5.16 HYPOTHESES DEVELOPMENT
5.16.1 Corporate Governance Attributes
Luego de que oficialmente la mayoría de los colonos migrara a Belice, Inglaterra siguió muy interesada en continuar las relaciones con sus “protegidos”. El documento redactado por Orlando Roberts, un cronista que presenció el nombramiento del rey George Frederick en 1824 decía:
98 Podemos suponer que la experiencia que desarrolló Inglaterra en la Costa miskitu habrá constituido un antecedente importante para la elaboración teórica —con su consecuente aplicación— del gobierno indirecto desarrollado para las colonias inglesas en África a finales del XIX e inicios del XX (ver Mamndani, 1996).
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después de terminar la rutina de una educación insuficiente [en Jamaica] fue enviado a Belice donde los principales jefes Miskitu lo recibieron y la ceremonia de su coronación se realizó con bastante pompa. El joven líder fue acompañado por el Superintendente Británico hasta la Iglesia, la milicia y las personas más sobresalientes de la colonia. El reverendo Armstrong le ciñó la corona (obsequio de los ingleses a uno de sus antepasados) y se le confirió la espada y las espuelas; se disparó salva de artillería y se le otorgó el
título de rey de la Costa y Nación Misquita (Romero, 1996, p.86, énfasis propio,
paréntesis en el original).
Este relato muestra a un reino miskitu adjudicándose como institución la representación, bajo la figura de nación, de toda la población que habitaba la Costa. En un contexto internacional donde el lenguaje del nacionalismo constituía la configuración de una serie de derechos, entre ellos el de soberanía, este hecho no es casual. Los ingleses utilizaron este argumento para establecer una presencia con mayor o menor intensidad, según la coyuntura, entre 1820 y 1894, donde además los gobiernos de Nicaragua y luego de EE.UU. aparecen como dos actores más en las disputas territoriales99.
Entre 1820 y 1840 los reyes miskitu entregaron a comerciantes beliceños y jamaiquinos las concesiones territoriales más extensas de la historia de la Costa, aunque luego de que los títulos cayeran en manos de otras nacionalidades, fueron anuladas en 1841 por órdenes del superintendente de Belice, Alexander MacDonald (Offen, 1998a, p. 15; Romero, 1996, p. 79), de forma que las nuevas concesiones serían manejadas por los subsecuentes funcionarios ingleses. En esos años, el interés de los ingleses por la posición geográfica y comercial de la Costa había crecido a tal punto que en 1844 deciden establecer un consulado oficial en Bluefields, y al mismo tiempo, como parte de su estrategia política, trasladan hacia ese lugar la sede del reino miskitu100 sobre el cual ejercen un régimen de protectorado que funciona hasta 1860. Para darse mejor idea del tipo de relaciones que tenían en este nuevo contexto, cito una carta que le envía en 1848 el nuevo cónsul británico, Patrick Walter, a un miembro del Parlamento inglés:
los jefes indios, a través de quienes los antiguos reyes gobernaban y re- cibían tributos han sido totalmente excluidos y alejados del rey (…) He decidido
99 La Confederación de Centroamérica se separa de España en 1821, y Nicaragua, a su vez, se separa de la Confederación en 1838. A partir de este nuevo escenario, la Costa Mosquita “corría peligro” de ser reclamada como parte de la geografía nacional. 100 Para ese entonces en Bluefields prácticamente no había población miskitu, ya que las
comunidades estaban ubicadas hacia el norte de Laguna de Perlas. En los últimos años los reyes habían tenido sus sedes sobre el río Coco, cabo Gracias a Dios y Sandy Bay.
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deshacerme del Consejo [de gobierno] de la manera más rápida y callada posible… a mi regreso a Bluefields haré el anuncio que he aconsejado al rey de no renovar su mandato, y gobernar abiertamente, como lo han hecho antes
notoriamente, por medio del representante y cónsul general de su majestad (Romero,
1996, p. 97, énfasis propio).
Si bien la figura del rey (el único miskitu) y el Consejo (conformado sólo por creole) siguieron existiendo formalmente, el documento permite apreciar bien la tónica del poder inglés sobre esta estructura política que respondía, sobre todo, a los afanes coloniales de controlar la soberanía del territorio y el funcionamiento civil/comercial, cuyo epicentro estaba en Bluefields —donde prácticamente no había población miskitu, a excepción del rey y su familia.
