2.4 Evaluation of an Information Retrieval System
2.4.2 Evaluation Metrics
A fines del 2001 la sociedad llegó a un estado de hartazgo evidenciado por los altos niveles de pobreza y desempleo. El hambre fue tapa de los principales diarios del país. La indigencia pasó a primer plano.
La pobreza y la indigencia alcanzaron un pico histórico en todo el país en octubre de 2002. La Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC estableció que en esa fecha era pobre el 57,5% de la población urbana de la Argentina; las personas indigentes eran el 27,5% del total
Los factores principales del crecimiento de la pobreza han sido la pérdida de ingresos de los individuos y las familias, los cambios en los precios y el aumento de la desigualdad del ingreso. Según el análisis del SIEMPRO, tanto en el periodo 1998‐2001 como en 2001‐2002, el factor más importante fue la caída del ingreso per cápita familiar, originado en la desocupación y la reducción de los salarios e ingresos de los autónomos.
La crisis de diciembre de 2001 ocasionó un aumento significativo en la desigualdad de los ingresos.
38 Tabla 1. Evolución de la distribución del ingreso per cápita familiar‐ Total aglomerados urbanos de la EPH‐INDEC‐ Coeficiente de Gini7 Octubre 2002 0,532 Mayo 2002 0,551 Octubre 2001 0,531 Octubre 2000 0,510 Octubre 1999 0,495 Octubre 1998 0,504 Octubre 1997 0,490 Octubre 1996 0,495 Octubre 1995 0,487 Mayo 1995 0,470 Nota: Incluye los efectos del plan de subsidios sociales Jefes y Jefas de Hogar. Sin el plan, los coeficientes de mayo de 2002 y octubre de 2002 serían 0,552 y 0,538, respectivamente. Fuente: SIEMPRO, Deuda Social, Mayo de 2003.
En octubre de 2002, el índice de desigualdad en los aglomerados urbanos del país relevados por la EPH fue 0,532; en mayo de 1995 era 0,470. Según el SIEMPRO, el incremento de la desigualdad del ingreso tuvo una gran incidencia en el crecimiento de la pobreza en el periodo 1998‐2001. Los programas sociales, en particular el Plan Jefes y Jefas de Hogar, que otorga un
7 El coeficiente Gini es la medida de desigualdad más utilizada. Varía entre cero -situación ideal en la que todos los individuos o familias de una sociedad tienen el mismo ingreso- y uno, valor al que tiende cuando los ingresos se concentran en unos pocos hogares o individuos
39 subsidio de $150 a más de dos millones de beneficiarios, contribuyó según el organismo a mitigar el alza del Coeficiente de Gini después de la crisis.
Estos datos sin embargo no explican por sí solos el escenario social de fin de 2001. Si bien estos niveles se acrecentaron durante el gobierno de De La Rúa, la pobreza y la desocupación no se constituyen como datos novedosos. Sin embargo lo que se hace evidente entre el 2000 y el 2001 es un fuerte nivel de malestar social, descontento, desesperanza, pesimismo. El temor a perder todo, el empleo, los ahorros, la cobertura de salud, la educación, generaron un estado de enorme desilusión en una sociedad que ni siquiera podía pensar en un futuro a corto plazo.
Es precisamente este momento en el que los datos que nos permiten determinar si existe un alto grado de desempleo, de pobreza, pasan a contarnos otra parte de la historia. Esa se puede definir como el “clima social”.
Este factor es relevante para determinar el grado de gobernabilidad. En tanto para que este se mantenga es necesario asegurar una relación de armonía, consenso y estabilidad que sólo puede ser posible garantizando el bienestar social.
Durante el gobierno de De la Rúa y los días posteriores a su caída la gobernabilidad se vio cuestionada. La mayoría de los análisis políticos se dirigían a este tema. Televisión, periódicos y hasta muchas conversaciones de la vida pública fueron inundadas de este concepto.
Dicho término alude a “la capacidad de los gobiernos democráticos de contar con los mecanismos necesarios que les permitan aplicar sus políticas de Estado dentro de un marco de convivencia y armonía política, con la finalidad de fortalecer el Estado de Derecho y construir las bases de la sociedad" (Castro Cortiñas, 2003: 62).
Según Giancarla Quiroga, la gobernabilidad requiere de “la existencia o posibilidad de existencia de condiciones objetivas que permitan una relación armónica entre gobernantes y gobernados. Sería el proceso por el cual se
40 facilita un buen gobierno. Sin embargo, en esta relación se destaca la desigualdad de papeles; alguien gobierna, y alguien es gobernado; uno tiene el poder de decisión, y el otro no. Por tanto, este término denota la creación de un conjunto de condiciones para gobernar de manera consensuada, concertada y armónica" (Quiroga, 1999: 41).
