Implications

En diálogo con la literatura sobre las formas de movilización social desarrolladas en Argen- tina, en trabajos previos he propuesto un desplazamiento que consistió en salir de una mira- da en la acción para abordar las recuperaciones como procesos (Fernández Álvarez, 2007). De forma muy esquemática y a riesgo de ser reductora, siguiendo el marco de las teóri- cas de la acción colectiva estos estudios han focalizado en el análisis de las formas de acción como emergentes o respuestas (en ocasiones espontaneas) a las transformaciones socia- les o situaciones de crisis económico-políticas. Desde este punto de vista la crisis de 2001 constituía una “oportunidad política” que abría un “ciclo de protestas” dando lugar a la emer- gencia de nuevos actores políticos con nuevas identidades. Aunque el ejemplo paradig- mático fueron los movimientos “piqueteros”, los primeros estudios sobre empresas recu- peradas retomaron esta fórmula explicativa, presentadas como movimientos alternativos al desempleo o el neoliberalismo5_.

Ahora bien ¿porque las recuperaciones tomaron esta forma específica? Responder a este interrogante exige a mi entender abordar las empresas recuperadas como procesos, recons- truyendo su formación. Con este objetivo, recuperé aportes de estudios antropológicos que retoman la obra de A. Gramsci y E. P. Thompson para abordar los procesos de demanda y movilización en articulación con los modos de dominación y gobierno6_{. Esta línea incor-}

pora una mirada histórica que permite mostrar el modo en que se actualizan tradiciones sociales y políticas. Pero además contemplar la manera en que las acciones estatales con- figuran y definen los límites posibles desde los que las personas se movilizan y deman- dan. En sentido inverso, resulta fértil para iluminar el modo en que, siempre desde el mar- co de relaciones de hegemonía, los procesos de demanda y movilización social pueden abrir espacios de disputa desde los que se redefinen o reorientan políticas y acciones estatales. En relación a este punto, me interesa marcar que mis primeros trabajos tenían una fuerte preocupación por mostrar el modo en que el trabajo (o más bien la “identidad obrera”) ope- raba con fuerza en el desarrollo de estas formas de acción colectiva. Esta inquietud debe ser enmarca en las discusiones que en aquel momento tenían lugar en este campo, suma- mente prolífico en aquel entonces, en el que de manera muy sintética el debate se plante- aba en términos de ruptura o continuidad respecto de las experiencias tradicionales como el movimiento obrero. Finalmente, mi trabajo mostró que las recuperaciones eran produc- to de la confluencia (en tensión) de una serie de experiencias de militancia (personales y

| 194 | capítulo 4

DE LA OCUPACIÓN A LA COOPERATIVA: EL PROCESO DE RECUPERACIÓN DE EMPRESAS EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

organizativas) con tradiciones y trayectorias sociales y políticas diferentes que se remon- taban al menos a mediados de la década del 80.

En ese momento, se produjeron en la zona sud del Gran Buenos Aires, más exactamente en Quilmes y Beratzategui, una serie de ocupaciones de espacios productivos con moda- lidades retomadas más tarde en las empresas recuperadas. Estas ocupaciones se desen- cadenaron a partir del cierre de las fábricas o bien de despidos masivos y dieron lugar a la conformación de cooperativas de trabajo (la mayoría de las cuales dejaron de existir poco tiempo después).

Las ocupaciones fueron promovidas por la Unión de Obreros Metalúrgicos (OUM) corres- pondiente a la región de Quilmes, bajo la conducción de la corriente Felipe Vallese. Esta seccional opositora a la dirección del sindicato tenía una tradición activa de confrontación y resistencia cuya estrategia política iba más allá del trabajo estrictamente, para tomar en cuenta asuntos relativos a los derechos del hombre o el problema de la tierra y la vivien- da (Martucelli y Svampa 1997)7_.

Resulta interesante notar que para la regional Quilmes, las ocupaciones y posterior con- formación de cooperativas, tenían como objetivo dar continuidad a la producción para “sal- var los medios de producción” que definían una estrategia sindical para evitar la pérdida de puestos de trabajo (Perelman y Davalos, 2003). Como lo veremos a continuación, esta organización sindical tendrá un rol clave en el desarrollo del proceso de recuperación constituyendo lo que algunos autores han denominado promotores(Rebón, 2004; 2007). Pero en los años 80, la difusión de esta estrategia alcanza un desarrollo acotado. A partir de las entrevistas realizadas con los dirigentes esto se explica por dos razones. Por un lado, la posibilidad de lograr el pago de indemnizaciones, que en aquel momento aún se podían lograr pero que no tendrán lugar en el caso de los procesos iniciados más de diez años después8_{. Por otro lado, debido a la falta de un “instrumento legal” para intervenir en}

las ocupaciones. Diez años después las empresas recuperadas se instalan como modali- dad regular y legítima de demanda frente a la crisis de una empresa para exigir la inter- vención del Estado. Veamos cómo.

