Developing an analytical approach to explore ‘nervous breakdown’ and its subjects

Para contextualizar el análisis, debe partirse de la diferenciación entre valles de productores de hoja de coca “legales” e “ilegales” que se estableció en el Perú con la promulgación en 1964 del D.S N° 254 que limitó el cultivo de coca a aquellos valles de producción y consumo histórico tradicional (desde la época pre hispánica), ubicados básicamente en las zonas de selva de Cusco (La Convención y Lares) Puno (Sandia) y La Libertad (Ver Anexos). Estos valles son los únicos autorizados para vender el total de su cosecha al monopolio ENACO debiendo el resto de cocaleros (el 95%) sustituir sus cultivos de coca por otros productos agrícolas, algo que obviamente no se ha cumplido. Desde entonces los procesos organizativos de cocaleros legales y los ilegales corren por cauces separados pero en determinados momentos confluye n otorgando mayor resonancia a las demandas. Esto sucede en 1978 con la promulgación de la ley N° 22095 que ordenaba la reducción de los cultivos de coca a nivel nacional. Convocados por los cocaleros del Cusco agremiados en la Federación Provincial de Campesinos de la Convención, Yanatile y Lares (FEPCACYL) se funda el Frente Nacional de Defensa de los Productores de la Hoja de Coca (FENDEPCO) que agrupó a los valles legales del Cusco y Sandia y a los ilegales del Alto Huallaga y el Río Apurímac. Los principales objetivos de este Frente fueron exigir la derogatoria de la Ley 22095 así como frenar los operativos anti coca que se desarrollaban con intervención de la DEA. Sin embargo, el conflicto armado interno frenó esta iniciativa marcando un distanciamiento hasta hoy vigente entre los cocaleros legales y los ilegales en los cuales centramos nuestro análisis, específicamente en los valles del Huallaga y del Apurímac.

En el Valle del Río Huallaga, los primeros intentos organizativos se sitúan a inicios de la década del ’60 en respuesta al informe técnico presentado por la OMS y aprobado por la ONU. Al limitar el gobierno peruano las zonas autorizadas de producción, los cocaleros del Huallaga fueron declarados ilegales, teniendo un plazo de dos años para sustituir sus cultivos de coca por otros productos agrícolas. En respuesta, se creó en 1964

el Comité de Productores de Coca de Tingo María que intentó sin éxito frenar las medidas represivas. Ya en 1978, tras la promulgación del Decreto Ley N° 22095, los operativos de represión a los cultivos ilegales se intensificaron, creándose la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (UMOPAR) que funcionó con asesoría norteamericana en el Chapare boliviano y el Alto Huallaga peruano. Como reacción a esta ofensiva, los productores ampliaron la organización creando ese mismo año el “Comité de Productores de Hoja de Coca de la Provincia de Leoncio Prado y Anexos” (CPHCLP-A) presidido por Tito Jaime Fernández. Esta organización desarrolló una serie de actividades y gestiones, entre las que destaca la huelga de noviembre de 1979 en la selva de Huánuco, San Martín y Ucayali. Para frenar las protestas cocaleras y cumplir las cuotas de reducción de cultivo, el gobierno ejecutó los operativos policiales Verde Mar I y II, con saldos dramáticos en términos de violaciones a los derechos humanos. Pese a esto, la organización cocalera no retrocedió y en marzo de 1980 convoca a un nuevo paro en el cual miles de campesinos se movilizan a la ciudad de Tingo María enfrentándose con los policías que arribaron desde Lima junto a integrantes de la Marina de Guerra y efectivos de la DEA. En 1982 el Estado arremetió nuevamente contra los cocaleros implementando los operativos Bronco I y II, con las mismas consecuencias negativas para los campesinos. El dramático desenlace de las dos huelgas y la represión policial desplegada, enfrentan a la población con el gobierno facilitando la entrada de la subversión. Conforme Sendero Luminoso consigue a sangre y fuego hacer respetar los intereses de los campesinos, la organización campesina se debilita siendo tachada de inoperante por los mismos subversivos. El asesinato de Tito Jaime, entonces alcalde de la provincia de Leoncio Prado y Presidente del CPHCLP-A, en abril de 198431_{, pone punto final a esta etapa de or ganización cocalera autónoma. (CVR, 2004).} En adelante, los Frentes de Defensa de los Intereses del Pueblo (FEDIP), promovidos por Sendero Luminoso se constituyen como único espacio de reunión. Estos organismos, menos estructurados que los sindicatos y aglutinadores de múltiples demandas ordenadas según las necesidades políticas definidas por el “Partido”, hacen que los pobladores se organicen en subordinación a los intereses senderistas. Ya en los ’90 la pacificación

fujimorista y el cansancio de la población ante la violencia, terminan con los FEDIP aunque no se constituyan inmediatamente nuevas organizaciones.

