implicaba el traspaso de recursos a la Cruz Roja y, por otra, aseguraba la sostenibilidad de las actividades de esa institución, la mayoría de las cuales eran de su responsabilidad y obligación.
De acuerdo al Decreto del 26 de agosto de 1930, el Estado tenía una participación en el producto de las ganancias, misma que se establecía según una escala que normaba tal distribución. Una parte del monto que le correspondía al Estado, era destinada a la beneficencia y a la salud pública.
La indemnización que pagó la institución a los concesionarios argentinos alcanzó a 762.162,16 pesos argentinos. Para conseguir ese monto, la Cruz Roja Boliviana realizó todo tipo de esfuerzos. Por una parte, acudió a los socios en busca de donativos, realizó sorteos y rifas y obtuvo un crédito bancario. En esta tarea tuvo una singular y destacada participación Juan de Recacoechea. El Decreto indicado añadía que el monto a pagarse a la empresa argentina debía hacerse en moneda de ese país.
El 8 de abril de 1947, durante el gobierno de Enrique Hertzog, se expidió el Decreto Supremo que creó el directorio de la Lotería y que definió la forma de distribución de utilidades. El mismo estableció que esa institución sería administrada, durante diez años,
76 Zalles de Cariaga Antonia, op. cit. pag. 24 1933 Asociación Pro Defensores del Chaco 1936 Guerra Civil Española
por un directorio constituido por un Delegado del Ministerio de Previsión Social y delegados de la Cruz Roja Boliviana y Beneficencia, y estableció que a partir de 1948, las utilidades obtenidas se distribuirían de la siguiente manera: 50% para la Cruz Roja Boliviana, 30% para la beneficencia nacional y 20% para el Ministerio de Salubridad.
El gobierno de Mamerto Urriolagoitia amplió por otros cinco años la concesión en favor la Cruz Roja Boliviana por considerar que los diez años -otorgados tres años antes- eran insuficientes para pagar el crédito de 20 millones de bolivianos que había contraído la institución con el Banco Central.
El 28 de febrero de 1950, la Cruz Roja Boliviana aprobó sus nuevos estatutos que establecían un Directorio Nacional, un Comité Central, Comités Departamentales, Comités Provinciales y Cantorales, Comités Especiales y Secciones Especiales.
El Comité Central estaba integrado por todos los miembros titulares del Directorio, de un representante del Ministerio de Defensa Nacional, de un representante del Ministerio de Previsión Social, de un representante del Ministerio de Salubridad, de un representante del Estado Mayor General y de un representante de cada uno de los Comités Departamentales. Sus atribuciones eran las de vigilar y fiscalizar las actividades de todos los comités, autorizar el establecimiento de delegaciones o representaciones,
designar a representantes de la Cruz Roja ante todo organismo, organizar cruzadas o semanas de la Cruz Roja de acuerdo a recomendaciones de la Liga Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y asignar condecoraciones.