Hacia finales de los años 90, se producen en la región metropolitana de Buenos Aires una serie de experiencias que serán luego consideradas las primeras empresas recuperadas (aun cuando no recibían todavía esta denominación). En 1996 en el Partido de La Matanza, uno de los más grandes y pobres del país, el frigorífico Yaguané entra en quiebra y los propie- tarios comienzan un proceso de vaciamiento. En respuesta a este último los trabajadores realizan manifestaciones frente planta que finalmente ocupan. Con el objetivo de evitar el remate de las máquinas conforman una cooperativa de trabajo que meses después reto- ma la producción, con el impulso de delegados sindicales9_{. En el mismo año en Avellane-}

da, la metalúrgica SIAM (una empresa emblemática de la industria nacional) entra en cri- sis financiera y sus obrera/os, con el apoyo del sindicato, conforman una cooperativa de trabajo. En 1998, con el apoyo de la corriente opositora a la UOM que había promovido las ocupaciones de los años 80, la metalúrgica IMPA es ocupada por sus empleadas/os para evitar el cierre y mantener la fuente de trabajo10_{. Poco tiempo después se desarrollan pro-}

|195 |

Las políticas de la

economía social

cesos similares en la ciudad de La Plata y Rosario. En el año 2000 la Papelera Platense entra en quiebra, los trabajadores ocupan la planta y forman una cooperativa de trabajo. Reali- zan negociaciones con el juez a cargo de la quiebra y finalmente un acuerdo de alquiler con la patronal (Deledicque, Feliz, y Moser, 2005). En este caso, se vinculan con la Federación de Cooperativas de Trabajo (FECOOTRA), una organización conformada en 1988 a partir de experiencias cooperativas constituidas como resultado del proceso hiperinflacionario (Roggi, 2001). En el mismo año en la ciudad de Rosario se forma la cooperativa de traba- jo Herramientas Unión como producto del cierre de la empresa y poco tiempo después se ocupa el supermercado Tigre, en este caso apoyados por el Sindicato de Comercio de la región.

Una característica destacada de estos primeros casos es la heterogeneidad en su desarrollo y formas de resolución -que incluyen negociaciones con la patronal, los jueces a cargo de las quiebras o funcionarios estatales a diferentes niveles- y su prolongada temporalidad que puede alcanzar varios meses de ocupación o acampes frente a las plantas. A diferencia, lo que se observa en los casos iniciados después del año 2002 es el desarrollo de una forma regular y estandarizada que he denominado “forma recuperación”.

Esta categoría retoma los análisis de L. Sigaud (2000) sobre las ocupaciones de tierra en Brasil y de V. Manzano (2009) sobre los cortes de ruta o piquetes en Argentina. En térmi- nos muy generales, refiere al desarrollo de un lenguaje social para anunciar un conflicto y establecer vínculos con el Estado. Siguiendo esta conceptualización la idea “forma recu- peración” busca iluminar las relaciones entre el estado los trabajadores y las organizacio- nes sociales en torno a la demanda de fuente de trabajo (Fernández Álvarez y Wilkis, 2007). En este transcurso, los interlocutores privilegiados comienzan a ser los jueces y legislado- res, en lugar del espacio de negociación de la conciliación obligatoria. Hay aquí un cam- bio en la naturaliza de la definición del conflicto: de un conflicto salarial se pasa a un con- flicto por la fuente de trabajo. Esto exigió plantear el problema en términos de una “solución legal” que permita garantizar, aún cuando sea de manera precaria, la continuidad de las uni- dades productivas.

En el año 2000 se elaboró la primera ley de expropiación en la provincia de Buenos Aires para el caso de una metalúrgica ubicada en Avellaneda (en la zona sur del GBA). En poco tiempo esta fórmula se convirtió en el mecanismo privilegiado de resolución de los proce- sos en esta región.

La elaboración de esta ley, inspirada en las aplicadas frente a las ocupaciones de tierra de los años 80, se funda en la utilidad social de los bienes a ser expropiados y estipula que estos sean otorgan a la cooperativa de trabajo constituida por los asalariados de la empre- sa11_{. Participó de este proceso un abogado de la FECOOTRA con experiencia de militan-}

cia social y política vinculada al peronismo en Avellaneda.