La crisis del Estado de Bienestar es una de las causas fundamentales de la crisis de gobernabilidad. La población se desencantó con los actores políticos, el sistema democrático y, especialmente, con el Estado de Bienestar. Las estructuras de gobierno se debilitaron. A la vez los gobiernos debieron hacerse cargo de los vacíos generados por un Estado ausente.
Lo que se evidenció a fines de 2001 fue una relación directa entre la cuestión social y el principio de gobernabilidad. Los factores político‐ administrativos y económicos no pudieron explicar por si solos el alto nivel de ingobernabilidad. La ruptura del pacto social anunciada a fines de 2001 fue uno de los factores más relevantes para analizar la continuidad de la gobernabilidad. Las sucesivas mutaciones del Estado8 fueron legitimadas socialmente en tanto se generaron en un marco de estabilidad económica. El paradigma del Estado mínimo se sustentó en un consenso social. Los términos del acuerdo cambiaron. La hegemonía política comenzó a construirse en base a lo económico. La estabilidad económica pasó a ser el requisito para una estabilidad política. De esta manera se evidenció un descentramiento de la política que la alejó del lugar protagónico que ocupaba en las relaciones sociales. El proceso de globalización económica es un factor fundamental de este desplazamiento. La falta de centralidad de la política se traduce en el proceso de autonomización que despliegan las fuerzas económicas con respecto a las estructuras formales de regulación que operan desde la órbita política (Lobos, 2004: 15).
41 Es cierto que “en un mundo donde el capital no tiene domicilio establecido y los movimientos financieros en gran medida están fuera del control de los gobiernos nacionales, muchas palancas de la política económica ya no funcionan” (Cable, 1996: 20).
El protagonismo adquirido por la economía profundizó el proceso de distanciamiento entre el sistema político y la sociedad iniciado durante las dictaduras militares.
El proceso de transición democrática de los años ochenta y la reconversión económica de los noventa son dos factores constitutivos de la nueva relación entre la sociedad y la política. Se genera una nueva forma de participación ciudadana en la vida política distinta a la de los años sesenta y setenta.
El repliegue de los ciudadanos hacia el ámbito privado caracterizó a la sociedad de los noventa. Las causas fundamentales de este proceso comienzan en los setenta. La eliminación de los derechos políticos durante las dictaduras militares fue el principal factor de quiebre del modelo “militante”. Este modelo de praxis política se caracterizó por una participación intensa y directa, por una fuerte relación representantes‐ representados (García Delgado, 1998: 56).
Las nuevas sociedades globalizadas, mediatizadas (Vattimo, 1996: 68) y con altos niveles de inseguridad social también llevaron a los ciudadanos a replegarse en sus casas, impidiendo la construcción de una esfera pública más allá de los ámbitos privados. Esto generó una crisis y desafección política de carácter universal que también se relaciona la desconfianza que la ideología neoliberal imprimió sobre la política. Por último los problemas propios de la política, tanto en sus estructuras, en sus formas organizacionales como en los gobiernos y la clase política han puesto en riesgo el pacto social. Es nuestra tarea como políticos y ciudadanos transformarlo sin que esto devenga una proclamación anárquica, y por el
42 contrario que promueva las redes de solidaridad necesarias para la continuidad democrática. 1.2.7. La democracia como valor Según algunos estudiosos del tema, la democracia luego de veinte años ha dejado de constituir un valor en sí mismo. Se ha convertido en una norma, en algo que ya no se pone en duda.
Es cierto que “la democracia” no fue un tema predominante en la agenda de la opinión pública durante los últimos años. Esto se debe en parte al desinterés social que reinó fundamentalmente en la década de los noventa hacia los temas políticos. Sin embargo, los incesantes vaivenes que sufrió el camino democrático llevaron a cuestionar su continuidad cuando a comienzos de este milenio la institucionalidad se puso en riesgo.
Lo que se hizo evidente a fines de los noventa y comienzos de dos mil fue el quiebre de las tradicionales instituciones democráticas.
La democracia, sin embargo no es cuestionada por la opinión pública. Según la encuesta Latinobarómetro 2002, realizada en 17 naciones de América Latina, el 65% de los argentinos prefirió a la democracia en lugar de cualquier otra forma de gobierno. El apoyo a la democracia aumentó 7 puntos respecto del 2001. Sin embargo son pocos los que están de acuerdo con su funcionamiento (8%). La confianza en las instituciones es muy baja. Sólo el 4% de los argentinos confía “mucho” o “algo” en los partidos políticos. El 90% afirmó tener “poca” o “ninguna” confianza en el Congreso Nacional y el Poder Judicial, y 92% de los argentinos en el gobierno y los bancos. Hoy luego de haber transcurrido más de dos años desde el momento en que la institucionalidad se puso en riesgo, la democracia ocupa un lugar importante en la agenda pública. En algunos casos para cuestionar su continuidad y en otros para analizar la manera en la que ésta debe transformarse para consolidarse.