Ya desde inicios del siglo XIX el río San Juan se había convertido en una importante ruta de contrabando que tenía como destino la ciudad de Granada y desde allí el resto de Nicaragua. Para controlar este comercio, el recién fundado gobierno de Nicaragua construyó San Juan del Norte, un pueblo ubicado en la desembocadura del río. Fue allí que en 1841 el superintendente MacDonald llegó acompañado del rey George IV para exigir la retirada de los funcionarios nicaragüenses y el respeto a los límites territoriales de la “Nación Mosquita” que incluían dicho lugar. Ante la negativa, una fragata inglesa depuso a las autoridades nicaragüenses y los ingleses tomaron el control del lugar (Díaz Polanco, 2006, pp. 257-258). Años más tarde esta ruta iba a adquirir un nuevo valor, a raíz de que en 1848 se descubrió oro en California. Esta noticia fue un detonante para hacer manifiesto el viejo sueño de construir un canal interoceánico utilizando el río San Juan, mismo que Inglaterra y EE.UU. (que ya se perfilaba como nueva potencia) estaban interesados en controlar (Vilas, 1992, p. 72). Finalmente, en el marco de las disputas por la hegemonía del espacio y luego de un balance de fuerzas, ambas potencias firmaron un tratado en 1850 en el que se comprometían a que “ni el uno ni el otro obtendrá ni sostendrá jamás para sí ningún predominio exclusivo sobre dicho canal (…) ni colonizará a Nicaragua, Costa Rica o la Costa de Mosquitos”101. En todo caso, aunque el canal finalmente se construyera en Panamá, el documento sentaba las bases jurídicas para garantizar —al menos formalmente— la no ocupación de la Costa por parte de esas potencias, lo que tuvo consecuencias positivas en el control que las comunidades siguieron ejerciendo sobre sus propios territorios.
De todas formas, los sucesivos gobiernos de Nicaragua —en alianza con los intereses político-económicos de Norteamérica— siguieron presionando por el control de la Costa (en especial de los recursos naturales), hasta que en 1860
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lograron que Inglaterra reconociera la soberanía de Nicaragua sobre toda la Costa
Mosquita, bajo un tratado internacional entre estos dos últimos países102. La “distribución” territorial del mapa político cambiaría drásticamente. El área de injerencia que tenía el protectorado se circunscribió definitivamente a un territorio mucho menor, bajo la figura de una “Reserva Miskitu”103 quedando a partir de entonces ambas salidas al mar bajo regencia nicaragüense.
Antes de seguir cabe apuntar que existieron dos antecedentes históricos en la política miskitu que presuntamente influyeron en la existencia de este tratado (y el firmado en Honduras). Primero, en 1843 el general miskitu Thomas Lowry Robinson, en representación del área más occidental de la Mosquitia, realizó un convenio con el gobierno de Honduras en el que aceptaba la soberanía de este país sobre su territorio. Segundo, en 1847 el comisionado nicaragüense Manuel Díaz firmó un acuerdo con la princesa Agnes Frederic, hermana del rey, en el que establecían el área de cabo Gracias a Dios y buena parte del río Coco como “departamento del estado soberano de Nicaragua”104.
Si bien no están claras las condiciones sociales en las que se firmaron ambos documentos ni lo que estas decisiones significaban para el grueso de la población, según Juan Alegret (1985) estos hechos sugieren “la existencia real no sólo de una división regional, sino también de una capacidad de maniobra política por parte de los jefes miskitu en relación a sus respectivas regiones” (p. 68). En todo caso, en el marco de las disputas nacionales e internacionales por la posesión de un territorio jurídicamente ambiguo y políticamente no unificado, no sería la primera vez que las autoridades miskitu hicieran alianzas con el mundo hispano. Ahora bien, en términos generales, ¿qué significó este cambio de escenario para cada uno de los actores involucrados?
Para el Estado de Nicaragua, este avance sobre el espacio significó dos movimientos que apuntaban a obtener ganancias económicas. Por un lado, la movilización de funcionarios para establecer un control fiscal sobre el comercio que se desarrollaba a través de los ríos Coco y San Juan, para lo cual establecieron puestos aduaneros en cabo Gracias a Dios y en San Juan del Norte respectivamente, y por otro lado, la posibilidad de entregar concesiones
102 Tratado Zeledón-Wyke (Romero, 1996, p. 121). Resulta paradójico e ilustrativo que siendo reconocida la nación miskitu, ningún representante —ya no digamos el rey mismo— haya participado en la firma del documento. Cabe destacar que en 1859 los gobiernos de Honduras e Inglaterra habían firmado el tratado Wyke-Cruz, con características similares. Véase Herranz (2000, p. 165).