A finales de 2001 se desarrolló un encuentro con sede en la fábrica recuperada IMPA que reunió militantes y dirigentes de organizaciones y cooperativas de trabajo entre las que se encontraban aquellas constituidas a partir de estas empresas recuperadas –en muchos casos

| 196 | capítulo 4

DE LA OCUPACIÓN A LA COOPERATIVA: EL PROCESO DE RECUPERACIÓN DE EMPRESAS EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

aún en vías de resolución por ese entonces -. Como se observa en los casos sintetizados previamente, muchas de las cooperativas habían sido impulsadas por dirigentes o militan- tes de organizaciones gremiales, entre las que se destacaba la corriente Felipe Vallese de la UOM. Del encuentro participaron también dirigentes de cooperativas vinculadas a la FECOOTRA y la Federación de Trabajadores de la Industria y Afines (FETIA de la CTA). El acta del encuentro mencionaba como propósito “dar respuesta de manera organizada al cierre de fuentes de trabajo mediante la reapertura de empresas a partir de la autogestión”. Como resultado de ese encuentro se conformó en ese año el Movimiento Nacional de Empre- sas Recuperadas (MNER)12_{del que poco más de un año después se desprendería el Movi-}

miento de Fabricas Recuperadas por sus Trabajadores (MNFRT). En ese mismo año se forma la Federación Nacional de Cooperativas de Trabajo y Empresas Reconvertidas (FEN- COOTER)13_{. Otras tentativas de organización fueron promovidas entre 2002 y 2003 por}

partidos y organizaciones políticas de izquierda en algunos casos con militancia vinculada al cuestionamiento a las burocracias sindicales que promovían formas de democracia obre- ra y el control obrero de la producción. Estas organizaciones impulsaron la realización de “Encuentros de empresas y fabricas tomadas” y la demanda se definió bajo la consigna de “estatización con control obrero”, como es el caso de la empresa en la que focalizó mi estudio sobre la que nos detendremos en el segundo apartado14_.

En febrero de 2002 el gobierno interino de Duhalde declaró la emergencia productiva y crediticia, introduciendo modificaciones a la ley de Quiebra vigente desde el año 199515_.

Como parte de estas modificaciones se otorgó a las/os jueces la posibilidad de atribuir - de forma temporaria- la continuidad de la unidad productiva de una empresa en quiebra hasta el momento de la adjudicación de los bienes a las/os trabajadoras/es agrupados en una cooperativa de trabajo. A tal fin las/los trabajadoras/es debían presentar una pro- puesta al juzgado en la que expresen la voluntad de dar continuidad a la producción. La ley determinaba que la cooperativa debía estar compuesta por trabajadoras/es en rela- ción de dependencia de la empresa fallida16_{. Recurriendo a este mecanismo las/os traba-}

jadores/as lograban “ganar tiempo” para evitar el remate de los bienes y conseguir las leyes de expropiación.

Teniendo en cuenta esta reconstrucción, me interesa aquí destacar que en los casos des- arrollados en los primeros años, la formación de las cooperativas resultaba una iniciativa de las/os trabajadoras/es impulsada en muchos casos por dirigentes de las organizacio- nes gremiales o federaciones y de los movimientos de empresas recuperadas. Pero desde el año 2002, esta se constituye en una acción configurada por la intervención del estado a partir de las modificaciones a la ley de quiebras de ese año y del formato de las leyes de expropiación que se sancionan posteriormente.

A comienzos del año 2002 las empresas recuperadas se multiplicaron, constituyendo una noticia corriente17_{. La “crisis” del 2001, los años de políticas neoliberales con sus efectos}

en términos de desigualdad, pobreza y desempleo resultaron sin duda elementos centra- les en el desarrollo y sobre todo la amplitud de estos procesos. Sin embargo, no alcanzan a explicar porqué las empresas recuperadas lograron instalarse como una forma legítima de demanda por la fuente de trabajo. Como me propuse mostrarlo en este apartado, esta

|197 |

Las políticas de la

economía social

forma consistió en la ocupación y la gestión colectiva de una empresa/fábrica en quiebra exigiendo al Estado una “solución legal” que garantice la continuidad de la fuente de tra- bajo. En el próximo apartado me propongo mostrar como fue posible lograr, al menos de manera coyuntural, este compromiso. Para eso, me detendré en el caso sobre el que foca- lizó mi estudio. Considerado un caso emblemático dentro del universo de empresas recu- peradas, este proceso permite iluminar el modo en que la formación de una cooperativa constituyó un paso obligado para lograr la sanción de una ley de expropiación y garanti- zar la continuidad de la fuente de trabajo.