Conclusions

Mejor distribución de la renta y educación de calidad para el mayor número fueron las vías socialdemócratas hacia la igualdad. Objetivos que sólo parecían asequibles, si gracias a un crecimiento económico continuo y sin que se disparase la inflación, se logra- ba mantener el pleno empleo. No hay Estado de bienestar sin pleno empleo; con paro, se disipan del horizonte las demás políticas de bienestar, ya que la primera reivindicación de la gente es tener trabajo. ¿Cómo los colocados pueden pretender salarios más altos, más tiempo libre, éstas o aquellas mejoras sociales, cuando millones están en la calle sin trabajo?. En efecto, nada modera ni disciplina tanto a la clase trabajadora como un paro alto que expanda entre los colocados el temor al despido. José María Aznar ha escrito en su último libro que está convencido de que “la política social más eficaz, y al cabo la más justa, es dar a la gente la oportunidad de trabajar” (Ocho años de Gobierno, Barcelona

2004, pág. 130). ¡A proporcionar un trabajo, sin especificar salario ni condiciones labo-

rales, puede quedar reducida la política social!.

Con un paro alto se tambalea cualquier política social establecida o que se quiera edi- ficar, ya que buena parte del dinero disponible habrá que dedicarlo a los subsidios de des- empleo. Sólo con el crecimiento del empleo cabría ir recomponiendo la política social en sus formas actuales. De manera que la política de empleo y la de mejora de la producti- vidad anteceden y sirven de fundamento a cualquier política social que se mueva dentro de los márgenes actuales. El pleno empleo se ha convertido así en el lejano horizonte al

que tendería el Estado social. Hubo un tiempo, sin embargo, en el que el pleno empleo era el punto de partida del Estado socialdemócrata de bienestar; hoy, en cambio, se mues- tra la incierta meta a alcanzar. Ahora bien, no es previsible en la Unión Europea que bajen sustancialmente los índices actuales de paro, tanto por las condiciones que impone la glo- balización, como por el interés de las empresas en mantener un “ejército de reserva” que garantice que los salarios no suban de repente cuando mejora la coyuntura.

Lo grave es que los socialistas europeos en el poder no abren otra perspectiva: la única meta es conseguir el pleno empleo. El paro que envuelve y continuamente amena- za al trabajador colocado es sin duda el mayor acicate para que olvide reivindicaciones que pudieran cuestionar los buenos resultados macroeconómicos y los beneficios empre- sariales crecientes, y hasta puede que un día se atreva a dar la espalda a unos sindicatos que dejan siempre un tufillo de lucha de clase, pese a que hayamos dictaminado en nom- bre de la ciencia que no existe tal en el mundo de hoy. Después de haber descubierto que el capitalismo es el menos malo de los sistemas económicos y que, por tanto, hay que saber acoplarse a sus normas, expresión última de la racionalidad económica, los social- demócratas de nueva hornada están en las mejores condiciones para percatarse de que también los sindicatos, como tantas otras ideas, instituciones, hábitos y creencias del movimiento obrero, son meros residuos del siglo XIX, para mayor inri en el caso de los sindicatos, con un sabor gremial que interfiere peligrosamente el mercado libre de traba- jo y, si bien en el pasado cumplieron tareas importantes en la dignificación del trabajo, hace tiempo que las ha asumido el Estado. El Gobierno de Felipe González en su enfren- tamiento con los sindicatos y el de Gerhardt Schröder en su lucha actual por conseguir la reforma del subsidio de desempleo y del mercado laboral se han acercado peligrosamen- te a estas posiciones. Pudiera ocurrir que la actual crisis de los sindicatos condujera a su desaparición, o por lo menos a su reducción a un tamaño testimonial. El peor pronóstico sobre el futuro del Estado social proviene de la disminución rapídisima del poder sindi- cal que observamos en Europa.

