In conclusion: What can this study of ‘nervous breakdown’ contribute?

El IV congreso de la CONPACC “Unidad y reencuentro nacional por la defensa de la hoja de la coca”, se realizó en el distrito de Quinua, región Ayacucho del 27 al 30 de

septiembre del 2005. Desde el titulo del evento y el lugar elegido quedó en claro que la principal intención era reunificar a los valles cocaleros. Quinua además se hallaba cerca del Río Apurímac y constituía un lugar emblemático por que en sus pampas se libró la última batalla americana contra las tropas españolas en 1824 sellando la independencia del Perú y el continente. A la reunión asistieron 800 representantes de las cuencas fundacionales, incluida la FEPAVRAE que con la salida de Maricela Guillen y el nombramiento de Alejandro Gutiérrez como nuevo presidente, se alejó de la postura del valle de Monzón, único espacio que no asiste marcando así su retiro definitivo de la CONPACC. Para organizar la discusión se formaron seis comisiones de trabajo; a las ya tradicionales comisiones de asuntos legales, de estatutos, agropecuaria, de medidas de lucha, la de industrialización y la de comercialización de hoja de coca se agregó la comisión de gobierno, donde debía discutirse la relación con los gobiernos municipales y

La comisión de gobierno a su vez abarcó dos puntos centrales: la relación con las municipalidades y gobiernos regiona les y la posible participación del movimiento en el próximo proceso electoral. Al primer punto se le dedicó la mayor parte del tiempo pues acababa de resolverse el conflicto entre el poder ejecutivo y los gobiernos regionales de Huanuco, Cusco y Ayacucho que declararon legal el cultivo de hoja de coca en sus jurisdicciones, provocando el rechazo del gobierno central que apeló tal decisión al Tribunal Constitucional (TC). Aunque el TC se pronunció invalidando la norma, los cocaleros consideraron que el pone r en debate público el caótico marco normativo sobre la hoja de coca76 resultó favorable a sus intereses, dejando en claro la necesidad de coordinar acciones con los gobiernos regionales y locales. Se priorizó también la evaluación de la gestión municipal en los distintos valles y la forma en que se venían utilizando los recursos del desarrollo alternativo. La discusión sobre la participación en los próximos comicios electorales no llegó a concretarse y la comisión de gobierno arribó a la plenaria sin una propuesta sobre el tema. Ya en la plenaria, el debate priorizó la evaluación a la directiva saliente y las propuestas sobre quienes deberían ocupar los cargos. Luego de presentar el balance de sus actividades la directiva liderada por Obregón y Malpartida, enfrenta duras críticas centradas en la conducción de la marcha de sacrificio del 2003, la defensa legal de Palomino y sobre todo en el aval al Decreto N° 044 donde se aceptó la erradicación gradual y concertada, punto que ya había causado las divisiones anteriores.

Tras un intenso debate, la directiva -incluido Nelson Palomino aún preso en Lima- pone su cargo a disposición y se aprueba la renovación. Al elegir la nueva dirección Palomino es el único ratificado como secretario general, mientras que el representante de la FEPAVRAE Walter Hacha es elegido como sub secretario en reemplazo de Nancy Obregón y Daniel Apaza de Sandia secretario de organización en reemplazo de Elsa Malpartida. En aras de la unidad, las dirigentes depuestas acatan la decisión tomada por mayoría y saludan a la nueva directiva, resaltando que se habían cumplido el objetivo de reunificar la CONPACC tal y como se les encargó el Congreso anterior.

76 _{Según este fallo del Tribunal Constitucional, respecto al tema coca existe “ocio legislador” pues no}

existe una ley que unifique y ponga en concordancia diferentes decretos supremos, leyes y normativas. Por ejemplo mientras la legislación peruana no reconoce expresamente el uso tradicional de la hoja de coca, si mantiene un monopolio estatal para su comercialización. Así mismo señala que existe un peso desmedido de los tratados internacionales, pues la política antidrogas se basa en lo establecido por lista I de Estupefacientes de la ONU, pese a que este documento equipara coca y cocaína, algo que contradice lo planteado por las leyes del Perú. (www.tc.gob.pe, 25 de mayo 2008)

