Chapter 6. Concluding Remarks
6.2 Future Work
Después del censo del 86 a.C. ninguno más fue completado hasta el 70-69 a.C., debido a que Sila suprimió las operaciones218. Aunque no disponemos de ninguna
evidencia explícita en los textos clásicos, una referencia en la obra de Cicerón (Arch. 11) podría hablar en favor de esta teoría, aunque el mayor argumento empleado por la historiografía para justificar este vacío se sustenta sobre el hecho de que no tengamos constancia de la realización de ningún censo general a lo largo de este período (Gabba 1976, 148). Debemos añadir también que el haber tomado una decisión como esta entra
218 Lo que significó el cese del intervalo mayoritariamente regular a partir del cual, salvo excepciones,
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dentro de la lógica social en relación a los recelos del ordo senatorial de la época en lo referido a la entrada en la esfera política romana de los nuevos ciudadanos. Sila, como valedor y defensor de los intereses de los optimates, habría podido establecer, bien mediante la promulgación de un decreto, así como de facto a partir de sus poderes dictatoriales (dictator legibus scribundis et rei publicae constituendae)219, la prohibición
de llevar a cabo este tipo de operaciones desde la capital.
Ello no implica, en cambio, que durante los años en los que no se efectuó un censo desde Roma las distintas comunidades promocionadas no fueran elaborando sus propias listas. De hecho, la progresiva descentralización de las operaciones censuales pudo surgir como una medida que asegurase la escasa participación política en Roma de los ciudadanos de Italia. Por un lado, el desarrollo de un censo local, donde cada miembro de la comunidad podría ver reconocida su pertenencia al corpus ciudadano, sirvió para ahorrar su traslado a la capital en los años previstos para la realización de un censo general, lo que además agilizaba la maquinaria y facilitaba un mayor grado de integración y desarrollo político y social en las civitates promocionadas. Lo verdaderamente relevante dentro de todo este proceso, presumiblemente iniciado en tiempos de Sila, es llegar a determinar en qué momento los censos efectuados en el ámbito local fueron integrados en la capital, permitiendo que las listas elaboradas fuera de Roma sirvieran para completar el census populi y establecer un cálculo de la población global, o al menos una buena proporción de la misma.
Es posible que los censores del 70-69 a.C. consiguieran inscribir a un buen número de ciudadanos romanos residentes en Italia. Según narra Tito Livio, Cn.
Cornelius Lentulus y L. Gellius Poplicola cerraron el lustrum contabilizando un total de
900.000 ciudadanos romanos220. Como podemos apreciar, esta cifra duplica la recogida
en la obra de San Jerónimo para el censo realizado en el 86-85 a.C. ¿Cómo podemos justificar este notable incremento? Desde luego, no desde una perspectiva demográfica o
219 App., BC, 1, 99, 462. Es posible que Sila hubiera tenido la intención de realizar un censo ejerciendo
él mismo como censor, dado que la potestas para proceder con las operaciones se encontraba entre sus poderes como dictador. De esta forma, habría obtenido un control absoluto sobre el proceso, pudiendo excluir de las listas a los nuevos ciudadanos romanos surgidos después del Bellum Sociorum y complaciendo así al grupo senatorial. Sobre la potestas censoria en relación a los poderes dictatoriales, cf.
infra n. 284.
220 Liv., Per., 97. También ensalza la rigurosa labor de estos censores al proceder con la lectio senatus
y excluir del Senado a sesenta y cuatro de sus miembros. La cifra aportada por el historiador de Padua no es exactamente la misma que la que encontramos en la obra de Flegón de Trales, quien enumera un total de 910.000 ciudadanos romanos, cf. Frank 1924, 331; Lo Cascio 1997, 29. Información detallada sobre la biografía de estos dos censores en Suolahti 1963, 458-464.
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de natalidad, dado que no debemos olvidar que después del 85 a.C. Roma sufrió una cruenta guerra civil y una dictadura en la que las bajas fueron considerables. Probablemente debamos atribuir este aumento a un cambio en los sistemas de gestión; a la puesta en marcha de un nuevo aparato burocrático, presumiblemente descentralizado, a partir del cual Roma pudo conocer las cifras de ciudadanos romanos residentes en Italia.
En cualquier caso, un fragmento del primer discurso de Cicerón en la acusación dirigida contra Verres221 describe la gran afluencia de gente en la capital durante el año
70 a.C. con motivo de la celebración de juegos, los comitia y el census, lo que pone en duda la necesidad, o no, de acudir a Roma para realizar la declaración ante los censores estatales222. Este testimonio fue interpretado por Frank (1924, 334) como una prueba
irrefutable de que al menos hasta este año el registro de ciudadanos seguía desarrollándose estrictamente desde la capital223. Nicolet y Crawford, por su parte, plantearon una
alternativa que pudiera justificar la existencia, al menos para el 70 a.C. y de manera parcial, de un censo descentralizado. Según creían (Nicolet y Crawford 1996, 389), tal flujo de gente en Roma podía deberse a que los representantes de las distintas civitates itálicas acudían a la capital para entregar los registros efectuados en el ámbito local. Esta sería una forma de justificar la afluencia de personas con motivo del censo tal y como describe Cicerón, lo que permitiría concluir que ningún censo general requirió la presencia en Roma de los ciudadanos después del que se efectuó en el año 86-85 a.C., tal y como han sugerido otros autores224.
Sin embargo esta postura no es del todo justificable empleando únicamente este argumento. Como queda expuesto en el pasaje de Cicerón, este atribuye la visita de otras gentes venidas de toda Italia no sólo a la realización del censo, sino a la celebración de los comitia así como de espectáculos. Seguramente el ambiente en la Urbs ya no era el mismo que en época de Sila. La nobilitas, cuyos miembros pertenecerían a una generación posterior a la que tuvo que hacer frente a los insurgentes entre el 90 y el 89 a.C., pudieron no mostrarse tan reticentes ante la participación de los itálicos en los comitia, fomentando un ambiente de respeto e incluso intentando atraer a nuevos votantes mediante la promoción de espectáculos. No hay que olvidar, como es sabido, que la implantación de
221 Cf. infra apdo. II.4.2.
222 Cic., Verr., 1, 54: non committam ut tum haec res iudicetur, cum haec frequentia totius Italiae Roma
discesserit, quae convenit uno tempore undique comitiorum ludorum censendique causa.
223 Esta teoría ha sido respaldada en varios trabajos a lo largo del tiempo, cf. Wiseman 1969, 68 s.; Lo
Cascio 2001, 596 s.
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la potestas censoria en las comunidades de derecho romano de Italia certificaría la pertenencia del individuo a una tribus, así como la evaluación de su patrimonio para la distribución de la población en clases censitarias y delimitar las condiciones socio- económicas de los cives en sus comunidades, lo que no garantizaba la participación en la esfera política estatal de sus integrantes.
A la hora de valorar la cifra total de ciudadanos descrita para el censo del 70 a.C., De Ligt (2012, 118) realiza un estudio detallado de la proporción entre ciudadanos y aliados desde la Segunda Guerra Púnica y la contabilidad de Polibio225 hasta esa misma
fecha, llegando a la conclusión de que, teniendo en cuenta las pérdidas sufridas en los diversos conflictos, el número total de ciudadanos resulta verosímil. Pero aunque la cifra de 900.000-910.000 ciudadanos romanos supone un incremento considerable en los registros censuales en comparación con los datos obtenidos en las operaciones del 86-85 a.C., es probable que las operaciones no fueran del todo completas, sobre todo si las comparamos con las del primer censo augústeo226.