Frente a lo que han afirmado algunas voces aisladas, la globalización sí influye de manera importante en el desmontaje del Estado social. De una parte, porque permite a las empresas invertir en países en los que se espera obtener beneficios mayores en plazos más cortos, lo que implica trasladar los puestos de trabajo de un país, con salarios mucho más altos y en los que se respetan los derechos humanos, a otro, mucho más pobre, y ade- más sin democracia ni respeto de los derechos fundamentales, en el que la explotación del trabajo reproduce pautas europeas decimonónicas, operación que conocemos como deslocalización industrial, aunque, también hay que decirlo, no resulte fácil, pese a las amenazas que las grandes empresas suelen hacer en este sentido a la población emplea- da en los países más avanzados. De otra parte, la libre circulación de capitales especula-

tivos, y es éste un factor de mucho mayor peso que la deslocalización industrial, todavía empezando, ha permitido obtener unas ganancias que quitan atractivo a las inversiones en los países de los que emigran los capitales. El problema principal del capitalismo de hoy, tal vez el de siempre, sea la enorme abundancia de capital que no se sabe cómo invertir con beneficios asegurados. El dinero es temeroso y evita a todo trance el riesgo, aunque le sirva para justificar las ganancias. Lo nuevo de nuestro tiempo es que los inver- sores reclaman beneficios en tiempos cada vez más breves; con lo que la empresa tradi- cional, entendida como un capital vinculado a un objetivo que se considera valioso, está en franco retroceso.

Del mundo desarrollado emigran los capitales a países menos desarrollados y sin democracia, mientras que desde éstos emigra la fuerza de trabajo a los países más avan- zados. Ambas migraciones, la del capital en un dirección y la de la fuerza de trabajo en la contraria, se refuerzan mutuamente, mostrando las dos caras de la globalización. Con la cuestión del empleo y la globalización está, por tanto, ligado el tema de la inmigración, uno de los que factores que más directamente influye en el desmontaje del Estado social. La aparente contradicción que supone tener un paro del 10% de la población activa, a la vez que en sectores económicos marginales se emplee a cada vez más inmigrantes, se resuelve en cuanto se pone de manifiesto el papel que éstos desempeñan en la reducción de los salarios y en el empeoramiento de las condiciones de trabajo. A la larga la tenden- cia es a producirse una equiparación de la mano de obra nacional e inmigrante, con el resultado que la primera se verá obligada a aceptar salarios y condiciones de trabajo más próximos a esta última, a la vez que los inmigrantes iran normalizando su situación, saliendo de la indefensión del trabajador ilegal. Para que este proceso se mantenga, es preciso que continuamente lleguen nuevas olas de inmigrantes sin papeles.

Después de 40 años, ya en la tercera generación, hay que dejar constancia del bajísi- mo índice de integración de la inmigración turca, el mayor grupo extranjero en Alemania que alcanza 1,88 millones, casi el 2,5 % de la población total. Pues bien, la cuota de des- empleo de la población turca es el doble que la de los alemanes; en Berlín, con 122.000 turcos, la mayor concentración fuera de Turquía, el desempleo llega al 40%. El número de turcos que viven de la ayuda social es tres veces mayor al que correspondería por el porcentaje de población. La utilización de los servicios sociales, desde hospitales a ins- talaciones deportivas, supera la media por número de población. La inmigración ha sido, sigue siendo, un gran negocio para la empresas que reciben mano de obra pagada con salarios que no aceptarían los nacionales, con la ventaja añadida de que cuando no se los necesita, la carga de su mantenimiento se traslada al Estado. La inmigración, lejos de res- ponder al mito de que garantizarían con su trabajo las pensiones de las siguientes gene- raciones, que se propaga con la buena intención de combatir el racismo que destilan los