Son varios los puntos que llaman la atención del IV Congreso y que resultan relevantes para analizar la participación electoral por la que finalmente se decide el movimiento cocalero. En primer lugar, se evidencia el desencuentro entre las prioridades de discusión interna del movimiento y la coyuntura política nacional. A pocos meses de una nueva elección presidencial y legislativa, los cocaleros se abocan a discutir problemas relacionados con la designación de una nueva directiva. La evaluación de los cambios en la estructura de oportunidad política, que podría resultar favorable para la participación del movimiento en la arena electoral, es dejada de lado pese a que intuyen que se trata de un momento político trascendente. La decisión final se limita a un genérico sí a la participación que no contempla pasos concretos en la constitución de un partido ni posibles alianzas con agrupaciones ya existentes. Posteriormente los mismos líderes cocaleros reconocen como un error no haber definido estos puntos.

En el IV congreso de la CONPACC realizado en la Pampa de la Quinua en Ayacucho se decide que debe de participar en elecciones pero no se creó el partido, ni siquiera se llegó a acordar una nueva fecha para discutir como se iba a participar de las elecciones…ese fue nuestra gran debilidad, por que con los problemas internos no decidimos esto77.

En segundo lugar el IV Congreso expresa los límites de los canales institucionales del movimiento para zanjar temas de interés general para su propia vida orgánica. El Congreso, como estructura decisoria con sus comisiones de trabajo y discusiones plenarias, se revela como inefectivo para procesar el debate y arribar a acuerdos que, por ejemplo, contemplen la creación del instrumento político. El que discusiones de carácter más bien administrativo y de gestión interna ganen centralidad, tiene que ver directamente con las disputas entre los valles por obtener mayor poder dentro de la organización. Los cuestionamientos al trabajo de la dirigencia saliente liderada por las mujeres del Huallaga y sobre todo la elección de una nueva junta directiva se vuelven los puntos cruciales. El que no pueda zanjarse con claridad el asunto de la participación electoral minando la potestad del Congreso como máxima instancia decisoria a nivel nacional, delegando hacia las estructuras locales un tema que necesitaba ser discutido por todos los valles.

En tercer lugar el desenlace del IV Congreso demuestra el peso de los liderazgos y el sesgo caudillista que prima en la CONPACC y la vigencia de cuotas de poder local que no se ceden en aras del espacio nacional. De un lado destaca el ascendente de Nelson

Palomino, al punto que pese a estar preso en Lima, es ratificado como máximo líder de la organización en los cuatro Congresos Nacionales. En tal sentido, Palomino cumple un rol fundamental tanto en la recomposición de la FEPAVRAE retirándole la confianza a Maricela Guillen, como en la vuelta de este gremio a la CONPACCP y la designación de Walter Hacha como sub secretario. Pese a su legitimidad y reconocimiento, las dirigentes del Huallaga no pueden competir con Palomino y más aun avalan su poder, consultando constantemente su opinión y apoyando que se mantenga como presidente, en parte como una forma de expresar solidaridad con el compañero detenido, pero también conscientes de que perder su apoyo significa socavar la cohesión del movimiento. De otro lado, destaca el alto nivel de discrecionalidad que mantienen los gremios locales, al punto que un tema tan importante como participar en las elecciones nacionales es dejado a criterio de cada dirigente y su respectiva organización local. No obstante la alta concentración de poder por parte de la dirigencia que ésta situación expresa, en Ecuador sucede algo similar la primera vez que el movimiento indígena incursiona en el terreno electoral, dejando que los dirigentes decidan como una forma de evitar que el grupo se debilite en debates que se sabe no alcanzaran consenso y tampoco resulta conveniente sancionar a quienes quieran hacerlo (Van Cott, 2005) En el caso cocalero, dejar a los líderes en libertad de definir su participación electoral parece tener una doble dimensionalidad; de un lado sería una forma de evitar discusiones que pueden traer nuevas rupturas en el gremio, de otro revela la persistente tendencia caudillismo de las dirigencias de los dos principales valles con implicancias importantes en el curso de la estrategia dual asumida.