En el Valle del Río Apurímac, los esfuerzos de organización siguen una tónica diferente en la medida que las migraciones que llegan a la zona no lo hacen exclusivamente para el cultivo de la coca, estando abiertas también a otros cultivos. En la década del 60, las oleadas migratorias traen un considerable incremento de los flujos comerciales surgiendo grupos de grandes propietarios y medianos comerciantes que imponen sus intereses pues controlan los medios de transporte para sacar los productos a diversos mercados del país. Para contrarestar esta acción monopólica, los campesinos se agrupan en Cooperativas Agrarias de Producción y Servicios, formando entre 1970 y 1971 las Cooperativas “Valle del Río Apurimac”, “Unión Selvática” y “El Quinacho”. Pese a agrupar a buena parte de los agricultores, las Cooperativas tienen un accionar sectorial por lo que no satisfacen las expectativas de los socios que buscan tejer articulaciones más amplias. Es por ello que en 1979 se funda la Federación Campesina del Valle del Río Apurímac (FECVRA) cuyos socios eran mayoritariamente colonos que sembraban coca junto a productos como el café o el cacao. Es con el estallido de la violencia que la coca desplaza a todos los cultivos volviéndose el prioritario (Del Pino, 1996).

El conflicto armado interno afecta el proceso organizativo en curso, marcando el fin de un interesante proyecto autónomo. Las primeras columnas senderistas provenientes de la sierra de Huanta incursionan en la zona en 1982 pretendiendo apoyar las luchas de la Federación de Campesinos del Valle del Río Apurímac (FECVRA) por asumir la comercialización de sus productos. Para ese momento, la FECVRA se había constituido como una de las más importantes organizaciones sociales de Ayacucho, reuniendo a cerca de 100 comités locales y más de 2000 campesinos que vivían una etapa de crecimiento económico y constante búsqueda de mercados. El discurso senderista no fue bien recibido, pero los subversivos decidieron operar por su cuenta saqueando el almacén de uno de los principales comerciantes de barbasco. Es así que en 1983 se instala el Comando político- militar32 a cargo de la Infantería de Marina, que consideró a La FECVRA una "fachada

32 _{Como parte de la estrategia contra subversiva diseñada por el Estado peruano los Comando Político}

militares eran la instancia dependiente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas encargadas de coordinar los operativos militares y regir la vida política de las denominadas “zonas de emergencia En la práctica estos organismos concentraron mucho poder, al punto que toda organización social debía contar

senderista" asesinando a su presidente Julio Orozco Huamaní (CVR, 2004). Con este asesinato y el desplazamiento a la ciudad de la mayoría de sus líderes, la FECVRA quedó descabezada y cesó en sus funciones. A partir de 1984 los campesinos se organizaron principalmente en los “Comités de Autodefensa” (CADs) que se expandieron por todo el Valle para enfrentar a Sendero. La situación de violencia, expresada en el cierre de carreteras y dificultades de acceso a la zona, hace que declinen todos los cultivos menos la coca que se impone como el principal producto, dada la presencia del narcotráfico que opera con la venia de las autodefensas. A fines de 1989, todos los distritos del Río Apurímac contaban con CADs, una forma de organiza ción pensada para la guerra que al recibir asesoría del Ejército adopta su forma jerárquica y vertical, exigiendo a la población un apoyo incondicional, ya sea entregando alimentos, dinero o participando directamente en los enfrentamientos con la subversión. El discurso de los CADs es poco político, se basa en preceptos militares de defensa de la patria y valores nacionales. Al declinar la subversión, los comandos de autodefensa disminuyen la intensidad de sus acciones, pero mantienen su influencia política al punto que son ellos los que emprenden el esfuerzo de organización cocalera.

Estos primeros esfuerzos organizativos protagonizados por los cocaleros se desarrollan de manera reactiva a presiones del contexto. En el caso del Huallaga, dichas presiones se hallan vinculadas con las medidas prohibicionistas implementadas por el Estado a través de operativos de erradicación de los cultivos. En el caso del VRA las presiones provienen de los propietarios y grandes comerciantes que imponen a los campesinos sus intereses. Vale resaltar que ambos procesos configuran experiencias autónomas y representativas de las demandas de la mayoría de pobladores de las zonas cocaleras, que pese a no tener experiencias organizacionales previas ni grandes niveles de politización, ensayan articulaciones para defender sus derechos. Ante estas iniciativas, el Estado, las elites locales y la Izquierda (representada por Sendero Luminoso) reaccionan con violencia, buscando liquidar la organización antes que reconocerla como interloc utora y dar lugar al dialogo. No solo los gremios locales son debilitados por este accionar, también la FENDEPCO, primer intento de articulación cocalera nacional es despreciada con su permiso para funcionar y acababan por reemplazar a las autoridades electas principalmente alcaldes distritales y provinciales. Los Comandos Políticos Militares operaron en las zonas de mayor

por el gobierno. El conflicto armado interno se nutre de estas contradicciones entre el Estado y los cocaleros y es el punto de quiebre común en ambos procesos organizativos. Tanto el CPHCLP-A como la FECVRA tienen en el inicio de la guerra el fin de sus acciones, ya sea por la acción del Ejército o de la subversión que atentan contra sus líderes y reprimen a sus miembros. Las organizaciones que se crean durante los años de violencia, tanto en el Huallaga como en el Apurímac, carecen de autonomía, estando sumamente presionadas por los grupos en conflicto. Los FEDIP y los CADs comparten altos niveles de subordinación y una pretensión multiabarcadora que exige la participación de toda la población en torno a los objetivos que los “entes rectores” (Sendero o las Fuerzas armadas) definen como prioritarios. A fines de la década del ’90, sellada la pacificación, todos los antecedentes organizativos reseñados – los autónomos y los subordinados- operan como referentes del nuevo impulso organizativo.