103 Es interesante señalar que esta “nueva” figura jurídica debe su influencia a la creación, ocurrida por esos años, de las reservas indígenas en EE.UU.
104 Véase Díaz Polanco (2006, p. 261) y Alegret (1985). El acuerdo firmado por el general Robinson puede verse como un antecedente del tratado formal con Honduras.
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territoriales y de transporte a compañías con capital extranjero que quisieran desarrollar algún emprendimiento económico en la zona bajo jurisdicción nacional. A partir de entonces se “fue creando la concepción que el Estado tuvo —y aún tiene— sobre la zona como recurso susceptible de explotación” (Alegret 1985, p. 80). Una visión que en términos de relaciones sociales y materiales acompañó la formación nacional de alteridad.
Para el gobierno de Estados Unidos este cambio de escenario supusono sólo el fortalecimiento de la política Monroe, sino el impulso necesario para establecer inversiones en la región bajo el respaldo jurídico que le daba Nicaragua. Hacia finales de siglo, esta potencia llegó a manejar el 90% del comercio en toda la Costa dentro y fuera de la Reserva. Para los ingleses, fue el tiro de gracia a sus pretensiones de seguir controlando toda la Costa Mosquita, aunque mantuvieron sus influencias en la formación del nuevo consejo general de gobierno que dirigía la política institucional de la Reserva. Dicha entidad mantuvo su estatus autonómico establecido por el mismo tratado, el cual especificaba que:
los indios del Mosquito, en el distrito designado en el artículo prece- dente [se refiere a los límites] disfrutarán del derecho de gobernarse, y todas las personas residentes en su citado distrito lo harán según los reglamentos que ellos puedan adoptar de tiempo en tiempo que no sean incompatibles con los derechos soberanos de la República de Nicaragua (parte del art. 3,
Tratado de Managua, en Romero, 1996, p. 122).
De esta forma, en su interior se dictaron leyes y se administró justicia siguiendo los modelos británicos de la época (Vilas, 1992, p. 84), aunque cabe aclarar que su aplicación tenía un radio más que nada urbano, donde la mayoría de los habitantes eran creole, ingleses, estadounidenses y alemanes. Pero más allá de esta autonomía institucional, las comunidades miskitu rurales alejadas de los centros de poder continuaron viviendo al margen de las decisiones políticas de ambos gobiernos (el de Nicaragua y el la Reserva), sea que hubiesen quedado incluidas en los límites de uno o de otro. Si bien algunos wihtas coyunturalmente llegaron a ser parte del gobierno de la Reserva, lo cierto es que tuvieron posiciones marginales frente al lugar hegemónico que ya ocupaban los creole (Vilas, 1992, p. 87).
Desde la década de 1840 este grupo social había ido desplazando a los miskitu de su papel de aliados políticos de la instancia colonial, no sólo por una afinidad cultural y lingüística, sino porque una parte de ellos ya constituía un sector económicamente influyente, una condición que —y enumerar
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las razones de ello sobrepasa los fines de este libro— la elite miskitu nunca tuvo105. Paradójicamente, la alianza política con los creole y su presencia en el gobierno de la Reserva constituyóuno de los principales argumentos utilizados en términos raciales por los embajadores de EE.UU. y el Estado de Nicaragua para deslegitimar la pertinencia de un territorio autónomo gobernado por “negros jamaiquinos” y concretar la definitiva incorporación de la Costa a la administración nacional en 1894.
En términos estrictamente institucionales podemos decir que la Reserva supuso un antecedente político importante, en cuanto funcionó como un gobierno autónomo en la Costa respecto del Estado de Nicaragua. De hecho esta experiencia forma parte de las narrativas utilizadas por la clase política “costeña” contemporánea que dice estar viviendo “una segunda autonomía”. Pero en términos prácticos, lo cierto es que el gobierno de la Reserva había tenido una política de exclusión frente a las comunidades miskitu que vivían en su jurisdicción, ya no digamos las que estaban fuera de ella desde 1860. De hecho, con esa política el gobierno “había cavado su propia tumba” (Rossbach y Volker, 1985, p. 39), pues en la etapa de resistencia que protagonizaron los creole de Bluefields, la ausencia de la población miskitu fue, si no determinante, al menos significativa en el proceso de reincorporación al Estado de Nicaragua.