Development Ethic

El principal argumento para justificar la intervención del sector público en los mercados ha sido el reconocimiento de que existen los llamados “fallos del mercado”. Como señalan Gual, Jódar Rosell, y Ruiz Posino (2006) los objetivos de eficiencia

41 explican la intervención pública en aquellas situaciones en las que la economía de mercado no funciona correctamente, es decir, cuando existen los citados fallos de mercado. Dicha concepción presupone que la intervención del Estado puede resolver o eliminar tales fallos en el funcionamiento del mercado a un coste menor que las organizaciones privadas.

Los ámbitos en los que dichos fallos pueden darse diferencia entre aquellos que se relacionan con la estructura de dichos mercados; los debidos a la existencia de información imperfecta; y, por último, los originados por la presencia de externalidades3. (Kay & Vickers, 1988), (Noll, 1989), (Sapir, 1994) o (Zárate & Vallés, 2006).

A) Mercados sin competencia

Cuando el mercado presenta la estructura de un monopolio natural, la intervención pública a través de la regulación irá orientada a la protección del consumidor, para evitar que la posición de dominio que puede conferir un monopolio (ya sea una empresa pública o una concesionaria) derive en una situación de abuso y, por tanto, afecte negativamente a los consumidores a través de la calidad de los productos, sus precios o la seguridad de su aprovisionamiento.

En el caso de las estructuras de mercado de carácter oligopolístico, por su parte, el objetivo de la regulación será tratar de evitar que la falta de competencia suficiente en el mercado, derive hacia una posición real de monopolio4 o, de nuevo, la práctica de abusos en términos de precios o de la calidad del servicio debido a dicha falta de competencia. Se persigue, en definitiva, fomentar la competencia, eliminar las barreras de entrada, los acuerdos colusivos y los abusos de poder en los mercados.

B) Información asimétrica

La falta de información, o su carácter limitado por parte de los demandantes de un bien o de numerosos servicios constituye también un fallo que dificulta, o que llega a impedir, el buen funcionamiento del mercado y sus posibles efectos positivos. La carencia o limitación de la información, reduce claramente la supuesta eficacia del mercado en términos de asignación, confiriendo a quien produce o suministra determinados bienes y servicios una posición de dominio sobre quienes los demandan.

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Gonzalez Moreno (1997) y Cuadrado-Roura y Carrillo Neff (2015).

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Por ejemplo, como consecuencia de una competencia destructiva cuyo objetivo será precisamente la salida del mercado de todas las empresas excepto de la beneficiada de tales prácticas, que se convierte así en una empresa monopolística.

La realidad muestra que efectivamente existe una distribución asimétrica de la información entre los agentes económicos, que puede derivar en que los productores o suministradores establezcan precios alejados de lo que determinaría un alto grado de información y de competencia. Lo cual puede provocar, asimismo, procesos de selección adversa, bien sea como consecuencia de que el oferente/productor no puede diferenciar entre distintos tipos o grupos de consumidores, o bien porque el demandante o usuario no tiene conocimiento de los productores que operan en el mercado, ni de las diferencias entre lo que ofrecen y sus precios.

La intervención pública puede mejorar la asignación de recursos y contribuir a mejorar la eficiencia, siempre que el nivel de la misma se adecue a los objetivos buscados y no se utilice como una barrera de entrada frente a nuevos competidores.

C) Externalidades

Las externalidades se generan cuando la actividad de una empresa productora provoca efectos externos que no son (o no pueden ser) atribuidos claramente al productor. En unos casos cabe hablar de externalidades negativas y, en otros, de carácter positivo. En las primeras, la empresa productora no asume los daños generados a la sociedad al desarrollar su actividad como productora. En las segundas, los efectos redundan en beneficio de la sociedad en su conjunto, o de determinados grupos o áreas, sin que el mercado valore estas posibles aportaciones al bienestar o beneficios más o menos difusos. En este sentido, las regulaciones suelen establecerse para controlar las externalidades negativas y hacer que se incorporen a los costes de producción, o bien para fomentar/estimular aquellas actividades que producen externalidades positivas de las que se benefician todos o parte de los ciudadanos.

Son ejemplos de regulación derivados de la existencia de externalidades el desarrollo de normativa medioambiental y procesos no contaminantes, la normativa acerca del funcionamiento de las centrales nucleares o la producción de explosivos, etc.

D) Falta de movilidad de los sectores productivos:

En determinadas situaciones los inputs productivos no pueden desplazarse libremente hacia aquellas aplicaciones que facilitarían la óptima utilización de los recursos, lo que da lugar a costes de eficiencia. En estos casos la regulación debe tener como objetivo promover la movilidad funcional y geográfica de los factores.

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E) Aspectos redistributivos y de igualdad de oportunidades:

En este caso la regulación debe tender a evitar la presencia, por ejemplo, de subvenciones cruzadas en la economía y a asegurar la adecuada cobertura de las obligaciones asociadas al servicio universal.

Por supuesto, además de las expuestas, hay otras razones que pueden servir de justificación para establecer determinadas regulaciones a las que deberán atenerse las empresas oferentes, los productos y los servicios ofrecidos o los precios. Entre ellas figuran las basadas en argumentos relacionados con la justicia social o con los objetivos de distribución de la riqueza y la renta que las autoridades político- económicas pretendan conseguir. Conviene subrayar que en estos casos el establecimiento de regulaciones suele justificarse mediante argumentos que no son estrictamente económicos, sino políticos o sociales, pero cuyas consecuencias en cuanto al papel del mercado como “asignador de recursos” son evidentes. En este y en otros casos –por ejemplo, en las regulaciones basadas en la idea de proteger los intereses nacionales frente a otros países; o en la protección de sectores que se consideran estratégicos– no faltan críticas muy radicales debido a las distorsiones que dichas regulaciones introducen en el/los mercado/s y, en definitiva, contra el papel de la competencia como principio básico de su funcionamiento.

Esta justificación de la intervención pública en los mercados se apoya en la existencia de un Estado neutral cuyo único objetivo sea la defensa del interés público. Es decir, a través de las políticas reguladoras, el Estado establece unas normas de juego que aseguran el correcto funcionamiento del mercado y evitan situaciones de abuso de poder. El Estado, por tanto, actúa de forma neutral, como el contrapeso necesario para el funcionamiento del libre mercado respecto a los intereses privados (Galbraith, 1956).