43 Creo que hoy la democracia sí se constituye como un valor y en todo caso lo que debemos instalar en el primer lugar de la agenda es la defensa y reconstrucción de los derechos sociales y humanos que ella promulga.
Guillermo O’Donnell plantea una diferenciación entre democracia y régimen democrático. Este último, según el catedrático, “es uno en el que el acceso a las principales posiciones de gobierno se logra mediante elecciones que son a la vez limpias e institucionalizadas y en el que existen, durante y entre esas elecciones diversas libertades‐habitualmente llamadas “políticas”‐ tales como las de asociación, expresión, movimiento y de disponibilidad de información no monopolizada por el Estado o agentes privados. (O´Donnell, 2003: 17)”.
Es evidente que la democracia no se agota en este concepto. La Democracia escrita con mayúscula hace referencia a un entramado más complejo, que desborda la definición procesual y considera valores, vivencias y resultados (GAP, 2004: 56). Es por eso que es posible plantear un cambio interno. La modificación de sus instituciones es el requisito indispensable para su continuidad. O’Donnell relaciona a las democracias con el desarrollo humano y los derechos humanos en tanto existe entre ellos una misma concepción del ser humano.
Estos derechos humanos se constituyen de derechos políticos y sociales. El camino para la consolidación de los derechos políticos ha convivido con la destrucción de los derechos sociales. Argentina manifestó durante estos veinte años de democracia avances y retrocesos en relación al respeto y la protección de las libertades civiles.
Es cierto que frente a los altos niveles de exclusión y desigualdad la democracia se sigue viendo como un derecho de pocos.
En el informe Latinobarómetro 2003 se señala que en aquellos países que “han tenido graves crisis institucionales, es la demanda de los bienes
44 políticos intangibles de inclusión e igualdad que la población cada día más educada es capaz de percibir, hacer suya y demandar.
El politólogo Carlos Strasser asegura que “La democracia supone autonomía individual. Todo individuo que no tiene autonomía ‐y no la tiene todo aquel que carece de educación, salud, vivienda, empleo e información‐ va a estar reposando en una ciudadanía que es tan sólo en el momento del voto. Es una lección básica de la ciencia política que una democracia exige grados importantes de igualdad social. No una igualdad completa, pero sí importante. No se puede renunciar al sueño de la igualdad de los seres humanos, aunque sea una utopía.” 9
Según el informe Latinobarómetro 2003 un 64% de la gente opina que la democracia es el único sistema con el que se llega a ser un país desarrollado. Un 59% prefiere la democracia a un líder que tenga todo el poder sin el control de las leyes. El 50% opina que en una democracia en general el sistema económico funciona bien. Según el 64% la democracia puede tener problemas pero es el mejor sistema de gobierno. Pero al mismo tiempo un 69% asegura que más que partidos políticos y congreso lo que nos hace falta es un líder decidido que ponga a resolver los problemas, un 52% dice que no le importaría que un gobierno no democrático llegara al poder si pudiera resolver los problemas económicos.
La imposibilidad de la democracia de asegurar los derechos sociales impide que hoy exista una única opinión en relación a su eficacia. Si bien hoy es alto el grado de apoyo hacia la democracia por sobre otros sistemas de gobierno, todavía no ha conseguido constituirse en un “valor social”. La
9 Ver "La democracia es cada vez menos posible", entrevista a Carlos Strasser publicada en La Nación, el 17 de enero de 2004. Allí el politólogo es co nsultado por la “ola democratizadora de los 90 en América Latina a la que se re fiere como un “ proceso de extensión y no de inte nsión con s (sic) democrática. Es decir que la democracia se extendió a muchos más países y más gente en todo el mundo, pero lo hizo con una baja calidad dem ocrática. La intensidad de es a democracia exte ndida resu ltó m enor que el tercer modelo de democracia al que podemos aspirar, que genera menos ilusiones comparado con los anteriores. En el siglo XIX se pudo pensar que alguna vez en el futuro la democracia se realizaría; en el si glo XXI, no se puede pensar en eso”.
45 garantía de un mayor grado de igualdad de derechos no sólo políticos sino también sociales es un requisito indispensable para consolidar el valor democrático.