grupos sociales en competencia y conviviendo con los extranjeros, se ha manifestado como uno de los factores que más pesan sobre el Estado social de nuestros días. Cierto que los problemas que plantea la población turca en Alemania en buena medida se deben a las dificultades que han encontrado para su integración; debido, de una parte, a que pro- viene de zonas rurales muy atrasadas del sureste de Anatolia, lo que ha dificultado la aculturación a una moderna sociedad industrial con idioma y valores muy distintos; de otra, porque se les aisla en guetos, a los que, por lo demás, tienden como forma de super- vivencia, sin darles otra oportunidad que trabajar en los puestos inferiores, hasta que, expulsados al desempleo, descubren las triquiñuelas del Estado social para sobrevivir. No hará falta insistir que una opinión pública mediatizada por los medios de comunicación suele escandalizarse ante las variadas formas de aprovecharse del Estado social y, auque los extranjeros sean minoría en estos malos usos, son los que más indignación levantan. Estas historias refuerzan el convencimiento de que hay que reformar la actual forma del Estado social; lo grave es que a menudo también a su desmontaje suele llamarse reforma modernizadora.

Con todo, el factor principal que más acelera el encogimiento progresivo del Estado social es la política económica de la Unión Europea. En los últimos decenios se ha ido consolidando el carácter neoliberal de la economía comunitaria hasta el punto de haber quedado sancionada en el Tratado Constitucional. No sólo la Unión Europea ha declina- do desarrollar una política social complementaria a la integración económica, con un mercado único y una sola moneda, sino que ha impuesto la economía liberal como la única posible en la Unión, dejando a los Estados miembros el que desarrollen la política social que consideren oportuna, eso sí dentro de los estrechos márgenes económicos defi- nidos. La ampliación al este ha reforzado la debilidad social de la Unión al integrar a unos países que han desmotado por completo las instituciones sociales provinientes del mode- lo colectivista. Habría que elegir entre crecimiento económico y bienestar o economía planificada, poco eficaz, que repartiría la pobreza equitativamente.

Se echará en falta el que que no me haya referido al factor que suele mencionarse como el principal responsable de la vulnerabilidad creciente del Estado social, a saber, la nueva pirámide demográfica que resulta del descenso de la natalidad y el rápido aumen- to del horizonte de vida. Lo he omitido porque su incidencia, pese a lo que interesada- mente se dice, es muy secundaria. El futuro del Estado social no depende de la relación entre población activa, que desciende respecto al número de jubilados, en rápido aumen- to, sino de la productividad que se logre, y sobre todo, de la forma cómo se distribuya la renta nacional. Si con menor población aumenta la cantidad de riqueza creada y se repar- te mejor, en principio, no habría problema para sostener a un número creciente de jubila- dos que cada vez vivan más tiempo. Si, por el contrario, la productividad creciente ali-

menta la renta de una población cada vez más rica, pero mucho más escasa, y los nuevos puestos de trabajo se concentran en servicios mal pagados que no requieren calificación especial, pero son imprescindibles para la calidad de vida de la población que acumula la mayor parte de la riqueza, entonces la única alternativa será el desmontaje del Estado social. Por tanto, no es cierto que el rápido descenso de población que constatamos en la Europa occidental sea la causa principal de que el Estado actual de bienestar sea insoste- nible. El que haya descendido de manera sustancial el ritmo de crecimiento de población en los dos últimos decenios en España, al contrario, es una de las causas de que hoy dis- frutemos de una mayor renta. En cambio, México en los últimos treinta años con un cre- cimiento ecónomico equiparable al de España, pero con un enorme crecimiento demo- gráfico, ha congelado, de hecho, la renta per capita. Frente a los que consideran que el que la población disminuya es un mal en sí mismo y su aumento una bondad indiscutible -en la segunda mitad del XIX, Alemania y Francia competían por alcanzar una mayor población- en los dos países se abre hoy paso la opinión de que el descenso de población, si aumenta la productividad, no tiene por qué ser un mal en sí mismo, sino al revés, fuen- te de bienestar generalizado. Rebajar los altos índices de crecimiento demográfico es la primera medida que tiene que conseguir un país que aspire a desarrollarse.